Sareb
Una rentista planea desahuciar a una pareja con tres niños en Tetuán

Hace ya casi 15 años, Alam y su esposa Tamara migraron a Madrid desde Bangladesh para construir un futuro juntos. Se establecieron en el distrito madrileño de Tetuán, obtuvieron la nacionalidad española y más tarde tuvieron a sus hijos, de ahora 10, 6 y 3 años. En junio de 2020 alquilaron un piso -por aquel entonces de la Sareb- situado en Calle Bravo Murillo nº. 207 por 700 euros iniciales, una cifra que su economía podía afrontar con cierta tranquilidad.

La paz duró poco, concretamente hasta marzo de 2023. En esa fecha recibieron sin previo aviso una carta del juzgado en la que se les informaba de que el piso pasaba a subasta pública, de tal forma que en cuestión de poco tiempo cambiaba la propiedad del inmueble: se hizo con él una rentista acaudalada que actualmente reside en Suiza y que desde el envío de la misiva se empeña en echarles de la vivienda para especular con ella.

Dos familias vulnerables serán desahuciadas de sus pisos sociales esta semana

Alejandra Mateo Fano

Comunidad de Madrid

Madrid Dos familias vulnerables serán desahuciadas de sus pisos sociales esta semana

Alejandra Mateo Fano

Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y Tetuán, donde residen actualmente estas vecinas con pocos recursos, luchan por negociar contratos de alquiler público.

En lugar de respetar las condiciones iniciales que el “banco malo” había impuesto sobre el alquiler de Alam y Tamara, así como su derecho a conservar su hogar, la nueva propietaria dio un ultimátum a la pareja: O aceptaban una subida desproporcionada del alquiler (cerca de 1.300 euros al mes) o se negaba a hacerles un contrato. El matrimonio subsiste únicamente gracias al ingreso mínimo vital, por lo que la renta que la propiedad les requiere les resulta inasumible. Tal es la intransigencia por parte de la casera que todavía no ha respondido a las llamadas del letrado de la familia. Tras meses de intentos infructuosos por llegar a un acuerdo con la arrendadora, ahora cuentan las horas hasta se ejecute su desalojo el próximo lunes 3 de febrero. No están solos, les acuerpan sus compañeras de la Organización de Vivienda de Tetuán (OVT), con quienes llevan tiempo movilizados.

Las empresas de vivienda pública, municipal y regional, “no han aportado ninguna ayuda ni solución, excluyéndole de cupos especiales e instándole a que abandone Madrid”, señalan desde la Organización de Vivienda de Tetúan

“La idea de la rentista es arrendar el piso a un precio mucho más alto a otros inquilinos, por eso no tiene interés en que nos quedemos e intenta echarnos”, explica Alam a El Salto desde el salón de su casa. El bangladesí relata que no dispone de alternativa habitacional alguna y que además, al tener una discapacidad del 40%, se le reducen las posibilidades de acceso al empleo. Al otro lado del salón, una de las activistas que asesora a la familia narra que tanto los servicios sociales como las empresas de vivienda pública (EMVS y AVS) “no han aportado ninguna ayuda ni solución, excluyéndole de cupos especiales e instándole a que abandone Madrid”.

Cerca del lugar donde está sentado el inquilino, una hilera de coloridos dibujos, obra de sus tres hijos, decora la estancia y hace todavía más patente la crueldad de la amenaza del desahucio. Las criaturas padecerán con especial violencia los efectos del desalojo si este llega a efectuarse: “Queremos que por lo menos, terminen el curso escolar hasta el junio, porque si ahora tenemos que irnos del barrio eso les afectará a su escolarización”, comenta Alam preocupado.

Desde hace varias semanas, su hijo menor le pregunta con insistencia “por qué pasa esto” y repite una y otra vez que no quiere irse de su casa. Además de impactar directamente a su rendimiento escolar, el desalojo truncará sus redes de cuidados dentro del barrio y alterará sus rutinas de ocio, como salir a jugar al futbol al parque situado a escasos metros de la casa. Según Save The Children, entre el 70% y el 80% de las familias que sufre desalojos tiene hijos menores, razón que explica que cientos de niños y adolescentes sean reescolarizados repetidas veces en pocos años.

La turistificación devora Tetuán

No es la primera vez que una vivienda de la Sareb, es decir, destinada originalmente a un uso social para familias vulnerables, acaba en manos privadas. Cuando ese trasvase se produce, los nuevos tenedores incrementan los precios hasta terminar forzando la expulsión de las vecinas, algo cada día más habitual en Tetuán. Si bien esto ya se había convertido en la tónica general de áreas residenciales como Chamberí o Getafe, zonas especialmente tensionadas por la gentrificación, ahora parece que Tetuán ha cogido el testigo. Lo evidencia el intento - eso sí, fracasado- de desalojo que tuvo lugar el pasado 17 de enero en la calle Azucenas, donde todavía resiste Jostin. Muchos de los pisos de su bloque están gestionados por la Sareb, aunque la demanda de desahucio que pesaba sobre él la interpuso una inmobiliaria cesionaria de este “banco malo”.

“Tenedores que invierten su capital en vivienda, suben desorbitadamente los alquileres y expulsan a las vecinas, con la complicidad de las administraciones públicas y de la sociedad civil”

Los casos de Alam y Jostin son un claro reflejo de cómo actúa hoy por hoy la patronal inmobiliaria en los barrios del centro-norte de Madrid: “Tenedores que invierten su capital en vivienda, suben desorbitadamente los alquileres y expulsan a las vecinas, con la complicidad de las administraciones públicas y de la sociedad civil”, denuncian desde la OVT. Ante esta coyuntura, las activistas temen “una ola de desahucios como la de 2008”, ya que la ley no protege a las familias como la de Alam, que se ven con un pie en la calle pese a haber pagado el alquiler religiosamente todos los meses.

