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Energías renovables
La lucha de La Calahorra contra una planta de biogás y dos macrogranjas en zona protegida y sobre un acuífero
Los vecinos de La Calahorra, en el norte de la provincia de Granada, y organizaciones como Ecologistas en Acción intentan impedir la instalación de una planta de biogás en la zona cuyas obras comenzaron el pasado abril. Acusan a la empresa responsable y al ayuntamiento de la localidad de estar invadiendo con los trabajos una zona de aves protegidas, de poner en peligro un importante acuífero para la comarca y de atraer varios proyectos de grandes granjas porcinas asociadas. Al mismo tiempo, la empresa responsable está tratando de ahorrarse más de 800.000 euros en impuestos municipales por el uso de suelo rústico aludiendo diferentes interpretaciones administrativas, lo que puede llevar a un litigio con el ayuntamiento.
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La Calahorra es un municipio de apenas algo más de 630 vecinos en la comarca de Guadix, en el norte de Granada, una región con varios proyectos de renovables ya en marcha y problemas recurrentes tanto de sequía como de despoblación.
La futura planta de biogás (técnicamente biometano, que está prevista que inyecte a la red de gas natural española) de La Calahorra es un proyecto de Agro Valorizaciones SL, empresa con otra planta de características parecidas en Campillo, Málaga, desde 2017, y un tercer proyecto a punto de iniciar obras en Salteras, Sevilla. Producen biogás alimentándose de materia orgánica, por lo que su asociación a grandes proyectos ganaderos es bastante habitual.
“El acuífero alimenta a toda la comarca, antes se nutría también de la nieve. Pero ahora ni nieva ni llueve, ¿y si ese agua se contamina?”, Juana Valderrama de ‘La Calahorra en Acción’.
Juana Valderrama, portavoz de ‘La Calahorra en Acción’, asociación que lidera las protestas en el pueblo, explica a El Salto Andalucía que se ha realizado “de espaldas al pueblo. El proyecto existía desde 2019, se le dieron los permisos en 2022 pero nosotras no nos enteramos hasta 2023”. Les preocupa sobre todo “el acuífero que alimenta a toda la comarca y que antes se nutría también de la nieve; pero ahora ni nieva ni llueve, ¿Y si ese agua se contamina?”. Las vecinas también temen que se produzcan problemas de malos olores como los denunciados desde 2017 en la planta de Campillo.
Actualmente las obras están denunciadas ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Seprona por invadir una rambla pública y saltarse los límites de ZEPAs (zonas de especial protección de aves) de Llanos del Marquesado, donde habitan especies en peligro de extinción como el sisón. Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra el permiso medioambiental de la Junta de Andalucía por entender que no tiene en cuenta ni los efectos sobre las aves protegidos ni sobre el acuífero “ni tampoco se evalúan los aspectos sinérgicos con otros proyectos del Marquesado (plantas fotovoltaicas, termosolares, eólicas y de evacuación de energía)”.
Ecologistas y vecinas señalan al “efecto llamada” de granjas intensivas de animales que la planta de biogás habría producido.
Se da la circunstancia de que en 2023 los vecinos ya detuvieron con sus protestas un gran proyecto de explotación porcina en la zona aunque, coincidiendo con los inicios de la obra de la planta, se han solicitado los permisos de dos nuevas. En principio se trataría de granjas intensivas, dado que los proyectos son para menos de 2500 animales (en concreto, una de ellas para 2498), que es lo que marca la ley para no ser consideradas ‘macrogranjas’. No están asociadas a la planta de biogás, prevista para trabajar con las granjas avícolas ya existentes de la zona, pero ecologistas y vecinas señalan al “efecto llamada” que la planta habría producido.
Polémica municipal
Alejandro Ramírez, alcalde de La Calahorra (PP), atendió a este medio por teléfono para asegurar que “el ayuntamiento en sí no puede hacer más que ir dándole trámite a la documentación que vaya entrando en el municipio. La licencia está arreglada. Si cumple, avanza. Si no cumple, no avanza. Así de simple”. Cree que las protestas se producen “porque todo lo desconocido crea incertidumbre y genera miedo y ese miedo a avanzar es muy manipulable”.
Las protestas se producen “porque todo lo desconocido crea incertidumbre y genera miedo y ese miedo a avanzar es muy manipulable”, Alejandro Ramírez, alcalde de La Calahorra.
Ramírez insiste en que los permisos medioambientales son cuestión autonómica y él ha dado traslado a la Delegación de Medio Ambiente de las denuncias vecinales, pero que entiende que “las condiciones de seguridad existen. El ayuntamiento lo que no puede es actuar fuera de sus competencias”.
