Bilbao
Vetada en Barcelona y señalada por el BDS, contratada en Bilbao: Alstom firma su cuarto contrato con el Metro

La guía de boicot del movimiento BDS recoge cinco bases de datos para emprender campañas de presión contra empresas “implicadas” directa o indirectamente “en la comisión de crímenes internacionales relacionados con la ocupación ilegal, la segregación racial y el régimen de apartheid de Israel”.

Alstom figura en dos: Don't Buy into Occupation (DBIO) y la base de datos de la ONU. Recientemente ha perdido un contrato de 320 millones de euros para el metro de Barcelona debido a la rotura de relaciones diplomáticas con Israel por parte del Ayuntamiento y al veto impulsado por PSC, ERC y Comuns. Mientras, Metro Bilbao, operadora consorciada de la Diputación Foral de Bizkaia y el consistorio liderado por Juan Mari Aburto (PNV), formalizó su contratación por 279.725,99 euros el pasado 15 de julio.

El objeto del contrato es el siguiente: “Revisión P3 de Convertidor de Auxiliares de las Unidades de Tren Serie 600 en Metro Bilbao”. En 2024, la misma empresa recibió 178.955,59 euros. En 2023, firmó otros dos contratos con la empresa de transportes, uno por 3.660.687,8 euros y otro por 365.002. En total, en dos años, desde 2023, la empresa denunciada por el movimiento BDS ha recibido cerca de 4,5 millones del erario público vasco.

Datos importantes si se atiende a la prensa económica local especializada, que cuenta que “la compañía ha dado un paso más en su apuesta por Euskadi, ampliando su actividad con nuevas instalaciones dedicadas al mantenimiento ferroviario y sumando contratos internacionales de gran envergadura”.

Alstom, según Don't Buy into Occupation señala, “está involucrada” en el Tren Ligero a Jerusalén –en el que participa CAF– que pretende conectar asentamientos coloniales ilegales en la parte Este ocupada con la parte Oeste. 

Don't Buy into Occupation (DBIO) es una coalición formada 25 organizaciones de la sociedad civil –entre ellas Novact– que investiga, para luego exponerlas en sus informes, las relaciones económicas entre diferentes empresas implicadas en “actividad ilegal de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO)”, como explican, y las instituciones financieras europeas.

Alstom, en declaraciones a El Economista, ha sostenido que no tiene nada que ver. Como también aparecen en el listado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se explican: “Alstom ha señalado al ACNUDH que la información publicada es errónea y hemos solicitado formalmente ser eliminados de la mencionada lista. Alstom no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados”.

En el caso de Alstom, DBIO señala que “está involucrada” en el Tren Ligero a Jerusalén –en el que participa CAF– que pretende conectar asentamientos coloniales ilegales en la parte Este ocupada con la parte Oeste. Como recoge un informe de DBIO, si bien Alstom dio marcha atrás en un contrato en 2019 gracias a la presión y el boicot civil, en 2021 formó parte de un consorcio que pretendía construir otras líneas del mismo tren, como se puede leer en la página oficial del Gobierno. El consorcio en el que Alstom participaba no fue seleccionado.

Alstom compró Bombardier Transportation en 2021, que colaboraba con la pública Israel Railways, con sede en Tel Aviv, y que impulsó una red –la línea verde– hacia la Cisjordania ocupada

Además, denuncian desde la coalición de investigación, Alstom compró Bombardier Transportation en 2021 (lo anunció en su web), que colaboraba con la pública Israel Railways, con sede en Tel Aviv, y que impulsó una red –la línea verde– hacia la Cisjordania ocupada, usando, como también subrayan desde DBIO, los Territorios Palestinos Ocupados para ello. La red, apuntan, solo beneficia a los ciudadanos israelíes.

A fecha de junio de 2023 (última actualización), la ONU mantuvo en su listado de empresas señaladas por su participación y posibilitar la continuidad, por intereses comerciales, de los asentamientos ilegales.

Los vetos y exclusiones: de Barcelona a Noruega

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) sacó a concurso la fabricación de 39 trenes para el metro, pero la cláusula –y tras la ruptura diplomática entre el Ayuntamiento de Barcelona e Israel– que excluye a empresas que han tenido intereses comerciales en territorios ocupados ha dejado sin posibilidades a la multinacional francesa Alstom, con una de sus plantas en Santa Perpètua de Mogoda. La firma presentó un recurso y TMB, alegando que todo está en orden, ha pedido al Tribunal que lo desestime.

CCOO y UGT han movido ficha y han pedido que se revisen y actualicen los métodos de exclusión, aludiendo que el listado que mantiene la ONU es de 2023. Subrayan que desean que “certifiquen con rigor qué empresas tienen actividades en los territorios ocupados actualmente y colaboren en el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel”. El “actualmente” parece clave en el litigio de los sindicatos. Como registran los informes, Alstom primero fue forzada a desistir en un contrato que la involucraba en suelo palestino, más tarde quiso, en consorcio, participar en obras en asentamientos ilegales y finalmente compró una firma directamente vinculada con la entidad pública de trenes israelíes. Si bien firman conjuntamente CCOO y UGT rechazar el genocidio, piden que “la defensa de los derechos humanos y la defensa del empleo en Catalunya deben ir de la mano”. Piden que decisiones que afectan a miles de puestos de trabajo se tomen con “rigurosidad”.

Mario Pariente, secretario general de CCOO en Alstom, en declaraciones a El País, no es tan tajante: “Si es verdad que Alstom trabaja ahí no podemos decir nada, pero la empresa nos asegura que no es así”. Aunque luego vuelve sobre los negocios de la “actualidad” para justificar la postura del sindicato: “Según explica Pariente, Alstom figura erróneamente en este listado, porque asegura que, si bien la empresa ha tenido en el pasado relación con obras ferroviarias en Israel, no las tiene en la actualidad”.

Debido a su aparición en estos listados, en Noruega se dieron movimientos. La compañía de gestión de pensiones más grande, KLP funds, ha excluido a varias empresas relacionadas con el colonialismo de asentamiento en territorios palestinos. Entre ellas, Alstom.

Actualmente Alstom tiene una planta en Euskadi, tres en Catalunya, una en León y seis en Madrid, por lo que su plantilla alcanza lo 3.200 trabajadores. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, en las mismas fechas que se licitaba el contrato del litigio en Barcelona y se adjudicaba sin sobresaltos en Bilbao, otorgaba a Alstom 87.000 euros en concepto de luces de fin de carrera. Solo en 2025, la CAM ha precisado de Alstom en cinco ocasiones –cuatro de ellas, en procedimiento sin publicidad– y le ha concedido, en suma, más de dos millones de euros.