Infancia
Madrid deja la protección a la infancia en manos de fondos buitres

Después de dos años de paros parciales, las trabajadoras del Grupo 5 que actúan en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y en el Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid han anunciado que irán a la huelga indefinida a partir del 8 de julio. “Hemos decidido esto porque la empresa, en ningún momento, ha querido negociar. En las mediaciones previas obligatorias se presentaba solo el abogado de Grupo 5”. Así explica el momento que vive la plantilla Estíbaliz Carrascosa, presidenta del Comité de Empresa y trabajadora de los CAI. Se trata de un servicio que detecta situaciones de riesgo, abandono o problemáticas con menores y los intenta reconducir. Cuando hay que institucionalizar la situación del menor, ya se hace cargo la Comunidad de Madrid tutelando al niño o a la niña. Si la situación puede mejorar en el seno de la familia, ahí están los técnicos municipales. Una situación especialmente vulnerable ahora en verano, cuando los servicios sociales se quedan sin el apoyo y la vigilancia de la comunidad educativa.

El equipo multidisciplinar que lleva los CAI está formado inicialmente por profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social con un grado de especialización grande. Por eso, explican desde el Comité de Empresa, cuesta tanto reemplazar a quienes se marchan. “Cuesta mucho encontrar a gente con la formación y que quiera cobrar tan poco”, comenta Carrascosa, que explica que la rotación tan alta no solo hace que a los trabajadores les cueste mucho saber cómo funciona el sistema de protección madrileño sino que afecta a los usuarios: “La falta de vínculo es terrible. Una misma familia ha pasado por cuatro técnicos en año y medio. Es muy doloroso para un menor que vive una situación traumática no conocer a quien tiene delante”.

“La falta de vínculo es terrible. Una misma familia ha pasado por cuatro técnicos en año y medio. Es muy doloroso para un menor que vive una situación traumática no conocer a quien tiene delante”

El concejal de Más Madrid y portavoz de la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Javier Barbero, sabe bien de qué habla. Él es psicólogo y trabajaba antes de entrar en política en La Paz con pacientes oncológicos, de duelo, etc. “A estos pacientes no puedes cambiarles de técnico. Se llama victimización secundaria cuando tienes que estar contando tu situación, necesitas un equipo estable”, explica y anuncia que el pasado lunes 4 han registrado la pregunta sobre el conflicto de los CAI. “Queremos saber —dice el texto registrado— cuál es el parecer del Delegado y cuáles son las acciones que desde el Ayuntamiento se han venido desarrollando y se van a desarrollar para la prevención y la solución de este y de otro tipo de conflictos similares en estas empresas de servicios externalizados”. Lo que el concejal tiene claro es que “los servicios del CAI estarán garantizados en la huelga pero con un esfuerzo añadido de los profesionales, porque no sabemos ni qué servicios mínimos les impondrán”.

Además de la situación inestable de la plantilla, el Comité de Empresa reclama un sueldo mejor para los profesionales y mayor conciliación personal. “Ahora mismo tenemos —explica la presidenta del Comité— que trabajar dos días a la semana por las tardes, hasta las 20 horas, lo que hace una jornada de once horas. Mientras que en otros servicios se flexibiliza para que las trabajadoras no tengan que hacer esas jornadas, en el nuestro no. Y, además, ahora tenemos flexibilidad para entrar una hora antes, pero nunca para salir una hora antes”. Esto obliga, según indica, a que muchas compañeras no puedan compatibilizar sus cargas familiares con ese horario y se vean obligadas a pedir reducción de jornada. “Incluso con la mínima reducción, el salario ya se queda a la altura del salario mínimo interprofesional”, explica Carrascosa, que indica que “como pasa en todos los sectores feminizados, tenemos unas condiciones precarias”.

Remunicipalización o pliegos en mejores condiciones

Respecto a los salarios y las rotaciones, no siempre fue así. “Antes Grupo 5 era una empresa independiente. En 2018 es comprada por Corpfin Capital y la cosa empieza a ir peor”, relatan desde el sindicato Comisiones Obreras. Antes, las trabajadoras tenían un salario por encima del convenio, que fija mínimos muy bajos para la formación tan especializada y el entorno en el que trabajan estas profesionales. Algunas conservan esa mejora, pero la mayoría entraron después de la compra y tienen salarios peores. De ahí la tremenda rotación y, por consecuencia, un deterioro del servicio municipal. Unos servicios que cuando se crearon hace ahora 30 años fueron de titularidad y gestión pública 100%. Así continúan los tres primeros centros de los doce que hay en la actualidad. Según se fueron creando los demás, del CAI 4 en adelante, se fue cediendo su gestión a empresas privadas y a asociaciones. Hasta que en la última década, como en otros sectores públicos como las residencias de ancianos o los centros de discapacidad, aterrizan los fondos buitres.

Corpfin Capital compra Grupo 5 y se hace cargo de los más de 2.200 profesionales que trabajan en la compañía según su web y pasa a atender a 4.500 personas en situación de vulnerabilidad social 

En este caso, Corpfin Capital compra Grupo 5 y se hace cargo de los más de 2.200 profesionales que trabajan en la compañía según su web y pasa a atender a 4.500 personas en situación de vulnerabilidad social en los más de 130 centros y servicios que atiende en numerosas comunidades autónomas. Además de los menores en abandono o riesgo, están centros de salud mental, neurorrehabilitación, mayores, dependencia, emergencias sociales y personas sin hogar, entre otros. “Como es lógico, el grupo de inversión busca la mayor rentabilidad posible, sin tener en cuenta el servicio que se ofrece ni los conflictos con la plantilla”, explican desde el sindicato, que añaden que a la huelga están llamados los trabajadores de los que gestiona directamente Grupo 5 (el 7, 8 y 12) pero también los trabajadores del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar, que interviene en domicilio y con niños en acogida por familia extensa.

