Análisis
El PSC, a la mesa con los caníbales de Convergència

El PSC ha buscado una senda conocida y transitada antes por las fuerzas que compusieron Convergència i Unió. No se trata solo de nombres en puestos clave, sino de un programa económico que coincide en ser como agua de lluvia para las élites del país.
Miquel Roca i Junyent Salvador Illa
Salvador Illa junto a Miquel Roca i Junyent, exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, en una imagen compartida por el candidato socialista en sus redes.

Uno de los hechos más comentados del comportamiento electoral en la Cataluña autonómica hasta 2015 es el denominado voto dual, conforme al cual, en las elecciones a las Cortes Generales, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) obtenía la victoria en la circunscripción de Barcelona y, en alguna ocasión, en las demás (sobre todo en Tarragona), mientras que, en los comicios al Parlament, la candidatura vencedora era la coalición Convergència i Unió (CiU). En rigor, voto dual significa que los electores siguen un comportamiento diferenciado en función de la específica correlación de fuerzas en la institución para la que eligen a sus representantes, lo que, en este caso, significaría que algunos electores votarían al PSC en las elecciones a Cortes y a CiU en los comicios al Parlament.

No obstante, algunos analistas han confundido el “voto dual” con la menor participación en las elecciones autonómicas que en las generales, fenómeno que habría afectado especialmente al PSC y habría estado en la base de la hegemonía de CiU entre 1980 y 1995. En realidad, el mayor porcentaje de abstención entre comicios autonómicos y generales se da en todas las comunidades autónomas, por lo que lo más razonable parece atribuirlo a la constatación por parte de los abstencionistas autonómicos de lo limitado de las competencias autonómicas, si bien, en el caso de Cataluña, no han faltado analistas, imbuidos de los resabios lerrouxistas del nacionalismo español, que lo han imputado a una supuesta alienación de los catalanes procedentes de las migraciones de la segunda mitad del siglo XX respecto al sistema autonómico.

La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de 14 preceptos y la interpretación restrictiva de otros 27 supuso el fracaso de los objetivos con que se había concebido el nuevo Estatuto

Con todo, el comportamiento electoral de los votantes catalanes no fue siempre tan “dual” como se ha tendido a señalar. En efecto, en las elecciones al Parlament de 1999, el PSC, coaligado con el movimiento Ciutadans pel Canvi (CpC) y con Pasqual Maragall como candidato, fue la fuerza más votada (con más de un millón de votos y cincuenta diputados), si bien el menor coste de los escaños en las tres circunscripciones restantes, donde la victoria fue para CiU, determinó que esta retuviera la mayoría de asientos. Como la suma de los escaños de CiU y PP alcanzaba la mayoría absoluta y desde 1996 este contaba con el apoyo de CiU en las Cortes, el PP facilitó la relección de Jordi Pujol y la estabilidad parlamentaria de su gobierno.

En 2003 se repitió la victoria del PSC-CpC en votos y de CiU, en escaños, pero en esta ocasión el mayor descenso de CiU no le permitió sumar mayoría absoluta ni siquiera con el PP. Por el contrario, se articuló una suma alternativa formada por PSC-CpC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), que condujo al primer gobierno tripartito, presidido por Maragall, durante cuya legislatura el Parlament aprobó el Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de 1979.

Los posteriores recortes en las competencias autonómicas acordados entre el Gobierno español (ya en manos del PSOE) y CiU y asumidos por PSC e ICV-EUiA, pero no por ERC, propiciaron el voto contrario de esta en el referéndum de ratificación del texto aprobado por las Cortes, lo que ocasionó la expulsión de sus consejeros del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, con la salida también de Maragall como candidato y la designación del hasta entonces ministro de Industria, José Montilla. La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de 14 preceptos y la interpretación restrictiva de otros 27 (STC 31/2010, de 28 de junio) supuso el fracaso de los objetivos con que se había concebido el nuevo Estatuto y un fuerte varapalo electoral para las fuerzas del gobierno, en un contexto en que, además, la Generalitat había empezado a aplicar los recortes en la función pública con motivo de la crisis de 2008 y el giro austeritario impuesto por el Gobierno español y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.

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La ruptura del bipartidismo en Cataluña

El PSC inició entonces un pronunciado declive, que le afectó también en las elecciones a las Cortes Generales. Así, en 2011 solo venció en la circunscripción de Barcelona y, en las cuatro circunscripciones catalanas consideradas conjuntamente, se vio superado por CiU, lo mismo que en las dos elecciones de 2019, cuando la lista vencedora en el conjunto de Cataluña fue ERC, mientras que en las de 2015 y 2016 el PSC perdió en todas las circunscripciones, incluida Barcelona, en esta ocasión por detrás de En Comú Podem y ERC.

