Euskal Herria
La transferencia a Euskadi de los subsidios de desempleo se atasca y deberá negociarse en los próximos meses

La primera fase de transferencias de la Seguridad Social a las instituciones vascas, acordadas con el PSOE a cambio del apoyo del PNV a la investidura de Sánchez, no ha logrado completarse como pretendía el Gobierno Vasco. En una negociación bilateral con el Gobierno de España, el ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales solo ha consumado el traspaso de algunas prestaciones familiares, hasta ahora gestionadas en Euskadi por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones liderado por la socialista navarra Elma Saiz. Su relevancia asciende a unos 100 millones de euros anuales, que serán descontados en el pago anual del cupo, y son actualmente percibidos por unas 20.000 personas.

Por su parte, la negociación con el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz no ha prosperado aún, lo que retrasa la transferencia de los subsidios de desempleo no contributivos. Como afirmó el pasado miércoles el dirigente vasco de Sumar Lander Martínez, “este traspaso requiere tiempo y garantías jurídicas, es decir, más trabajo”. Estos subsidios ascienden a 16,5 millones en el mes de junio de 2025 -último dato disponible en el SEPE- y su volumen presupuestario no estaría por debajo de los 200 millones anuales. Más sensibles a la coyuntura, en la actual campaña de verano los cobran unas 15.000 personas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, pero eran en torno a 20.000 en mayo y en los meses anteriores.

La transferencia de las prestaciones de desempleo ya fue foco de disputa entre ambos gobiernos durante la década del 2000, en la que se traspasaron las políticas activas a las comunidades autónomas

Parece aún más complicado que se logre en el corto plazo la gestión de las prestaciones contributivas por desempleo, que cobran ahora mismo más de 29.000 personas. Esto supone un desembolso de 70,2 millones en junio de 2025, es decir, no menos de 700 millones al año, aunque seguramente bastante más en un futuro cercano.

Esta transferencia de las políticas pasivas de empleo ya fue foco de disputa entre ambos gobiernos durante la década del 2000, en la que se transfirieron las políticas activas a las comunidades autónomas. Liderado en esta materia por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, el dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga, el Gobierno Vasco consideraba entonces que ambas políticas de empleo debían gestionarse en el mismo nivel competencial y asumirse al mismo tiempo, dada la necesaria complementariedad para su desarrollo eficaz en la vuelta al empleo o, en su defecto, la garantía de ingresos a personas con dificultades para ser contratada. La competencia de políticas activas no llegó hasta 2011, siendo Euskadi la última comunidad autónoma en asumirla y para la que hizo falta que cambiara el gobierno vasco y unas duras negociaciones a tres bandas.

¿Para qué la transferencia del desempleo?

De nuevo sobre la mesa, el fondo del debate actual vuelve a ser, por tanto, la gestión por parte de Lanbide de las prestaciones de desempleo y, a término, del conjunto de la Seguridad Social incluidas las pensiones, tal y como recoge desde hace casi 50 años el Estatuto de Gernika.

Si la negociación sigue su curso y el PNV contribuye a la estabilidad del gobierno de España, se irán completando estas transferencias, quedando fuera del interés partidista, especialmente de los abertzales, la concreción de los objetivos políticos con los que se pretende lograr nuevas competencias.

La gestión no implica la legislación, pero sí el desarrollo normativo que no afecta al régimen económico, como recoge el artículo 18 del Estatuto de Autonomía. La Consejera de Autogobierno Maria Ubarretxena ha precisado que lo que tiene principal interés para el PNV es la concesión de las prestaciones, es decir su reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora, lo que incluye la negación o retirada de las mismas en determinadas situaciones.

¿Tiene el Gobierno Vasco algún objetivo diferenciado del español al asumir estas competencias? ¿Podría ser, como asegura Junts en Catalunya, para hacer una gestión restrictiva de los derechos de la población migrante? ¿O para, como vienen haciendo las instituciones vascas, restringir el acceso a prestaciones para personas en riesgo de pobreza? ¿O, como propone el PNV en un tema relacionado, para impedir que aumenten las indemnizaciones por despido como exigen la Carta Social Europea y sentencias en la materia?

El problema del paro real es bastante mayor que el del 7% de la población activa que suele estimarse y que el PNV y el PSE reivindican con cierto triunfalismo

Las implicaciones de gestionar los subsidios y prestaciones de desempleo son importantes en términos presupuestarios, pero tiene mayor trascendencia la orientación política con que se apliquen. A pesar de que el Eustat solo reconoce en sus estimaciones a 75.000 personas paradas, el SEPE tiene registradas en la Comunidad Autónoma Vasca más de 103.000 a la búsqueda de empleo en junio de 2025, y Lanbide a 104.000 en mayo de 2025. Todas ellas desempleadas en su acepción más restrictiva, sin contar las paradas desanimadas no registradas, caídas en inactividad forzada, así como las mujeres a tiempo parcial que buscan empleos a tiempo completo. Es decir, el problema del paro que se quiere ahora empezar a gestionar autonómicamente es bastante mayor que el del 7% de la población activa que suelen reivindicar el PNV y el PSE con cierto triunfalismo.