También ha añadido que la cuestión de los más de 837.500 euros que de impuestos por ocupación de suelo rústico en disputa “son una cuestión técnica. Ellos alegan que la maquinaria utilizada para la planta no debería entrar en el cálculo, nosotros que sí. Se ha dicho que les íbamos a perdonar esa cantidad, pero no es cierto, si no la abonan, iremos a un contencioso”.
La oposición municipal es el PSOE de La Calahorra, con tres concejales de siete frente a cuatro de los populares. El portavoz socialista, Augusto Rosillo, lamenta que la obra de la planta “sigue en marcha con el ayuntamiento sin arquitecto técnico, porque el último renunció. La licencia prohibía empezar los trabajos en época de nidificación de las aves protegidas, nos consta que no han respetado los límites y además no han pagado el impuesto de ocupación de los terrenos rústicos”, asegura.
“El ayuntamiento tendría mil maneras de paralizar la obra pero ni la supervisa porque no tiene el personal, ni quiere. No consta director de obra, han invadido una rambla pública… son muchas irregularidades”, Augusto Rosillo, oposición PSOE.
Según el edil “el ayuntamiento tendría mil maneras de paralizarla, pero ni la supervisa, porque no tiene el personal, ni quiere. No consta director de obra, han invadido una rambla pública… son muchas irregularidades”, concluye.
“Un proyecto verde y medioambiental”
David Piñero, director general de Agro Valorizaciones SL, la empresa responsable de las plantas de La Calahorra, Salteras o Campillo, ha asegurado a El Salto Andalucía que desde la misma “intentamos explicar el proyecto a los vecinos, pero fueron los vecinos quienes no quisieron escucharnos. Cuando acudimos a la reunión a la que se nos invitó en el Ayuntamiento, no quisieron sentarse, lo que nos encontramos fue una manifestación. Creemos que estamos en medio de una disputa local que no tiene nada que ver con nuestro trabajo”.
“Los vecinos no quisieron escucharnos, nos encontramos una manifestación. Creemos que estamos en medio de una disputa local que no tiene nada que ver con nuestro trabajo”, David Piñero, director de Agro Valorizaciones SL.
Añade el empresario que “el nuestro es un proyecto medioambiental. La planta de la Calahorra es de energías renovables, serán los primeros gases renovables que se van a inyectar en la red de gas natural en Andalucía, contribuyendo a descarbonizarla”.
Añade, además, que la planta solo ha alcanzado acuerdos con una granja porcina de la zona ya existente, y que no saben nada de las nuevas anunciadas, ya que tienen previsto trabajar con explotaciones avícolas. Con todo, no oculta que manejarán purines “pero es algo totalmente secundario a nuestra receta, digamos, y además mejoraremos su gestión, porque sacaremos fertilizantes con un control infinitamente superior al actual”.
Piñero defiende que las obras han respetado los límites del ZEPA y de la rambla, y las medidas previstas para proteger el acuífero, así como que las denuncias por malos olores en Campillo “no tienen que ver con la planta sino con la gestión de los ganaderos de la zona”. En general, se muestra sorprendido por las protestas: “¿Cómo descarbonizamos la red de gas natural? ¿Qué hacemos? ¿Contra el cambio climático no se manifiesta nadie?”.
Protesta nacional en Madrid
El próximo 14 de septiembre plataformas vecinales y ecologistas de toda España están convocadas a manifestarse en Madrid bajo el lema ‘La España vaciada lucha para que no la llenen de estiercol’. Asociaciones contrarias a la instalación de plantas de biogás y las macrogranjas, porcinas o avícolas, que suelen llevar adheridas, entre las que se cuentan las vecinas de La Calahorra.
La lista de reivindicaciones incluye pedir una normativa nacional unificada que regule tanto plantas de biogás como macrogranjas, priorizando estudios ambientales y sociales al interés económico privado para que no se instalen en zonas cercanas a escuelas o viviendas. También exigen la participación en los proyectos de las comunidades afectados de forma “real y vinculante” y que estén dimensionados “de acuerdo con las necesidades y capacidades reales del entorno local”. Finalmente, añaden la creación de sistemas de control independientes que impidan la especulación con los proyectos.
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Comarca deprimida que ve por un lado como se abusa de su capa freática con multitud de embasadoras de agua y por otro como se contamina
esa misma agua etiquetada para el mercado como de extraordinaria pureza. ( Coca-cola, Nestlé etc. sitas en Madrid ). Multinacionales y granjeros sin escrúpulos, acabarán con la escasa vegetación de la zona, cegaran los pozos y dejarán tras de si un desierto yermo para beneficio y goce de los madrileños y la Sra. Ayuso.
Ya lo dijo aquel senegalés.- Cuando las multinacionales acaben con el pescado, cogeré mi cayuco y me iré allá donde se llevaron la pesca.
El mercado desregulado es el mayor depredador generador de desigualdad interterritorial que existe.