Consultoras
El grave rol del puerto de Bilbao en la trama de las consultoras

Uno de los argumentos principales de las administraciones públicas vascas para bloquear todo tipo de investigación interna en el cártel de las consultoras ha sido echar balones fuera sobre su responsabilidad. Alba Urresola declaró este martes en el Parlamento Vasco que el organismo del que es presidenta, la Autoridad Vasca de la Competencia, no aparece en ningún correo de la investigación y que por ello no debe ser objeto de fiscalización. Del mismo modo, Pedro María Azpiazu, Consejero de Economía del Gobierno Vasco, sostiene que sugerir el conocimiento de la existencia de prácticas irregulares es caldo de cultivo para estas empresas, quienes emplean el argumento para invalidar la decisión de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia (CNMC)

Por su parte, el hombre con más galones a la hora de depurar y aclarar este asunto, el exdiputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, se paseó el viernes por el Parlamento Vasco sin decir ni una sola palabra sobre su labor: si los 101 contratos negociados sin publicidad se han licitado correctamente, qué habría que hacer con esos expedientes para dilucidar la responsabilidad administrativa o si el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ahora preside, podría aportar algo a la investigación. En cambio, Bilbao se ha limitado a afirmar: “Mis relaciones con mis amigos son mías y de nadie más. No tengo por qué explicar a nadie con quién tomo un pote o dejo de tomarlo”.

Correspondencia con “la confianza legítima”

¿Hasta qué punto las administraciones no querían saber, o no sabían? Y si es así, ¿cómo se justifica que no conocieran la trama ni aún participando en eventos con los ‘cartelistas’? Según señala la investigación de la CNMC en su página 175, “uno de los casos más graves” en la trama norte se produjo en el intercambio de correos electrónicos entre los responsables del Puerto de Bilbao y los de Deloitte en 2016. Concretamente, se refiere a un contrato de “servicios de consultoría para la elaboración de un estudio de análisis de la contribución socioeconómica del Puerto de Bilbao a la CAPV”.

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Los datos de la página de contratación de Euskadi revelan un entramado mucho más amplio y complejo de externalización de servicios públicos sobre el origen de la investigación de la CNMC

En una larga correspondencia, el responsable de compras de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que firma el correo con su nombre, pide a la encargada de Deloitte, Ana Andueza, datos para preparar el contrato de asesoría. “Gracias, Ana, voy organizando lo del estudio [de] impacto. Necesito que me envíes las tres empresas para pedir ofertas”. A lo que Ana Andueza responde con los datos de dos firmas: BMASI y 97SyF, ambas cercanas al Partido Nacionalista Vasco.

De acuerdo al expediente de la CNMC, estas empresas se dan cuenta posteriormente de que el Puerto de Bilbao pretende sacar el contrato a un precio más bajo del acordado. “Es para matarles”, señala Ana Andueza. Y escribe entonces a Luis, cuya identidad no se explicita en la sentencia, instándole a cumplir el presupuesto (59.000 euros). “Por eso, la invitación la deberías sacar a 60.000 para que hagamos descuento”. Entonces, la avaricia de los consultores queda en evidencia: mil euros bastan para sentirse con la potestad de escribir a un alto responsable público a fin de que modificara una licitación. Finalmente, la situación degenera en Luis indicándole a Ana Andueza cuáles son las reglas de contratación pública en contratos menores. “Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros. El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros”.

Relacionado con este mismo intercambuio de correos, es precisamente la responsable de Deloitte quien escribe a “la dirección comercial del puerto” para comunicar que Luis ha dado los nombres de tres personas (condenadas ahora a pagar un total de 145.000 euros por su participación en el cártel), dando a entender que esta persona les había contactado previamente. “Nos dice Luis que vais a invitar a las siguientes empresas.”

¿Quién es quién en este intercambio? Como explicaba el periodista Ahoztar Zelaieta, Leandro Ardanza (97 S&F) es el representante del grupo que dirige el ex burukide Aitor Alzola y montó una sociedad en Panamá junto a Pedro Altamira (“fontanero” del PNV) y Carlos Lambarri (ex viceConsejero de Hacienda y primer director de Euskaltel). Por otro lado, Sabin Azua (B+I Strategy) es hermano del ex vicelehendakari Azua y uno de los grandes adjudicatarios de los planes estratégicos del Gobierno Vasco y las Diputaciones, así como colega del ex lehendakari Ibarretxe, quien incluso presentó su libro. En esa invitación también estaba la socia vasca de Deloitte, una de las llamadas Big Four.

