Euskal Herria
Euskadi culmina la transferencia del desempleo, la más importante desde la Transición

Hoy viernes se realiza en Madrid la reunión para firmar la transferencia a Euskadi de las prestaciones de desempleo y de los subsidios no contributivos. Una cita altamente simbólica porque culmina el gran compromiso del gobierno de coalición con el PNV para apoyar su investidura, pero que se ha negociado in extremis y hasta el último momento se ha dudado de si se produciría, ya que el Gobierno Vasco se negaba a acudir sin tener cerrado el acuerdo. Finalmente el anuncio se hizo ayer y será completado con el traspaso del seguro escolar, Salvamento Marítimo y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

El importante monto que conllevan las dos partidas las convierten en la mayor transferencia desde que se restableciera el autogobierno vasco en 1980, habiendo alcanzado 880 millones de euros en 2025 (casi 690 en prestaciones y 190 en subsidios en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba). Supone la aprobación del pago a las personas que actualmente tienen derecho a percibir la prestación de desempleo (31.200 en noviembre, último dato publicado) o los distintos subsidios asistenciales (21.200 personas). Euskadi es la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura (personas perceptoras entre el total de paradas registradas), tan sólo del 58%, frente a un 78% de media estatal y 73% en la Comunidad Foral de Navarra.

Ambas partes de la negociación han confirmado que el pago seguirá siendo responsabilidad de la Seguridad Social, que es quien recibe los ingresos por cotizaciones y dispone de la solvencia financiera para ello

A pesar de su trascendencia, la reunión de hoy de la comisión mixta de transferencias no agotará del todo la negociación, que entrará a partir de ahora en una fase más técnica, ya que son muchos los flecos que quedan por confirmar hasta que la asunción de la competencia por las instituciones vascas sea una realidad: ¿cómo y cuándo se hará el traspaso? ¿Cómo se integrarán las 534 personas y las 30 oficinas del SEPE en el Servicio Vasco de Empleo Lanbide? ¿Se descontarán del cupo vasco los gastos de gestión del SEPE asumidos por el Gobierno Vasco? 

El acuerdo al que se ha llegado tiene como objetivo descentralizar un derecho que hasta ahora garantizan el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en concreto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para las prestaciones de desempleo y la Seguridad Social para los distintos subsidios no contributivos. A partir de ahora las labores de recibir las solicitudes, analizar, resolver y comunicar cada caso, aplicando la normativa vigente para calcular la cuantía y duración correspondiente a cada persona, pasarán íntegramente a Lanbide, siempre sujetas a la legislación y financiación estatal.

Ambas partes de la negociación confirmaron ayer a Hordago El Salto que el pago seguirá siendo responsabilidad del Estado, a través de la llamada 'caja única' de la Seguridad Social, que es quien recibe los ingresos por cotizaciones y dispone de la solvencia financiera necesaria para ello, especialmente importante en momentos de crisis y un posible aumento de solicitudes.

De esa forma, desde la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, en manos del PSE, afirman haber “trabajado aquella fórmula que permita la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y el mantenimiento de la caja única, y que dé seguridad jurídica a la transferencia”. Así mismo, destacan que “fuimos la última comunidad autónoma que gestionamos las políticas activas de empleo y somos la primera en gestionar también las pasivas, lo que es un punto de inflexión en las políticas que pone en marcha Lanbide”.

“Para nosotros lo más lógico sería hacerlo a través del cupo vasco: que el Gobierno Vasco pague las prestaciones y, luego, descontarlo del cupo", indican desde Sumar

Por su parte, Lander Martinez, diputado de Sumar en el Congreso por Bizkaia, preguntado sobre la modalidad de pago, afirma que “para nosotros lo más lógico sería hacerlo a través del cupo: que el Gobierno vasco pague las prestaciones, en los mismos términos que ahora y, luego, descontarlo del cupo, como se hace con otras partidas”. 

Para el PNV, tercera parte de esta negociación desde Lehendakaritza y sus consejerías, se trata de un éxito al cumplir así con uno de los puntos más importantes fijados en el Estatuto de Gernika, pero a nadie se le escapa que su pretensión es mayor: la transferencia plena de la Seguridad Social y la gestión de las pensiones. “Supone un hito, se completará el traspaso de las políticas activas y pasivas correspondientes al bloque de la Seguridad Social; hoy es un gran día para Euskadi”, decía la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, cuando se confirmó el acuerdo en septiembre del pasado año.

“La última transferencia económica fue el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya negociación por parte del PNV en 2020 fue estrambótica" recuerda el economista Jon Bernat Zubiri

“En términos de gestión, el Gobierno Vasco ya es responsable de diversas prestaciones sociales no contributivas reguladas por el Estado”, explica el economista Jon Bernat Zubiri, que indica que “la última transferencia económica fue el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya negociación por parte del PNV en 2020 fue estrambótica, ya que aunque la financiación provenga del estado lo que más importa al PNV es que el pago lleve su sello propio”. Aún así, considera que “las instituciones vascas gestionan esa y otras prestaciones porque tienen los mecanismos institucionales adecuados para hacerlo, por lo que en adelante y con la incorporación de la plantilla del SEPE no habrá ningún problema, aún suponiendo un aumento de volumen y complejidad de gestión importante”. 

