Andalucía
19J, humo verde en la región que más castigará la crisis climática

Andalucía tiene un grave problema en lo que respecta a las condiciones de vida futuras que albergará. Si, tal como reitera el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) en su crucial informe de evaluación del pasado febrero, España va a ser uno de los países más afectados por la crisis climática, la región peninsular más meridional es una de las que se lleva la peor parte.

La práctica totalidad de la comunidad autónoma está bañada por un mar cuya región se calienta más rápido que el resto del globo. Si el mundo ya se ha calentado 1,1ºC de media desde la era preindustrial, en la cuenca mediterránea esa cifra asciende a 1,5ºC, precisamente el límite global fijado en el Acuerdo de París para evitar el grueso de la catástrofe climática.

Este hecho tiene unas consecuencias tan graves como amplias. El IPCC señala en su último informe que las lluvias en el arco mediterráneo se reducirán entre un 5% y un 20%, pues menguan al ritmo de un 4% por grado más de temperatura media. La consecuencia de esto es un mayor número de episodios de sequía, que además serán más severos. Y con la peor ola de calor en junio en dos décadas, más el reciente récord de temperatura en un mes de mayo —el pasado día 21 fue el más cálido de la historia en dicho mes en España, a lo que hay que sumar 14 récords de temperaturas altas registrados por la Agencia Española de Meteorología en la ola de calor del 18 al 22 de mayo—, no hay negacionista que pueda siquiera atreverse a rebatir la emergencia climática y su impacto en Andalucía.

Luis Barraquero: “Empezamos diciendo que la 'revolución verde' del PP era greenwashing, pero ahora lo evaluamos de otra manera: es nociva para el medio ambiente”

Súmese a este cóctel un más que probable aumento del nivel del mar en una región con 910 km de costa, lo que provocará, según el IPCC —la mayor autoridad científica al respecto del planeta— que las inundaciones se multipliquen por diez. También un incremento de la desertización al que se enfrenta el 74% del territorio español, con Andalucía a la cabeza, y la reducción de productividad de los cultivos, así como un largo etcétera de consecuencias que amenazan la vida, la economía y los ecosistemas andaluces, lo que incluye los seres que los habitan, humanos incluidos.

Palabras altisonantes

El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2021-30, el mecanismo autonómico creado para integrar los compromisos climáticos internacionales y estatales en las políticas de la Junta, remarca que el modelo económico andaluz tiene una alta dependencia de las condiciones climáticas, “lo que se traduce en que su población se enfrenta al rigor de un clima caracterizado por episodios de altas temperaturas o de escasez de recursos hídricos”, señala. Las medidas para mitigar la crisis climática, además de poner el grano de arena regional para frenar las emisiones que causan el desastre, parecen la única salida ante el panorama que se acerca a toda máquina. Pero la realidad parece imponerse en otra dirección.

“¿La revolución verde? No la he visto por ningún lado; es más, no encuentro ninguna avance de ninguna índole”, sentencia Lola Yllescas

Mientras el principal favorito a gobernar la Junta, el conservador Juanma Moreno, llama “Revolución Verde” a sus políticas medioambientales, los hechos no parecen ir de la mano de semejante apelativo. “Puro humo”, la calificaba el Rafael Márquez, secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz, entre los múltiples apelativos y mofas que desde un buen número de sectores han puesto a estas políticas, desde el arco de la izquierda y las organizaciones ecologistas a la comunidad científica.

Luis Barraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía suma un nuevo apelativo: “Mucho lirili llamo yo a eso”. Lejos de quedarse ahí, el portavoz prosigue señalando: “Nosotros empezando diciendo que la revolución verde del PP era greenwashing, pero ahora lo evaluamos de otra manera: es nociva para el medio ambiente porque ha introducido en su discurso las políticas verdes pero en realidad están haciendo todo lo contrario, adelgazando la normativa ambiental”. 

