Opinión
Lanbide ejerce violencia institucional sobre las personas pobres

Me imagino, quiero imaginarme, que el tercer sector de acción social vasco, en su totalidad, está hoy empezando a movilizarse para confrontar la decisión de Lanbide de impulsar un “Buzón de Comunicaciones Antifraude” que permita recoger denuncias anónimas sobre posibles actuaciones irregulares en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Imagino, no entendería que no fuera así, que los teléfonos y correos electrónicos del viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, el director general de Lanbide, Francisco Pedraza, y la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, estarán colapsados por las llamadas y mensajes de centenares de personas directivas, profesionales y voluntarias de las entidades sociales que trabajan contra la exclusión, de investigadoras e investigadores en el ámbito de las políticas sociales, pidiendo explicaciones por una actuación que supera, y parecía difícil, aquella infame campaña de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 con el lema “ayudas sí, control también” para presentar su Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019. Por mucho menos que esto perdió Maroto la alcaldía de Vitoria-Gasteiz en 2015.

Repetidamente se utiliza el argumento del control estricto de las personas perceptoras (base de esa suspensión cautelar sistemática advertida por el Ararteko) como una forma de legitimación de la RGI frente a una opinión pública y publicada cada vez más crítica con esta ayuda. No estoy de acuerdo. Al contrario, creo que se está provocando el efecto contrario, el aumento del discurso deslegitimador.

Más inspectores

En 2023 Lanbide puso en marcha una nueva Unidad de Inspección para “controlar el correcto cumplimiento” de la RGI, con 19 inspectoras e inspectores. Como si el de las prestaciones sociales fuese un lodazal de corrupción. Comparemos este esfuerzo inspector con el hecho de que en febrero de 2023 contábamos con 51 plazas de inspección de trabajo para toda Euskadi, de las que 10 estaban vacantes. Estamos hablando de un ámbito, el laboral, en el que ya se han producido 30 muertes este año.

He podido leer que hasta la fecha esa Unidad de Inspección ha revisado 5.426 expedientes, correspondientes al total de concesiones realizadas en el ejercicio 2023, con el resultado de que se han iniciado 14 procedimientos de control que podrían acabar en una extinción de la prestación y en la prohibición de solicitarla en un periodo de dos años. ¡14 procedimientos, un 0,25% del total de expedientes inspeccionados! Si esto no es matar moscas a cañonazos…

Es urgente tomar la iniciativa contra la deriva punitivista de Lanbide, ya que no podemos permitir que el discurso aporofóbico se instale en nuestra sociedad de la mano de las instituciones públicas

No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas. Y menos si lo hace la propia administración. Hace mucho que lo vengo diciendo.

A lo largo del año 2023 y hasta julio de 2024 Lanbide suspendió la RGI a casi 6.000 personas, algo más de un 10% del total de personas perceptoras. Ya solo este dato debería activar nuestra atención y sacarnos de cualquier discurso autocomplaciente. “¿Por qué no observar la estructura de los programas en vez de las fallas de los beneficiarios? […] ¿Por qué no diseñar programas que toleren más las equivocaciones?”, se preguntan y nos preguntan S. Mullainathan y E. Shafir en el libro Escasez. Máxime cuando en la mayoría de los casos ni siquiera hablamos de equivocaciones de las personas perceptoras sino de fallos en el propio programa, que pretende formalizar, burocratizar y controlar unas vidas cada vez más líquidas, más inciertas, más fluidas. Con lo que acaba por imponer normas y procedimientos que rompen la organicidad de la vida.

La nueva RGI: no solo recortes

Lucia Manara

Opinión

Opinión La nueva RGI: no solo recortes

Lucia Manara

Las declaraciones triunfalistas de los políticos profesionales hicieron pasar desapercibido un sutil movimiento burocrático destinado a reducir, a efectos prácticos, el acceso a la RGI para los estratos más empobrecidos de la población.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudiaba la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el 14 de junio de 2022, el Ararteko señaló lo siguiente: que la suspensión cautelar de la RGI no sea utilizada “de manera sistemática”; que gran parte de los incumplimientos por los que se suspende son meros trámites, como “la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón” o no presentar “cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder”, y recordó algo esencial: que esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables.

Este recordatorio resulta especialmente relevante porque lo cierto es que si consultamos la web del Ararteko encontraremos un largo rosario de referencias a suspensiones o extinciones de la RGI a personas muy vulnerables que, si bien han sido atendidas por la administración vasca, suponen una gravísima afectación a la vida de personas en situación de enorme vulnerabilidad. “Pero muchas de esas suspensiones finalmente han sido revertidas”, podrá decir alguien; sí, pero tras una suspensión indebida, apresurada, poco o nada reflexionada, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas: dificultades o imposibilidad de pagar alquileres o créditos, para acceder a la alimentación, etc. Las suspensiones, aunque sean temporales y aunque puedan ser revisadas, suponen introducir más escasez en existencias ya truncadas por la escasez, con lo que esto significa. Cito de nuevo el imprescindible estudio de Mullainathan y E. Shafir:

“La escasez no es sólo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar […] cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente […]. Menos dinero significa menos tiempo. Menos dinero significa que es más difícil socializar, menos dinero significa alimentos de menor calidad y menos saludables. La pobreza significa escasez de los propios artículos que sostienen casi todos los demás aspectos de la vida.[…] Las personas de escasos recursos […] hacen malabares para pagar renta, préstamos, cuentas atrasadas, y cuentan cada día que falta para que les paguen su cheque. Emplean su ancho de banda para administrar su escasez. […]Algo de lo que más carecen los pobres es ancho de banda. La mera lucha por estirar los ingresos les deja menos de este recurso vital”.

