Desahucios
Desahucian a una anciana de 79 años y a su hijo en Getafe pese a la movilización vecinal

Decenas de vecinas y activistas de la PAH y el Sindicato de Inquilinas se han congregado este lunes para acuerpar hasta el último momento a Aurora, una vecina de Getafe de 79 años a quien hoy han desalojado de su piso del Paseo Pablo Iglesias nº2, después de que ya intentaran echarla de su casa el pasado 11 de septiembre. Un desalojo ejecutado en poco menos de media hora y anómalo desde su inicio hasta su fin: Ocho furgones policiales y más de 50 unidades de la Policía Nacional han cortado tanto la calle donde está ubicado el piso como los aledaños en el marco de un despliegue desproporcionado que ha ido avivando minuto a minuto la rabia de las presentes. Policías sin identificación reglamentaria, imposibilidad de comunicación con los abogados de la empresa compradora y amenazas contra los activistas que gritaban consignas antidesahucios. Ni siquiera Lola Matamala, una de las hijas de la afectada, ha podido entrar para acompañar a su madre durante el proceso y recoger sus cosas antes de que los Cuerpos de seguridad cambiaran definitivamente la cerradura.

Nos cuenta la situación la propia @LolaMatamala pic.twitter.com/f8GsAlQNf2

— El Salto (@ElSaltoDiario) September 16, 2024

La orden de desalojo contra Aurora por finalización de contrato después de que se negaran a renovárselo se produjo prácticamente “de la noche a la mañana” y sin a penas tiempo para que el Sindicato de Inquilinas pudiera reunir las pruebas suficientes como para recurrir la decisión. Aunque el auto del juez estaba fechado el pasado 8 de mayo, Lola no recibió información sobre la fecha del primer lanzamiento hasta dos meses más tarde. La comisión judicial propuso inicialmente que se ejecutara el lanzamiento el 27 de septiembre para que Aurora dispusiera de tiempo para encontrar una solución habitacional. No obstante, el juez del Juzgado número 3 de Getafe, Luis Carlos de Isidro y de Pablo, presionó hasta conseguir que se adelantara varias semanas, puesto que no veía vulnerabilidad alguna en el caso de la jubilada, que cobra una prestación no contributiva de 500 euros y lleva toda su vida en ese barrio. El magistrado entendía incluso que su situación habría mejorado respecto a la pandemia, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2024 del 14 de mayo de paralización de los desahucios.

Los desahucios crecen el 12,4% a pesar de la moratoria y el escudo social

Redacción El Salto

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En los tres primeros meses del año se produjeron 82 desahucios por día. Los desalojos por no poder pagar el alquiler suponen siete de cada diez. En este tiempo solo se registraron 563 juicios verbales por ocupación ilegal, según datos del CGPJ.

Esta ley, elaborada para proteger a las personas vulnerables y en situación de precariedad sin alternativa habitacional, prorroga hasta cuatro años adicionales, es decir, hasta el 15 de mayo de 2028, las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual. De este modo, a efectos legales Aurora podría acogerse a lo estipulado en esta medida legislativa, que sigue vigente para casos como el suyo. Sin embargo, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, el juez se niega a reconocer su vulnerabilidad. “Hemos visto un empeño por parte del magistrado en que este desahucio se lleve a cabo. Podemos estar hablando de intereses mercantiles o incluso intereses de clase, puesto que ve legítimo que se pueda expulsar a esta señora al estar técnicamente fuera de contrato”, explica a El Salto Adrián, miembro de esta organización.