No es, ni mucho menos, el único que opina en ese sentido dentro de los colectivos que buscan una revolución verde de verdad en la región. “¿La revolución verde? No la he visto por ningún lado; es más, no encuentro ninguna avance de ninguna índole”, sentencia Lola Yllescas, coordinadora de Ecologistas en Acción Andalucía. “Es muy alucinante, porque podemos crearnos una idea basada en la nada”, continúa.

De fondo, entre récords de temperaturas y sequías —a día de hoy las reservas andaluzas de agua están al 34,5% mientras que la media de los últimos diez años en estas fechas era del 64,4%—, se suma el hecho de que Andalucía es una de las comunidades que no ha declarado el estado de emergencia climática, una propuesta que, más allá de su utilidad, defienden PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El dinero primero

Mientras que el PP pretende que los estandartes de esa ‘revolución’ sean una Ley de Economía Circular que no pudo aprobarse por apenas dos días —precisamente por la convocatoria de elecciones que hizo el propio Moreno—, el Plan de Integral de Residuos o el Pacto Andaluz por el Agua, todos ellos son tildados desde poco ambiciosos a directamente descalificados por las organizaciones ecologistas.

Desde Greenpeace, Barraquero remarca que la Ley de Economía Circular tiene un enfoque basado en la bioeconomía, y no en los principios de la economía ecológica, que anteponen la protección del medio ambiente a la búsqueda de beneficios. “La bioeconomía lo que inspira es ver de qué manera puedo sacar el mayor rédito posible a los residuos que ya tengo. Lo que inspira la Ley de Economía Circular en Andalucia, iniciada por PP y Ciudadanos es esto, por eso Ciudadanos lo lleva como bandera al ser un partido brutalmente neoliberal”, apunta el portavoz de Greenpeace.

La nueva Ley de Residuos estatal obliga a que el 1 de julio todas las ciudades de más de 5.000 habitantes tengan que separar la fracción orgánica de sus basuras. “Eso dice la ley, pero aquí ni se habla”, denuncia Yllescas

Al hilo de este ordenamiento —que contaba antes de la disolución del Parlamento con el apoyo además de PSOE y Adelante Andalucía, un día antes de debatre sobre la misma— Yllescas denuncia que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada por el Gobierno estatal en abril obliga a que el 1 de julio todas las ciudades de más de 5.000 habitantes tengan que separar la fracción orgánica de sus basuras. “Eso dice la ley, pero aquí ni se habla; nadie está dispuesto a cumplirla”.

De regadíos y estrés hídrico

Con el Pacto Andaluz del Agua de fondo y la problemática del Parque Nacional de Doñana en el foco mediático, la gestión del agua es una de las claves medioambientales de una región que va a ver como sus recursos hídricos menguan debido a la emergencia climática. “Estamos viendo cómo crecen permanentemente los regadíos. Incluso en nuestro espacio estrella —Doñana— es le está quitando el agua para unos cultivos de dudosa legalidad en muchos casos”, denuncia la portavoz de Ecologistas en Acción.

Lejos de la ya histórica problemática, Yllescas indica que esta misma situación se da en múltiples lugares de la región, y para ello pone el ejemplo del Plan Hidrológico Guadalete-Barbate, al que la organización en la que milita acaba de mandar alegaciones. “Se planifica en función de la demanda de agua, no de la oferta. Es la insostenibilidad por definición”.

En la misma línea, Barraquero enfatiza que Doñana es solo la punta de lanza. “Es el caso icónico y flagrante, porque es un parque nacional que tiene todos los cromos de protección ambiental y ni siquiera así está libre de amenaza. Pero Andalucía está lleno de Doñanas y es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, pues el agua no solo se roba, también se malvende y se malgestiona y hay determinados chanchullos legales que posibilitan que esto ocurra”.

