Crisis climática
Una ley vasca maniatada para responder a la “emergencia climática”

El pasado 8 de febrero el Parlamento Vasco aprobó el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático con los votos a favor de PNV, PSE-EE y EH Bildu. Ocurrió cuatro años y medio después de que el Gobierno Vasco impulsara la declaración institucional de “emergencia climática”. Una norma que podemos decir que llega sin prisas (¿se espera tanto tiempo para hacer frente a una “emergencia”?), con críticas de Elkarrekin Podemos-IU y de la derecha parlamentaria vasca, y con el aplauso de científicos. ¿Cómo avanzará en la adaptación y mitigación del cambio climático?

Para empezar, los términos son importantes. La nueva ley no hace alusión, en ningún momento, a la “transición ecológica”; únicamente habla, como figura en su nombre, de transición energética. Esta última se refiere a la mera descarbonización de la economía, mientras que la primera habla de un proceso de transformación social más amplio. Pero centrémonos en el contenido más relevante de la ley de PNV y PSE-EE, a la que acabó sumándose EH Bildu tras integrar algunas de sus enmiendas. Un paso que podemos enmarcar en la política de grandes acuerdos entre PNV y EH Bildu que ha defendido el candidato abertzale Pello Otxandiano en precampaña. La ley nace, eso sí, maniatada por lo que establecen las normas europeas y españolas de rango superior.

Objetivos de reducción

En primer lugar, establece algunos objetivos concretos, que se han subido respecto a los iniciales gracias a enmiendas de la izquierda abertzale: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 33% para el año 2030 (respecto a las de 1990) y apuesta por alcanzar la “neutralidad climática” para 2050, un objetivo que alberga dudas porque las empresas podrían seguir emitiendo CO2 comprando derechos de emisión en los mercados de carbono o con acciones como plantaciones de árboles. La nueva ley también establece un ahorro en el consumo final de energía de al menos un 12% respecto al actual para 2030 y de un 37% en 2050, así como que el 32% proceda de renovables para 2030. Ahora bien, la norma requiere un desarrollo posterior que llegará vía decretos-leyes.

El asesor en el Parlamento Vasco de Elkarrekin Podemos-IU y técnico ambiental, Xabier Marrero, critica que el objetivo de reducción de emisiones de CO2 sea del 33% para 2030 cuando la Unión Europea propone el 55%. El parlamentario y secretario de transición ecológica de EH Bildu, Mikel Otero, admite que le hubiera gustado que los porcentajes “fueran mayores”, de un 45% respecto a 2005, pero recuerda que la cifra europea es “para el conjunto de la Unión”, que no es igual para todos los estos miembros “porque no todos parten de lo mismo”.

“En los países del norte, los picos de emisión se dan en la década de los 60 y luego se producen descensos, mientras que en los del sur, como el estado español, se da en los 2000. Con el mismo esfuerzo, en menos años no llegas al mismo punto. Desde 1990, la UE ha reducido alrededor de un 30% las emisiones, pero en Euskadi solo un 15%; esos 15 puntos de diferencia que se tienen de retraso es muy difícil recortarlos en un periodo tan corto como 2024-2030. Se implanta un objetivo vinculante global, pero diferenciado por estados dependiendo del esfuerzo que supone”, explica Otero. Así, defiende que la equivalencia del 33% de la ley vasca con los objetivos que exige Europa.

El parlamentario de Bildu explica que se han trabajado con “modelizaciones” que decían que ese 33% están “en el rango alto de lo que se podía hacer”, así que, “a cambio”, introdujeron una disposición adicional para que “se pudieran revisar al alza de forma posterior”. Recuerda que es lo que ha hecho el Gobierno español a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): en 2020 planteaba una reducción de emisiones del 23% para 2030, cifra que se actualizó en 2023 para subirla hasta el 32%.

Para el investigador de Ikerbasque y BC3, Mikel González-Eguino, que acudió a una comparecencia de expertos sobre el anteproyecto de ley al Parlamento Vasco, los objetivos de mitigación (reducción de emisiones, renovables y ahorro y eficiencia energética) que plantea la ley vasca “son razonables” y valora positivamente que “puedan ser revisados y aumentados en el futuro”.

