Fondos buitre
Vecinas afectadas por la especulación de Cerberus salen a reivindicar su derecho a la vivienda

¿Qué tienen en común las localidades madrileñas de Villaverde, Parla, Getafe y Vallecas? Los vecinos de estos barrios y ciudades del sur de la capital llevan años peleando contra la amenaza feroz de Cerberus, un fondo de inversión estadounidense que ya ha comprado más de 150.000 activos inmobiliarios a los bancos BBVA, Sabadell y Santander por toda la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellos, casas donde viven, desde hace años, familias con contratos de alquiler.

Gerardus ‘Geert-Jan’ J. Schipper, homo Cerberus

Felicia Barrio

Sistémico Madrid

Sistémico Madrid Gerardus ‘Geert-Jan’ J. Schipper, homo Cerberus

Felicia Barrio

Promontoria, Inmoglaciar, Haya Real Estate, Divarian… El fondo que más desahucia tiene muchas caras, una gigantesca trama societaria en Holanda e Irlanda y sede en un piso de 425 metros de la calle Serrano.

Las más de 25 familias afectadas por la compra de sus pisos por parte de este gigante inmobiliario, hartas de ver cómo los fondos buitre se lucran a costa de sus vidas y amparadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han sacado su rabia colectiva a la calle este miércoles frente a las oficinas de la inmobiliaria de Cerberus, Intrum/Solvia, en el barrio de Hortaleza, donde han llevado a cabo una acción de protesta bajo el lema #TraficantesDeCasas.

Este fondo, que actúa mayoritariamente en Cataluña, País Valencià, Madrid y Andalucía, cuenta con numerosas ventajas legales a la hora de llevar a cabo sus operaciones de compra inmobiliaria

Richard Rodríguez, uno de los vecinos que asistieron a la concentración, quien se encuentra al borde del desahucio a consecuencia de las operaciones de Cerberus, incide en que esta consigna expresa a la perfección cómo los grandes tenedores y fondos de inversión están actualmente cometiendo actos a todas luces ilegales: no sólo comercian con casas, sino también indirectamente con las vidas que éstas encierran. Este fondo, que actúa mayoritariamente en Cataluña, País Valencià, Madrid y Andalucía, cuenta con numerosas ventajas legales a la hora de llevar a cabo sus operaciones de compra inmobiliaria. Se están dando actualmente muchas situaciones en que al finalizar un contrato de alquiler éste puede no ser renovado por la propiedad —en este caso Cerberus— sin una posible negociación, en perjuicio de las familias que llevan años viviendo en el mismo piso y ante la dificultad de encontrar otro con un alquiler asequible. Tampoco existe en Madrid ninguna ley autonómica que regule esta práctica que cada año deja en la calle a miles de familias, lo que deja entrever que en realidad no existe el derecho real a la vivienda.

Durante la jornada, que ha durado poco más de una hora y con una nutrida asistencia, han acudido tanto vecinos de los barrios afectados como activistas de la PAH procedentes de toda la Comunidad de Madrid, entre ellas la veterana Asunción Carbonell -Asun-, figura histórica en el activismo por el derecho a la vivienda, que se halla hoy también al borde del desalojo tras nueve intentos de desahucio y toda una vida de lucha a sus espaldas.

Asun está en @GuerraACerberus pic.twitter.com/pfnX1MspNA

— PAH Vallekas (@pahvallekas) March 20, 2024

Las vecinas llevan desde abril de 2022, cuando Cerberus se comprometió a través de Haya Real Estate, la empresa inmobiliaria de este fondo buitre, a favorecer una reunión que abordara la situación de emergencia por la venta de viviendas sociales de numerosas familias en Madrid. Ante el caso omiso frente a las peticiones de las vecinas y los vecinos, que dicen vivir desde entonces una situación de “acoso inmobiliario” al verse abocadas a la exclusión residencial, éstos han denunciado a través de un comunicado: “De manera reiterada hemos solicitado reunión con los interlocutores de Cerberus para desbloquear la situación y debido a su negativa nos vemos en la condición de señalarles públicamente”.