“Hemos visto un empeño por parte del magistrado en que este desahucio se lleve a cabo. Podemos estar hablando de intereses mercantiles o incluso intereses de clase...”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas

En lugar de ofrecer una alternativa habitacional a Aurora, el juez considera que son sus hijos quienes están obligados “tanto legal como moralmente” a procurarle sustento y habitación a su madre una vez sea expulsada de su casa. “Sus hijos han usado a su madre como escudo y excusa para boicotear y frustrar el lanzamiento cuando pueden y deben acoger a su madre”, alega el magistrado en el escrito de oposición al recurso presentado por la familia. En él hace referencia al intento pacífico de frenar el primer intento de desahucio del pasado día 11, cuando Lola y varias integrantes del Sindicato protestaron en la puerta de la vivienda para impedir el desalojo inminente, motivo por el cual ahora la propiedad señala a la familia de Aurora como conflictiva por haberse resistido al primer intento de desahucio en un grito desesperado por todos los medios para salvar su casa y defender su derecho a residir en ella.

“Podría irse con su hija y su nieta a Aranjuez, ahí podría salir con mi hermana a la compra, pasear... pero le desestructuraría la vida”, afirma Lola

“El Real Decreto, que es a lo que yo me agarro, no dice nada de que gente que tenga hijos se tenga que ir a vivir con ellos”, subraya a este medio Lola, indignada ante la “solución” del juez. No se trata solo de poder disponer de un techo digno para vivir, sino también de una cuestión de arraigo: Aurora ha vivido prácticamente toda su vida en la misma calle, ha tejido redes comunitarias y de solidaridad con el resto de vecinas del barrio fruto de años y años de convivencia vecinal. Sus rutinas van igualmente ligadas a ese lugar en el que siente una profunda pertenencia. “Podría irse con su hija y su nieta a Aranjuez, ahí podría salir con mi hermana a la compra, pasear, etcétera, pero le desestructuraría la vida”, afirma Lola. Su otra opción era irse a vivir con su otro hijo, que vive en Getafe Norte y dispone de dos dormitorios, aunque Lola temía que, al irse a “un barrio donde no conoce a nadie”, se sintiera sola y su salud mental pudiera verse perjudicada a largo plazo. Finalmente vivirá en casa de un primo a pocas calles de donde residía hasta este lunes.

Historial de irregularidades de Dapamali Works SL, la inmobiliaria que compró el edificio

Las recurrentes estrategias de especulación inmobiliaria como la de Dapamali Works SL, que ha salpicado brutalmente a Aurora y a otras seis familias del edificio (todas ellas ya han sido desalojadas, la mujer de 79 años es actualmente la única “superviviente” de todo el inmueble que se resistía a abandonar su hogar) son las causantes de que en España se ejecuten una media de 80 desahucios diarios, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La empresa se niega a renovar los contratos de las inquilinas para adquirir sus viviendas y reformarlas, encarecerlas desorbitadamente y convertirlas en pisos de alquiler turístico. Esta entidad cuenta con un historial vinculado a diversas irregularidades en el mercado inmobiliario. En 2021 la constructora trató de reconvertir y alquilar ilegalmente como viviendas parte de una planta de oficinas ubicadas en el barrio de Canillas, en el distrito madrileño de Hortaleza. La Junta Municipal del Distrito emitió un informe técnico desfavorable sobre dicha reconversión porque, entre otros motivos, las supuestas viviendas no contaban siquiera con cédula de habitabilidad.

A pesar de estar fuera de contrato, y tal y como lleva poniendo en práctica desde hace meses el Sindicato cuando se producen casos como el suyo, Aurora ha seguido pagando las mensualidades que le corresponden al propietario de su vivienda. “Cuando, por parte de la propiedad, no se quiere renovar el contrato o ha habido finalización de contrato, nuestra táctica consiste en seguir pagando al propietario y, mientras, intentar presionar para renegociar un nuevo alquiler o un nuevo contrato”. En este caso, su hija buscaba comprar el inmueble a un precio razonable: “Tengo una nómina, soy indefinida y en vez de estar pagando un alquiler a precios abusivos prefiero una hipoteca para que mi madre pueda quedarse en la casa donde ha estado toda su vida”, narraba Lola días antes del desalojo.

