Construcción
Los contratazos de Imanol Pradales con la AP 8 y la Supersur: 143 millones a empresarios del PNV hasta 2026

La Variante Sur Metropolitana (Supersur), una de las obras faraónicas que más polémica ha generado en el País Vasco por su escasa rentabilidad y enorme impacto ambiental, lleva el sello del actual lehendakari Imanol Pradales. Cuando se convirtió en diputado por Bizkaia de Promoción Económica (2011-2014), esta autopista de pago se convirtió en la infraestructura pública con mayor inversión de Euskadi, por detrás de la Y vasca, con un coste de 900 millones de euros.

El proyecto diseñado por ambos, que ha reestructurado una buena parte del territorio bizcáino y sigue haciéndolo ahora, nació en el marco de un modelo obsoleto y que no contribuía a solucionar ninguno de los problemas que pretendía resolver. Por ejemplo, los objetivos de afluencia de tráfico fracasaron desde el inicio. La oposición política lo tildó de despilfarro y megalomanía y los grupos ecologistas denunciaron que su construcción provocó destrozos en el monte Pagasarri, el gran pulmón verde del botxo.

La Supersur está considerada la autopista más cara de Europa y la infraestructura pública con mayor inversión de Euskadi, solo por detrás de la Y vasca, con un coste de 900 millones de euros

Pese a que lleva pocos años en funcionamiento, la Supersur está considerada la autopista más cara de Europa y los Túneles de Artxanda cuentan con el cuarto peaje más caro del Estado español. “Quien construyó la Supersur tuvo una visión a largo plazo que ya está dando sus frutos”, llegó a afirmar en una ocasión el ahora lehendakari, diputado Desarrollo Económico (2015-2019) y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (2019-2024), fechas en las que presidió Interbiak, la sociedad foral pública encargada de las obras de la Supersur. Lo hizo bajo la dirección de su mayor colaborador en la Diputación, Mikel Iriondo, fichado recientemente como mano derecha de Lehendakaritza.

Según los datos de Hordago-El Salto, el último contratazo de Interbiak para seguir con la expansión de la Supersur y los Túneles de Artxanda firmado durante el mandato de Pradales e Iriondo fue para que Transbisa SA se encargara de su conservación, mantenimiento y explotación hasta junio de 2026. Tuvo un coste de 68,4 millones de euros. Antes de pasar a formar parte del Gobierno Vasco, también dejaron hipotecado, en este caso a Gestión de Infraestructuras Viarias de Bizkaia (Gesbisa), el servicio de conservación, mantenimiento y explotación del tramo de la AP 8 por 74,8 millones de euros. En total, 143 millones.

La cara oculta de Imanol Pradales: ampliar el Guggenheim en contra de la protección de la Reserva de Urdaibai

Ahoztar Zelaieta

Medio ambiente

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Esta zona de sacrificio ecológico ha estado extrañamente ligada a la carrera interna en el PNV para la candidatura de Lehendakaritza.

Conflictos laborales de fondo

En la adjudicación importó poco que los sindicatos denunciaran que Transbisa y Gesbisa.  esta última definida como “próxima al PNV que aparece una y otra vez en proyectos impulsados desde las instituciones y abonados con dinero público”, estaban llevando a cabo recortes, empeorando las condiciones de trabajo y reduciendo el personal, lo que mermaba el servicio prestado mientras los precios de los peajes aumentaban. Según estas fuentes, el único interés de Transbisa en la conservación, mantenimiento y explotación de la Supersur y los Túneles de Artxanda es automatizar el servicio eliminando peajistas, recortar en mantenimiento y bloquear las negociaciones de los convenios. 

Según los sindicatos, el único interés de la adjudicataria Transbisa en la conservación, mantenimiento y explotación de la Supersur y los Túneles de Artxanda es automatizar el servicio eliminando peajistas, recortar en mantenimiento y bloquear las negociaciones de los convenios

Tampoco importó para su contratación que los trabajadores de Gesbisa, concesionaria de la autopista AP 8 (tramo El Gallo-Urgoiti hasta Ermua), convocaran movilizaciones en abril de 2023, tras 17 meses de negociaciones en las que reconocieron que sus reivindicaciones habían sido sistemáticamente ignoradas. Ni que denunciaran pública el hecho de que Interbiak, presidida por Pradales y dirigida por Iriondo, era cómplice de esa estrategia. 

