Frontera sur
Activistas denuncian varios casos de racismo institucional en el puerto de Motril

El Puerto de Motril, situado en la costa de Granada, está siendo testigo de la llegada de personas migrantes que huyen de sus países con la esperanza de un futuro mejor. Vidas que huyen del terror a ser perseguidos por razón de raza, religión, orientación sexual o ideología; o bien por reivindicar una escuela o un hospital dignos para sus pueblos. Una situación que recoge grosso modo la definición de “persona refugiada” registrada por la Convención de Ginebra de 1951.

Estas personas, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano, cruzan el mar hacinados en pateras con un chaleco salvavidas relleno de esponja, que difícilmente cumpliría su función en caso de emergencia y por el que cada individuo paga una notoria cantidad de dinero para, con suerte, terminar rescatados por Salvamento Marítimo.

Tras exponer sus vidas a los caprichos de las mareas son repartidas entre los diferentes Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) donde pasan un máximo de 72 horas, previo triaje y protocolo de recepción. El Puerto de Motril cuenta con dos de estos centros, ya que en las últimas semanas de verano se vieron desbordados por falta de espacio y la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que levantar un campamento con capacidad para 250 personas, que con la llegada de las lluvias comenzaron a tener problemas por las inundaciones.

Policía Nacional y Cruz Roja son las encargadas de la recepción, identificación y atención de las personas que llegan a costas motrileñas, pero varios activistas de la zona están detectando un trato desigual hacia las personas magrebíes y rifeñas en dichos procesos. Desde Emergencia Frontera Sur han denunciado que desde hace unas semanas se está “abandonando a su suerte” a decenas de personas de origen magrebí una vez pasan las 72 horas en el CATE, mientras que a sus vecinos subsaharianos se les da una cobertura completa y son llevados en autobuses fletados a programas de primera acogida o Programas de Ayuda Humanitaria para Inmigrantes (PAHI).

Los problemas de carácter xenófobo comienzan a detectarse a primeros de octubre, cuando 22 personas magrebíes -al menos 8 procedentes del Rif- fueron abandonadas por la noche en la entrada del Puerto del Motril tras las 72 horas en el CATE. Según informan fuentes de la Plataforma Emergencia Frontera Sur, “estas personas no recibieron ningún tipo de información ni asesoramiento, tampoco se les dijo que existían programas de acogida ni se les ayudó en los trámites para la regularización de su situación y que puedan optar a protección internacional o asilo”. Además, todos disponían de un documento donde manifestaban su deseo de solicitar asilo político en el Estado español debido a la persecución política que sufren en el Rif.

Una semana después, 41 personas procedentes del Magreb vivieron una situación similar a la de sus paisanos. Pasadas las 72 horas en el CATE, fueron escoltados por la Policía Nacional hasta la salida del puerto -ante la atenta mirada de los activistas que se encontraban a la salida del recinto- para finalmente ser “liberados a su suerte” sin más dilación. Las compañeras de Emergencia Frontera Sur les acompañaron desde el primer momento de su puesta en libertad e informan que “del total de liberados, 12 quedaron sin ningún tipo de cobertura, los restantes continuaron su viaje o fueron recogidos por familiares o amigos”.

Ante semejante panorama, los activistas realizaron las llamadas pertinentes para dar a conocer a los ayuntamientos de Motril y Granada la situación y que así se activase el PECOL (Protocolo de Emergencia para la acogida ante llegadas colectivas de personas migrantes). Una jornada que vio algo de luz en su ocaso, pues pudo aplicarse el protocolo y los jóvenes se dirigieron a la capital granadina, donde recibieron atención sanitaria y jurídica, para quedar a manos finalmente de los servicios sociales de la institución municipal.

El barrio de Varadero, una lección de solidaridad

Es lunes, el calendario se sitúa en el ecuador del mes de octubre y el Puerto de Motril respira tranquilo, un aparente sosiego que desaparece en las inmediaciones del CATE. Bullicio y sonido de rejas: pronto se espera la salida de 208 personas de los centros de acogida temporal del enclave portuario. Del total, 39 son magrebíes y una vez más, no recibirán la misma atención que sus coterráneos subsaharianos; un hecho que dan por sentado los incansables activistas que conforman la Plataforma Emergencia Frontera Sur.

Se acercan las seis de la tarde y el chirrido de las bisagras de las celdas del CATE advierte movimiento en su interior. En cuestión de minutos comienzan a salir un total de 30 jóvenes de origen magrebí -todos bajo el mismo atuendo: sudadera negra, camiseta azul, pantalón gris y zapatillas negras- y que, a pesar de haber pasado tres días retenidos, sus caras mostraban una alegría inclasificable, bajo gritos entre abrazos por estar “al fin en España”.