“Estos fondos de inversión vienen a este país para comprar y vender a todo correr porque además tienen descuentos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales"

Las vecinas y activistas han reclamado a las instituciones el fin de los desahucios sin alternativa habitacional adecuada para las familias afectadas, la renovación de los contratos de alquiler ajustados a los ingresos y regularizar las situaciones de riesgo de exclusión, además de que se lleve a cabo el estudio de otras opciones encaminadas a la cesión de uso o el alquiler con derecho a compra. Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH y miembro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, asegura a El Salto: “Estos fondos de inversión vienen a este país para comprar y vender a todo correr porque además tienen descuentos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y lo que hacen realmente es un gran negocio con los hogares de las vecinas”.

Por su parte, la PAH de Vallekas ha hecho referencia a lo que califica como “trama silenciosa en la que el conspiran socimis, banca y Estado” y ha señalado que “el entramado de gestoras que proceden de los bancos —BBVA, Santander, Sabadell, entre otros— que vendieron a Cerberus  para deshacerse de nuestras viviendas con la aprobación del FROB y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), todo ello con consecuencias nefastas para las miles de familias y para la regulación del mercado de vivienda”.

Seis horas ocupando las oficinas de Cerberus para evitar que 25 familias se queden en la calle

Ter García

Fondos buitre

Fondos buitre Seis horas ocupando las oficinas de Cerberus para evitar que 25 familias se queden en la calle

Ter García

Más de 80 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinas consiguen que Cerberus acceda a reunirse para tratar los casos de 25 familias que viven en viviendas compradas por el fondo de inversión y a las que quiere echar de sus casas.

Viejos reclamos por una vivienda digna que siguen coleando

Un número sustancial de vecinos perjudicados por esta oleada especulativa llevaban años pagando alquileres sociales después de ser desahuciadas de hipoteca durante la crisis económica de 2008, que hizo que muchos se quedaran en el paro, sin a penas ingresos y entraran rápidamente en una dura situación de pobreza sobrevenida. Desde entonces, los bancos que por aquel momento eran los propietarios de sus viviendas, habían efectuado daciones en pago para que las familias pudieran quedarse en las casas. Sin embargo, su prometida obra social ha quedado ahora truncada al haber vendido a Cerberus esos mismos pisos sociales a sabiendas de que en ellos habitan personas humildes sin alternativa habitacional alguna. Ahora este fondo se niega a renovar sus contratos mientras que la totalidad de los vecinos insiste en querer que se les renueven sus contratos para pagar la renta mensual correspondiente, si ésta es asequible. No obstante, la pretensión del fondo no es otra que vender los pisos a otros inversores tras su adquisición.

“Ocupar ese piso fue algo muy duro y una decisión nada fácil que tomamos por instinto de supervivencia y con mucha sensación de tristeza, fracaso y dolor”

En estos momentos, Richard y su mujer, Josefina, se encuentran ocupando un piso en San Cristóbal de los Ángeles, Villaverde, el cual antes pertenecía al BBVA y donde vivía una familia que fue desalojada por hipoteca. “Ocupar ese piso fue algo muy duro y una decisión nada fácil que tomamos por instinto de supervivencia y con mucha sensación de tristeza, fracaso y dolor”, explica Richard, quien es consciente de los prejuicios que existen en torno a la realidad de la ocupación y su habitual vinculación con la delincuencia y el allanamiento. Ahora, el piso ha caído en las garras de Divarian, la socimi de Cerberus que aglutina las casas de este banco.

