Enrique Costoya Allegue

Tras conocer la sentencia del "Procés", multitud colectivos, profesionales y sociales, han salido a denunciar la criminalización de la protesta ante una realidad que se antoja difícil para quienes denuncian la pérdida de derechos sociales y laborales. Un marco jurídico y mediático que arrincona, cada vez más, la necesaria movilización ciudadana que reivindica valores tan universales como la solidaridad y la justicia social.

A mediados de julio del 2019, llegó un correo al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de Trabajo cuyo contenido ha sido anunciado, paralelamente, por todos los periódicos del país, concediendo entrevistas a su remitente en los principales espacios informativos audiovisuales. ¿La noticia? Las plataformas digitales van perdiendo la batalla jurídica frente a los “riders”. Pero en la derrota también existen clases.

Mientas que la reina Letizia declaraba su adhesión a la huelga feminista del 8M, tres mujeres recibían una sentencia de 18 meses de cárcel por participar en un piquete en la llevada a cabo durante el 8M del 2018. Existe una "guerra" por el relato donde siempre pierden quienes defienden los derechos de la clase trabajadora.