Ayuntamiento de Madrid
Trabajadoras de la red de infancia de Madrid advierten de la externalización de una parte del servicio

El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado mes de mayo una ampliación de la red de protección a la infancia que sufre riesgo, desamparo o violencia en el ámbito familiar. En diciembre pondrá en marcha un nuevo Centro de Atención a la Infancia (CAI) en Villa de Vallecas y un centro especializado en la Declaración Administrativa de Riesgo: dos centros que se sumarán a los 12 actuales. El Consistorio prometió además un aumento en el número de profesionales y nuevos procedimientos “más garantistas” para asegurar la mejor asistencia de estos niños y niñas de entre 0 y 17 años.

Sin embargo, el anuncio ha generado malestar entre las funcionarias de los centros 1, 2 y 3, los únicos centros de gestión pública —aunque con una parte privatizada— de los 12 que hay en Madrid; el resto ya funciona mediante gestión externalizada. Las funcionarias de estos tres centros denuncian que esa reorganización para ampliar la red va a ser aprovechada, en la práctica, para ahondar en un proceso de privatización, “un cambio estructural que puede tener consecuencias directas en la calidad de la atención”.

Un centro especializado en la declaración de riesgo

Dos trabajadoras de los centros 1, 2 y 3 consultadas por El Salto, que han preferido no revelar sus nombres, explican que esta reorganización alterará las funciones que venían realizando hasta ahora. “Cuando hay un niño o niña en una posible situación de riesgo grave porque los papás no están ejerciendo sus funciones parentales, nosotras valoramos la situación familiar y trabajamos para que pueda estar mejor en su casa, si es posible”, dicen. Eso supone un trabajo de atención psicológica, social y educativa intensiva con las familias y los niños y niñas.

Sin embargo, a partir de ahora será el Ayuntamiento quien asuma la competencia de declaración de riesgo del niño o niña, en cumplimiento de la Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el nuevo CAI centralizará la tramitación de este nuevo procedimiento administrativo; un centro que, como informa el propio consistorio, estará integrado exclusivamente por los funcionarios de los CAI 1, 2 y 3.

Para las dos funcionarias, “quiere decir que el trabajo con la familia, el tratamiento, todo lo que veníamos haciendo hasta la fecha lo vamos a dejar de hacer para pasar a hacer esta labor administrativa”, mientras que el resto de la red quedará bajo un nuevo contrato de gestión privada y externalizada.

 “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que consecuentemente también se devalúe la garantía de los derechos de la infancia”

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social también se muestran preocupados por este traslado de personal al centro especializado: “La protección efectiva de la infancia no puede reducirse al procedimiento administrativo de declaración de riesgo, sino que requiere intervenciones sociales estables, especializadas, y sostenidas en el tiempo”, expresan en un comunicado.

Niegan la privatización, dicen que es un aumento de la red

Las dos trabajadoras critican la falta de comunicación y de transparencia por parte del Consistorio. “Nunca se nos ha dicho nada, no se nos ha mandado nada por escrito, nos hemos enterado por prensa, por los pasillos”, explican. Después de solicitarla “por activa y por pasiva”, lograron una reunión informal con el Departamento de Protección de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Madrid, donde “nos dijeron: no os preocupéis, vosotras vais a mejorar las condiciones”. También “niegan la privatización, esto es lo más sangrante, se lo dijimos pero dicen que no es una privatización, que es un aumento de la red”.

Sin embargo, ellas destacan que es una tendencia que están sufriendo una parte importante de la red social. Ponen como ejemplo la Red de Espacios de Igualdad, cuyas trabajadoras denunciaron una dinámica similar por parte del Ayuntamiento: falta de comunicación, un cambio de enfoque y el empeoramiento de las condiciones laborales y, por tanto, del servicio que ofrecían. Pero “también está pasando con el servicio de ayuda a domicilio, las casas de niños, acaba de salir noticia de que también van a privatizar la red de personas sin hogar de la Comunidad de Madrid. Es una tendencia de la corporación municipal”, dicen.

Precariedad laboral, rotación y dificultad de establecer vínculos

El Colegio Oficial de Trabajo Social expresa además preocupación por la que considera una progresiva externalización de la intervención especializada: “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que consecuentemente también se devalúe la garantía de los derechos de la infancia”, observan en el comunicado. Creen que la privatización, externalización o gestión indirecta de servicios “incide directamente en la atención a la ciudadanía, porque afecta de forma clara a la estabilidad de los y las profesionales que prestan esa atención”.

El organismo añade que trabajar para una empresa externalizada suele implicar rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos, advierten. Las dos funcionarias coinciden en que la experiencia muestra que los modelos externalizados en los servicios sociales suelen ir acompañados de peores condiciones laborales, salarios más bajos y mayor precariedad. En 2022, los trabajadores de la empresa Grupo 5 de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF) del Ayuntamiento de Madrid realizaron una huelga por estos motivos.

“Es verdad que para la ciudadanía nada cambia, porque el servicio sigue siendo de acceso gratuito, pero las personas que te atienden tienen peores condiciones laborales”, reconoce una de las trabajadoras. Esto supone una elevada rotación de la plantilla, ya que “las personas que llegan no pueden mantener los sueldos tan bajos en una ciudad como Madrid”.

“En infancia en riesgo, que necesita vínculos de estabilidad, es muy difícil poder vincular con alguien que cambia cada tres meses”, explica la funcionaria

Esa elevada rotación afecta a las intervenciones, dificultando la creación de vínculos estables con los niños y niñas. “En infancia en riesgo, que necesita vínculos de estabilidad, es muy difícil poder vincular con alguien que cambia cada tres meses”, explica la funcionaria. Puede traducirse en procesos terapéuticos menos eficaces y en una mayor desprotección y revictimización de los niños y niñas: “Son historias de vida complejas que tienen que estar contando todo el rato a todo el mundo, y eso al final resulta retraumatizante”.

“Se habla mucho de sanidad y educación, pero también se están privatizando los servicios sociales”

Las trabajadoras han formado una plataforma de servicios sociales públicos y preparan una concentración en la Plaza de la Villa de Madrid el próximo 21 de septiembre, “no tanto para paralizar la privatización, porque llegamos ya tarde, pero que se le ponga nombre, reivindicar esta tendencia a privatizar todo el sistema de servicios sociales. Se habla mucho de la sanidad y la educación, pero servicios sociales como sistema de protección también se está privatizando”.

Para ellas, “ha sido un maltrato hacia nosotras, nuestra función y nuestra labor. Sentimos que no interesa la infancia, que no se le está dando el valor ni el lugar que merece, ni a las profesionales”. Consideran, por tanto, que no basta con ampliar la red, sino que hay que garantizar que no se debilita el sistema público que la sostiene.