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Los hijos de Juan Mari Atutxa, Asier e Iskander han creado múltiples sociedades y obtenido millonarios contratos de la administración pública. Además, estas empresas han estado ligadas a casos de irregularidades ligadas al clientelismo en ayuntamientos vizcaínos

Luis, según se desprende de los datos de la CNMC, es Luis Gabiola, el Director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao. De hecho, su rol en la trama es la prueba que permite a la CNMC señalar que “no puede obviarse por esta Sala que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. Y añadir que “existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia”. Ello va más allá de la “connivencia”, objeto de debate en los sucesivos plenos. Esta es una “conducta sancionable”, es decir, “antijurídica”. La causa, según la CNMC: “confianza ilegítima”.

En su declaración de esta semana en el Parlamento, Alba Urresola ha señalado que se ha llevado a cabo una politización sobre la actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia en la trama del cártel norte que no se corresponde con su responsabilidad administrativa. En efecto, la Presidenta no ha sido identificada con ningún contrato (la investigación termina en fechas similares a las que ella llega al cargo), pero todavía no ha explicado cuál era su relación con Luis Gabiola en el momento de la investigación, pues existen distintas imágenes en donde aparecen juntos, y dónde quedan sus funciones fiscalizadoras si no aclara la relación del puerto en esta trama. La primera imagen es de apenas unas meses antes de que se registraran las sedes de las empresas, lo que dió lugar a los correos expuestos previamente. En la fotografía  también aparece Asier Atutxa, empresario de PwC y responsable del Puerto de Bilbao hasta 2018.

En dicho evento, que fue organizado por la empresa que actualmente asesora a Alba Urresola (M.B.N Comunicaciones), también puede verse posar con Luis Gabiola a la Consejera de Economía del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y al de Hacienda, Pedro Aspiazu. A su vez, el lehendakari Iñigo Urkullu, y otros altos cargos del Gobierno Vasco, también coincidieron en el aniversario de Estrategia Empresarial (vinculado al PNV) con algunas de las consultoras multadas ahora por la CNMC (Idom, Deloitte y B+I Strategy). Hordago ha dado a conocer distintos hechos que pesan sobre las personas multadas por pertenencia al cártel, así como de destacados miembros de las instituciones vascas. Al respecto, la Autoridad Vasca de la Competencia Vasca se ha limitado a señalar que “por una foto” o porque su presidenta u otros miembros hayan trabajado en el pasado en empresas investigadas no se puede cuestionar la “independencia” de este órgano regulador. De nuevo, el rol de la AVC es fiscalizar a las mismas personas con las que toma “copichuelas”, en palabras de David Soto, diputado de Ellarrekin-Podemos.

Además, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta de la AVC y otra vocal del organismo se sentaron junto a la plana mayor del Puerto de Bilbao, incluido Luis Gabiola, durante su primer desayuno informativo. Por entonces, la CNMC acababa de abrir un expediente a varias docenas de consultoras, concretamente aquellas con las que estaba manipulando contratos el alto directivo sentado a la vera de la Presidenta de la Competencia Vasca.

“Las prácticas corporativas de externalización que caracterizan cada vez más a los entes públicos han sido una práctica habitual en la Autoridad Portuaria de Bilbao, también con las firmas multadas por cártel”

Esta escena recuerda a cuando Alba Urresola no detectó un desfalco de medio millón cuando era encargada de control interno en la Fundación Guggenheim. En esa misma época Roberto Cearsolo ejerció como subdirector Financiero, es decir, trabajaba en el despacho de al lado.

Alba Urresola no detectó un desfalco de medio millón cuando era encargada de control interno en la Fundación Guggenheim

Luis Miguel Barcenilla

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Gobierno vasco

Gobierno vasco Alba Urresola no detectó un desfalco de medio millón cuando era encargada de control interno en la Fundación Guggenheim

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Alba Urresola, actual Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, era subdirectora de Control Interno en la misma época en la que Roberto Cearsolo ejerció como subdirector Financiero y desfalcó 500.000 euros al museo.

No obstante, el “grave” rol del Puerto de Bilbao en la trama de las consultoras se puede entender mejor ateniéndose a la ideología de este ente público. En la parte final de la intervención que inauguró los desayunos informartivos a los que asistió Urresola, el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, remarcó la urgente necesidad de cambiar el actual modelo de gobernanza portuaria, bajo la premisa de que existe un amplio consenso alrededor de la consideración de los puertos como “auténticas empresas”.

