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Autogestión
El gaztetxe de Zestoa vuelve a estar en peligro: el juzgado ordena su desalojo el 11 de septiembre
El gaztetxe de Zestoa vuelve a correr el riesgo de ser desalojado tras la primera intentona de julio. El juzgado de Azpetia ha ordenado por segunda vez que la Gazte Asanblada abandone el edificio parroquial Elizondo y pone como fecha límite el 11 de septiembre. Los zestoarras ya demostraron el mes pasado que seguirán luchando para mantener este espacio autogestionado, cuando concentraron a varias decenas de personas llegadas desde diferentes partes de Euskal Herria en la plaza del pueblo y frente al gaztetxe. Vista la situación, ninguna patrulla de la Ertzaintza se atrevió a actuar y la autoridad judicial tampoco apareció por la localidad de Urola Kosta. Suspendido aquel intento de lanzamiento, dentro de dos semanas volverán a intentarlo.
Si bien la Gazte Asanblada ha intentado buscar una solución al conflicto junto al ayuntamiento de Zestoa —liderado por EH Bildu—, la Diócesis de San Sebastián, que es la propietaria de este edificio que tenía en desuso, se niega a llegar a ningún acuerdo. No parece que la Iglesia esté dispuesta a pactar nada que no suponga recuperar el inmueble, a pesar de que este ha sido utilizado para innumerables actividades de los vecinos.
Centros sociales
Euskal Herria La Gazte Asanblada paraliza el desalojo del gaztetxe de Zestoa
El inmueble fue ocupado en febrero del 2023 y la Gazte Asanblada deberá pagar multas de 6.500 euros en concepto de indemnizaciones. Los jóvenes zestoarras, que criticaron el inmovilismo del consistorio ante un resultado que parecía inevitable, llevaron a cabo a principios de este año la mayor campaña de apostasía —renuncia de la fe en una religión— en Euskadi para presionar al Obispado.
Este inmueble fue ocupado en febrero del 2023 y la Gazte Asanblada deberá pagar multas de 6.500 euros en concepto de indemnizaciones
La Gazte Asanblada echó en cara al alcalde Mikel Arregi, de EH Bildu, no haber llevado “al extremo” la propuesta para comprar a la Iglesia el edificio Elizondo. “La diócesis nos ha comentado que no habéis avanzado con el contrato; fue el ayuntamiento el que nos animó a acceder al edificio y desde que hemos accedido a él no se han dado otros pasos”, espetaron.
Arregi, por el contrario, señaló que con los recursos del consistorio “no podemos comprar el edificio de una institución de carácter religioso privado”. Los del gaztetxe subrayaron que también están abiertos a “otras opciones”, siempre que el espacio “sea un edificio capaz de cubrir las necesidades de los jóvenes del pueblo”.
Apostasía como medida de presión
Ante las amenazas de desalojo por parte de la Iglesia, la Gazte Asanblada Zestoarra inició en diciembre una campaña de apostasía para presionar a la Diócesis de San Sebastián. Un total de 723 personas rellenaron los formularios y, según la asamblea, es hasta la fecha la mayor apostasía colectiva en Euskadi.
Una decena de miembros de la Gazte Asanblada se reunieron a las puertas del edificio del seminario del Obispado de San Sebastián para denunciar las multas que los jóvenes podían recibir. Al término de la lectura del comunicado pretendieron entregar los formularios, pero la Ertzaintza cerró las puertas y, según explicaron los presentes, la iglesia “no quiso recoger las peticiones”. Una situación que denunciaron ante el Ararteko.
Las reivindicaciones de la Gazte Asanblada para mantener el gaztetxe en el edificio Elizondo cobraron relevancia en los medios de comuniación de Euskadi cuando varios jóvenes de la localidad de Urola Kosta entraron a la parroquia vestidos con buzos y máscaras blancas. Allí, se colocaron frente al altar y desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Eliza diruzale, espekulatzaile!”. De esta forma, cortaron la misa —sin ningún tipo de acto violento— y lanzaron billetes por toda la iglesia.