Extremadura
Las elecciones extremeñas testean la estrategia de desgaste del PP para 2026

El año político se cierra con el primer gran test que debe confirmar las tendencias electorales para 2026. Las elecciones en Extremadura han sido planteadas por el Partido Popular como una prueba de la magnitud de la crisis del PSOE y, al mismo tiempo, como una comprobación del daño real que puede generar Vox al partido de Alberto Núñez Feijóo.

En octubre de este año, Guardiola se adelantaba a sus homólogos en otras comunidades autónomas, y cerraba la Asamblea de Extremadura después de no poder pactar con las otras tres fuerzas del hemiciclo el presupuesto regional de 2026. Posteriormente ha sucedido lo mismo en Castilla y León y Aragón. El test planteado por Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón va en la misma dirección: examinar cuánto cuesta a las baronías autonómicas del PSOE el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las encuestas dicen que mucho. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Extremadura publicado en noviembre da una clara victoria al Partido Popular, que puede alcanzar el 38,5% de los votos, un resultado casi idéntico al de 2023. Las encuestas de empresas privadas amplían el margen del PP, que puede situarse por encima del 41%, pero no sitúan a Guardiola en los números necesarios para una mayoría absoluta, que se obtiene con 33 diputados.

En los últimos días, la campaña ha estado marcada por la elevación a casus belli por parte de Guardiola de un incidente de robo de voto por correo. Como ha sido habitual en otros procesos electorales recientes, la sombra del “pucherazo” ha sido extendida, pese a que los hechos presentados son de poca importancia. En el pueblo de Fuente de Cantos (Badajoz) fueron sustraídos, 124 emitidos por Correos. Guardiola posteó sobre el asunto: “Se está robando la democracia delante de nuestros ojos”, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de no ofrecer “garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación”. El robo ha sido catalogado como delincuencia común por parte de Guardia Civil y Delegación de Gobierno ya que, en la misma caja en la que estaban las papeletas había una cantidad cercana a los 14.000 euros.

Gallardo no ha sido un gran activo para los socialistas en campaña, habida cuenta de que su nombre aparece ligado a uno de los casos con los que la derecha sacude al Gobierno de Pedro Sánchez

El PP ampliará, eso sí, su ventaja sobre unos socialistas encabezados por el candidato Miguel Ángel Gallardo que, según el CIS, caerían desde el 39% al 31%. Gallardo no ha sido un gran activo para los socialistas en campaña, habida cuenta de que su nombre aparece ligado a uno de los casos con los que la derecha sacude al Gobierno de Pedro Sánchez, la contratación por parte de la junta del hermano del presidente, David Sánchez. El candidato del PSOE el 21 de diciembre está imputado en el proceso, que se desarrollará en mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La extrema derecha se postula como ganadora relativa de la noche electoral. Según el CIS, su porcentaje de votos aumentará desde el 8 al 17%. Su candidato es Óscar Fernández Calle, que sustituye a Ángel Gordillo. Vox no cambia de libreto. Su campaña ha estado centrada en el discurso racista contra la migración que se escucha desde Washington hasta Nueva Delhi, pese a que Extremadura es la comunidad con menos proporción de población extranjera de todo el Estado.

Izquierda a contracorriente

Extremadura, eso sí, es una excepción territorial para la izquierda alternativa. Unidas por Extremadura, proyecto que engloba a Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, se mantiene cohesionado desde hace más de siete años, y sus resultados en el ciclo electoral que comenzó a partir de 2014 han premiado ese entendimiento. Todo indica que volverá a ocurrir esta noche electoral. La encuesta del CIS deja al proyecto que encabeza Irene de Miguel al borde del 10%, por encima de su resultado hace dos años y medio, cuando fue cuarta fuerza con el 6% de los votos.

Extremadura es una excepción territorial para la izquierda. Unidas por Extremadura, proyecto que engloba a Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, se mantiene cohesionado

Las formas de convergencia de la izquierda en Extremadura han sido firmes desde 2015, año en el que la actual candidata entró en la Asamblea y Podemos consiguió un 8% del voto, superando el techo marcado por Izquierda Unida cuatro años antes. De Miguel es actualmente la principal baza autonómica de Podemos y desde esa posición ha mostrado discrepancias con la dirección morada, especialmente en torno a las alianzas estratégicas. El entendimiento con IU en la región es total, como muestra el hecho de que los principales actos electorales han juntado a De Miguel con Nerea Fernández Cordero, número dos de la candidatura.

