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Euskadi adjudica las plataformas de transparencia y denuncia por corrupción a firmas que manipularon contratos

El lehendakari Iñigo Urkullu lo prometió cuando accedió al cargo en 2012, pero tres legislaturas más tarde sigue sin aprobarse una Ley de Transparencia del Gobierno Vasco que incluya un mecanismo para la protección de los denunciantes de la corrupción en la administración pública. Todo ello pese a las advertencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha señalado el incumplimiento por parte del Estado español de la ley europea para la protección de las personas denunciantes, conocida como Directiva Whistleblowing, aprobada en 2019 por el Parlamento europeo. Además, tanto el PNV como el PSE han rechazado en varias ocasiones diversas iniciativas en favor de la transparencia y la defensa de los denunciantes propuestas por Elkarrekin Podemos y EH Bildu en el Parlamento vasco. 

En su lugar, los partidos que conforman el Ejecutivo vasco han apostado por externalizar la gestión de dos aspectos centrales para la democracia vasca a firmas señaladas, precisamente, por prácticas colusorias y relacionadas con la manipulación de contratos públicos. En 2020, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, EJIE, se propuso externalizar el servicio para la evolución de Gardena, plataforma de transparencia del Gobierno Vasco. El contrato, valorado en 1,3 millones, fue adjudicado a la empresa privada Bilbomática, una consultora fundada por el empresario jeltzale Víctor Malpartida e investigada en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia por repartirse contratos precisamente de EJIE. Esta firma fue la única ofertante en más de cuarenta contratos con la administración, adjudicaciones de decenas de miles de euros en donde no existió competencia

Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Ahoztar Zelaieta

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PNV Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Ahoztar Zelaieta

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Entre las 13 empresas que la Competencia Vasca investiga por colusión con la sociedad informática del Gobierno Vasco existen puertas giratorias, conexiones con presuntas tramas de corrupción y un largo historial de caciquismo.

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Tras verse salpicada en 2018 por una investigación judicial contra la corrupción en el marco de la “operación Enredadera”, una trama que falseaba datos de tráfico para poner radares con afán recaudatorio, el Gobierno Vasco comenzó a reclamarle en los juzgados a esta consultora la devolución de más de tres millones de euros recibidos en el marco de los programas de subvenciones denominados Gaitek, Etorgai y Hazitek entre los años 2007 y 2016. La abogada contratada por Bilbomática, Idoia Malpartida, participó en 2012 en la VI Asamblea General del PNV.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica. La plataforma de transparencia del Gobierno Vasco ya había contado con los servicios de Deloitte, miembro del cártel de consultoras, grupo que se repartió contratos públicos en Euskadi y que en sus alegaciones apuntó a una connivencia por parte de la administración pública. En concreto, EJIE le encargó los “servicios para el portal web de Transparencia a través de la Visualización de Datos”, con un coste de 36.000 euros.

La plataforma de transparencia del Gobierno Vasco ya había contado con los servicios de Deloitte, miembro del cártel de consultoras, grupo que se repartió contratos públicos en Euskadi y que en sus alegaciones apuntó a una connivencia por parte de la administración pública

Por otra parte, la Diputación de Bizkaia ha adjudicado a esta misma consultora la “asistencia técnica para la elaboración e implementación del Plan Trienal 2023-2025 de Transparencia y Datos Abiertos” por una cuantía de 194.000 euros. La entidad foral le pagó, además, otros 190.000 euros por dos servicios vinculados al plan trienal 2020-2022 de transparencia.

No son los únicos contratos polémicos en relación con este tipo de plataformas de trasparencia. La propia Lehendakaritza contrató en 2017 a un empresario jeltzale, Igor San Román, para “facilitar la transparencia de las acciones del Gobierno en Internet”.

También el Ayuntamiento de Amurrio, gobernado por el PNV, llegó a externalizar su servicio de transparencia municipal a una firma vinculada al exburukide Aitor Alzola, mencionado hasta en dos ocasiones en el sumario del “caso De Miguel”.

El Ayuntamiento de Amurrio, gobernado por el PNV, externalizó su servicio de transparencia municipal a una firma vinculada al exburukide Aitor Alzola, mencionado en dos ocasiones en el sumario del “caso De Miguel”.

Aunque la ley española de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) entró en vigor el 10 de diciembre de 2014, Iñigo Urkullu abandonará lehendakaritza sin aprobar una ley de Transparencia para Euskadi. Frente a las críticas de EH Bildu por su gestión en materia de transparencia, el lehendakari ha contestado recientemente que Euskadi es la comunidad autónoma líder en transparencia.

