Altsasu
La Audiencia Nacional condena a penas de 2 a 13 años a los ocho jóvenes de Altsasu

La Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los ocho jóvenes de Altsasu a penas que van de dos a 13 años de cárcel por delitos de lesiones, desórdenes públicos y amenazas, con el agravante de abuso de superioridad y odio, dejando fuera la “coletilla” de terroristas de las que estaban acusados. En total, la penas suman 79 años de cárcel.

En concreto, Jokin Unamuno ha sido condenado a 12 años de prisión, por, según la sentencia, “iniciar los actos de hostigamiento” a los dos guardias civiles y a sus parejas. Ohian Arnanz ha sido condenado a 13 años de cárcel y Jon Ander Cob a nueve años, al igual que Julen Goicoechea y Aratz Urrizola. Por su parte, Adur Ramírez e Iñaki Abad han sido condenados a 12 y 13 años de cárcel respectivamente. Todos ellos han sido condenados por delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Ainara Urquijo, por último, ha sido condenada a dos años de cárcel por amenazas y desórdenes públicos. También han sido condenados al pago de indemnizaciones que suman cerca de 90.000 euros.

"Sin entrar en el porqué, porque aún no me ha dado tiempo a leer la sentencia entera, llama la atención que la pena impuesta es parecida a la que se impone a los de La Manada", señala Jaime Montero, abogado de uno de los jóvenes de Altsasu. "Parece que a alguien se le ha ido la mano poniendo penas, y no ha sido la Audiencia Provincial". El abogado anuncia a El Salto que van a recurrir la sentencia.

Máximas penas por delito

La sentencia del tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, considera que en el delito hay agravante de abuso de superioridad y afirma que los jóvenes actuaron “movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos”. En cuanto a la finalidad terrorista, afirma que no ha quedado lo suficientemente acreditada, ni tampoco su vinculación con ETA.

Aun así, el tribunal ha impuesto las penas más altas contempladas para cada tipo penal porque, según señala, “no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión”.

La sentencia también destaca la “significativa profesionalidad” de los guardias civiles que, según afirma el escrito, “no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones y la violencia desplegada por los acusados”.

La sentencia obvia así el vídeo aceptado a última hora como prueba, en el que se ve a uno de los guardias civiles en actitud violenta y varias personas explican a la Policía Foral la pelea ocurrida. También las imágenes que desmienten el reconocimiento de uno de los acusados, Adur Ramírez.