Burorrepresión
Los “8 de Caixabank” se declaran insumisos judiciales y no participarán en el juicio de febrero

Ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que están convocados el próximo 10 y 12 de febrero en los juzgados de la capital alcarreña como acusados, han decidido realizar una acción colectiva de insumisión judicial y no asistir al juicio. Gustavo Rioja, uno de los encausados, explica que no se van a presentar porque “creemos que es una denuncia que no tenía que haberse producido nunca y es totalmente exagerada, sacada de contexto”.

Los hechos por los que han acabado siendo acusados se remontan a diciembre de 2017. En aquel momento, los activistas decidieron realizar una protesta en la oficina de Caixabank del municipio de Cabanillas del Campo ante el inminente desahucio de una madre con dos menores a cargo.  Sobre los sucesos de aquel día, Rioja aclara que “en ningún momento se produce ningún tipo de coacciones, ningún tipo de resistencia, ningún tipo de acto de que conlleve lo que la ley dice que es un delito penal”.

Los propios Guardias Civiles que llevaron a cabo la detención y traslado a la comandancia de los activistas declararon en la fase de instrucción que no se produjo ninguna acción violenta

De hecho, los propios Guardias Civiles que llevaron a cabo la detención y traslado a la comandancia de los activistas declararon en la fase de instrucción que no se produjo ninguna acción violenta. Rioja relata que “no se paralizó la sucursal, ni se impidió el acceso, ni se realizó ninguna acto de violencia contra nadie”.

Aún así, la Fiscalía les pide diez meses de prisión por un delito de resistencia o desobediencia, y dos meses de multa —600 euros— por allanamiento de local. La acusación particular, ejercida por Caixabank, va más allá. Reclama para ellos dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones, otros ocho meses de prisión por un delito de resistencia y 3.000 euros de multa por un delito de desórdenes públicos. En total: tres años y dos meses de prisión y 3.000 euros para cada uno de los ocho activistas.

Diego Herchhoren, encausado, explica que “si CaixaBank mantiene su petición de pena superior a los dos años, se tendría que suspender el juicio y nos pondrían en busca y captura para ingresar a prisión preventiva”

Diego Herchhoren, otro de los encausados, explica que se abren dos posibles escenarios ante la acción de no presentarse al juicio: “Cuando la jueza vea que no estamos presentes tiene que emplazar a las partes a que se pronuncien. La Fiscalía entendemos que se ratificará en su acusación porque en este caso no hay discusión y le pedirá a CaixaBank si mantiene su petición de pena superior a los dos años, porque en caso de que la mantenga se tendría que suspender el juicio”. El activista explica que, en ese caso, “nos tendrían que poner en busca y captura y nos tendrían que ingresar a prisión preventiva hasta que se fije la fecha para un nuevo juicio”. Un periodo indeterminado entre rejas que, independientemente del veredicto final, ya llevarían a sus espaldas.

La acción por la que se celebra el juicio tenía el objetivo de reclamar el cumplimiento de una promesa realizada por la entidad bancaria al ayuntamiento del municipio, por la que se comprometía a ceder a varias viviendas de la localidad para que se destinaran a usos sociales. Entre esas viviendas estaba la de Paola, que iba a tener que enfrentarse en los días siguientes a un juicio por el que iba a ser desalojada de su vivienda junto a sus dos hijos menores de edad, y que finalmente perdió su vivienda tras intentar negociar con la inmobiliaria de Caixabank, BuildingCenter. Ella es también una de las acusadas.

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Desde la Plataforma Antirrepresiva denuncian que la juez ha rechazado que miembros de Amnistía Internacional están presentes en el juicio, que se celebrará el 5 de abril.

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Las irregularidades en la instrucción y el procedimiento

Otra de las razones que les lleva a declararse insumisos judiciales son las irregularidades que han rodeado la instrucción. Una de las pruebas documentales pedidas por la defensa de los ocho activistas fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria. Ante la petición de estas pruebas por el juzgado, el banco respondió en mayo de 2018 que estas grabaciones “fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”, según el texto remitido por Caixabank al juzgado, al que ha tenido acceso El Salto. 