No obstante, en opinión de la plataforma ciudadana gardena.eus, “no se publica toda la información que se debería publicar y, la que se publica, se encuentra dispersa en el maremagnum formado por los Portales de Transparencia, OpenData y Contratación Pública de una estructura pública, de por sí, ya compleja”. Ello les ha llevado a idear una Plataforma Única de Transparencia y Buen Gobierno que aglutina información pública relevante, desde la información del Registro Mercantil, hasta la relativa a la contratación pública. 

Las consultoras informáticas investigadas por Competencia monopolizan un cuarto de los contratos con el Gobierno vasco

Redacción Hordago

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Redacción Hordago

Las 13 empresas en el foco por posible práctica colusoria con el EJIE han recibido 192 millones en miles de contratos del ente público vasco. Este caso guarda muchas similitudes con el llamado “cartel de consultoras”.

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El canal interno para denuncias 

El proyecto de Ley de Transparencia del Gobierno Vasco, presentado a finales de noviembre, incluye una ventanilla para denunciar falta de transparencia y medidas para proteger a quienes denuncien casos de corrupción en la administración pública. En este contexto, a mediados de diciembre se nombró a Maite Basabe, hasta ahora responsable de Contratación y Presupuestos del Ararteko, como la primera responsable de la nueva oficina encargada de recibir denuncias por corrupción en la administración.

Ahora bien, aunque el Gobierno Vasco tenía previsto que Basabe cuente con la ayuda de tres técnicos y un administrativo, un equipo que en total cobrará 383.553 euros, está por ver si externalizará la gestión del canal interno para denuncias como viene sucediendo en otras entidades públicas. 

Ha ocurrido que mientras hasta dos de los tres denunciantes del fraude en la OPE de Osakidetza se han visto obligados a abandonar sus trabajos tras sufrir hostigamiento y presiones, la Consejería de Salud del Gobierno Vasco ha decidido externalizar el canal interno para denuncias, dejándolo en manos de la empresa privada Global Factory por 11.495 euros. También contratada para gestionar el “sistema de información de protección de datos personales” en Osakidetza, esta firma bilbaína se presenta como pionera en seguridad digital, con más de 350 clientes en los sectores público y privado, y describe las denuncias como “una fuente de mejora”.

El Ararteko señaló en marzo de 2023 que la Comisión Europea había elevado una queja en febrero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento por parte del Estado español de la ley europea del 2019 para la protección de las personas denunciantes. Fue cuatro años después cuando el Gobierno Vasco inició el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto Regulador del Sistema Interno de información y de protección de las personas denunciantes en el ámbito de la administración pública de Euskadi. El próximo lehendakari tendrá la responsabilidad de impulsar una Ley de Transparencia con su canal interno para denuncias.

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Ekaitz Cancela

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Los datos de la página de contratación de Euskadi revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos sobre el origen de la investigación de la CNMC

Prevaricación, delitos societarios y coacciones

El afán por externalizar las cuestiones relacionadas con la transparencia y la gestión de denuncias ha ido más allá, provocando algunas situaciones paradójicas. Así ocurrió cuando las Juntas Generales de Araba y el Consorcio de Transportes de Bizkaia externalizaron su canal interno para denuncias también a Global Factory. Entre noviembre de 2019 y febrero de 2022, un conflicto entre los socios de esta empresa dió lugar a varias sentencias judiciales en torno a denuncias por coacciones, prevaricación y delitos societarios.

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2022, un conflicto entre los socios de la empresa que gestiona las denuncias por corrupción en Euskadi dio lugar a varias sentencias judiciales por coacciones, prevaricación y delitos societarios.

Fernando García Macua, expresidente del Athletic de Bilbao, ejerció de abogado de los querellantes, entre ellos, el administrador de Global Factory. La denuncia se refería a otra empresa de la que era socio junto a los miembros del consejo de administración de Global Factory.

Asimismo, Global Factory tiene estrechas relaciones con PKF-Attest, una firma que operó en el cártel de consultoras sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2021. Gonzalo Gallo, supervisor en proyectos de derecho de nuevas tecnologías en PKF-Attest, también fue asesor jurídico en derecho de las tecnologías de Global Factory entre 2007 y 2021. Por otra parte, Gonzalo Álvarez, gerente en PKF-Attest entre 2019 y 2021, trabajó en Global Factory entre 2008 y 2019, y en la actualidad ejerce de técnico en la oficina del Ararteko. Se cierra el círculo.