Comunidad de Madrid
Por qué las universidades públicas irán a la huelga el 28A

El próximo lunes 28 de abril Madrid se teñirá de verde durante una jornada de huelga y movilizaciones convocadas por la Plataforma UCM por la Pública, junto a las otras 5 plataformas de las Universidades Públicas madrileñas (UAM, UPM, UC3M, UAH y URJC) . El parón lo llevarán a cabo, junto a los sectores de infantil, primaria, secundaria y FP, que también han convocado huelga para el día martes 29, para denunciar la situación de “asfixia económica” y maltrato institucional que sufren ante las políticas privatizadoras de Isabel Díaz Ayuso. “Nos estamos jugando muchísimo. El papel de la universidad pública dentro de una sociedad sana es crítico e irremplazable. Llevamos 15 años de recortes y no podemos permitir que, desde un programa ideológico perverso, se quiera terminar con ella”, arranca Fernando Varas, profesor en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Plataforma UPM por la Pública.

La infrafinanciación a la que el gobierno regional condena a los centros afecta tanto a docentes, incapaces de llevar a cabo una labor educativa de calidad, como a alumnos. Ya el pasado 28 de noviembre los rectores de las universidades públicas cargaron contra la “insostenibilidad económica” del sistema educativo madrileño a través de carta abierta dirigida a la presidenta de la región. En ella criticaban que el incremento presupuestario para 2025 sea de apenas un 0,9%, resulta a todas luces insuficiente para satisfacer las demandas del sector. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid arrastran una infrafinanciación estructural que ha supuesto un recorte efectivo del 34,9% desde el 2009.

“Nos estamos jugando muchísimo.Llevamos 15 años de recortes y no podemos permitir que, desde un programa ideológico perverso, se quiera terminar con ella”, arranca Fernando Varas, profesor de la Universidad Politécnica

Mientras los centros privados de enseñanzas superiores no paran de crecer en número -a día de hoy existen 13 privadas en toda la Comunidad, frente a las 6 de carácter público-, los demás están cada día más depauperados. Así lo subrayan desde UCM por la Pública, que hace énfasis en el estancamiento salarial, la falta de reposición de personal docente (la tasa de renovación ronda el 50%) y el aumento de la temporalidad, todo ello a causa de la infrafinanciación. Además, como destaca un informe de Comisiones Obreras, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ingresan 5.468€ por estudiante, lo que supone un 12,3% menos que la media de todas las universidades públicas en España.

La resulta de estos recortes presupuestarios se hace notar cada día en las aulas. Lo más palpable a simple vista es el estado de deterioro de las infraestructuras en las facultades. “La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid es un edificio muy viejo, junto con el de Económicas, y el de Filosofía y Letras y Profesorado. En algún momento habría que construirse nuevos edificios porque no basta con repararlos pero con la financiación que tenemos ahora, eso es imposible”, confiesa Ernesto Arganda Carreras, profesor Contratado Doctor del Departamento de Física Teórica de la UAM y miembro permanente del Instituto de Física Teórica UAM-CSIC.

Estudiantes y profesorado de la Complutense inician movilizaciones hacia la huelga general con un encierro

Susana Albarrán Méndez

Comunidad de Madrid

Huelga universitaria Estudiantes y profesorado de la Complutense inician movilizaciones hacia la huelga general con un encierro

Susana Albarrán Méndez

La Plataforma UCM por la Pública ha convocado la tarde de este lunes una asamblea previa al encierro en la Facultad de Matemáticas, como parte de las actividades preparatorias de la huelga del 28 de abril.

Los inmuebles adolecen de goteras, roturas y en ocasiones hasta ausencia de calefacción, lo que ha obligado a más de un docente a disponer de mantas en su despacho durante el invierno. En la Complutense, donde muchos edificios están declarados Patrimonio histórico, las cañerías están rotas o han sido fabricadas con plomo. Asimismo, las paredes siguen en mal estado desde hace años por falta de presupuesto para reformas, tal y como destaca Alberto González, integrante de UCM por la Pública. Para visibilizar la negligencia de las instituciones en este sentido, desde UCM por la Pública han ideado este mes de abril una campaña en redes donde se expondrán fotografías de los desperfectos y el estado lamentable de los edificios, desde “techos que se caen”, hasta “roturas que quedan sin reparar durante años y se van degradando”.

