Frontera sur
Trabajadoras transfronterizas de usar y tirar en Ceuta y Melilla

Naema se queja de un dolor continuo de cabeza. Tiene tres hijos en Marruecos de 12, ocho y cuatro años a cargo de su suegra a los que no ve hace más de dos años. El covid la dejó atrapada en Ceuta donde trabaja como ayudante de cocina en un restaurante desde 2004. Antes de la pandemia, su condición de transfronteriza le permitía trabajar en esta Comunidad Autónoma y le obligaba a volver cada día a su casa en Tetuán. El viernes, 13 de marzo de 2020, cuando Marruecos cerró la frontera, Naema Hemdewi (Tetuán, 1981) decidió quedarse en Ceuta “porque el restaurante tenía muchas reservas para el fin de semana y el jefe nos necesitaba”. Pero dos días después comenzó el confinamiento en España y se quedó encerrada en el restaurante junto a Mohcen, su compañero de trabajo, también trabajador transfronterizo. “El jefe nos llevaba la comida cada día. Allí pasamos todo el encierro, sin ventanas, sin aire”, explica Naema. Después del confinamiento, ella y su compañero, alquilaron un piso donde viven desde entonces, y volvieron a trabajar cuando el restaurante abrió de nuevo sus puertas al público.

El pasado 17 de mayo, Marruecos abrió la frontera, pero no fue hasta el 31 del mismo mes cuando pudieron cruzar las trabajadoras transfronterizas. Una apertura muy esperada para poder reunirse con la familia después de más de dos años. Sin embargo, Naema no fue a ver a sus hijos porque las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Asuntos Exteriores de España le plantea un dilema difícil de solucionar. Si viaja a Marruecos no puede volver hasta que actualice su situación laboral. Durante estos dos últimos años ha caducado su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y su pasaporte, y para renovarlos tiene que ir a Marruecos sin posibilidad de volver, solicitar un certificado de empadronamiento en Tetuán, enviarlo a la oficina de Extranjería de Ceuta, y con el visto bueno de la misma dirigirse al Consulado de España. Allí solicitaría un visado de un día que le permitiría entrar en Ceuta para hacer el trámite de la huella dactilar en la oficina de Extranjería. Todo esto puede demorar mes y medio y “el jefe dice que ahora viene la temporada alta y me necesita”, explica Naema, angustiada por temor a perder su trabajo durante todo el trámite. La otra opción es quedarse en Ceuta trabajando, como hasta ahora, sin actualizar su situación y sin ver a sus hijos. Una encrucijada que mina su salud afectada por un estado de estrés continuo.

Naema es una de las trescientas trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se quedaron atrapados en Ceuta desde el 13 de marzo de 2020. En Melilla fueron 90

En la misma situación de Naema, se encuentra una gran parte de las trescientas trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se quedaron atrapados en Ceuta desde el 13 de marzo de 2020. En Melilla fueron 90. Según la Delegación del Gobierno, el número de trabajadoras transfronterizas dadas de alta en la Seguridad Social, en Ceuta, en el momento del cierre de la frontera era de 2.406 y 1.847 en Melilla. De ellas, 2.109 eran empleadas de hogar. Los hombres acaparan principalmente el sector servicio y la construcción. Pero el número puede ser mayor ya que las cifras oficiales no contabilizan a las trabajadoras sin contrato. Según la Unión Marroquí del Trabajo, antes del cierre había 8.400 trabajadores transfronterizos en total. De ellos, 3.600 trabajaban en Ceuta y 5.000 en Melilla. Sin embargo, solo 200 tienen sus contratos en vigor según el Ministerio del Interior.

Mohcen Ait El Hadj (Tetuán, 1985), compañero de trabajo de Naema, tuvo la suerte de poder pasar el 31 de mayo a Marruecos después de dejar la compra hecha para el restaurante. Su pasaporte está en vigor y solo tuvo que renovar la tarjeta transfronteriza en la oficina de Extranjería hace unos días. Cuando llegó a su casa, su hijo de seis años y medio no lo conocía, la última vez que lo vio tenía cuatro  años. “Le ha cambiado la voz”, asegura Mohcen nervioso de la emoción. A los dos días pudo volver a su trabajo en Ceuta porque tenía su pasaporte en vigor y el resguardo de su nueva TIE que le había caducado el 22 de mayo. Con la frontera abierta, tiene la obligación de volver cada día a su casa después de terminar su jornada laboral. Pero está preocupado porque, aunque tiene un contrato con una jornada laboral de ocho horas, “nunca se sabe cuándo vas a terminar en la cocina y ya mismo comienza la operación Paso del Estrecho. Eso me puede llevar horas de cola en la frontera y yo tengo que levantarme temprano para volver al trabajo otra vez”, explica Mohcen. Por eso, le ha pedido a su jefe que hable con la Subdelegada del Gobierno sobre la posibilidad de extender un permiso especial para pernoctar en Ceuta algunos días a la semana. Pero no tiene esperanza de que esto suceda. La rigidez de las normas para los transfronterizos multiplica los problemas, y la forma de enfrentarlos son inciertas.