El proceso soberanista ahondó en la crisis del PSC y significó la ruptura del sistema eminentemente bipartidista del período 1980-2010, con la lenta pero sostenida caída también del espacio socioelectoral ocupado por CiU, incluyendo la ruptura de la propia coalición entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en 2015, y el ascenso de ERC, que ya en 2012 se convirtió en la segunda fuerza en escaños, creciendo a costa de los sectores soberanistas tanto de CiU como del PSC. En 2011, Ciutadans pel Canvi (CpC), el sector más catalanista —y también el más progresista— de la alianza electoral que formaba con el PSC se disolvió, en desacuerdo con la creciente subordinación del partido al PSOE, y sus miembros apostaron por otras fuerzas políticas, señaladamente ERC, luego de que ésta, bajo la dirección de Oriol Junqueras, intentase “ampliar la base” del independentismo absorbiendo, entre otros pero de manera destacada, una parte del voto socialista en las áreas metropolitanas.

El desencanto de sectores del independentismo condujo a un aumento del abstencionismo, que afectó especialmente a ERC, la fuerza que se había mantenido en el gobierno

El mismo paso dieron importantes cargos del propio PSC, como el hermano del propio Pasqual Maragall, Ernest Maragall (militante de ERC desde 2018 hasta su baja del partido, en 2024) y Joaquim Nadal, quien abandonó en 2015 el PSC —por el que había sido alcalde de Girona desde 1979 hasta el año 2002— y que durante la pasada legislatura fue consejero de Investigación y Universidades, en el gobierno monocolor de ERC.

Sin embargo, si bien en las elecciones locales de 2019 ERC fue la fuerza más votada en Barcelona, no consiguió dar el sorpasso al PSC en el resto de grandes ciudades del área metropolitana, y en 2023 sufrió un fuerte retroceso en todo el territorio, incluida la propia capital catalana, donde reculó al cuarto puesto.

En lo tocante al Parlament, en las elecciones de 2021 se dio un triple empate técnico, con el PSC como fuerza más votada, pero con solo 33 escaños, los mismos que ERC (segunda fuerza más votada) y solo uno más que Junts. Como es sabido, ERC suscribió un acuerdo de gobierno con Junts y otro de investidura con la Candidatura d’Unitat Popular-un Nou Cicle per Guanyar. No obstante, en octubre de 2022, cuando el gobierno aun no había cumplido año y medio de andadura y tras múltiples tensiones, Junts salió de él y le retiró el apoyo parlamentario. En este contexto de disputas entre las dos fuerzas independentistas mayoritarias y de congelación, más allá de la retórica, de cualquier iniciativa soberanista, el desencanto de sectores del independentismo condujo a un aumento del abstencionismo, que afectó especialmente a la fuerza que se había mantenido en el gobierno, a la que se acusaba de practicar el pactismo con el Gobierno español que había caracterizado al pujolismo.

Si en el terreno de la reivindicación nacional, durante los dos últimos años ERC se ha visto superada por Junts, su incapacidad de convertirse en el primer partido de la izquierda —en el dudoso supuesto de que se pueda considerar como tal al PSC— probablemente sea indisociable de su apoyo parlamentario a CiU durante la X legislatura (2012-2015) y su participación en Gobiernos presididos por CDC y el PDeCAT (2015-2017) y Junts (2018-2021), durante las dos siguientes. Y no se trata de una cuestión de meras siglas, sino del mantenimiento de las políticas neoliberales de ajuste presupuestario y de rebajas fiscales regresivas, soslayando que el más eficaz instrumento de construcción nacional (o de “ampliación de la base” social del proyecto de República catalana) son las políticas que aumentan derechos sociales propias del Estado del bienestar.

Por el contrario, las dos mayores partidas presupuestarias, salud y educación, ambas de carácter marcadamente social, han sufrido una caída de tal envergadura que en 2023 todavía estaban, en cifras reales, un 7,22% y un 1,64%, respectivamente, por debajo de los niveles de 2010. Tampoco se han revertido las reformas fiscales regresivas aprobadas durante la VIII legislatura (2006-2010) a iniciativa precisamente del gobierno tripartito presidido por Montilla, en lo tocante a la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, mientras que en el tramo autonómico del IRPF el tipo actualmente vigente para las bases liquidables hasta 70.000 euros (21,5%) es el más bajo del Estado tras la Comunidad de Madrid (21%).

Precisamente un sistema fiscal progresivo es la condición sine qua non para financiar las políticas sociales propias del Estado del bienestar y, en general, para la redistribución de la renta con criterios de justicia social. En la errática política de ERC, cabe destacar que, tras la salida de Junts del Gobierno, el presidente Aragonés nombró como consejero de Derechos Sociales a Carles Campuzano, antiguo portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Como dice un refrán vasco, y puede comprobar ahora ERC, una txapela no puede cubrir dos cabezas, en este caso el voto obrero de tradición de izquierda que históricamente ha capitalizado el PSC y el conservador y “de orden” asociado a la antigua CiU.