El movimiento de vivienda de Madrid vuelve a parar el desahucio de Ana María, en Carabanchel

Mar Sala Susana Albarrán Méndez

Desahucios

Desahucio en Carabanchel El movimiento de vivienda de Madrid vuelve a parar el desahucio de Ana María, en Carabanchel

Mar Sala ,  Susana Albarrán Méndez

Como hace 15 días, la vecindad organizada ha vuelto a parar el desalojo de la mujer que vive en un piso de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Si ya proliferaban los pisos vacacionales y de alquiler temporal en barrios como Lavapiés o Malasaña, la vorágine turística alcanza ahora al Tetuán cercano a los macroedificios financieros de la capital. “Bravo-Murillo para la izquierda todavía conserva mucho la esencia de barrio de alguna manera, y es donde vemos que más se sufren por los abusos de echar a la gente. Es otro foco de turistificación, porque ante el colapso del centro se vienen un poquito más para arriba. Te coges el metro en la línea 1 y llegas al centro en 10-15 minutos”, alegan las militantes.

Tan solo en este distrito existen actualmente 1.481 ofertas de apartamentos turísticos según la web de Airbnb, lo que ha hecho que se incrementen los precios y se achique la oferta de vivienda

Como en muchos procesos de sustitución poblacional derivados de la gentrificación, Tetuán se está convirtiendo en un distrito diseñado para habitantes con un poder adquisitivo elevado. En la OVT califican esta sustitución económica como una “limpieza de barrio”. La cercanía con Nuevos Ministerios, donde el perfil predominante lo conforman altos ejecutivos, así como con las cuatro torres de Plaza Castilla o con el proyecto Madrid Nuevo Norte han contribuido a que cada vez sea más difícil para las antiguas vecinas permanecer en sus hogares a un precio asequible. Tan solo en este distrito existen actualmente 1.481 ofertas de apartamentos turísticos según la web de Airbnb, lo que ha hecho que se incrementen los precios y se achique la oferta de vivienda en una ciudad donde 5,5 millones de hogares se enfrentan a la exclusión residencial.

A escala nacional, las 350.000 viviendas temporales integran en torno al 10% del tamaño del mercado de alquiler de vivienda residencial, según datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda. El resultado, como establece el análisis elaborado por esta ONG, es el incremento del sinhogarismo, las bajas tasas de emancipación juvenil, los desahucios y el deterioro de las condiciones residenciales de la población española.

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La propuesta de crear una agencia pública y estatal de vivienda contrasta con la estrategia seguida por el Gobierno de Sánchez de deshacerse del patrimonio público.

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Los pisos de la SAREB, convertidos en activos financieros

Las activistas por el derecho a la vivienda ven con cierto recelo el trasvase de los más de 30.000 pisos de la SAREB a una empresa pública, medida proclamada este enero por la ministra socialista Isabel Rodríguez. Hasta el momento la gestión de muchas de estas viviendas se cedió a Blackstone y KKR, “dos fondos de inversión norteamericanos con un amplio historial de especulación y abusos inmobiliarios”, como denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Todo ello en un Estado donde tan solo el 2.5% del parque total de vivienda corresponde a pisos de uso social, frente al 30% de otros países europeos. Para muchas, además, el problema de base radica en que la vivienda sigue constituyendo un activo financiero, lejos de concebirse como un derecho más. “Es importante hacer hincapié en que las vidas no pueden depender de que ahora el Gobierno diga esto o diga lo otro. La vivienda tiene que ser un derecho protegido, como lo ha sido la salud hasta ahora”, reclaman.

“Al final los pisos de la Sareb son como cromos que se pasan entre unos y otros, da igual que sea a una rentista, a un fondo buitre, a un banco o a una empresa pública, la cuestión es que no puedan hacer negocio y comercializar con nuestras vidas a través de la violencia económica”, destaca la militante del Movimiento de Vivienda de Tetuán. También está por ver qué efectos tendrá el nuevo real decreto ley ómnibus alcanzado a última hora con Junts, que ahora incorpora dentro del escudo antidesahucios la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios. Es decir, más ayudas públicas a los caseros.

Esta iniciativa, al igual que sucedió con el bono joven para el alquiler, ha sido objeto de numerosas críticas ya que ahonda en los privilegios para los tenedores de vivienda en lugar de blindar el acceso a la vivienda digna por parte de los inquilinos. La antigua moratoria antidesahucios, que a ojos del líder el PP Núñez Feijóo favorece la “inquiokupación”, evitó 24.659 desalojos sobre un total de 100.021, es decir, uno de cada cuatro, según un informe de Observatori Desca.

🛑ALERTA DESAHUCIO🛑

📢 Una rentista desde Suiza quiere echar a nuestro compañero Alam, a su mujer y a sus tres hijas menores de su casa para especular y ganar dinero 💥NO SE LO VAMOS A PERMITIR 💥 pic.twitter.com/WmUnMcXl7R

— Organización de Vivienda de Tetuán (@OViviendaTetuan) January 25, 2025

Ante la desprotección institucional hacia familias como la de Tamara y Alam, desde la OVT apelan a la movilización colectiva y a la celebración de asambleas barriales por todo el territorio del Estado. Ya que “lo institucional está viendo sus límites”, “si hay un desahucio, ve al desahucio para apoyar a tu vecina y si hay una alerta de desokupa, ve a enfrentar a desokupa, porque estamos ante un problema que nos atraviesa a todas la vida de forma muy violenta”, reivindican.