Desde Grupo 5 rechazan la idea de que no han dado pasos de cara a buscar un acuerdo e incluso indican, en declaraciones a El Salto, que han realizado “dos propuestas concretas de mejoras salariales”. “Actualmente el 60% de la plantilla tiene condiciones salariales por encima de convenio. El 25% de la plantilla tiene una mejora de la jornada, esto significa que realizan menos horas de trabajo en el cómputo anual de lo que establece el convenio, y toda la plantilla dispone de más días de libre disposición que los establecidos en el convenio”, apunta la empresa.

“Estos problemas se llevan produciendo desde hace meses y los trabajadores han rechazado la oferta de la empresa porque se queda cortísima”, explica Emilia Martínez Garrido, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y vicepresidenta de la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que sigue desde el principio el conflicto. “Lo que los trabajadores me han dicho es que les ofrecen una subida de 17 euros al mes y llegar a 55 euros al mes en enero de 2023. Serían una subida de 800 euros brutos, cuando están en 3.000 euros menos que profesionales de otras empresas de gestión indirecta”. La concejala socialista también pone el foco sobre los pliegos que deberían estar más concretados, a su juicio, y ver qué convenio rige el trabajo de la plantilla del Grupo 5 sobre otros empleados de otras empresas de servicios similares. “Les correspondería el de intervención social”, concluye Martínez.

¿Y el Ayuntamiento qué tiene que decir en este conflicto? “Esta va a ser la pregunta que haré el 12 de julio en la Comisión: qué medidas se van a adoptar para asegurar la atención de los menores y sus familias ante la huelga indefinida”, explica Martínez. El grupo socialista junto a Más Madrid y la colaboración de CCOO pudieron incluir en el recién aprobado nuevo sistema público de servicios sociales un punto que alude a las diferencias entre los trabajadores de la Administración y los profesionales que ejercen su trabajo desde las empresas externas. “Queremos que sean iguales”, explica y concreta que esto pasa por hacer pliegos más concisos y vigilar muy estrechamente el cumplimiento de eso.

“El Ayuntamiento es conocedor pero no puede hacer nada”, explica la presidenta del Comité en referencia a que la empresa no incumple el pliego de condiciones de su adjudicación. Sí que indica que como trabajadoras, una de las principales reivindicaciones es que el complemento salarial por vivir determinadas situaciones que el Ayuntamiento indicó y presupuestó en el pliego de 2016 nunca lo recibieron. Tampoco en los siguientes contratos, donde aunque ya no se menciona de forma explícita, sí que se encuentra dentro del presupuesto de la subrogación de las trabajadoras más antiguas. “Es un dinero público que nunca ha sido transferido a las compañeras, se los están embolsando sin más”, denuncia Carrascosa. ‘Expolio’ lo califican en su comunicado de la huelga, donde denuncian que de la licitación salen una media de 23.100 euros anuales por trabajadora pero Grupo 5 abona entre 19.000 y 21.000. “Ese beneficio se suma al del 6% que ya recoge el pliego”, denuncian. Así, explican, no sorprende que en cuanto aparece una plaza en las otras empresas que gestionan CAI madrileños, los empleados del Grupo 5 se vayan.

“Los fondos buitres se meten en estos sectores porque tienen la financiación garantizada y el margen de beneficio lo sacan de los sueldos de los profesionales. El riesgo es muy bajo porque los ingresos están garantizados por la administración”

Tanto trabajadores como la oposición coinciden en señalar el problema de que empresas de capital de riesgo o inversión entren en servicios públicos a población de riesgo. “Las licitaciones no pueden ir a empresas de de fondos de inversión, que solo quieren sacar el mayor provecho del dinero público. Es una barbaridad”, indican desde el Comité de Empresa del Grupo5. Desde Más Madrid explican que por un lado, deberían mejorar las condiciones de los pliegos, aumentar el control de las inspecciones y debería haber cláusulas más específicas. “Los fondos buitres se meten en estos sectores porque tienen la financiación garantizada y el margen de beneficio lo sacan de los sueldos de los profesionales. El riesgo es muy bajo porque los ingresos están garantizados por la administración”, explica Barbero. El mismo concejal indica que es muy probable que la remunicipalización de los CAI estará en el programa electoral de su partido. “Si hay que empezar por algún lado a hacerlo, debería ser por ese. La infancia es uno de los colectivos más sensibles y se están jugando con su futuro”, indica. 

“Son empresas que buscan todos los resquicios para no incumplir el contrato y lograr los mayores beneficios”, explica la concejala socialista que se pregunta: “si resulta que los trabajadores del Grupo 5 tienen una media de diferencia salarial por trabajador de 3.000 euros menos respecto a las otras empresas que gestionan los CAI madrileños, ¿a dónde va ese dinero?”. Un pensamiento que es compartido con la plantilla en conflicto que piden que “las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero público”.