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Desahucios
Una rentista deja en la calle a Alam y sus tres niños
Cuatro furgones y dos coches de la policía municipal han ido llegando desde las 6 de la mañana de este lunes para desahuciar a Alam, Tamara y sus tres niños de 3, 7 y 10 años de su piso en Bravo Murillo, 207 (distrito de Tetuán). No han podido impedirlo las casi 70 vecinas que acudieron a las 8.00 de la mañana, convocados por la Organización de Vivienda de Tetuán (OVT), para presionar a pie de calle. Al grito de consignas antidesahucios como “Ni gente sin casas ni casas sin gente” o “Madrid será la tumba del rentismo”, personas y organizaciones de todo Madrid han acudido a la puerta de inmueble.
Sareb
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“En ningún momento ha aceptado hablar ni ha permitido que Alan conservara su antiguo contrato porque está viendo su capacidad de beneficio y se niega a nada por debajo de ello”, denuncian desde OVT
La propietaria del inmueble, una rentista residente en Suiza, se había mostrado reticente a cualquier tipo de negociación desde el primer momento. De hecho, llevaba meses sin siquiera coger las llamadas de la abogada de Alam y su esposa. Sus pretensiones especulativas estaban más que claras: o Alam pasaba de pagar 700 a 1.300 euros mensuales, o les echaría de su casa. Su intención no es otra que alquilar a turistas en un distrito cada día más arrasado por la gentrificación y la expulsión de las vecinas de clase obrera. “En ningún momento ha aceptado hablar ni ha permitido que Alan conservara su antiguo contrato porque está viendo su capacidad de beneficio y se niega a nada por debajo de ello”, denuncia un miembro de la Organización de Vivienda de Tetuán, que prefiere preservar el anonimato.
Cuando en 2023 recibió el burofax anunciando su expulsión, Alam se ofreció a pagar más renta, “pero 1.300 euros no se lo puede permitir una persona con una discapacidad del 40% y que ahora mismo tira de ingreso mínimo vital”, señalan desde la OVT. Él, a pesar de sus problemas económicos, no dejó nunca de abonar las mensualidades. Gracias a la acción de las asambleas de vivienda, se había podido retrasar en varias ocasiones el desahucio para que pudiera resistir en su barrio, hasta este lunes.
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Un desalojo “terriblemente violento”
Finalmente, cerca de las 10.30 horas, el desalojo se ha producido de forma “terriblemente violenta”, según la organización. A su juicio “la actuación policial ha sido lo peor del desahucio”. No sólo taparon la mirilla de la puerta del piso para que los activistas provivienda que estaban con Alam en su casa no pudieran ver lo que ocurría en el exterior. Además, “trataron con insultos y vejaciones a las personas tanto de la calle como de dentro del edificio, no han reconocido a las compañeras como parte de la negociación”. Desde la OVT habían solicitado estar con la familia durante el proceso para mediar ya que el matrimonio, natural de Bangladesh, tiene dificultades con el idioma.
Dos activistas fueron expulsadas a la fuerza de la vivienda y, en cuanto los agentes tumbaron la puerta, Alam se desmayó y uno de los agentes comenzó a zarandearle mientras le pedía que “dejara de fingir”. Adam tuvo que ser trasladado al hospital
Sus compañeras, en este sentido, puntualizan que “parar un desahucio no implica únicamente el momento de la ejecución en sí, sino también mucho acompañamiento y de asesoramiento previo que no se ve”. A pesar de conocer las necesidades del matrimonio, los antidisturbios y la comisión judicial impidieron contundentemente su presencia en las negociaciones. Llegado el momento de la ejecución, dos activistas fueron expulsadas a la fuerza de la vivienda y, en cuanto los efectivos tumbaron la puerta, Alam se desmayó y tuvo que ser trasladado al hospital.
La escena fue violenta ya que cuando se desplomó en el sofá, uno de los agentes comenzó a zarandearle mientras le pedía que “dejara de fingir”, según ha trasladado uno de los activistas que estuvieron con él in situ. Los tres niños, que se encontraban en el colegio, habían pasado la noche en casa de unos compañeros. Ahora deberán abandonar el centro escolar antes de acabar el curso y perderán un año académico, con las repercusiones que esto tiene en la estabilidad de los niños y adolescentes. Muchos de sus compañeros de clase acudieron desde primera hora con sus padres del AFA para arropar a la familia hasta el final. “No tenemos más que amor hacia esas personas”, agradecen los activistas de la Organización.
Después de haber dispuesto de tan solo un par de horas para sacar sus pertenencias y recuerdos de la que ayer era su casa, han sido trasladados por el Samur Social. La opción que han recibido, después de que solicitaran sin éxito una prorroga de 10 días, es el albergue público de Las Caracolas. Ese centro, ubicado en Vallecas, dista mucho de ser un lugar adecuado para que puedan hacer su vida familias vulnerable, tal y como inciden desde la OVT: “Son barracones con los horarios muy estrictos de cuándo puedes entrar, cuándo puedes salir. No te dejan cocinar, no te dejan tener apenas pertenencias, no tienen baños dentro del barracón, así que te toca salir por la noche si tienes cualquier urgencia afuera y son también temporales”, protestan.
Además, advierten, “los testimonios que tenemos de compañeras que han acabado ahí comentan que a los pocos meses ya te preguntan que por qué sigues aquí y te empiezan a presionar para echarte”. Por este motivo, han decidido “tirar de ahorros” y residir en un hostal donde poder cobijarse hasta que encuentren un piso, aunque sus compañeros resaltan que lo más probable es que acaben mudándose fuera de la Comunidad de Madrid debido a los precios desorbitados de los alquileres.
La responsabilidad de la Sareb tras las ejecuciones
Las activistas señalan como culpables de toda esta tragedia a la Sareb. El conocido como “banco malo” poseía la tenencia de la vivienda en el momento en que Alam alquiló por primera vez el piso y la subastó. Los pisos de la Sareb están destinados a las familias vulnerables como la de Alam, sin embargo, cada vez más asiduamente acaban en manos privadas. “¿Por qué se permite que toda esta cantidad de viviendas, que en teoría estaban compradas por la Sareb y que por tanto deberían ser públicas, acaben en trapicheos?, ¿Por qué se permite esto?”, declaran con indignación. Tan solo en este distrito existen actualmente 1.481 ofertas de apartamentos de alquiler vacacional, muchos de ellos son antiguas viviendas de familias trabajadoras.
También apuntan al “completo desentendimiento por parte de la Administración Pública y del Gobierno central, que permite hacer a fondos buitre y predadoras como esta rentista”. La propietaria ni siquiera se ha personado en el procedimiento, sino que ha enviado a representantes a la negociación. Elisa, vecina de Tetuán y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica que los pisos ubicados en este distrito son “un caramelito para los especuladores”: “Están en una zona relativamente céntrica, donde estás cerca de Malasaña, del Paseo de la Castellana, de Plaza Castilla, de la estación de Chamartín y todo el proyecto especulativo que implica la Operación Chamartín no contempla de ninguna manera preservar Tetuán para las vecinas de toda la vida”, comenta la sindicalista. Para ella “no es casualidad que que todos los grandes bloques de vivienda sean ahora de lujo”. Cada vez hay menos bajos comerciales porque muchos son reconvertidos en viviendas turísticas en lugar de restaurarse, al igual que casas de poca altura, que se han tirado para destinar ese espacio a alquileres temporales.