Esta pareja se trasladó a este barrio en enero de 2015, después de abandonar el piso donde vivía en Vallecas ya que con la crisis perdió su trabajo de mediador cultural del Ayuntamiento de Madrid y se vio incapaz de asumir el alquiler de 575 euros que pagaba entonces. Desde que llegaron a Villaverde, Richard y su familia han intentado negociar con 3 directoras diferentes del departamento de responsabilidad social del BBVA la puesta en marcha de un alquiler asequible pero ninguna le ha ofrecido soluciones y ahora se encuentran al pie del desahucio. Richard, quien es miembro activo de la PAH, denuncia que “en Madrid hay muchísimos desahucios silenciosos, en la PAH tan solo cubrimos el 3% de todos los que hay” y sostiene que en la Comunidad de Madrid “hay desahucios día sí, día también”.

Richard y Josefina se han convertido en dos figuras emblemáticas de la batalla contra la especulación en Madrid: tras nueve intentos de desahucio frenados sucesivamente gracias a la inagotable fuerza motora de la PAH, en 2021 consiguieron que su caso llegase hasta las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), que monitorea el cumplimiento de los 170 estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitió un dictamen condenatorio contra España después de que la pareja denunciara la violación de su derecho a la vivienda. Por ello, España fue obligada a proveerle de una vivienda pública así como indemnizarle por los daños causados. Se trata de la séptima de ocho condenas de la ONU a España, todas ellas han tenido lugar dentro de la Comunidad de Madrid, por impedir el legítimo acceso de un ciudadano a una vivienda. No obstante, el Estado, que contaba con seis meses para dar una respuesta, incumplió su condena, razón por la que este martes han denunciado a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia.

La lluvia fina de las órdenes de la ONU contra los desahucios en España

Diego Sanz Paratcha

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Derecho a la vivienda

La lluvia fina de las órdenes de la ONU contra los desahucios en España

Diego Sanz Paratcha

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Una oficina de Naciones Unidas en Ginebra ha admitido desde el año pasado 18 peticiones de paralización cautelar de desahucios sin alternativa en España. Esta vía ya ha paralizado varios desalojos pero se enfrenta a numerosos obstáculos prácticos.

“En 2019 me llamó mi trabajadora social y me comunicó que ya no podía ayudarme más porque acababan de vender el piso del banco a unos fondos"

María Eugenia Ortega, vecina de este matrimonio, es también inquilina del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, donde lleva casi una década residiendo junto con su hija de 22 años en una vivienda que hasta hace poco era propiedad del Banco Sabadell. Ambas vivían de hipoteca hasta que en 2013 se lo dieron en alquiler social. Hoy, 18 años después, su caso es tristemente paradigmático de los efectos devastadores que está teniendo la compra de todos estos pisos sociales en el sur de Madrid: “En 2019 me llamó mi trabajadora social y me comunicó que ya no podía ayudarme más porque acababan de vender el piso del banco a unos fondos, por lo que con mucha probabilidad me obligarían a salir del piso”.

María Eugenia, que acaba de recibir un burofax informándole de que debe dejar su vivienda cuanto antes, ha sido durante toda su vida trabajadora pública de la Comunidad de Madrid en ayuda a domicilio y su sueldo no le alcanza para recuperar su piso comprándolo por un 15% menos de su valor, tal y como le oferta Cerberus. Y no es la única en su barrio que sufre esta injusticia. En su bloque se han vendido cientos de pisos por esta razón y por este motivo “cada vez quedan menos vecinos de los de toda la vida en el barrio”, explica la vecina, cuya salud física y psicoemocional han empeorado de manera alarmante desde que se vio en la calle con una mano delante y otra detrás, sin alternativa habitacional en una ciudad cada día más gentrificada y sin una Ley de Vivienda que la ampare de facto: “Llevo mucho tiempo sufriendo ansiedad, tengo el azúcar muy alterado, padezco insomnio por las noches y estoy en un constante estado depresivo porque me veo sola con una hija a la que mantener y la incertidumbre de no saber cuándo me van a desahuciar”, lamenta Ortega.