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Educación
La Junta de Andalucía rechaza 112 millones de euros para escolarizar a 12.000 niñas y niños
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros del martes el “rechazo expreso” del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla a la financiación con 112 millones de euros de 12.000 plazas de educación infantil en el territorio.
Esta financiación, según apunta Alegría, “permitíria a 12.000 familias andaluzas disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijas e hijos fueran escolarizados”. La ministra, además, ha apuntado que el rechazo se ha realizado a través de una carta emitida por la Junta de Andalucía, acompañada por una solicitud para su devolución.
Tras el anunció de la declinación del Ejecutivo andaluz de esa financiación, Alegría ha explicado que desde el Gobierno estatal se ha realizado una “nueva distribución para que el resto de comunidades autónomas puedan habilitar 2.900 plazas educativas”.
La Junta de Andalucía se ha defendido de lo expuesto por el gobierno alegando que el territorio “no necesita más plazas” y que su sistema “público-privado” de guarderías es un éxito. Un sistema en el que participan entidades privadas como Koala Soluciones educativas, perteneciente al CLECE de Florentino Pérez, con decenas de guarderías en Andalucía. La consejera, Carmen Castillo, ha pedido que “se le de una oportunidad” al modelo de educación infantil que su gobierno está creando
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El rechazo de la Junta viene tras darse a conocer, además, que el nuevo curso andaluz comienza su recorrido con varias decenas de centros educativos sin el equipo docente al completo y sin las infraestructuras necesarias para hacer frente a las necesidades educativas del alumnado, según denuncian sindicatos y colectivos como USTEA.
No es la primera vez que el Gobierno de Moreno Bonilla rechaza financiación relativa a la educación pública. En marzo de 2024 se daba a conocer que la Consejería de Educación devolvía 119 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation destinados a la creación de guarderías públicas y gratuitas. Se trata de un rechazo que tenía como objetivo salvaguardar los conciertos con entidades privadas que tiene la Junta de Andalucía en materia de educación infantil.
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