Desahucios
El Puerto de Pasaia amenaza con desahuciar a 12 familias para ampliar el acceso ferroviario al embarcadero

En el barrio pasaitarra de Trintxerpe se alza un edificio popularmente conocido como Escalerillas y de cuyos balcones cuelgan desde hace meses banderas que denuncian 'Pasaiako portuak etxegabetzen du!'. Un mural en la cara este del edificio visibiliza, también, la lucha de los vecinos: Escalerillas borrokan!. En los últimos días ha podido verse también una pancarta llamando a la manifestación que se celebrará mañana en Pasaia para reclamar una solución habitacional urgente para los vecinos.

Este bloque de viviendas ha sido el hogar de los trabajadores portuarios desde hace 60 años, pero las doce familias que lo habitan deberán abandonar sus casas en junio ante la amenaza de expulsión del Puerto de Pasaia: sus hogares serán derribados para que Euskal Trenbide Sarea haga las obras de ampliación del acceso ferroviario al embarcadero.

Es importante subrayar que este enclave logístico ha sido uno de los que más ha crecido en el Estado español en 2023. Solo el último año tuvo un incremento del 5,5% y en 2023 se aprobó una inversión de más de 160 millones para los próximos cinco años. 

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En torno al ente público se ha ido formando un comité de dirección vinculado con Ajuria Enea: el Presidente y Director son cargos políticos, nombrados por el Gobierno Vasco y el Consejo de Administración del Puerto respectivamente, pero el resto forman parte del Partido Nacionalista Vasco o son familiares de miembros jeltzales.

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Un edificio para los trabajadores

El Puerto de Pasaia construyó el bloque Escalerillas en 1966 para darle cobertura al puerto de forma que los trabajadores que habitaran esas viviendas pudieran cubrir las necesidades del mismo dentro y fuera del horario laboral. Desde entonces, en los portales 10 y 11 de la calle Herrera viven cinco mujeres viudas con titularidad sobre el contrato de alquiler, todas ellas trabajadoras del puerto en algún momento de sus vidas. Las otras siete familias son parientes de titulares y han pagado la renta, al igual que lo hicieron sus padres durante décadas. 

El Puerto es el propietario del edificio. Sin embargo, la comisión formada por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Pasaia tiene dificultades para reconocer los derechos de las arrendatarias y demás personas que habitan el edificio. El Gobierno Vasco pretende construir un enlace ferroviario de 400 metros que costará 7 millones de dinero público, tirando por tierra para ello los hogares y los derechos del vecindario. 

El Puerto de Pasaia pretende construir un enlace ferroviario de 400 metros que costará 7 millones de dinero público, lo cual supondrá demoler los hogares de las doce familias instaladas allí desde hace casi 60 años 

Ante el derribo de sus casas, a las titulares les han ofrecido indemnizaciones “de miseria”, según explican representantes del Sindicato de Vivienda de Oarsoaldea. Los afectados recibirán el dinero una vez se desaloje la vivienda y la cuantía a percibir dependerá de la edad y la esperanza de vida –según los cálculos del Puerto– que les queda a las inquilinas: cuanto mayor seas, menos dinero recibes. A las otras siete familias no les darán absolutamente nada, denuncian. La comisión les ha “ninguneado” desde un inicio, indican, no las ha convocado para darles a conocer sus intenciones y ahora no les ofrecen compensación económica alguna.

Según señala el Puerto, los hijos de los titulares son residentes “ilegítimos” y desde la comisión aseguran que reconocer una indemnización a las personas sin titularidad sobre la vivienda sería cometer un “fraude”. Así, la Autoridad Portuaria ha exigido a los vecinos abandonar sus viviendas “en silencio y ordenadamente” para conseguir una prórroga de pocos meses. “Si nos portamos bien, nos podemos quedar un poquito más”, se jactan los vecinos. Pero el destino inminente sería el mismo: la demolición de sus hogares.

Alternativas y voluntad política

Que estas personas tengan una alternativa habitacional “es cuestión de prioridades y voluntad política”, afirman desde fuentes del Sindicato de Vivienda de Euskal Herria. Cree que “no puede ser” que un ayuntamiento, teóricamente responsable del bienestar de sus conciudadanos, se escude en palabras vacías como “que está todo acordado” o que “están del lado de los afectados”, pero “no pueden hacer nada”.

A juicio del sindicato, para las tres instituciones interpeladas en el caso de Escalerillas –el Puerto, Ayuntamiento de Pasaia (EH Bildu) y el Gobierno Vasco (PNV-PSE)–, “satisfacer las necesidades sociales no tiene preferencia”, ya que estas solo se abordan cuando se han “saldado anteriormente las necesidades capitalistas”. 

De hecho, sobre la mesa está la posibilidad de cambiar el trazado de las vías del tren, lo que supondría no derribar el bloque y dejar que los vecinos sigan habitando las viviendas donde han invertido sus ahorros a lo largo de sus vidas. Sin embargo, para los agentes involucrados esta opción no es asumible porque el trazado previsto de 400 metros es más económico. “Están dispuestos a aceptar que dejar doce familias fuera de sus casas es más asumible que cambiar la ruta ferroviaria para que la obra les salga más barata”, denuncian desde el Sindicato.