Debido a las denuncias sindicales en torno a las concesionarias Transbisa SA y Gesbisa SA, a finales de febrero de 2020 EH Bildu incluso llegó a solicitar la comparecencia del diputado Imanol Pradales, instándole a dar cuenta de la postura que adoptaría la Diputación de Bizkaia ante el conflicto laboral. Pradales respondió que defendía la postura de Interbiak y de su departamento de quedarse “al margen”, ya que en su opinión el conflicto se circunscribía “al marco de las relaciones laborales”.

Autopista al colapso

Miguel Virizuela

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Infraestructuras

Autopista al colapso

Miguel Virizuela

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El caso de la Supersur es paradigmático de la política de transportes de las instituciones vascas.

Puertas giratorias detrás de la Supersur

¿Qué explica un trato político y jurídico a prueba de balas entre una empresa y la administración pública? Las puertas giratorias de excargos públicos, exdirectivos de entidades públicas y asesores de las administraciones vinculados a áreas de transportes de diputaciones y Gobierno Vasco, así como exburukides de las tres provincias de Euskadi. Una estructura que une a las constructoras de megaproyectos ineficientes y millonarios con administraciones públicas plagadas de cargos que después pasan a cobrar de ellas.

En la gerencia y presidencia de Transbisa se encuentra un exdirector técnico de la entidad pública Interbiak, Fernando Muñoz (2002-2009), quien supervisó obras en al menos cuatro tramos de la Supersur. Mientras ejercía ese cargo, la Variante Sur Metropolitana se convirtió en una de las piezas fundamentales tanto del Plan Especial de Accesibilidad de Bizkaia del año 2003 como la modificación del Planeamiento Territorial Sectorial de Carreteras, donde finalmente quedaba integrada la Supersur como vertebrador de la geografía.

Como principal accionista de Transbisa figura la mercantil Transitia, una filial del grupo Viuda de Sainz, que “está en todos los sitios donde hay dinero público”, como ha señalado el medio especializado Gananzia. La presidencia del grupo Viuda de Sainz la ocupa Alex Bidetxea, a su vez consejero de Kutxabank y apoderado del PNV en Juntas Generales de Bizkaia (2007-2011) cuando la Supersur echaba a andar. Además, el presidente de Transitia en aquellos años era el extesorero del Bizkai Buru Batzar, Xabier Sagredo, ahora presidente de la BBK. Enara Venturini (2008-2016), la que fuera responsable de los departamentos jurídicos y de organización de Transitia y Transbisa,  en la actualidad es vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia, un organismo que ha dejado “intacto” al cártel de las constructoras.

La ramificación en Gipuzkoa

Este tipo de puertas giratorias, más que una excepción en Bizkaia, son la norma en el negocio de las autopistas en otros territorios, donde despliegan sus ramificaciones para incustarse en la ordenación urbana. Así lo muestra el caso de las AP 8 y la AP 1.

La citada concesionaria de la Supersur y los Túneles de Artxanda, Transbisa, ha fichado como apoderado a Isaac Loiola, quien cuenta con una dilatada trayectoria vinculada a la política. Fue edil jeltzale en el Ayuntamiento de Elgoibar (1995-1999), lo nombraron miembro del Gipuzku Buru batzar en 1996 y ha formado parte de varias candidaturas electorales del PNV. También es exrepresentante de Gipuzkoa en la Asamblea Nacional del PNV, pero lo más importante es que fue director y gerente de Bidelan (2003-2017) cuando se convirtió en la adjudicataria de los contratos de la entidad pública foral guipuzcoana Bidegi para la explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas AP 8 y AP 1 a su paso por Gipuzkoa y Araba.