Desde Ceuta

Al otro lado de las fronteras de El Tarajal (Ceuta) y de Beni Enzar (Melilla), los problemas no son menores. La gran mayoría de trabajadores transfronterizos, que se quedaron en suelo marroquí cuando se cerró la frontera, perdieron sus trabajos y todos sus derechos como cuenta Marouan Chabik, secretario general de los Trabajadores Transfronterizos de la ciudad de Ceuta y representante del sindicato Unión Marroquí del Trabajo. “Y ahora les piden un visado especial para volver a Ceuta a regularizar su situación, es de locos”, añade Chabik. Por esta exigencia, ninguno de ellos pudieron pasar la frontera el día 31.

Muchos de los transfronterizos no se beneficiaron del subsidio por desempleo, ni de los ERTE a pesar de haber estado cotizando, muchos de ellos, más de 30 años

La mayoría de estos trabajadores fueron sustituidos por desempleados nacionales y nunca pudieron acceder al finiquito de finalización de sus contratos. Tampoco se beneficiaron del subsidio por desempleo por su condición de transfronterizos, ni del ERTE a pesar de haber estado cotizando, muchos de ellos, más de 30 años. “Si España es una democracia que respeta los derechos humanos, no podemos entender que no se respeten nuestros derechos como trabajadores”, añade Chabik. La cotización que aportan estos trabajadores a las arcas del Estado es del 24%, mayor que la de cualquier trabajador de la misma categoría profesional. “Todos los trabajadores han tenido ayudas durante el covid, incluso un país como Marruecos ayudó a los trabajadores con 200 euros durante seis meses, y 160 euros a los ciudadanos que no tenían trabajo. Sin embargo, España no nos ayudó con nada a los trabajadores que hemos estado cotizando toda la vida”, se queja Chabik.

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Tener acceso a la indemnización por terminación del contrato, ha quedado relegado a la voluntad del empleador. Marouan Chabik ha trabajado de metre en un restaurante durante 13 años, 20 años en total en Ceuta. Con el cierre de fronteras, se quedó en El Rincón del Medik (Marruecos), su pueblo natal. El patrón le enviaba algo de dinero todos los meses y, poco después, comenzó a pagarle el finiquito poco a poco hasta completar lo que le correspondía por sus años de trabajo. “Pero no todos mis compañeros han tenido la misma suerte que yo”, aclara este representante de los trabajadores que, durante estos dos años y medio, se ha puesto en contacto con varios ministros marroquíes e instituciones, incluida la oficina del rey, para buscar una solución favorable a los trabajadores. Pero hay más, Chabik no podría seguir trabajando en el mismo restaurante porque su jefe ha traspasado la empresa a su hijo y su mujer y, por tanto, no se consideraría renovación de contrato sino nueva contratación con otra empresa, y los transfronterizos no pueden cambiar de empresa, excepto las empleadas de hogar.

No puedo perdonar a las autoridades de Ceuta por lo que nos han hecho sufrir, durante más de dos años no hemos podido ver a nuestros hijos. Eso no lo olvidaré jamás”, dice Bouchra

El visado especial solo lo pueden conseguir aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen concedida la autorización de trabajo fronterizo en vigor y los que tienen la autorización anterior pero pendiente de alta en la Seguridad Social. Nunca para nueva contratación. Y esta situación depende de que sus empleadores no les hayan dado de baja en estos dos años atrás. Esta situación excluye a la mayoría de los que quedaron en el lado marroquí. Chabik explica que hay trabajadoras que han estado trabajando como empleadas del hogar cerca de treinta años, han criado a los hijos de sus patronas y a sus nietos. Toda una vida trabajando y cotizando y ahora no pueden acudir a las citas médicas que tenían prevista antes de la pandemia para operarse. Lo mismo ocurre con los jubilados. Cobran la pensión en un banco español y ahora no pueden tener acceso a su dinero ni viajar a Ceuta para buscar una solución.

Bouchra (nombre ficticio), tiene tres hijos mayores de edad y ha trabajado 24 años como empleada de hogar en Ceuta, veinte de ellos con la misma patrona. Pero solo ha cotizado los últimos cuatro años. El pasado 31 de mayo pudo, por fin, viajar a Marruecos. No puede volver mientras realiza todos los trámites necesarios para actualizar su pasaporte y su TIE caducados. Pero su patrona la espera y le va a renovar el contrato. “Conozco a muchas vecinas que se han quedado sin trabajo porque se quedaron aquí cuando comenzó la pandemia y no tienen medios para vivir”, explica Bouchra. Y añade: “No puedo perdonar a las autoridades de Ceuta por lo que nos han hecho sufrir, durante más de dos años no hemos podido ver a nuestros hijos, ni han buscado una solución a nuestros problemas, eso no lo olvidaré jamás”.