En este contexto de continuismo en las políticas de los partidos independentistas en materia socioeconómica y estancamiento en lo tocante al ejercicio de la autodeterminación, junto a las crecientes tensiones entre ellos y la desmovilización de parte de su electorado, el PSC se ha ido reavivando, beneficiándose también de la política de distensión aplicada por parte del gobierno de Pedro Sánchez en el marco de sus acuerdos tanto con ERC (que tuvieron como principales contrapartidas los indultos parciales a los condenados a penas de prisión en la causa especial del Tribunal Supremo 20907/2017 y la derogación de la sedición del Código Penal) como con Junts (que han tenido como concesiones más importantes la aprobación de la Ley Orgánica de amnistía y la reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas peninsulares distintas del castellano en la cámara).

Acaso estas notas previas sean necesarias para dimensionar en su justa medida la situación que vive actualmente el PSC. Si bien es cierto que gobierna algunas de las grandes ciudades catalanas, como Barcelona, Tarragona, Lleida o l’Hospitalet, no se trata de un fenómeno nuevo, ya que en todas, con algunas pausas en algunas de ellas —especialmente durante la pasada década— ha gobernado durante la mayor parte de legislaturas desde 1979. Lo mismo ocurre con la Diputación de Barcelona, mientras que en las de Tarragona y Lleida actualmente el PSC solo participa como socio menor en el gobierno provincial. En lo tocante a la Generalitat, los 882.589 votos y 42 diputados obtenidos por Salvador Illa en las elecciones al Parlament del pasado 12 de mayo se hallan lejos del más de un millón de votos y cincuenta diputados obtenidos por la candidatura encabezada por Maragall en 1999.

Probablemente, el máximo ejemplo de la derechización rampante del PSC sea el nombramiento como consejera de Salud de Olga Pané, vinculada a empresas beneficiarias de la privatización sanitaria

Solo la ruptura del esquema bipartidista imperante hasta 2012, la crisis de los partidos independentistas y el miedo de ERC a unas nuevas elecciones ha posibilitado que Illa haya podido formar un gobierno monocolor disponiendo de menos de un tercio de los escaños de la cámara. Es cierto que Junts ha mejorado ligeramente sus resultados respecto a los comicios de 2021 (subiendo de 32 a 35 diputados), pero queda muy lejos de los obtenidos por CiU, que jamás bajó de 46 (en 2003). Sus disputas internas y la falta de una orientación política clara, por mucho que su política económica sea inequívoca en punto a su alineamiento con el neoliberalismo y el desarrollismo, lo han convertido en un partido poco fiable para las elites económicas catalanas.

Al tiempo, los artefactos electorales que han intentado representar al espacio socioelectoral de la antigua CiU compitiendo con Junts se han saldado con rotundos fracasos, como el del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), que tuvo entre sus fundadores nada menos que al ‘president’ Artur Mas y que, en su primer intento de concurrir en solitario al Parlament (2021) se convirtió en extraparlamentario, lo que le acabaría llevando a la disolución (2023).

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La competición por el espacio convergente

El analista de Sin Permiso Miguel Salas ha expresado claramente el radical contraste en cuanto al significado político del primer gobierno tripartito y el actual gobierno monocolor del PSC: mientras el acuerdo entre PSC-CpC, ERC e ICV-EUiA “representaba un cambio frente a las decenas de años de gobierno” de CiU, el gobierno presidido por Illa “es una alianza entre los sectores más de derecha del PSC, los que estuvieron en contra del derecho a decidir de Cataluña, los que se manifestaron con el PP, Ciudadanos y Vox tras el voto en las urnas el 1 de octubre de 2017”, y “representa una alianza con los poderes económicos ligados a la especulación turística, a las grandes infraestructuras y al establishment catalán”.

Con todo, este alineamiento del PSC con la derecha españolista no es incompatible con el espacio, igualmente conservador y tradicionalmente autonomista, que había representado CiU antes del procés. No en vano, ya ha habido analistas que han señalado que quien ocupa actualmente en mayor grado el espacio “centrista”, “de orden” y conectado con los intereses de las elites representado antiguamente por CiU es el PSC. En realidad, ya en 2017, en las trascendentales elecciones al Parlament convocadas por M. Rajoy, los residuos de UDC, agrupados en Units per Avançar, se coaligaron con el PSC. Por ello, no debería sorprender que el líder de ese espacio, Ramon Espadaler, sea consejero del gobierno de Illa (de Justicia y Calidad Democrática). También tiene un pasado vinculado a UDC el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, como asesor de la eurodiputada Concepció Ferrer durante la V legislatura (1999-2004), si bien su mayor proyección la alcanzó como director general de Comunicación de la eurocámara desde diciembre de 2016, donde se caracterizó por su complicidad con la represión al independentismo.