Contratos temporales y externalización de servicios esenciales

Lo más acuciante pero menos visible de las políticas de recorte de Ayuso es, sin embargo, la precariedad laboral del cuerpo docente. Como corrobora un estudio de la Confederación Intersindical de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-I), desde 2010 el salario de los profesores universitarios a penas ha alcanzado un 14,5 % en promedio para todos los cuerpos docentes y territorios. El informe apunta a que la pérdida de poder adquisitivo “es uno más de los muchos factores que contribuyen a la “gran deserción por parte del profesorado”.

Así lo confirman también varios docentes en lucha, que estos días han puesto el acento en cuestiones como la falta de profesorado, que se suple contratando a profesores sustitutos o doctorandos en condiciones indignas. “Es necesario (y urgente, pues en los próximos quince años se producirá un volumen enorme de jubilaciones) combinar la incorporación de nuevos profesores e investigadores, que necesitan tiempo para su formación y unas mejores condiciones económicas, y el mantenimiento de unas plantillas equilibradas, con personal más experimentado que pueda asegurar la formación de quienes se incorporan”, subraya Varas.

“Cuanto se acaba el contrato se te acaba la posibilidad de seguir, a no ser que tengas suerte y por azar de las circunstancias, alguien se jubile y esa plaza de jubilación se reponga, cosa que ya no está sucediendo”: Luis Lloredo Alix, profesor de la UAM

En torno a un tercio del profesorado actual de la UCM es asociado, es decir, que tan solo da algunas clases puntuales en las facultades, de manera que actualmente existe una sobrerrepresentación de docentes en condiciones precarias con sueldos de 500, 600 o 700 euros, también con la figura del profesorado sustituto. Estos docentes, tal y como reconoce a El Salto Luis Lloredo Alix, profesor de filosofía del derecho de la UAM, son personas jóvenes con contratos sujetos a proyectos de investigación de máximo cinco años que no tienen manera de acceder a plazas públicas porque no hay suficientes. “Cuanto se acaba el contrato se te acaba la posibilidad de seguir, a no ser que tengas suerte y por azar de las circunstancias, alguien se jubile y esa plaza de jubilación se reponga, cosa que ya no está sucediendo”, añade.

El profesorado en España ha perdido un 22% de poder adquisitivo desde la crisis de 2010

Sara Plaza Casares

Educación pública

Educación pública El profesorado en España ha perdido un 22% de poder adquisitivo desde la crisis de 2010

Sara Plaza Casares

El recorte en las pagas extras, que aún se mantiene, y la bajada de sueldos generalizada, que solo empezó a remontar a partir de 2016, han producido una pérdida de poder adquisitivo para estos profesionales, mientras el IPC no ha parado de subir.

Álvaro Briales, profesor de sociología y militante de CGT en la UCM, determina que la falta de contratación de profesionales indefinidos merma la calidad de la enseñanza, pero también la salud mental del profesorado. “La previsión que se hace para las contrataciones está a tal nivel ajustado que no hay margen para responder a imprevistos en muchos casos y eso hace que tengamos muchas veces que cubrir sustituciones que no están reconocidas de ninguna manera: son horas extra no pagadas en la práctica, que no se reconocen de ninguna manera por la universidad”, declara.

Pero no sólo los profesores sufren en sus carnes las políticas regionales. La Comunidad de Madrid ha externalizado a través de subcontratas los servicios de reprografía, cafetería y limpieza. La mayoría de sus trabajadoras desempeñan un trabajo crucial para el desarrollo de la actividad académica en unas condiciones extremadamente precarias.

Un proyecto de ley elaborado “con total opacidad”

El “ataque frontal” de la CAM contra la pública llegará, advierten los docentes movilizados, con la futura ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que se sumará a la vigente Ley estatal del Sistema Universitario (la LOSU). Tras la filtración del borrador de este proyecto, en proceso avanzado de elaboración, se ha destapado cómo es el modelo de educación universitaria que Díaz Ayuso pretende implantar en la CAM. Desde CGT-UCM resaltan, entre otros aspectos, que la “modificación más radical” y más grave que introduce es el incentivo a la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para obtener recursos.

La universidad pública madrileña sale a la calle para defender su futuro

Laura L. Ruiz

Universidad pública

Universidades La universidad pública madrileña sale a la calle para defender su futuro

Laura L. Ruiz

Estudiantes, profesores y sindicatos hacen un llamamiento para acudir el día 19 a la Asamblea de Madrid para denunciar la “asfixia económica” que sufren los centros públicos con un presupuesto insuficiente.