La gestión de aquella construcción provocó que Bidelan fuera asociada al “caso Bidegi”, una denuncia por “tráfico de influencias” por supuestas irregularidades y clientelismo del PNV en las adjudicaciones a empresas ligadas a cargos peneuvistas en servicios de la AP 8 a su paso por Gipuzkoa. Para desempeñar sus responsabilidades en Bidelan durante esta época, Loiola se apoyaba en un consejero de la empresa que había sido director técnico de Europistas entre 2001 y 2004, Fernando García, a su vez exSubdirector General de Obras Públicas de la Diputación de Bizkaia (2007-2009) y exJefe de Servicio de Proyectos y Gestión Viaria de la entidad foral (1990-2001).

Las conexiones entre la adjudicataria guipuzcoana Bidelan y la concesionaria de la Supersur en Bizkaia, Transbisa, abarcan a más personalidades jeltzales. Otra de las adjudicatarias señaladas por el “caso Bidegi" y a su vez accionista de la concesionaria Bidelan, grupo Serbitzu, estaba presidido por Xabier Agiriano, exrepresentante de Gipuzkoa en la Asamblea Nacional del PNV y en la actualidad vicepresidente de Transbisa. El propio secretario de Transbisa, Joanes Labayen, ha ejercido asesor de la sociedad pública Bidegi, y también del Gobierno Vasco, en materia de transporte.

Por último, las auditorías de las cuentas de Transbisa y Bidelan están a cargo de la consultora Betean, contratista de las administraciones públicas dirigida por el exburukide alavés Aitor Alzola, y ligada al “caso De Miguel” de la trama de comisiones ilegales urdida por dirigentes del PNV de Araba y altos cargos públicos.

Mikel Iriondo, la mano derecha de Pradales

El responsable del Área de Gestión del Cobro entre 2003 y 2009 de esta empresa, Bidelan, era Mikel Iriondo, director gerente del ente público vizcaíno Interbiak (2015-2024) hasta su reciente nombramiento como alto cargo del Gobierno Vasco. Iriondo saltó del sector privado a la Diputación de Bizkaia al ser nombrado director general de Carreteras en el Departamento de Obras Públicas (2009-2011) y más tarde director general de Infraestructuras Viarias de la Diputación (2011-2015).

En el primer aniversario de funcionamiento de la Supersur, el entonces Director General de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Bizkaia auguró que “la conservación y mejora de las carreteras es fundamental. En el futuro, señalaba, “tendrán cada vez más importancia, porque no creo que se construyan muchas más nuevas infraestructuras, pero habrá que mantener las que tenemos”.

Ello significó hacer todo lo posible para que se cumplieran los peores augurios de los sindicatos. Bidelan y Transbisa formaron una UTE para adjudicarse por 20,7 millones de euros buena parte del servicio para el sistema de peajes sin barreras instalado en carreteras de Bizkaia y destinado a cobrar a camiones desde finales de 2021.

El contrato para 55 meses también lo adjudicó Interbiak, con Imanol Pradales en la presidencia del ente foral dirigido por su “gran colaborador” en Diputación y ahora “mano derecha” en el Gobierno Vasco, Mikel Iriondo. Otras firmas beneficiadas por los contratos millonarios de la Supersur son Sacyr y Tecsa, de Florentino Pérez, en aquel momento asesorado por el abogado jeltzale Fernando Lamikiz, exvicesecretario de Bidelan en Gipuzkoa, de cuyo accionariado formó el grupo ACS, del conocido magnate y presidente del Real Madrid. 

Aunque el negocio montado con la Supersur, Túneles de Artxanda, y las autopistas AP 8 y AP 1 seguirá estando dominado por empresarios jeltzales y pesos pesados de la casta vasca al menos hasta junio de 2026, esta planificación sola trata de dar otra vuelta de tuerca a la maquinaria engrasada en la época de un Diputado General implicado en el caso de los papeles de Panamá, José Alberto Pradera (1987-1995), que terminó abandonando el cargo para pasar a presidir la concesionaria de la AP 68, Autopista Vasco Aragonesa (1995-2002), y la Asociación Española de Autopistas de Peaje (1999-2001). ¿Dónde acabarán Imanol Pradales y Mikel Iriondo?