Acaso resulten más significativos de la pretensión de absorber el espacio socioelectoral de la antigua CiU y hasta parte del propio aparato de Junts los nombres de otros consejeros y cargos del sottogoverno. El caso más notorio sería del consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, miembro de la dirección de Junts hasta febrero de este año y consejero de Interior del gobierno de Quim Torra tras la destitución de Miquel Buch (2020-2021). En lo tocante a altos cargos de designación política, cumple mencionar a David Bonvehí, presidente del PDeCAT hasta su liquidación y flamante director general de Economía Social y Cooperativas, o a Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol (Ripollès) por Junts y que será el director general de Catalunya Exterior.

Probablemente, el máximo ejemplo de la derechización rampante del PSC sea el nombramiento como consejera de Salud de Olga Pané, vinculada a empresas beneficiarias de la privatización de la gestión de la atención sanitaria, a las que posteriormente adjudicó contratos como gerente del Consorcio Sanitario de la comarca del Anoia. En un terreno más ideológico, ha sido muy comentada la designación como directora general de Comunicación del Departamento de Presidencia de una representante de la derecha mediática como Cristina Farrés, directora de Crónica Global, digital asociado a El Español.

Asimismo, el presidente de la Generalitat y primer secretario de un partido que lleva el calificativo de ‘socialista’ en su nombre ha desplegado una agenda pública en la que se incluyen con frecuencia actos con representantes de la Iglesia católica. El propio Illa —miembro de la corriente “cristianos socialistas”— ha recalcado en sus discursos que su gobierno se guía por los principios del “humanismo cristiano”, un concepto que, como bien ha explicado Antonio Gómez Movellán, en realidad es “relativamente moderno y se inspira en el padre de los denominados partidos democratacristianos, Jacques Maritain” y por el que “se quiere confundir los términos ya que el humanismo no lleva, en verdad, adjetivos calificativos y mucho menos asociados a las religiones”. Artur Mas puso la guinda a la canibalización del espacio convergente al afirmar, en una entrevista concedida el 3 de octubre a Catalunya Ràdio, que “reconocía un carácter convergente” en Illa, y que en CDC “tuvimos a gente como él”.

Con todo, no se trata únicamente de nombres y discurso: el programa económico del PSC se solapa, en efecto, con el de Junts en su aspiración por colocarse a la vanguardia de la defensa de los intereses de las elites catalanas, con la defensa de lo que eufemísticamente se conoce como “colaboración público-privada” (señaladamente en sanidad, como se ha mencionado en el caso de Pané) y de macroproyectos de desarrollismo turístico, negacionistas del cambio climático, contrarios al uso racional de los recursos, especialmente en el actual contexto de sequía, y que ahondan en el proceso de gentrificación que padecen las ciudades turísticas.

Son elocuentes en este sentido la defensa de los frustrados Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo para 2030, cuando las actuales pistas de esquí ya funcionan parcialmente con nieve artificial; el proyecto de complejo hotelero y de ocio entre Salou y Vila-seca denominado Hard Rock Entertainment World, en una zona ya altamente tensionada desde el punto de vista habitacional; la ampliación del aeropuerto de El Prat, que afectaría, además, a la laguna de la Ricarda, un espacio protegido del delta del Llobregat, lo que ha provocado alguna advertencia de la propia Comisión Europea; o la reanudación de las obras para la construcción del tramo entre Terrassa y Granollers de la autovía B-40.

En realidad, nada de esto debería resultar extraño tras una mirada más atenta. El giro a la derecha del PSC viene de lejos y obedece a la desaparición de los sectores soberanistas del partido y a una estrategia electoral, fenómenos muy relacionados con el llamado procés. En lo tocante a la estrategia electoral, esta tiene como objetivo precisamente captar el voto de antiguos simpatizantes de CiU escépticos ante los numerosos problemas internos de Junts, originados cuando CDC se vio arrastrada a liderar institucionalmente el proceso independentista, con todos los riesgos y consecuencias políticos y económicos que implicaba, por lo que se topó con la actitud reticente de la mayoría de su aparato. Este codiciado espacio convergente —o, si se prefiere posconvergente— muestra la profunda huella dejada por CiU en Cataluña, y que ahora el PSC quiere ocupar sentándose, por parafrasear a un conocido escritor valenciano, en la mesa con los caníbales de Convergència. Habrá que ver, empero, si, en contra de lo que dice el refrán, el PSC, a diferencia de ERC, conseguirá cobijar a dos cabezas bajo una sola txapela.

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