La corporativización del Puerto de Bilbao

Las prácticas corporativas de externalización que caracterizan a los entes privados, y cada vez más a los públicos, han sido una práctica habitual en la Autoridad Portuaria de Bilbao. También con las firmas multadas por cártel. Por ejemplo, con objetivo de promover la “innovación disruptiva como elemento de competitividad logística portuaria pública y privada”, facilitando así “la transición del sector a la economía 4.0”, el organismo adjudicó a KPMG e Insomnia la gestión del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria o del Fondo de Innovación Puertos 4.0. Este fondo cuenta con una dotación aproximada de 12 millones de euros, gestionados por el Organismo Público Puertos del Estado. Dado que el Fondo se estructura en base a la forma administrativa de la adjudicación, ambas consultoras recibieron un contrato para administrar el Hub de Innovación público. Siguiendo los pliegos de la licitación, entre sus servicios se contemplaban poner a disposición espacios de co-working para start-ups, realizar demostraciones, presentaciones y jornadas, y habilitar una zona para recibir visitas de clientes y proveedores. Por así decirlo, la corporativización del ente viene facilitada por KPMG, quien administra y gestiona esta colaboración público-privada.

Dicha colaboración entre un organismo público y una consultora ha resultado tan exitosa que ambas, junto a otras grandes empresas vascas, crearon una organización para posicionar a Bizkaia como un espacio innovador de apoyo a las start-ups y a los jóvenes emprendedores: Bilbao PortLab at the Biscay Bay StartUp Campus (BBSC). Esta organización forma parte de Biscay Startup Bay, la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia diseñada para convertir a la provincia en el primer hub de comunicación a nivel mundial.

“El Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao cuando estaba dirigida por Asier Atutxa lo realizó PricewaterhouseCoopers por 150.000 euros. Un año después Atutxa cruzaba la puerta giratoria entre esas dos entidades”

Por otro lado, Idom también ha hecho tratos con el Puerto de Bilbao. En diciembre de 2003, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria adjudicó a la empresa de ingeniería la realización del proyecto constructivo del nuevo Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), que se ubicará en la zona comprendida entre el antiguo Rompeolas de Santurtzi y las actuales instalaciones de ATM, en el Muelle Nº 1. Gracias a las memorias del Puerto de Bilbao, ya que en los boletines públicos no hay rastro alguno de esta u otras adjudicaciones, se sabe que las nuevas instalaciones tendrían una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, lo que suponía quintuplicar su tamaño en relación a las anteriores.

Ciertamente, convertir al puerto en un catalizador de dinero público hacia empresas privadas sólo es posible mediante informes poco halagüeños sobre el futuro de la Autoridad Portuoria, como el publicado por PricewaterhouseCoopers. Así es como se crea una predisposición positiva a seguir ampliando la infraestructura y delegando su gestión a las consultoras. El documento citado fue presentado por PwC y las consejeras del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y Justicia y Trabajo, María Jesús San José. En este ttabajo se especula con que los barcos dedicados al transporte de automóviles serán más grandes, no podrán entrar por la bocana por la que se accede al puerto de Pasajes y será necesario estudiar el destino de la dársena. Asímismo, también se habla de las mejoras que tendrá que implementar el puerto de Bilbao para conseguir ser el puerto de Euskadi. Por supuesto, a base de meter más dinero público en la operación.

Del cártel al puerto y viceversa

De entre todas, la adjudicación a PricewaterhouseCoopers más paradigmática es la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”, por un valor de 150.000 euros. Ocurrió a principios de 2017, cuando la entidad pública estaba dirigida por Asier Atuxa, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV). Apenas un año después, Atutxa cruzaba la puerta giratoria desde el Puerto de Bilbao hasta PwC.

“Se evidencia que existen lazos muy cercanos entre el sector público vasco y el cártel de consultoras que le asesora sobre la realización de sus propias funciones políticas”

Cabe recordar que Ricardo Barkala, el actuar presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, fue el sucesor de Atuxa, cuya ponencia estaba escuchando Alba Urresola durante el desayuno informativo del puerto. Barkala también aparece en los correos de la CNMC, concretamente en un mensaje entre Ana Andueza y Sabin Azua en donde se pedía una cobertura para un análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre. Barkala, como Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao (2015 y 2018), era entonces el responsable de la adjudicación.