Ahora bien, el profesor destaca que “la transición energética hacia las renovables es necesaria, pero no suficiente”. Según González-Eguino, “también necesitamos ahorro y eficiencia energética, pero una parte importante tiene que ver con el cambio cultural y del estilo de vida. Sabemos que hemos rebasado los límites planetarios en muchas áreas y que es difícil continuar con el ritmo que llevamos”. Y concluye: “tenemos que hacer un cambio en esta parte, que es la más difícil y es necesaria”.

En esta línea, Rebeka González, de Araba Bizirik, cree que la nueva ley “esconde la expansión masiva de la industria de las energías renovables para dar un nuevo impulso al crecimiento económico”. “Para su implantación promueven un acto de fe ciega en la tecnología fosilista,  que es la que permitirá el buen desarrollo renovable. Todas las fases a las que están sujetas las planteadas como renovables se sirven de los combustibles fósiles, desde su extracción hasta su colocación, mantenimiento incluido. Un nuevo modelo de negocio que permite la reproducción de un sistema que está ya herido de muerte”.

La desinversión pública del Gobierno Vasco en combustibles fósiles

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva ley es que el Gobierno Vasco y las entidades que conforman el sector público deberán desprenderse antes de 2030 de sus activos vinculados a la exploración, refinamiento o procesamiento de combustibles fósiles, incluidas las actividades de generación de electricidad quemando combustibles fósiles. Es decir, la desinversión pública en ellos (como es el caso de la Sociedad Vasca de Hidrocarburos de Euskadi, SHESA).

Además, la legislación establece que los recursos económicos obtenidos de la enajenación de activos revertirán en el Ente Vasco de la Energía para la promoción y el desarrollo de proyectos de energías renovables u otras actividades relacionadas con la transición energética.

Para Marrero, que esto afecte a empresas publico-privadas y en ningún momento se exija la desinversión de la parte privada implica, de facto, su privatización, por la salida de la parte pública. En su opinión, habría que hablar de “desinversiones totales” y de manera gradual, con una planificación que incluya cierre y transformaciones de las empresas del sector.

Sin embargo, y como recuerda Otero, hay una falta de competencias evidente: una ley autonómica como esta no puede tocar un marco normativo estatal referente al sector eléctrico y a la propiedad privada, de manera que no le puede exigir a las empresas privadas la desinversión en combustibles fósiles. Sobre la privatización de esas actividades, el parlamentario sostiene que “cada uno ve la botella como quiere” y desde EH Bildu ven que es “una señal fuerte que dice que los activos públicos no pueden estar invertidos en combustibles fósiles, sino que tienen que trasladarse a las renovables”. “Destacar la privatización desvía el foco de lo importante, que la administración pública tiene que ser ejemplarizante”, añade Otero.

El papel de los combustibles sintéticos

Petronor, filial vasca de Repsol, defendió el desarrollo de los combustibles sintéticos en una Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural previa a la aprobación de la ley. Aunque la norma no los menciona como tal, sí habla de que los sectores de difícil descarbonización, como el transporte pesado, marítimo y aéreo, se apoye en “la generación de combustibles alternativos de procedencia renovable”.

Mikel González-Eguino explica que los combustibles sintéticos son aquellos que se crean combinando hidrógeno con dióxido de carbono y observa que hay que diferenciarlos de los llamados biocombustibles, que utilizan residuos animales o vegetales. “Los combustibles sintéticos pueden llegar a emitir menos CO2 y tienen la ventaja de que pueden ser utilizados en vehículos convencionales, pero son muy caros”, sostiene el investigador. Así que cree que serán “una pequeña parte de la solución a la movilidad”, ya que en el caso de los vehículos convencionales, prevé que se impongan los eléctricos, que “es lo más barato y lo que más reduce las emisiones de CO2”. Para el asesor de Elkarrekin Podemos-IU, los combustibles sintéticos “son una huida hacia delante de las petroleras”.