En esta campaña han participado Ione Belarra e Irene Montero, de Podemos, así como Antonio Maíllo, secretario general de Izquierda Unida y uno de los pocos creyentes de la unidad de la izquierda con mando en plaza. En cambio, en campaña no han aparecido ni Yolanda Díaz, líder de Sumar, ni Pablo Iglesias, referente del espacio político.

La posibilidad de que entre un quinto partido en la sede parlamentaria del Hospital de San Juan de Dios es residual, según las encuestas. De este modo, se trata de corroborar un giro hacia la derecha de la comunidad que se produjo por escaso margen en 2023, pero que en esta ocasión apunta como más rotundo: PP y Vox pueden llegar a copar el 55% de los votos conjuntamente y el PSOE y su izquierda apunta más bien al 40% de los sufragios. La incógnita, no obstante, es saber qué pasará con ese nuevo escenario: si Vox mantendrá su estrategia de bloqueo a los gobiernos del Partido Popular —y si ese bloqueo imposibilita la investidura de ningún candidato— o si se abre de nuevo al apoyo a Guardiola.

Las elecciones se producen dos años y medio después de la última cita autonómica. En aquella ocasión, el PSOE del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara se mantuvo como fuerza más votada con 7.000 votos de ventaja sobre el PP de Guardiola, pero el crecimiento de Vox, que pasó de cero a cinco diputados en la Asamblea de Extremadura, dio la investidura a Guardiola en el verano de 2023 y supuso la entrada de la extrema derecha en la Junta por primera vez desde la restauración de la democracia. Un año después se rompía ese acuerdo, dentro de un marco determinado por la dirección de Santiago Abascal en Madrid destinado a romper con el PP por su supuesta debilidad en materia de migración.

La extrema derecha y el Partido Popular sí se han puesto de acuerdo en aplicar una serie de rebajas fiscales a los grandes patrimonios que han marcado la pasada legislatura. En abril, se aprobaban nuevas bonificaciones a la compra de vivienda, y rebajas en los impuestos de sucesiones y donaciones. 

El indicador europeo Arope, con el que se mide la pobreza y exclusión social sitúa a la comunidad extremeña en el furgón de cola del Estado. El XV informe sobre El Estado de la Pobreza en España, publicado en junio de este 2025 por la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) muestra que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son las tres comunidades con mayor proporción de población en pobreza. En el caso extremeño, el 32,4% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión y casi diez de cada cien habitantes (9,3%) están en los umbrales de pobreza severa.

Una de las últimas muestras de acuerdo entre PP y Vox ha sido la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región para su sustitución por una llamada Ley de Concordia, realizada, según denuncian las asociaciones memorialistas sin consulta ni participación de las asociaciones memorialistas. En ella se elimina el reconocimiento y reparación integral de víctimas de la dictadura, desaparece la condena al franquismo, se obstaculizan las exhumaciones y se incumplen las recomendaciones de la ONU.

El cierre de la Central Nuclear de Almaraz ha sido otro de los focos de la campaña electoral. La próxima legislatura debe ser en la que se apaguen los reactores de una de las cinco centrales que siguen funcionando en el territorio. En el último año ha nacido la plataforma Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de esta planta que, según sus partidarios, genera 3.800 empleos en la región y que es propiedad de una entente de Naturgy, Iberdrola y Endesa. Las cifras reales señalan que los empleos directamente vinculados a Almaraz son 750, más otro millar empleado temporalmente en labores de recarga.

María Guardiola ha sido una de las signatarias del manifiesto de esa alianza y Vox también ha defendido que siga funcionando una central que tiene más de 40 años de vida. Con pocos matices, el sostenimiento de Almaraz también es la opción del PSOE de Extremadura. Gallardo ha defendido la “paralización” del cierre de Almaraz hasta que haya “una alternativa”. De entre los partidos con opciones de entrar en la próxima asamblea, solo Unidas por Extremadura defiende que se cumplan los plazos de apagado de Almaraz. Además de los argumentos ecológicos y de seguridad, Irene de Miguel defiende que el cierre programado de la central está asociado a la creación de empleo. Un informe de Greenpeace de 2016 señalaba que el desmantelamiento de los reactores en España supondría la creación de cien mil puestos de trabajo, a los que habría que sumar 200.000 relacionados con las energías renovables para la sustitución del flujo producido por la energía atómica.