Para el Gobierno Vasco y el Puerto de Pasaia cambiar el trazado de las vías del tren no es asumible, porque el proyecto previsto es más económico

También está en sus manos la posibilidad de dar indemnizaciones dignas y de calidad. En un contexto marcado por una continua subida del precio del alquiler y sin ofertas de vivienda en la zona, valoran que una indemnización “de miseria” no es una medida de compensación suficiente. “Somos familias trabajadoras que han invertido sus ahorros en estas casa a lo largo de nuestras vidas”.

Otra alternativa es la que plantean desde el Sindicato de Vivienda: la recolocación de los vecinos expulsados en la misma zona. Las inquilinas de Escalerillas, con 78, 82 y 85 años de edad, han hecho toda su vida en Trintxerpe, tienen su entorno social y redes de cuidados allí. “Es cuestión de mantener una vida que ya tiene el arraigo aquí”, explica una vecina en el reportaje Etxepe bat borrokan, un vecindario en lucha, producido por Gedar Telebista.

El problema, explican desde el Sindicato, es que el ayuntamiento “no se responsabiliza del bienestar social” y consolida “su función como defensor de las ganancias e intereses capitalistas”.

Otros ejemplos de la división capitalista del espacio urbano

Por otro lado, la obra ferroviaria del Puerto beneficiará a la empresa privada Algeposa, encargada de transportar bobinas desde el embarcadero de Pasaia hasta Durango. Esta es una empresa de logística de transporte marítimo y ferroviario de mercancías con actividad en diversos territorios. En abril de 2021 el Puerto le adjudicó una parcela de 7.246 metros cuadrados, con la que eleva a más de 27.000 metros su presencia en el suelo portuario.

Este contrato forma parte de un plan de “rehabilitación” en el embarcadero y, según explican directivos de la APP, permite “consolidar” su estrategia “para seguir siendo competitivos y que las empresas puedan invertir en el Puerto, afianzando su apuesta por la dársena guipuzcoana”. 

Lejos de ser novedad, este plan de “rehabilitación” y “estrategia” a través de la expulsión de los residentes tiene antecedentes. Es parte de un momento en el que “se está dando un nuevo ciclo de acumulación a través de la remodelación urbana”, explican del Sindicato de Vivienda de Euskal Herria. Son procesos y transformaciones que se dan por medio de los Planes de Ordenación del Territorio y que responden a una “división capitalista del espacio urbano”.

Estos procesos y transformaciones que se dan por medio de los Planes de Ordenación del Territorio y que responden a una “división capitalista del espacio urbano”

Sin ir más lejos, en el barrio Etxabakoitz de Iruñea, un macroproyecto de reconversión urbana está vinculado a la construcción de la parada de la TAV y a la construcción de nuevas viviendas en la zona. El objetivo principal de esta iniciativa no responde a las necesidades sociales, sino que prioriza “el interés exclusivo de las empresas del sector de la construcción, tanto inmobiliaria como de obra pública, antes que el de las personas que habitan en el barrio”, en palabras de la Fundación Sustrai Erakuntza.

Otro ejemplo lo vemos en Basauri, donde once familias de la calle San Fausto serán expulsadas de sus viviendas sin ofrecerles ninguna alternativa real. Los bloques 5, 7, 9 y 11 serán derribados para erigir nuevas viviendas. De esta forma, se expulsa a las poblaciones de menos recursos económicos y simultáneamente se sustituyen por otros habitantes con más capital en las zonas que se quieren modificar. “En San Fausto no solo están en juego las casas de nuestras vecinas, sino el modelo de ciudad que se proyecta en Basauri, ajeno a aquellos y aquellas que la habitamos”, indican desde Batu Elkarlaguntza Sarea.

A juicio por pintar un mural en un edificio a derribar

“Lo que se presenta como inamovible es inamovible dentro de los márgenes de funcionamiento del capitalismo”, explican desde el sindicato. Sin embargo, añaden, “si se quita el límite capitalista, no hay un límite material que impida resolver las necesidades de la gente”. El caso de Escalerillas abre este debate político y pone en cuestión el papel de las instituciones públicas y sus verdaderas funciones.

El Puerto de Pasaia rechazó las 2.000 firmas que los vecinos recolectaron a favor de una solución de vivienda. Además, esta misma semana ha denunciado a la organización socialista de arte EKIDA, autora del mural en la fachada del bloque de viviendas, que ahora están a la espera de juicio por pintar una pared que la misma APP pretende destruir en pocos meses.

Los vecinos de Txintxerpe llevan meses en lucha y organizados junto al Sindicato de Vivienda y el Kontseilu Sozialista de Oarsoaldea. “Se repartieron el melón entre ellos y no pensaban que nos ibamos a juntar, pero vamos todas juntas”, resume una de las vecinas. La siguiente movilización será este sábado 1 de junio a las 12 horas: harán una manifestación para denunciar la “inhumanidad” del Puerto y exigir alternativa habitacional.