Otero, de EH Bildu, explica que con la nueva ley, “el Gobierno Vasco impulsará las nuevas tecnologías y nuevos vectores energéticos siempre que vengan de energías renovables y siempre que tengan el aval del comité científico”, de manera que “apela a un organismo concreto para que dé su validación o no”. “El combustible sintético no es una solución masificable para una transición energética, pero la UE nos dice que tenemos sectores con dificultad de abatimiento de emisiones”, añade.

El corredor vasco del hidrógeno: lavado verde del capitalismo fósil

Ekaitz Cancela Ahoztar Zelaieta

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Medio ambiente

Capitalismo verde El corredor vasco del hidrógeno: lavado verde del capitalismo fósil

Ekaitz Cancela ,  Ahoztar Zelaieta

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Las puertas giratorias entre el PNV y las grandes empresas contaminantes (Iberdrola, Petronor y Nortegas) determinado los planes de recuperación europeos en una barra libre de energía sostenibl. Los científicos alertan de los riesgos ambientales de esta energía, pues mantiene intactas las relaciones de producción y consumo basadas en gas natural o licuado.

Los proyectos de renovables de más de 5 MW deberán pagar un canon anual y ofrecer un 20% de su potencia a la ciudadanía y empresas locales

Otro aspecto relevante de la nueva ley es que se impone un canon anual a los grandes proyectos de energías renovables de 5 MW o más que se instalen en suelo no urbanizable a partir del 1 de enero de 2025. Estos irán de los 2.600 a los 5.400 euros y será un fondo finalista que se destinará a compensaciones socioambientales en los municipios o comarcas que “resulten afectadas”. Hay que recordar que las instalaciones que generan más de 50 MW o están ubicados en más de una comunidad autónoma son competencia del Gobierno español a través de MITECO.

Además, el apartado sobre “promoción de la participación local en proyectos de energías renovables” establece que los proyectos de más de 5 MW que no sean promovidos por comunidades energéticas y no hayan iniciado el procedimiento para la obtención de la autorización administrativa correspondiente, deberán ofrecer un mínimo del 20% de la potencia total a la ciudadanía y a las industrias y comercios del municipio o área de influencia en el que se ubiquen, pensado para favorecer la participación ciudadana y la democratización de la energía.

El experto del BC3, Mikel González-Eguino, ve positivo el canon y expone que la mayoría de las estimaciones científicas hablan de que un sistema energético completamente renovable requerirá “entre un 0,3% y un 0,5% del suelo”. “Creo que es viable, pero hay que hacerlo bien, priorizando criterios sociales y las zonas de menor impacto ambiental”, valora.

Por su lado, el asesor Xabier Marrero denuncia que se “promueve mercantilizar el suelo rural al posibilitar instalaciones eólicas y solares a cambio de un canon de renovables”, y defiende que “en corredores ecológicos, zonas protegidas o suelos de alto valor agrícola” no deberían permitirse estas instalaciones. Y denuncia que la conocida como ‘ley Tapia’ ya puede imponer estos proyectos a los municipios si los declara “de interés público superior”.

Ahora bien, esto no lo marca la presente ley, sino otra norma: el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que estaba previsto para 2021, dos años después de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Energética. Precisamente, Mikel Otero critica al Gobierno del PNV que todavía no esté en marcha el texto que determinará dónde se podrán colocar y dónde no este tipo de instalaciones. “Aunque es verdad que es un proceso lento, se ha demorado más de lo razonable. No es posible que a estas alturas sigamos sin una ordenación territorial clara para los proyectos de energía renovable”, sostiene el parlamentario de EH Bildu.

La activista de Araba Bizirik opina que la promoción de la participación local en los proyectos de energías renovables “no está dirigida al autoconsumo ciudadano ni al industrial, sino a la centralización de la producción de energía”, para que “sean las grandes corporaciones las que se hagan cargo de estos proyectos”: “El 20% que ofrecen redunda en la idea centralizadora, invirtiendo el sentido de las energías renovables, que están sujetas a una base distribuida y local para su mejor aprovechamiento y menor daño ambiental”.