Años de apartar la mirada ante la multitud de pozos ilegales y un escaso control del riego en el entorno del parque nacional han hecho mella y, mientas PP, Ciudadanos y Vox apuestan por regularizar regadíos en el entorno del parque nacional —lo que incluso ha ocasionado una protesta desde la UE en forma de carta desde la Comisión Europea— en las 188 páginas del programa electoral del PSOE no se nombra la palabra Doñana. El partido se abstuvo en febrero en el Parlamento andaluz ante la propuesta del arco conservador de amnistiar 1.416 hectáreas de regadíos en el entorno del parque nacional. El tema ha supuesto todo un cisma interno. Por contra, solo desde Adelante Andalucía y Por Andalucía abogan por una protección del parque y sus humedales. Este último incluso plantea dotar de personalidad jurídica propia al parque nacional, como se está intentando, vía Iniciativa Legislativa Popular, al otro lado de la península, en el Mar Menor.

Otra de las claves medioambientales que dejan en mal lugar es la senda que abrió el actual Gobierno autonómico y sus socios con el ‘Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva’ de 2020, apodado 'el Decretazo', al que se le sumaron otros dos decretos autonómicos que modificaron decenas de ordenamientos jurídicos. “En aras de la simplificación, lo que hacen es desregular cualquier tipo de normativa que garantice la protección ambiental”, denuncia el coordinador de Greenpeace en Andalucía. “Están utilizando esa excusa para cargarse todo eso, y además sacan pecho. Es alucinante, y te da una idea perfecta de cuál es su leitmotiv: la activación económica cueste lo que cueste, a costa del medio ambiente, claro”.

Asimismo, denuncia que que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, la nueva ley del suelo andaluza, otra de las que el PP incluye en su revolución verde, “va a cambiar las reglas del juego y a alentar otra vez al pelotazo urbanístico”.

Sin transición ecológica

Desde las organizaciones ecologistas lamentan el poco impacto real de las políticas de clima y medio ambiente en Andalucía, y las pobres propuestas presentadas. “Se supone que estamos ante una transición ecológica y no se plantea nada en campaña electoral”, denuncia Lola Yllescas. “Hay que estar un poco más en el mundo de lo que está nuestra clase política, y no veo a ningún partido en Andalucía plantear estas cosas. Estamos volviendo a rollos identitarios, por no hablar de la extrema derecha, que nos quiere hacer retroceder 50 años. Ni a la izquierda, ni a la moderada ni a la otra, ni a la derecha parece que le interesen estas cosas”, lamenta la coordinadora de Ecologistas en Andalucía.

El IPCC señala en su último informe que las lluvias en el arco mediterráneo se reducirán entre un 5% y un 20%

En el programa del PSOE se pueden encontrar propuestas como declarar la emergencia climática y reducir las emisiones de CO2 un 55% para 2030, aunque a nivel estatal un Gobierno del mismo PSOE y Unidas Podemos solo propone llegar a un 23% en esa misma fecha. Por su parte, desde Por Andalucía plantean, además de la mencionada declaración, la creación de una Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática, la puesta en marcha de una comercializadora de electricidad pública y un Plan Andaluz de Energías Renovables.

Continuando en el arco de la izquierda, en lo relativo a crisis climática, Adelante Andalucía aboga destinar a políticas ambientales un mínimo del 2% del PIB, la creación de una empresa pública de renovables e implantar un impuesto a la energía en función del CO2 emitido. 

El PP, por el contrario, apuesta por regularizar no solo más regadíos, sino también chiringuitos de playa, además de un mayor impulso a la caza. La simplificación administrativa referida al ámbito ambiental puede encontrarse en el programa de nuevo, lo que deja entrever que la labor de los tres decretos desregularizadores podría ampliarse aún más. Por último, Ciudadanos centra su programa medioambiental en la mencionada Ley de Economía Circular, un Plan Forestal de Andalucía para frenar la desertificación y el desarrollo tecnológico de renovables, además de medidas como más carriles bici o el fomento del consumo responsable. Por supuesto, el programa de Vox —de tan solo una página—, viene en la línea de la ultraderecha y la defensa del medio ambiente brilla por su ausencia: más caza, más desregulación ambiental, más toros y ni una mención al cambio climático.

Promesas electorales hechas, solo el tiempo dirá cuánto humo —electoral— verde hay en los programas para el 19J de hoy.