Es a estas personas, en estas circunstancias, a las que se está suspendiendo la RGI. A las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de lo que se ven privadas. Y es sobre esas personas sobre las que se arroja ahora, de una forma absolutamente inaceptable, la sospecha del fraude.

“¿Qué es una sociedad decente?”, plantea el filósofo A. Margalit. Esta es su respuesta: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. ¿Y qué es la humillación? El mismo autor dice que “es un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto”. ¿Estamos seguras de que el sistema de gestión de la RGI cumple el criterio de decencia de Margalit? Yo digo que no.

Se está suspendiendo la RGI a las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de lo que se ven privadas. Y es sobre esas personas sobre las que se arroja ahora, de una forma absolutamente inaceptable, la sospecha del fraude

Isabel Torre es una investigadora que en el año 2023 defendió la tesis Emociones y activación. Un análisis de las subjetividades de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, en la que concluye lo siguiente: “Las principales emociones en la experiencia de encontrarse percibiendo la RGI son el miedo, la tristeza, la vergüenza y la duda. Ante tales emociones, de signo negativo, se desprende una posible erosión de las subjetividades de los individuos bajo estudio, así como una dura gestión emocional. Se confirma, pues, que la actual configuración de la RGI y el imaginario colectivo acerca de la misma no sirve a las personas usuarias como herramienta de empoderamiento”. ¿Desearíamos para nosotras una realidad así?

La “teoría de la justicia” de John Rawls

En su Teoría de la justicia John Rawls desarrolló las ideas de la “posición original” y el “velo de la ignorancia” como herramientas conceptuales diseñadas para fundamentar principios de justicia imparciales y equitativos. La posición original es un experimento mental en el que individuos racionales y libres deliberan sobre los principios que regirán la estructura básica de la sociedad (instituciones políticas, económicas y sociales).

Estas personas buscan maximizar sus propios intereses, pero no tienen poder ni privilegios sobre otros, asegurando así un proceso equitativo. Estas personas diseñan las reglas desde cero, sin sesgos, ya que operan en el marco del velo de la ignorancia, de manera que desconocen ciertas características de sí mismas o de su lugar en la sociedad, tales como: su posición socioeconómica (ricos, pobres, clase media, etc.), sus habilidades naturales (inteligencia, talento, fuerza, etc.), su género, raza, religión o cualquier otra circunstancia particular, sus preferencias personales o valores específicos.

Esto significa que las personas participantes deben formular principios de justicia sin saber si serán ricos o pobres, hombres o mujeres, privilegiados o marginados. La idea es que, al eliminar el conocimiento de estas diferencias, las decisiones que tomen serán imparciales, ya que nadie puede diseñar reglas que beneficien a su posición particular.

El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes si lo hacen?

El propósito de la posición original y del velo de la ignorancia es garantizar que los principios de justicia acordados sean universales (aplicables a todas las personas, independientemente de sus circunstancias), imparciales (no influenciados por intereses particulares o sesgos) y equitativos (que protejan a las menos aventajadas y aseguren una igualdad básica de oportunidades).

En estas condiciones, ¿de verdad diseñaríamos este sistema de rentas mínimas? ¿O lo hemos diseñado así porque sabemos perfectamente que nunca vamos a vernos en la tesitura de tener que transitar por el espacio de la RGI y someternos a sus exigencias? El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes si lo hacen

Viviane Forrester nos interpela en El horror económico con un interrogante que no podemos dejar de responder: “En este sistema sobrevuela una pregunta esencial, jamás formulada: ¿Es necesario merecer el derecho a vivir?”. Yo digo que no, y estoy en disposición de hacer lo que sea preciso para avanzar, y hacerlo con rapidez, hacia la incondicionalidad de las rentas que garanticen los ingresos necesarios para evitar la escasez. Y hacerlo de la única manera en que es posible que esa incondicionalidad no genere agravios, que es con criterio de universalidad.

Es urgente poner en pie una iniciativa ciudadana que corte en seco la deriva punitivista de Lanbide. No podemos permitir que el discurso aporofóbico se instale en nuestra sociedad, mucho menos que lo haga de la mano de las instituciones públicas.

Ni Palacio de Justicia ni Teresa de Calcuta

Imanol Zubero

Racismo

Afari Solidarioak Ni Palacio de Justicia ni Teresa de Calcuta

Imanol Zubero

En Euskadi, de un tiempo para acá, hemos empezado a rechazar dejarnos “engañar” por el sufrimiento, por más a la vista que lo tengamos

Discursos de odio El Ayuntamiento de Donostia prohíbe las cenas solidarias