“Para nosotros —explica Lander Martínez— lo lógico es que los trabajadores que se encargan de las prestaciones pasen a ser responsabilidad del Gobierno Vasco, pero aún no está tan avanzada la negociación”. El problema, indican los expertos, es saber si estos funcionarios y trabajadores públicos cumplen con requisitos para ser personal laboral en Euskadi, como el dominio del euskera, o si, tal y como se prevé, serían directamente absorbidos como personal técnico experimentado en la ejecución concreta de las políticas pasivas de empleo.

Para el Gobierno Vasco supone “un punto de inflexión“ porque permite a Lanbide ”activar a las personas en desempleo gestionando al mismo tiempo el colchón social que se genera con las prestaciones y subsidios”

Así lo confirman fuentes del Gobierno Vasco, que también indican a este medio que la transferencia supone “un punto de inflexión en las políticas que pone en marcha Lanbide porque permite activar a las personas en desempleo gestionando al mismo tiempo el colchón social que se genera con las prestaciones y subsidios”. 

“Como fuerza política a favor de la descentralización y que pensamos que el Estatuto de Gernika se debe cumplir, estamos a favor, pero también queremos que las transferencias se hagan bien y desde una forma lógica”, comenta a Hordago El Salto el diputado de Sumar, que identifica la problemática que hay en la forma de hacer el traspaso a la falta de definición que tiene esta competencia en la redacción del Estatuto. “Nunca se entendió muy bien qué eran las transferencias que vienen en el Estatuto y eso es lo que estamos viendo ahora”, indica, pero explica que su principal meta es que se respete ese traspaso y que sea lo mejor posible para las personas que reciben estas prestaciones y subsidios.

Una mejora o mantenimiento de las actuales condiciones que, aún estando garantizada por la ley, puede ponerse en duda a la vista del auge del discurso ultraderechista de “mayor control”, criminalización de la pobreza y recortes efectuados en la última década y media por el PNV en la prestación que el Gobierno Vasco ha gestionado desde siempre, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), tal y como denunciaba la periodista Raquel Andrés o el sociólogo Imanol Zubero.

El empleo gana importancia en el autogobierno vasco

Para los expertos este traspaso de competencias no es como otros que se han realizado en los últimos años. Hasta ahora, Euskadi tiene como grandes competencias íntegramente asumidas la Sanidad (5.300 millones anuales) y la Educación (3.350 millones), que suman la mitad del presupuesto del Gobierno Vasco aprobado para 2026, pero que son competencias asumidas también por todas las demás comunidades autónomas.

La tercera partida en importancia es la competencia autonómica en empleo, con los 1.000 millones anuales que ya gestiona Lanbide, seguido de la materia compartida entre ambos gobiernos en cuanto a seguridad, asumida en Euskadi por la Ertzaintza (850 millones), pero con la persistente presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Con esta transferencia la política de empleo se consolida como la tercera competencia más importante del gasto público vasco, tras salud y educación

Con la transferencia que se firma hoy la política de empleo gana importancia y se consolida como la tercera competencia más importante del gasto público gestionado desde las instituciones vascas. Una partida que en momentos de crisis se incrementaría muy por encima de los 880 millones actuales, al haber mayor número de personas paradas y por tanto más perceptoras de las prestaciones por desempleo. 

“Más allá de las discrepancias que pudiera haber entre ambos gobiernos sobre el desarrollo normativo y la ejecución en dichas materias, el quid de la disputa actual ha estado en el modelo de financiación de la transferencia”, indica Zubiri, que asegura que “siendo el Gobierno Vasco quien aprobará y comunicará, en base a la legalidad vigente, las prestaciones y subsidios a cada persona en cada caso concreto, la clave de la negociación estaba en quien va a hacer los pagos”.

Los expertos recuerdan que es la caja única de la Seguridad Social quien recauda y seguirá garantizando los fondos para las prestaciones por desempleo

Para el economista ha habido dos opciones sobre la mesa, “que se pague desde la propia Seguridad Social, que con su caja única es quien recauda y seguirá garantizando los fondos para ello, o desde el Gobierno Vasco, recibiendo una transferencia directa o descontando el montante total en el cupo”. “Esta segunda opción es siempre la preferida por el PNV, pero puede suponer problemas de financiación en los momentos de crisis y aumento del paro, ya que no habrá, al menos por ahora, la asunción de gestión de la Seguridad Social y de los ingresos por cotizaciones de trabajadores y empresas por parte de las instituciones vascas, tal y como prevé el Estatuto de Gernika”, concluye.

Aunque parezcan cosas menores, una fuente de la negociación en Madrid afirma que también es importante “definir qué programa informático se utilizará, el traspaso de oficinas y edificios y cómo de transparentes y comparables serán los datos cuando se asuma la competencia”. Sea como sea, los expertos recuerdan que las condiciones para recibir las prestaciones y subsidios seguirán siendo reguladas por el Estado y no cambiarán para la ciudadanía vasca, por lo que los beneficiarios actuales y futuros no tienen por qué tener incertidumbre en ese sentido.