Comunidad de Madrid
Estudiantes de la Universidad Carlos III piden ser reconocidos como trabajadores, no becarios

Aunque Inspección de Trabajo consideró que las funciones que realizaban no se correspondían con prácticas extracurriculares, una sentencia da la razón a la universidad pública madrileña. “De ‘prácticas’ no tenían nada”, dicen dos estudiantes afectados.
Universidad Carlos III de Madrid
Campus de la UC3M en Getafe, Madrid David F. Sabadell

En todas las universidades hay ciertos puestos abiertos a ser desempeñados por el alumnado o bien para lograr más créditos o bien para ganarse una beca en un máster, por ejemplo. Se trata de una figura habitual pero que ha sido señalada en varias ocasiones como explotación laboral y una manera barata de sustituir trabajadores. Es el caso de la denuncia interpuesta por varios alumnos en la Universidad Carlos III de Madrid. “A finales de mi primer año de carrera -comenta Adrián Adán Podadera García, que hizo el doble grado de Derecho y Estudios Internacionales en 2017-, para contribuir a pagar mis estudios, me apunté al proceso de selección de cara a estas “prácticas extracurriculares” que tendrían lugar en el segundo año. Tras aportar mis méritos y mi currículum, realicé una entrevista con quien sería mi jefe del servicio y terminé siendo seleccionado para el servicio de relaciones internacionales. Así, estuve un total de nueve meses trabajando para esa oficina”.

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“Ayudaba a alumnos y alumnas de mi universidad con todo el proceso de selección y burocrático para poder postularse y conseguir un intercambio en el extranjero (Erasmus)”, comenta Adrián. Respondía a dudas sobre becas, plazos, requisitos, etc. “Sin duda alguna, en lo fáctico éramos personal laboral de la UC3M”, explica y comenta que por estas funciones cobraban una ayuda de 250 euros. “Desde luego les salimos muy baratos”, opina y indica que “para un estudiante con todos los gastos que tienes cuando vienes de otra ciudad y, si no ves otras alternativas en el mercado laboral, te ves obligado a coger casi lo que sea si quieres contribuir a pagar tus estudios de alguna manera honrada”.

“Sin duda alguna, en lo fáctico éramos personal laboral de la UC3M”, explica un estudiante y comenta que por estas funciones cobraban una ayuda de 250 euros

En la misma línea opina Rubén Josue García Heras, que estudió Ciencias Políticas y un máster en la universidad denunciada. “Fui becario en el Centro de Atención a Usuarios, con diferentes contratos (becas) entre 2016 y 2019”, explica a El Salto. “Mis tareas eran las propias de un técnico de atención a usuarios: teníamos un teléfono móvil en el puesto que nos asignaban, teníamos que acudir a las incidencias de las aulas y espacios del edificio, hacer reparación de hardware, en las conexiones al wifi o las aplicaciones de la universidad, reparación de equipos y cambio de componentes, hacer inventario, así como la tramitación administrativa de las incidencias”.

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Hacía cuatro horas por la tarde o por la mañana, ya que sus horarios rotaban. “Durante un tiempo también estuve de “coordinador de becarios”, en el despacho del departamento, asegurándome de que los becarios ficharan, estuvieran disponibles para las incidencias y acudieran a ellas”, indica y prosigue: “No cuesta mucho darse cuenta de que con las becas la universidad está encubriendo relaciones laborales que en otras instituciones o empresas realizan trabajadores con contratos de trabajo. Mediante este sistema, la universidad se ahorra enormes cantidades en sueldos, cotizaciones e indemnizaciones por despido”.

“Los propios jefes del departamento -indica Rubén en referencia a los funcionarios de la universidad- nos recordaban en las reuniones de equipo “que bien podríamos acabar con el sistema de becas y contratar a un par de informáticos que hicieran todo vuestro trabajo” o que “tenéis que estar agradecidos por vuestras becas, así la universidad os paga mientras estudiáis”. “Había muchos rumores sobre la falta de claridad, y es que de ”prácticas" no tenían nada”, prosigue Adrián, que cree que “está siendo una dinámica muy habitual en empresas privadas y ya en las públicas también por efecto arrastre, por no reconocer los derechos de los trabajadores en cuanto a su categoría profesional o ni tan siquiera reconocerles como personal laboral, como en nuestro caso”.

567 becarios

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, la jueza quita la razón a los estudiantes que han denunciado al considerar que sí que son prácticas las tareas que realizaban. “O la jueza andaba despistada al analizar las demandas o tiene prejuicios bastante cuestionables sobre los jóvenes”, opina Adrián que reivindica que cumplían con las tareas como cualquier trabajador y que es una falta al respecto por el esfuerzo de los 567 becarios que tiene la universidad. “La jueza alega, entre otras, la falta de pruebas, pues solo se realizaron 14 entrevistas”, explica y añade que el auto da por hecho que son prácticas al contribuir a la inserción laboral de los estudiantes. "Bajo esa lógica, cualquier trabajo podría ser considerado prácticas. Todas suman experiencia a nuestro currículum y todas las experiencias laborales suman y mejoran habilidades”, reivindica Adrián.

"Bajo esa lógica, cualquier trabajo podría ser considerado prácticas. Todas suman experiencia a nuestro currículum y todas las experiencias laborales suman y mejoran habilidades”

Además, los estudiantes que reclaman ser considerados trabajadores y cotizar por el tiempo que estuvieron haciendo esas funciones, alegan que al rotar de personal becado el servicio perdía calidad y que no tenían tutores como tal, solo jefes jerárquicos y una memoria de “escasa complejidad”. “Sospecho -continúa Rubén- que en cuanto se corrió la voz, la universidad reaccionó haciendo todo lo posible para simular la situación de prácticas: asignando ‘tutores’ y pidiendo memorias de prácticas de cara a las posibles inspecciones de Trabajo”. “La propia universidad sabe que la Inspección de Trabajo no tiene medios para entrevistar a cientos de becarios, sólo para hacer visitas selectivas. Les bastaba mantener ese esfuerzo durante un tiempo en determinados departamentos para lograr su objetivo”.

Preguntados por si la situación es similar en otras universidades, uno de los alumnos reconoce haber escuchado denuncias similares en la Universidad Autónoma de Madrid. Otra universidad pública también, como la Carlos III. “La situación es grave aunque fueran universidades privadas, pero se supone que las administraciones e instituciones públicas deben ser ejemplo de lucha contra el fraude y de no caer en situaciones de abusos laborales”, opina Rubén. “Se está mandando el mensaje de que es mejor delinquir, o aprovecharte del trabajo de otros/as, que trabajar con honradez”, indica Adrián. Desde El Salto se ha preguntado a la Universidad Carlos III de Madrid pero no ha obtenido respuesta.

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