Volviendo a la consultora PwC, la buena relación entre las administraciones vascas y esta empresa se palpa en muchos otros aspectos. Como desveló Hordago-El Salto, seis días antes del evento de Estrategia Empresarial en el que se juntaron Atuxa y Urresola, la Autoridad Vasca de la Competencia adjudicó un contrato a PwC por una cuantía de 18.029 euros para realizar un análisis económico y el estudio sobre pisos turísticos. Unos meses antes, en marzo, también el encargó la redacción de una guía sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) por 12.100 euros. Y, desde que se ha conocido que la empresa estaba siendo investigada, las administraciones vascas han adjudicado 20.3 millones a PwC.

Las instituciones vascas adjudicaron 1,2 millones a cinco consultoras del cártel tras ser multadas por manipular contratos

Luis Miguel Barcenilla

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Las instituciones vascas adjudicaron 1,2 millones a cinco consultoras del cártel tras ser multadas por manipular contratos

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Esta cifra, equivalente a un 20% de la sanción de la CNMC, revela la enorme dependencia sobre las firmas multadas y la escasa voluntad de asumir la prohibición de contratar con ellas que sobrevuela la sentencia

Esto no sólo evidencia que existen lazos muy cercanos entre el sector público vasco y el cártel de consultoras, sino que los primeros intercambian conocimiento de todo tipo para recibir asesoría sobre la realización de sus propias funciones políticas. La CNMC se limita a sugerir, pues no tiene competencias para mucho más, que ambos tenían conciencia de las prácticas irregulares en relación a la libre competencia que estaban realizando. Un ejemplo más mundano: la mismísima Autoridad Vasca de la Competencia no respetó el marco normativo que establece el artículo 162 de Ley de Contratos del Sector Público cuando adjudicó ambos contratos a PwC. Este artículo establece que “en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible”. Ello no lo fue en ninguno de los dos casos, pues la consultora aparece como la única empresa ofertante en un procedimiento que se realizó sin siquiera hacerlo público, es decir, sin publicitar el contrato para que se presenten otras empresas. No es una falta administrativa, pero los expertos en contratación señalan que es una práctica poco ejemplar. Según ha señalado Alba Urresola en el Parlamento Vasco, actividades como esta se justifican debido a que buscan a los mayores expertos en la materia a la hora de entregarles contratos.

Tan duchos en contratación son estos asesores que un día están intercambiando correos con los responsables públicos de contratación desde la empresa privada y al día siguiente están adjudicando licitaciones desde las instituciones vascas. Jon Anasagasti Bilbao aparece manipulando contratos en los correos de la CNMC como asociado a la consultora Idom, de la que fue consultor y project manager durante diez años, desde 2007 hasta 2017. El mismo mes que se marchó de esta empresa, en abril, pasó a formar parte de la Autoridad Portuaria de Bilbao como Responsable de Desarrollo Comercial. Es decir, pasó a ser compañero de trabajo de Luis Gabiola. En palabras de la CNMC, figuras como esta se han dedicado a “impactar de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos”.

“Hasta que la Fiscalía haga acto de presencia, sólo es posible especular con las implicaciones administrativas y jurídicas de la trama del cártel vasco”

A estas alturas, y hasta que la Fiscalía haga acto de presencia, sólo es posible especular con las implicaciones administrativas y jurídicas de la trama del cártel vasco. Aunque, paradójicamente, una institución encargada de asegurar la libre competencia evidencia cuál es la concepción que este concepto adquiere de acuerdo a la ideología neoliberal vasca: puertas giratorias, manipulación de contratos, relaciones informales en eventos… todo sirve con tal de desplazar la actividad del Gobierno hacias las firmas de consultoría, especialmente hacia las sedes vascas de las Big Four.

Esta no es, sin embargo, una cuestión que preocupe demasiado a los entes fiscalizadores. Si una práctica “vulnera la competencia”, en palabras de la AVC, esa es la convocatoria de una huelga por parte de los sindicatos de la estiba, porque lo que “impide”, “restringe” o “falsea” la competencia es la actividad sindical organizada. Nada similar se le ha escuchado decir a Alba Urresola, la presidenta del organismo, sobre la organización empresarial para desviar dinero de contratos y drenar los fondos públicos. Más bien al contrario, no parece que haya problema ninguno en que el puerto actúe como una empresa. Ni mucho menos en que hasta Deloitte se encargue de blanquear su actividad anti-obrera mediante informes sobre el impacto positivo del Puerto en la economía vasca.

Desde luego, el economista Friedrich Hayek estaría orgulloso de escuchar que en el País Vasco siguen su ejemplo: el único problema para la competencia, los verdaderos monopolios… son los sindicatos. Y las empresas, cuanto más fuertes sean y más funciones públicas ostenten, mejor.