Inmediatamente, sin apenas haber avanzado unos metros y todavía en terreno portuario, activistas de Emergencia Frontera Sur comienzan a acercarse a los jóvenes con panfletos informativos mientras preguntan si alguno sabe castellano -otro de los grandes hándicaps una vez llegan al puerto, la falta de traductores de dariya o rifeño- para poder explicarles cuales son los siguientes pasos a dar en caso de querer solicitar asilo. Entretanto, el grupo sale del puerto para adentrarse en el barrio de Varadero, donde a esas horas apenas transita gente por sus calles.

Un sistema de acogida a la deriva

María José Carmona

Fronteras

Un sistema de acogida a la deriva

María José Carmona

Falta de personal, desorganización e instalaciones miserables son las dificultades para socorrer a las personas migrantes en Motril.

Comienzan las llamadas a familiares, la búsqueda impaciente por comprar tabaco y algo para beber. Apenas pasan unos minutos cuando un coche negro aparca en mitad de la calle donde se encontraban los recién liberados y automáticamente, dos jóvenes salen disparados hacia el vehículo donde les espera un matrimonio, que con lágrimas en los ojos, se funden en un inmenso abrazo. Mientras, en una placeta contigua, los compañeros de Emergencia Frontera Sur realizan llamadas sin cesar para dar constancia de la puesta en libertad de estas personas bajo ningún protocolo. Minutos después son liberados nueve rifeños más en las mismas condiciones.

Al caer la noche,  18 de las 39 personas liberadas tuvieron que ser acogidas de urgencia por vecinos de Varadero, ante la falta de un protocolo inmediato. Toñi, la panadera del barrio, fue una de las vecinas que se solidarizó con los jóvenes, tanto fue así, que a la mañana siguiente acudió a la cafetería donde desayuna su madre para hacer una colecta entre todos los vecinos y así poder comprar medicinas para uno de los jóvenes que se encontraba enfermo. La falta de asistencia sanitaria es otro de los asuntos que vienen denunciando desde Emergencia Frontera Sur: “Cruz Roja y el 112 prestan un servicio muy básico durante el proceso de desembarco”, por lo que “muchas personas salen del CATE aquejándose de dolores y malestar”.

Durante el martes, la gran mayoría de los jóvenes que pernoctaron en Varadero emprendieron su camino, bien hacia su destino final -en algunos casos fuera del país- bien recogidos por sus familiares. Quedaron un total de cuatro jóvenes, entre los que había un “supuesto menor” que resultó ser un fallo de la Policía Nacional al tomarle los datos. Esta es otra de las aristas donde el protocolo de recepción está fallando y así lo constatan desde Emergencia Frontera Sur: “las personas de origen magrebí hablan dariyah y los del Rif, rifeño y en el puerto solo hay traductores de francés y árabe”. Esto hace que la comunicación sea pobre y de pie a este tipo de errores, que casi le cuesta la ejecución de la orden de devolución al joven, por ejemplo.

Gracias a las gestiones de vecinos y activistas, tres jóvenes quedaron en el albergue municipal Jesús Abandonado de Motril y el cuarto, debido a la fiebre que padecía, quedó en casa de una vecina de Varadero. Ya el jueves, dos de los jóvenes hospedados en el albergue comenzaron a encontrarse mal y tuvo que ser de nuevo la panadera del barrio, la encargada de llevar a los tres jóvenes enfermos al hospital Santa Ana. Toñi explica que en hospital “los chicos recibieron un trato estupendo” además de sentirse “muy agradecida con los profesionales sanitarios”, que mostraron su total voluntad por facilitarles medicamentos y registrarles provisionalmente en el sistema para futuras citas médicas.

Ante esta situación, el barrio de Varadero siente una completa “indignación” por la falta de atención que reciben estas personas. De esta manera, y hasta que no se busque una alternativa digna para estos jóvenes, Toñi ha acogido al menor de todos en su casa, el chico que padecía fiebres altas seguirá en la casa donde estaba alojado hasta que le recoja su hermana, que actualmente reside en Alemania, y las dos personas restantes seguirán en el albergue a la espera de que se le asigne una nueva ubicación afín a su situación, ya que el centro donde se encuentran está destinado a personas sin recursos.

La plataforma Emergencia Frontera Sur, en vista de los repetidos casos de racismo institucional, ha registrado quejas al Defensor del Pueblo para “que se escuche la voz de estas personas y que sean tratadas por el Ministerio como cualquier otra persona migrante que llega a las costas españolas en patera”. Una situación que en Cruz Roja Motril parecen no ser conscientes, así lo ha declarado el responsable del Equipo de Respuesta Inmediata de Cruz Roja Motril, Juan Alcausa, que asegura “no poder valorar la asistencia que se les da a estas personas una vez fuera del CATE, ya que se acogen a la información que les llega desde el Ministerio” es decir “si rescatan a 100 personas y nosotros tenemos información de 80, solo daremos cobertura a las personas de las que tengamos información facilitada desde nuestra oficina central”, concluye.