Crímenes del franquismo
Una víctima del franquismo declara ante el juzgado por primera vez en la historia

Julio Pacheco Yepes está expectante. Atiende a El Salto horas antes de declarar ante el juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. Por primera vez una víctima del franquismo ha prestado su testimonio para buscar justicia por las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad. Y lo hace después de que el pasado 14 de julio un juez suplemente lo bloqueara. Fernando Muñoz Leal suspendió la declaración de Pacheco, fijada para ese día, porque tenía que reestudiar el caso. Hace una semanas la jueza titular le volvió a citar. “Esto demuestra que lo del otro día fue absurdo, es un contrasentido adjudicar un caso ya estudiado a un juez nuevo. La jueza lo ha retomado y me ha vuelto a llamar”, explica Pacheco, quien ha comparecido junto a otra víctima Rosa García Alcón, esta en calidad de testigo.

A la salida de los juzgados, en una declaración que ha durado dos horas y aseguran ha ido bien, todo era júbilo y esperanza  porque esto cristalice en la primera investigación de la historia contra los represores de la dictadura. Un centenar de activistas han acompañado a los declarantes con pancartas y consignas en favor de romper el muro de la impunidad del franquismo.

El equipo jurídico de las víctimas  ha valorado positivamente que “todas las preguntas han ido dirigidas a esclarecer los hechos y continuar con la investigación“

El equipo jurídico de las víctimas  ha valorado positivamente que “todas las preguntas han ido dirigidas a esclarecer los hechos y continuar con la investigación” y destacan que, junto a la jueza titular, han asistido tanto la fiscalía como una fiscal adscrita a la fiscalía de memoria democrática. “La declaración se ha desarrollado con absoluta normalidad, la jueza ha formulado bastantes preguntas tanto a la querellante como a la testigo, también la fiscalía”, ha relatado el abogado del querellante, Jacinto Lara. “Las respuestas han sido muy claras y muy contundentes. Esperamos que esto impulse el proceso judicial y que la jueza pueda seguir acordando diligencias para seguir avanzando en la investigación de la causa”, ha declarado Lara.

A punta de pistola

En la memoria de Pacheco hay cosas que no quedan impunes. Durante la noche del 24 de agosto de 1975 abría la puerta de su buhardilla, ubicada en el madrileño barrio de Lavapiés, y le recibía una pistola apuntándole en el rostro. La empuñaba un agente de la Brigada Político Social y venía a detenerle por ser militante del PCE marxista-leninista y de la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), dos organizaciones adscrita al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Tenía 19 años, era estudiante de segundo de Biología. Pasó siete días en la Dirección General de Seguridad sufriendo diversas torturas. Perdió la beca, tuvo que dejar la carrera.

Julio Pacheco tenía 19 años, era estudiante de segundo de Biología. Pasó siete días en la Dirección General de Seguridad sufriendo diversas torturas. Perdió la beca, tuvo que dejar la carrera

Todo en el contexto de una macrorredada contra integrantes del FRAP en la que se detuvo a 36 personas. “El 1 de septiembre entramos en Carabanchel, estuve cuatro días en aislamiento y al quinto me mandaron a la sexta galería que abrieron para los acusados de terrorismo. El 3 de diciembre conseguí la libertad provisional. Finalmente un juez me condenó a dos años de cárcel por asociación ilícita y propaganda ilegal, y al mismo tiempo me indultó”, relata Pacheco.

Villarejo en la querella

En cuanto a las torturas recibidas, cuatro son los miembros de la Brigada Político Social que aparecen en su querella. Uno es José Manuel Villarejo, tal y como se refleja en el auto al que ha tenido acceso El Salto. Junto a él aparece Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, hasta hace poco comisario de Leganés. 

“Los torturadores recibieron una recompensa de 25.000 pesetas cada uno”

Pacheco cuenta que reconoció a Villarejo cuando su rostro empezó a aparecer en la prensa. “Le llamábamos el alemán, tenía la cara muy cuadrada. Los represaliados tenemos un gran problema porque vemos caras pero no asociamos a los nombres excepto en contadas ocasiones”, explica. Han recopilado la información tras acceder al expediente policial de Roberto Conesa, uno de los policías con el currículum más sombrío de la dictadura. “Los torturadores recibieron una recompensa de 25.000 pesetas cada uno”, explica Pacheco. 

Crímenes que no prescriben

Las víctimas de la dictadura, reunidas en torno a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEAQUA, quieren demostrar que las torturas que sufrió Julio Pacheco no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en un clima de represión sistémica, y por tanto es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Los represaliados y represaliadas han emitido un centenar de querellas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, todas ellas archivadas en primera instancia. Tras la nueva ley, una nueva tanda de denuncias han sido presentadas, una de ellas la de Julio Pacheco, la primera que consigue su admisión a trámite.

“Debemos insistir en que es la primera vez que en el marco de un proceso penal se toma declaración a un querellante que ha denunciado un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad”, expresan en un comunicado conjunto Amnistía Internacional, centro Sira, Irídia y CEAQUA. 

“Queremos que esta declaración sea un inicio, que los jueces empiecen a estudiar las querellas. Queremos que se acelere el proceso, que la normalidad sea que se admitan, no que se archiven”

Estas entidades avisan de que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en sus Observaciones finales en el séptimo informe periódico de España, fechado el 27 de julio de 2023, considera que la actual Ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España. Es por ello que este comité insta al Estado a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar que estos crímenes no estén sujetos a amnistía o prescripción. “Entre las medidas a adoptar el Comité apunta expresamente la derogación de la Ley de Amnistía de 1977”, señalan estas organizaciones.

“Queremos que esta declaración sea un inicio, que los jueces empiecen a estudiar las querellas. Hay varias más en preparación. Queremos que se acelere el proceso, que esta sea la primera pero que la normalidad sea que se admitan, no que se archiven”, sentencia Pacheco.