Cáceres
Revés judicial a la mina de Valdeflores

Ante la resistencia de la empresa Infinity Lithium a restaurar los caminos, las plataformas, los sondeos y las balsas de residuos abandonadas en la Sierra de la Mosca, el Juzgado Contencioso/Administrativo Nº1 de Mérida ha dictado un Auto judicial que desestima las medidas cautelares solicitadas por Tecnología Extremeña del Litio, S.L. (una sociedad instrumental participada al cincuenta por ciento por Valoriza, a su vez filial minera del Grupo Sacyr, y la australiana Infinity Lithium) para no acatar la restauración y el pago de la multa que le impuso la anterior Consejería de Medio Ambiente. En opinión de los opositores al proyecto extractivo, la solicitud de dichas medidas habría formado parte de una estrategia dilatoria en la ejecución de las sanciones y de una política de hechos consumados. El juez, mediante este auto, considera que ha de primar el interés público y la defensa del medio ambiente sobre los intereses de la empresa, y le obliga a ejecutar la resolución firme dictada por la administración regional antes de entrar a conocer sobre el fondo del asunto y dictar la sentencia pertinente.

Aunque, como se señalara desde la de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres en 2019, cuando se dictó la sanción por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, se trate de “otra pequeña victoria en una lucha tremendamente desigual”, cobra relevancia por encontrar respaldo en sede judicial tras un largo camino que incluye, como ejemplo, más de 8.000 alegaciones sin respuesta ante la Dirección General de Minas. 

Cabe recordar, en el mismo orden de cosas, que el Ayuntamiento de Cáceres, a través de su portavoz Andrés Licerán, comunicó el pasado viernes a los medios de comunicación que el Juzgado número 2 de la capital había admitido a trámite otro recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa contra el expediente sancionador municipal iniciado a principios de 2018. Entendió en su momento el consistorio que TEL se había extralimitado sobre las licencias concedidas, por lo que se le exige el pago de una multa de 28.000 euros, además de la reparación y restauración de todos los daños ocasionados en el valle de Valdeflores.

El juez, mediante este auto, considera que ha de primar el interés público y la defensa del medio ambiente sobre los intereses de la empresa

Manifestó también el portavoz municipal que los trabajos acometidos por la empresa excedían las limitaciones estimadas para una licencia de obra menor, explicando, a su vez, que el expediente y los plazos administrativos quedaron suspendidos por el estado de alarma y que sólo fue tras su reactivación cuando la mercantil formuló el recurso que llevará al ayuntamiento a los tribunales.

Según denuncia la Plataforma Salvemos la Montaña, “nos encontramos con otra prueba evidente de cómo actúa Infinity Lithium, y de cómo incumple sus responsabilidades”. Se preguntan desde el colectivo ciudadano que “si se niega a restaurar y a pagar las sanciones impuestas por ambas administraciones cuando suponen cantidades ínfimas de dinero, ¿cómo vamos a creer que va a cumplir con todo lo que promete y, sobre todo, cómo vamos a creer los cacereños que llevará a cabo la restauración integral de la zona cuando acabe la explotación, restauración que supondrá miles o millones de euros, si desde el inicio de la investigación se niegan a reparar unos simples caminos abiertos de manera ilegal y recurren a los tribunales para no acatar las sanciones administrativas?”.

La promotora parece determinada a seguir con el proyecto. Como muestra, el anuncio reciente de otra ampliación de capital mediante colocación de acciones en bolsa por valor de 1,34 millones de euros

Por otra parte, y tras la intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la Plataforma se encuentra a la espera de recibir a la comisión de investigación solicitada para investigar el acuerdo de financiación del proyecto y para comprobar sobre el terreno la afección a la ciudad, el estado de los permisos, las licencias y los expedientes. La propia Plataforma ha señalado que “acompañaremos a los eurodiputados a la zona y facilitaremos todos los datos y documentos técnicos disponibles y elaborados durante estos tres últimos años”.

A pesar de la comisión de investigación europea, de la oposición popular y de los contenciosos judiciales abiertos, la promotora parece determinada a seguir con el proyecto. Como muestra, el anuncio reciente de otra ampliación de capital mediante colocación de acciones en bolsa por valor de 1,34 millones de euros.