Andalucía
El declive de la sanidad en la Andalucía de Moreno Bonilla: privatización, corrupción y un activista condenado

El Barómetro sanitario del CIS de 2024 dejaba claro lo que opinan las andaluzas y andaluces del estado de la sanidad en la comunidad autónoma, de media la valoración que las personas que habitan el territorio tienen acerca de este servicio es la menor dentro del todo el Estado puntuándolo con un 5,65 estando el nivel estatal a 6,29.

Este estudio además expone que un 34,7% de las personas encuestadas ha tenido un problema para realizar una consulta en el sistema sanitario andaluz, el 67% de estos problemas tuvieron como razón que la cita se dio con mucho retraso.

“Hace más de cinco años los facultativos  me indicaron que debía hacerme cada 3 años una colonoscopia de forma obligatoria, sin embargo llevan negándome hacérmela casi un año diciéndome que me espere que no hay hueco y que no saben cuándo habrá”, expresa Antonio, cordobés afectado por la situación de la sanidad

“Esta gestión beneficia a la empresa y perjudica a las personas”, explica Antonio Vergara portavoz de la Marea Blanca de Andalucía que el próximo 5 de abril ha convocado una gran movilización en defensa de la sanidad pública “necesitamos la recuperación del sistema sanitario 100% público no necesitamos colaboración con empresas privadas”.

Una de las miles de personas afectadas es Antonio, un sexagenario de la localidad cordobesa de Luque “Hace más de cinco años los facultativos me dijeron de hacerme una colonoscopia porque sangraba y me indicaron que debía hacerme cada 3 años esta prueba de forma obligatoria, sin embargo llevan negándome hacérmela casi un año diciéndome que me espere que no hay hueco y que no saben cuándo habrá”.

Este cordobés ha interpuesto varias reclamaciones escritas y tenía intención de denunciar a la Consejería de Salud “pero tengo que ir con un abogado y un procurador, me han puesto trabas, son por lo menos cuatro mil euros que tengo que pagar para que dejen de jugar con mi salud”, explica.

El vecino para 2026 debería haberse realizado un par de estas colonoscopias indicadas, sin embargo desde el centro médico le han dicho que para su primera prueba aún le tocaría esperar más de un año y medio.

“El sistema sanitario andaluz no está en peligro está desmantelado”, explica Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca Andaluza

Según sentencia Vergara: “el sistema sanitario andaluz no está en peligro está desmantelado”. Una realidad relacionada con el aumento exponencial de las privatizaciones sanitarias desde la llegada de Moreno Bonilla al Palacio de San Telmo como expone el informe La privatización sanitaria de las CCAA 2024 realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Este estudio expone que en 2024 Andalucía se encontraba en la cuarta posición dentro de todo el Estado en cuanto a privatización sanitaria, hace seis años, en 2019, se encontraba en el decimoquinto puesto. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Salud y Consumo Rocío Hernández Soto sigue defendiendo el sistema de “colaboración público-privada” de la sanidad.

La movilización del próximo 5 de abril coincide con la gran movilización por la vivienda a nivel estatal que tendrá lugar en cinco provincias andaluzas, Vergara expone que “fue una decisión de los sindicatos” y lo considera “un error” pero que al final de ambas manifestaciones se unirán “porque son igual de importantes la sanidad pública que el derecho a la vivienda”.

Una reunión in extremis

El pasado martes, 1 de abril, a cuatro días de la movilización del sábado el Gobierno andaluz decidió plantear una reunión con los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT, CSIF y Satse, que forman parte de la convocatoria de la manifestación.  La consejera de Salud, Rocío Hernández, y el titular de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto se han reunido con las cuatro formaciones sin llegar a acuerdos.

Las agrupaciones sindicales mayoritarias han denunciado que pidieron esta reunión en enero y que hasta el pasado martes no les han convocado: “ha respondido esta semana alegando problemas de agenda, sin mencionar de forma explícita la coincidencia con la semana de la manifestación”. Además exponen que la reunión que tuvieron con Hernández en octubre de 2024 fue “conflictiva” y “no se están los acuerdos alcanzados” por lo que decidieron de forma colectiva trabajar en futuros consensos directamente con el titular de Justicia y Función Pública.

La movilización tiene como objetivo la defensa de “un sistema de salud público, gratuito y universal”, frente a las privatizaciones del Gobierno de Moreno Bonilla. 

Además de reuniones infructuosas con los colectivos que se movilizan por la sanidad pública el gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a activistas por la sanidad ante la justicia. El pasado 25 de marzo el juzgado número 4 de Cádiz condenaba  a Antonio Vergara por el delito de coacciones leves contra Sira Morales, directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-Janda. “La sentencia es la consecuencia de una estrategia perfectamente diseñada por la consejería de salud y la Junta de Andalucía, que trata a través de movimientos policiales y judiciales de amedrentar a la protesta ciudadana”, expone Vergara. 

El caso de los contratos fraccionados sigue coleando 

El pasado octubre de 2024, la Intervención de la Junta de Andalucía denunció que el SAS repartió a dedo 458 millones de euros a empresas vinculadas a la sanidad privada, especialmente a farmacéuticas, a través de miles de contratos fraccionados en fraude de ley durante 2021. Lo que podría suponer un caso de corrupción al utilizar el fraccionamiento de contratos de forma indebida.

Un caso que actualmente se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz  y en este proceso la Junta de Andalucía ha cesado, el pasado marzo, a José Antonio Miranda, director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), responsable de  todas las contrataciones de la sanidad pública de Andalucía desde 2019.