No solo eso, el juicio fue aplazado en dos ocasiones, la primera, por la huelga de funcionarios de justicia, y la segunda, cuando la entonces titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara fijó la celebración del juicio a puerta cerrada, impidiendo la presencia de observadores de Amnistía Internacional que habían solicitado asistir. Desde Amnistía Internacional ya habían mostrado preocupación por esta causa penal. 

“La acción de protesta pacífica llevada a cabo el 5 de diciembre de 2017 tenía por objetivo prevenir una posible vulneración de derechos humanos, como consecuencia del desahucio sin alternativa habitacional de una familia vulnerable, así como llamar la atención sobre una situación de claro interés para el debate público y de elevada importancia social”, señalaba Amnistía Internacional frente a la anterior cita judicial. Esta organización ha manifestado su voluntad de asistir al juicio el próximo febrero.

El activista Rioja expone que “seguimos sin entender el por qué de este procedimiento, pidiendo esta barbaridad de años con esta de petición de penas. De ahí viene el acto final de insumisión judicial, el acto de decir bueno, pues nosotros no participamos a este juicio, hacer lo que queráis, esto está básicamente sentenciado y no estamos de acuerdo. No reconocemos este juicio como tal”.

🛑 8 activistas de la PAH podrían ser condenados hasta 3,5 años de cárcel por una protesta pacífica en una sucursal de Caixabank. Esta protesta ocurrió en 2017.

❌ Las activistas no se presentarán a juicio. "No queremos ser otras 6 de la Suiza".#NoNosPresentamos pic.twitter.com/2Q0yeqPqEr

— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) January 14, 2025

Un proceso que, recuerdan, se inició en el marco de una “persecución generalizada contra los activistas por el derecho a la vivienda en la ciudad, que han llevado a otras tantas multas y procesos penales por el ejercicio del derecho a la protesta”, explican desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara. Creen que este hostigamiento legal tiene como objetivo “tratar como delincuentes” a quienes reivindicaban un derecho básico como es la vivienda, así como de “grupo criminal” a la acción organizada para reclamar esos derechos.

Y es que no están dispuestos a que el suyo sea otro caso más como el de los #6deLaSuiza (seis sindicalistas de la CNT condenados a tres años y medio de prisión y 125.000 euros de multa por organizar protestas frente a la pastelería 'La Suiza' de Gijón), o el de los #6de Zaragoza (seis activistas antifascistas detenidos por participar en una protesta contra Vox, que ya cumplen pena de cárcel).

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El próximo 1 de febrero, en Cabanillas del Campo, van a realizar unas jornadas de “apoyo a la libertad de expresión y en contra de los juicios políticos” que se va a celebrar el 1 de febrero, a la que se han sumado  colectivos sociales de todo el Estado. “Porque esto, este patrón de detención, de exageración, de cargos de persecución sobre los movimientos sociales, no es que la suceda a nosotros en Cabanillas, está sucediendo en todo el Estado desde hace años”, explica Rioja. Con esas jornadas se pretende también “denunciar y decir que ante estas situaciones vamos a ser cada vez más insumisos judiciales”. 

Consideran que estos procesos judiciales, seguidos bajo el epígrafe de “terrorismo” o “delito de odio” contra los movimientos sociales y políticos que se separan de los márgenes permitidos, no tienen como finalidad averiguar o no la existencia de delitos en las acciones emprendidas en defensa de derechos fundamentales, sino que con ellos se pretende “aleccionar” al público sobre “lo que puede ocurrirle si desborda sus límites”.

En este sentido, señalan que estos procesos judiciales que se viven como consecuencia de haber participado de una protesta social “no son solamente una sentencia condenatoria o absolutoria”, sino que su existencia tiene como objetivo en sí mismo “establecer los límites a esos derechos y nunca garantizarlos”, considerando el caso de las #8deCaixabank “buena prueba de ello”.