En términos de gestión, el Gobierno Vasco ya es responsable de diversas prestaciones sociales no contributivas reguladas por el Estado. La última transferida es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya negociación por parte del PNV en 2020 fue estrambótica. Las instituciones forales y autonómica gestiona esa y otras prestaciones porque tiene los mecanismos institucionales adecuados para hacerlo.

Lo que ahora se busca es ampliar esta capacidad de gestión con personal del SEPE en sus oficinas vascas y con una mayor complejidad administrativa, dado el aumento de los casos en los que las familias y las personas demandantes de empleo se deberán dirigir a Lanbide, hoy en día gestionado por una consejería de Trabajo a cargo del PSE y el vicelendakari, Mikel Torres.

Horizonte de gestionar las pensiones

En el horizonte de esta negociación está la transferencia completa de la gestión de la Seguridad Social, a sabiendas de que no se podría legislar en favor de pensiones o prestaciones más altas, lo que sería deseable dado el mayor coste de vida en Euskadi, aspecto hoy día asumido por todas las partes.

A la limitación política que esto supone, se suma que en la relación de ingresos y gastos se generarían dificultades presupuestarias, dado que el déficit del conjunto del sistema en el Estado es más alto en la Comunidad Autónoma Vasca. Esta mayor descompensación sucede porque el actual diferencial en salarios es ya menor que en tiempos pasados, mientras que las pensiones medias si que se mantienen altas y han subido a mayor ritmo que las remuneraciones del trabajo.

Es decir, Euskadi ya no es líder en salarios, siendo superior el medio bruto en Madrid, pero sigue a la cabeza en la cuantía de las pensiones. Esto implica que no sea fácil estimar la aportación anual que se debería hacer por parte del Fondo de Reserva o la Caja Única, para que la transferencia integral de la gestión propia no requiriera de recortes en las sumas percibidas, que no sería legal, o en otras partidas del gasto público vasco, siendo las principales salud, educación y policía.

El déficit del sistema lo provoca la asunción por parte del Estado de una serie de prestaciones no contributivas a su cargo, siendo la solución más sencilla el aumento de las cotizaciones patronales e impuestos a las rentas medias y altas

En cualquier caso, el déficit del sistema lo provoca en gran medida la asunción por parte del Estado de una serie de prestaciones no contributivas a su cargo, con la posible solución de una reforma fiscal progresiva de aumento de las cotizaciones patronales y de los impuestos a los beneficios y a las rentas medias y altas. El PNV ya se ha mostrado contrario a esta opción, además de no aplicar en Euskadi, al menos por ahora, las medidas fiscales progresistas aprobadas en España.

Sea como fuere, el Ministerio de Seguridad Social del Estado seguiría no solo legislando, sino que, como afirma el experto Mikel de la Fuente, también recibiría los superavits y financiaría los déficits que se dieran por parte del sistema propio de gestión de las pensiones vascas, así como del resto de ingresos y gastos de la Seguridad Social de Euskadi.

Sería favorable a la población vasca la solidaridad de un sistema de pensiones español a día de hoy más solvente por razones fiscales, sociales, salariales y demográficas

Alguna voces contrarias al autogobierno alertan sobre la ruptura de la Caja Única, cuando en realidad una gestión diferenciada que sea solidaria e interconectada de mutuo acuerdo no tendría mayor problema y, de hecho, sería favorable a la población vasca que se seguiría beneficiando del grado de solidaridad del sistema de pensiones español, a día de hoy más solvente por razones fiscales, sociales, salariales y, en menor medida, también demográficas.

Debate técnico, negación de lo político

Debates políticos como el del complemento de las pensiones mínimas en toda Eukal Herria, para la que se ha presentado una ILP en el Parlamento Vasco, así como la limitación del sistema de pensiones privadas o EPSV, que según la economista Nekane Jurado tiene para las arcas públicas vascas un coste mucho mayor que la RGI, quedan fuera de esta negociación sobre transferencias. La discusión oficial queda limitada, por tanto, a cuestiones técnicas sobre gestión, en detrimento del debate sobre sus implicaciones políticas.

Como ya apuntaba hace una década el informe de Ignacio Zubiri y Mari Carmen Gallastegui , la economía sumergida y fraude fiscal son muy altos en Euskadi, dificultando la gestión centralizada de las cotizaciones sociales el afloramiento de nuevos ingresos. Una transferencia completa de las prestaciones de desempleo y las pensiones también supondría un traspaso de la competencia de recaudación de la Seguridad Social, incluida su inspección y desarrollo normativo dentro del marco legislativo común.

La trasferencia completa de las cotizaciones sociales podría compensar parte del déficit en pensiones, al tiempo que paliaría la escasez de recursos del regresivo sistema fiscal vasco

Este cambio podría ayudar a compensar parte del déficit vasco en el sistema de pensiones, al tiempo que paliaría la escasez de recursos provocada por su regresivo sistema fiscal. Como afirma Ahoztar Zelaieta, las fiscalidad es una de las piezas del clientelismo del PNV y su caracter crónico va en contra del interés común, quedando demostrado, por ejemplo, en el “caso Bravo” de la Hacienda de Gipuzkoa.

Este caso, como otros de extrema gravedad penal, dan muestra de las consecuencias de un autogobierno vasco que, lejos de ser un oasis, es más bien otro corralito foral, foco de una corrupción sistémica cuyo grado de impunidad no tiene equivalentes dentro de la Unión Europea.