Neoliberalismo energético y centrales eólicas en Euskadi

Eukene Pino

Energía

MEGAPROYECTOS DE RENOVABLES Neoliberalismo energético y centrales eólicas en Euskadi

Eukene Pino

A propósito de las últimas declaraciones del Lehendakari, que presentan los macroproyectos renovables como de “interés general”.

Un marco de gobernanza que no es vinculante

Otra novedad que incorpora es similar a lo contemplado en el estado español y en otras autonomías: establece un marco de gobernanza en materia climática con la creación de una oficina climática, de un comité científico y de la Asamblea Climática, que pondrán en marcha procesos deliberativos para alcanzar “un gran Pacto Social por el Clima”. Ahora bien, lo acordado no será vinculante (igual que en el resto de territorios), tal y como pedían en sus enmiendas tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU.

Marrero cree que el comité científico debería decir, “proyecto a proyecto”, qué debería hacerse y qué no. Que su opinión no sea vinculante cree que lo que hará será “blanquear al Gobierno Vasco”. “Si no se incluye en proyectos de Petronor, de Iberdrola, en el TAV… será un paripé. Hay muchas maneras de hacer la transición, pero se está haciendo la que quieren las multinacionales”, valora el asesor de Elkarrekin.

El responsable de EH Bildu admite que eran “conscientes” de que “era prácticamente imposible” que se aprobara su propuesta de que la Asamblea Climática tuviera “poderes vinculantes” y, en todo caso, se pregunta si debería tenerlos: “Una cosa es la democracia participativa, y otra que pueda pasar por encima de la democracia participativa. Un comité de diez personas con según qué perfiles podrían hacer una propuesta vinculante en el mal sentido, como por ejemplo, que hay que extender la vida de los combustibles fósiles”.

En todo caso, el profesor de Ikerbasque, Mikel González-Eguino, cree que este marco de gobernanza “mejorará los procesos de toma de decisiones” y confía en que, “al margen de que sean consultivos, sus informes sean tenidos en cuenta”. Por su parte, Rebeka González ve todo esto un “lavado de cara para la inclusión de la participación ciudadana” y denuncia que “permite que las pequeñas entidades locales (ayuntamientos, concejos) que tienen decisión soberana sobre sus territorios sean ninguneados”.

Otros aspectos que incluye la ley es que el Gobierno Vasco deberá destinar al menos un 2,5% de sus presupuestos a la acción climática, que los municipios de más de 5.000 habitantes deberán aprobar planes de energía y clima o que el 25% de las tierras agrícolas deberán ser de gestión ecológica para 2030. Para el investigador González-Eguino, es importante que la ley haya nacido “con un consenso político muy importante” que traslada un mensaje “positivo” a la ciudadanía.

Mikel Otero admite que les hubiera gustado ir más lejos en cuanto a los objetivos de mitigación y en cuanto a la “concreción de la ley” y cita el caso de la norma navarra, donde se especifican las obligaciones sectoriales como el porcentaje de paneles fotovoltaicos que se tienen que instalar en las cubiertas de industria. “Aquí también las habrá, pero se definirá en un desarrollo reglamentario por decreto-ley. Eso no quiere decir que vaya a ser peor, pero sí que dependerá más del gobierno de turno”, sostiene. En su valoración general, Xabier Marrero se muestra tajante: “Es una ley retardista”.

Rebeka González, de Araba Bizirik, tilda la ley de “farsa” y de “oportunidad perdida” y denuncia que los tres partidos políticos “han primado el crecimiento económico frente a la emergencia ecosocial”, de manera que “no están teniendo en cuenta los límites biofísicos de reposición necesarios para que el territorio pueda regenerarse sin verse alteradas sus funciones principales de sujeción a la vida”. “Se promueven los mismos procesos productivos, eso sí, maquillados de verde, que nos han traído a la situación actual”, lamenta.