Sin embargo, uno de los múltiples escollos con los que se ha topado al tratar de solicitar un préstamo hipotecario a su banco es que el edificio no cumple con la inspección requerida, con lo que no dispone de un informe técnico del mismo. Tampoco ha podido conseguir documentos que acrediten el precio real del piso, el tamaño real de la vivienda ni las cargas del propietario anterior, ya que la empresa se niega a proporcionarle esas informaciones con el fin de impedir que pueda hacerse con el piso. “Yo no supe por qué cantidad podía comprar el piso, yo pedía 100.000, ellos decían 200.000, 225.000 pero no me daban los informes que acreditaran lo que vale”.

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Organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, los afectados se niegan a pagar las cláusulas abusivas de los contratos de alquiler y demandan que la gestora repare los numerosos e importantes desperfectos en la comunidad.

“En lugares como Getafe, el Ayuntamiento podría al menos poner trabas a los grandes grupos inmobiliarios que compran edificios enteros de viviendas para proteger a las vecinas”

El Ayuntamiento de Getafe no sólo era conocedor de la situación que atravesaba Aurora y su familia sino que había mantenido varias reuniones con sus hijos en los últimos meses, aunque todos los encuentros en la práctica han quedado en saco roto. El Consistorio se escuda en que las competencias de este tipo de casos pertenecen a la Comunidad de Madrid, que a su vez casi siempre señala al Gobierno central como responsable de la crisis habitacional. “En lugares como Getafe, el Ayuntamiento podría al menos poner trabas a los grandes grupos inmobiliarios que compran edificios enteros de viviendas para proteger a las vecinas y, en Alcorcón, donde también hay problemas de gentrificación, podrían no ceder terrenos públicos a la Comunidad de Madrid para que hagan el Plan VIVE”, defienden desde el Sindicato de Inquilinas. Tanto Getafe como Alcorcón y Leganés se han convertido en los últimos años en zonas especialmente tensionadas como resultado de la creciente demanda de pisos por parte de estudiantes universitarios cuyo poder adquisitivo suele ser significativamente mayor al de las vecinas de los barrios, muchas de ellas migrantes.

El Sindicato de Inquilinas exige más limitaciones a los alquileres temporales

La expulsión masiva de las familias de sus casas e inclusos de sus barrios a través de subidas desorbitadas de las rentas o la negativa a renovar sus contratos de alquiler se han multiplicado en los últimos años como resultado de la transformación de los barrios en zonas destinadas a la vivienda turística. Los alquileres temporales han aumentado un 56% en España y el 73,1% de todos los desahucios registrados este 2024 se deben precisamente a que, debido a estos incrementos desproporcionados de los precios, muchos inquilinos no pueden hacer frente a las mensualidades. No es extraño, por tanto, que las familias destinen de media más del 40% de su salario a pagar el alquiler, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

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Los socios de izquierda del Gobierno llevan al Congreso la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinos para hacer frente a la expansión de estos tipos de contratos para sortear las regulaciones.

Por ello, desde la propia página web del Sindicato reclaman que “es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Vivienda, ya que ésta deja un vacío legal que está siendo aprovechado por los propietarios para seguir especulando con la vivienda”. “Estamos entre dos modelos: el del gobierno y la patronal inmobiliaria, que pretenden hacer medidas estéticas para proteger a quienes quieren usar la vivienda para especular, y el modelo del derecho a la vivienda, el de la mayoría, que consiste en aplicar medidas reales y eficaces”, reflexionan.

Para poner coto a la vorágine rentista los sindicatos provivienda impulsaron hace meses una norma para la regulación de los contratos de alquiler de temporada que este verano ha sido presentada por Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC y BNG y esta semana se tramitará en el Congreso. A través de esta iniciativa se pretende igualar los derechos de todas las personas que disponen de un contrato de alquiler, ya sea éste un alquiler temporal o de larga duración, lo que a priori protegería significativamente a los arrendatarios mientras que se pondrían más obstáculos a los pisos vacacionales. Se trata, pues, de poner la vida de las vecinas en el centro para garantizar derechos e impedir la expulsión de las familias de sus casas para privilegiar el bienestar de los turistas, a costa de la salud de los barrios.