 “Someter a las universidades a la dependencia del mercado es probablemente la manera más efectiva de mermar su autonomía y obligarlas a regirse por criterios que nada tienen que ver con la formación superior”, sostienen en un análisis de la ley. Una legislación que está siendo redactada sin contar con la participación del cuerpo docente y que, a juicio de los profesionales de la enseñanza, se ha desarrollado “en la más absoluta opacidad”.

Tan solo la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) ha podido dialogar con el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, sobre los aspectos relativos a la misma. Para muchos, se trata de una estrategia encarada a imponer medidas privatizadoras y “parasitarias”. Esta privatización traduce en un escaso margen de financiación autonómica (solo un 70%) que está previsto para las universidades. El resto lo tendría que buscar la universidad por su propia cuenta, a través de tasas de matrículas, convenios, de proyectos o de algunos mecanismos que prevé la ley.

Una ley que alimentará la represión de las protestas estudiantiles

La estocada del gobierno de Díaz Ayuso contra las universidades públicas a través de la nueva legislación se completará, además, con su ‘reglamento disciplinario’. Éste autorizará sanciones contra universidades donde se produzcan actos “incívicos” o “vandálicos”, algo que a ojos de las estudiantes ahonda en la actual represión contra las protestas del alumnado: “Esto atenta directamente contra nuestro derecho a la protesta, contra todos los derechos políticos que podemos tener como estudiantes. Busca silenciar y criminalizar cualquier tipo de disidencia que pueda surgir dentro de las universidades”, asevera a este medio Beatriz de la Cuerda, estudiante de la UC3M y militante en la asociación universitaria Abrir Brecha.

“Su objetivo con esto es amedrentar al movimiento universitario y provocar desmovilización justo cuando vivía un repunte”, relata Lun Martín, estudiante de Física en la UAM y militante de la asociación política Malasaña

Alerta de que, de salir adelante la ley tal y como está planteada en estos momentos, este reglamento obligará a las instituciones universitarias a abrir expedientes disciplinarios y facilitar la expulsión de los centros docentes al mínimo atisbo de movilización. Si las universidades no reprimen las protestas, comentan desde esta universidad pública, éstas serán castigadas. Desde la UAM, Lun Martín, estudiante de física y militante de la asociación política Malasaña, señala que la presencia policial en los campus es cada vez más recurrente: “Su objetivo con esto es amedrentar al movimiento universitario y provocar desmovilización justo cuando vivía un repunte”, relata.

Para agitar los ánimos de cara a las movilizaciones del lunes, este jueves a las 19.00 horas tendrá lugar en la UC3M un encierro similar celebrado el pasado 7 de abril en la facultad de Matemáticas de la Complutense. En él participaron cerca de 200 personas entre estudiantes y docentes. No obstante, “en la Carlos III esto es más disruptivo que en otras unis porque lleva años sin haber un encierro y creemos que va a servir para situar la defensa de la pública en el foco mediático”, detalla Daniel Maire-Richard, miembro de la plataforma de la UC3M por la pública.

Ayuso prepara un nuevo “golpe represor y privatizador” con su propuesta de ley de universidades

Alejandra Mateo Fano

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Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid Ayuso prepara un nuevo “golpe represor y privatizador” con su propuesta de ley de universidades

Alejandra Mateo Fano

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El denominado ‘reglamento disciplinario’ de la ley, que permite sancionar a las universidades donde se produzcan ‘actos vandálicos’, y los recortes en la financiación de los centros públicos son los puntos más reprochados de esta iniciativa.

Se espera que la huelga de este próximo lunes cuente con un apoyo masivo, mientras que las convocantes no descartan ampliar el parón e incluso decretar la huelga indefinida si las instituciones siguen haciendo caso omiso a sus demandas. En la Complutense, tal y como han anunciado este miércoles, los servicios mínimos se mantendrán no obstante a lo largo de la jornada. “Prevemos que la huelga tenga un importante seguimiento, puesto que se da tras un proceso de bastantes meses de lucha”, explica el activista.

Apuntan, además, que la huelga nace como una ampliación de la manifestación de todos los sectores educativos del pasado 23 de febrero. Desde entonces, subraya González, la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos a los reclamos de la comunidad educativa organizada. Esta vez, las plataformas convocantes vuelven a dejar claras sus exigencias de cambio: el aumento de inversión por estudiante, controles exigentes a las privadas desde el punto de vista del interés público, el fin de los contratos precarios, garantías de promoción profesional, empleos estables y la reposición completa de cada jubilación. También el fin de la injerencia de la CAM y el capital privado en los centros públicos, la dimisión de Emilio Viciana y la garantía de libertades y derechos de asociación y reivindicación sindical y estudiantil.