Comunidad de Madrid
Un ex comisionado para la Cañada Real, citado a declarar como investigado por posible delito de prevaricación

El sector 6 de la Cañada Real lleva más de cuatro años sin luz, pero no es el único ataque en contra del derecho a vivir con los mínimos servicios de la población que lo habita. En julio de 2022 se llevó a cabo el derribo presuntamente ilegal de una vivienda en este mismo sector. El procedimiento que lleva el juzgado número 20 de Madrid ha citado a declarar el próximo mes de abril en calidad de investigado a Markel Gorbea Pérez, quien ejercía como Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real desde julio de 2021.

El juzgado lleva investigando desde hace más de un año este caso y en el mismo procedimiento había llamado anteriormente a declarar, también en calidad de investigado, al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, quién autorizó el derribo de la vivienda sin comprobar si estaba habitada. En su declaración el subordinado de Gorbea señaló a este “como la persona que le dio la orden de derribar la vivienda y la información falsa de que la misma estaba abandonada”, señala una nota de prensa del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), cuyo abogado Carlos Castillo, representa al vecino afectado.

El alto cargo de la Comunidad de Madrid comunicó “de forma arbitraria” a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que la vivienda estaba abandonada sin hacer comprobación alguna

De esta manera estarían implicados dos funcionarios en el presunto derribo ilegal. En el caso del excomisionado, subraya el CAES, la citación ha sido solicitada tanto por parte de la defensa del vecino afectado como por parte del Ministerio Fiscal personado en la causa, “quien apunta que el alto cargo de la Comunidad de Madrid comunicó “de forma arbitraria” a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que la vivienda estaba abandonada sin hacer comprobación alguna ni llevar a cabo la más mínima gestión respecto de sus competencias sobre el terreno, lo que encajaría en la conducta de prevaricación”.

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El pasado sábado 13 de enero, el corto documental ‘Aunque es de noche’, candidato a los premios Goya, se estrenó en La Cañada Real, el barrio donde fue rodado, cuyos vecinos resisten ante su cuarto invierno sin electricidad.

El derribo

En julio de 2022, desde el Comisionado para la Cañada Real se emitió un escueto informe dirigido a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid comunicando el abandono de determinadas parcelas de la conocida como “Zona sin Asfaltar” de la Cañada Real. El informe incluía la solicitud de un acuerdo para su derribo y posterior recuperación. Entre esas parcelas estaba la vivienda de un vecino soltero, censado desde 2006. Para iniciar el residente presentó recursos acompañados de documentación acreditativa de ser su residencia habitual desde hacía más de 15 años. Pero el 19 de julio, y estando el vecino de viaje, “su vivienda fue derribada con todos sus enseres dentro, incluido un vehículo en el garaje, sin que se llevara a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado del inmueble ni de su procedimiento administrativo”, explica el CAES. Para más inri, fueron los mismos vecinos de la zona los que evitaron parar la maquinaria ya que se pretendía derribar al menos un par de parcelas más que también estaban en uso.

El letrado del vecino afectado deduce “una actuación claramente coordinada de dos funcionarios actuando al margen del procedimiento legalmente establecido”

El Juzgado ha destacado que, subraya el CAES, dentro de todas irregularidades de la actuación por parte de las Administraciones, ni siquiera se requirió la presencia policial para ejecutar los derribo. Alertados por los vecinos, para cuando los agentes llegaron a la zona y vieron la situación ya se había derribado la vivienda. El letrado del vecino afectado resalta la celeridad con la que actuaron ambas administraciones, solo cinco días entre la solicitud y la orden de derribo. Deducen así “una actuación claramente coordinada de dos funcionarios actuando al margen del procedimiento legalmente establecido”.

Cinco comisionados en cuatro años

La Cañada Real padece desde hace décadas el abandono institucional por parte de las distintas administraciones involucradas. Mucho ha pesado la constante estigmatización que las mismas han hecho de sus habitantes. Sin embargo ha sido durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso que el olvido se ha hecho más patente. Hace de 1,200 días que la empresa Naturgy cortó el suministro eléctrico al sector 6 de la Cañada sin ninguna actuación para remediarlo por parte de la Comunidad de Madrid y sin visos de una pronta solución, a pesar de la insistente lucha de las vecinas y el apoyo social que les respalda. Existe, de hecho, “un mandato específico del Consejo de Europa de Estrasburgo, del Defensor del Pueblo y de varios organismos nacionales e internacionales que exige la devolución inmediata de la luz y el cumplimiento de la normativa vigente en relación a los derechos y obligaciones de las vecinas”, puntualizan desde el CAES.

En 2021, bajo el gobierno de Díaz Ayuso, Markel Gorbea se convirtió en el quinto comisionado de la Cañada con un salario de 75.000 euros

El constante cambio de autoridades que ha sufrido la Cañada habla precisamente del desinterés institucional que padece la zona. En 2021, bajo el gobierno de Díaz Ayuso, Markel Gorbea se convirtió en el quinto comisionado de la Cañada con un salario de 75.000 euros. En abril del 2023, a un mes de las elecciones regionales, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ayuso, destituyó al también exconcejal del PP en Alcalá de Henares (2015-2019) como comisionado alegando motivos personales.

Unos meses antes de su cese Podemos y Más Madrid denunciaron a Gorbea por un contrato adjudicado en 2022 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y que la Fiscalía remitir a Anticorrupción. Esta oficina se puso a investigar los contratos de la Comunidad en la Cañada Real relacionados con la empresa Amaexco por falsear la competencia al negociar un contrato con empresas previamente concertadas. “A nuestro juicio se ha realizado una apariencia de adjudicación competitiva en lo que, en términos reales, es un contrato previamente acordado entre administración y Amaexco”, se lee en el escrito redactado por la abogada y entonces diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.

Hasta el momento se se conoce el desarrollo de esa investigación, pero el presunto derribo ilegal sería la segunda imputación que se conoce de Markel Gorbea por actuaciones administrativas irregulares ya que está citado a declarar para el próximo mes de marzo por otro derribo, en esta ocasión en el Sector IV, perteneciente al municipio de Rivas-Vaciamadrid.

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El 2 de octubre de 2023 se cumplen tres años desde que la empresa Naturgy cortó el suministro eléctrico de la Cañada Real Galiana, afectando a más de 4.000 personas, entre ellas cerca de 2.000 menores.

El abogado del CAES considera que las actuaciones “suponen, de forma presunta, la comisión de delitos de prevaricación, de acoso inmobiliario y también medioambientales

Para Carlos Castillo, abogado del CAES, abogado de la familia querellante por el derribo en el sector 6, las actuaciones administrativas fuera del ordenamiento jurídico que realiza la Comunidad de Madrid “no tienen otra intención que expulsar a la fuerza a la población de Cañada Real a la que se considera sobrante a la vista de la expansión los diferentes desarrollos del Sureste”. Por ello considera que “suponen, de forma presunta, la comisión de delitos de prevaricación, de acoso inmobiliario y también medioambientales, como este derribo presuntamente ilegal o el vertido de tierras sobre los terrenos aledaños a Valdemingómez”.

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