Unas doscientas trabajadoras se concentraron en Fnideq (antigua Castillejos), el mismo día que debían entrar en Ceuta después de más de dos años sin poder acceder a sus trabajos. Exigían la anulación del visado, poder circular por la frontera con el TIE aunque este caducado, y un plazo de al menos dos meses para poder actualizar la documentación. De esta manera, según el representante de los trabajadores, podrían, o bien actualizar sus contrato de trabajo, o solicitar el finiquito a los empleadores en caso de despido. Y por último, en el caso de despido, contar con la opción de solicitar la devolución del monto total de los años cotizados. “Ese dinero cotizado pertenece a los trabajadores, y si no les permiten trabajar más, tienen derecho a la devolución del dinero”, argumenta Chebik, que anuncia que llevarán el caso ante los tribunales internacionales para defender sus derechos si 87esas reivindicaciones no se cumplen por parte del Gobierno español.

Ni una sola trabajadora ha conseguido el arraigo laboral en suelo español a pesar de haberlo solicitado. A pesar de llevar, muchas de ellas, más de 20 años trabajando en España

Las movilizaciones y la lucha también se producen en Ceuta. Desde hace más de ocho meses, las trabajadoras transfronterizas se concentran en la plaza de los Reyes todos los lunes frente a la Delegación del Gobierno. Exigían a España y Marruecos, una solución al drama humanitario que vivían alejadas de sus familiares debido al cierre de la frontera. Algunas de ellas han vivido desde la lejanía la muerte de sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. También exigen el permiso de residencia o el arraigo laboral. Sin embargo, los años de trabajo en suelo español, no les da derecho a acogerse a la Ley de Extranjería, como sí lo hacen el resto de trabajadores migrantes. Tampoco pueden empadronarse en Ceuta aunque han permanecido encerradas más de dos años en esta ciudad. Esta situación ha sido especialmente grave ya que, este certificado, era una exigencia para alquilar una vivienda donde poder pasar todo este tiempo de cierre de frontera.

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  Rachida Jraifi, portavoz de las trabajadoras en Ceuta lo explica así: “Llevo dos años y medio encerrada en Ceuta y no me puedo empadronar en esta ciudad por ser transfronteriza. Ahora tengo que ir a Fnideq a pedir un certificado de empadronamiento y me va a costar la misma vida que me lo den porque ya no vivo allí. Además no quiero salir a Marruecos porque todos los trámites me llevarían más de un mes. La mujer a la que cuido no puede quedarse sola y puedo perder el trabajo. Mi familia depende de mi sustento”. Una situación tan contradictoria que deja a las trabajadoras en un callejón sin salida. Ni una sola trabajadora ha conseguido el arraigo laboral en suelo español a pesar de haberlo solicitado. A pesar de llevar, muchas de ellas, más de 20 años trabajando en España. “La condición de transfronteriza es una condena”, apunta Jraifi. La lucha de las transfronterizas no solo ha pasado por multitud de reuniones con la Delegación del Gobierno en Ceuta. También se han dirigido, por escrito, a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explicando el embrollo administrativo en el que están enredados. Pero nunca obtuvieron respuesta, según Jraifa. La ausencia de vías de solución ha llevado a algunas mujeres transfronterizas a ponerse en manos de las mafias y a cruzar el Estrecho en pateras.

“En vez de mejorar, nuestra situación ha empeorado con el tiempo”, cuenta Mohcen. Hasta 2013, la tarjeta transfronteriza (Tarjeta de Identidad de Extranjero) se renovaba cada dos años. Después de esa fecha, la caducidad se redujo a un año. “Esto significa más gasto. Ochenta euros de tasa de la tarjeta, unos 20 euros para la huella, 50 euros de la traducción del certificado de empadronamiento y de penales. Es decir, además de pagar las cotizaciones más altas, tenemos que hacer un desembolso anual de más de 160 euros para la renovación de la tarjeta”, añade Mohcen.

“Lo peor de la epidemia pasó, las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos han mejorado, el presidente del Gobierno de España ha visitado Rabat, muy bien, y ahora tienen que buscar una solución para nosotros”, comenta Chabik. Pero lo cierto es que, por ahora, solo podrán obtener el visado especial, para entrar en Ceuta o Melilla, aquellas trabajadoras que sus empleadores las reclamen para renovar un contrato paralizado hace más de dos años.