Fronteras
Cuando las estadísticas migratorias pierden a las personas

Las estadísticas migratorias permiten medir los movimientos migratorios y orientar las políticas públicas. Pero ¿qué ocurre cuando cada sistema registra fenómenos distintos y no permite reconstruir la trayectoria de las personas?

El multitudinario cruce de personas entre Marruecos y Ceuta durante el 30 y 31 de julio es un ejemplo de esta dificultad. Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), publicado el 31 de julio y luego retirado, cifró inicialmente en unas 49.000 las entradas a Ceuta. Ese día, Interior manejó unas 50.000 y, al siguiente, Fernando Grande-Marlaska elevó la estimación a entre 50.000 y 60.000. El Gobierno de Ceuta calculó 60.000 el 31 de julio y 80.000 el 3 de agosto. El 4 de agosto, Marlaska situó la cifra en 72.000, pendiente de completar el triaje. Sánchez volvió a hablar de 70.000 el 7 de septiembre, mientras Interior mantiene 72.000. Interior confirmó a este medio esta como cifra final e informó que 6.791 personas habrían abandonado Ceuta desde el 10 de agosto.

Asimismo, el 31 de julio, el Gobierno central calculó que unas 12.500 personas de las que habían entrado irregularmente seguían en Ceuta. Cuatro días después, Interior estimó 2.000; el 13 de agosto, 5.000, y el 18 de septiembre, fuentes del Gobierno central situaron la cifra entre 9.000 y 10.000. A finales de septiembre, Interior aseguró a El Salto que siguen 6.000 en recursos de acogida y entre 3.000 y 3.500 fuera de ellos.

El Gobierno de Ceuta manejó estimaciones diferentes: 5.000 personas el 3 de agosto, entre 8.000 y 11.000 el día 8, 13.000 el 11 de septiembre y unas 20.000 cinco días después. La Ciudad explicó que esta última cifra incluía adultos, menores identificados y atendidos, menores pendientes de filiación y personas fuera de los recursos habilitados, además de salidas voluntarias y expulsiones.

El recuento de menores también varió: el 6 de agosto, la Policía identificaba 528, frente a unos 1.100 estimados por Ceuta; el 11 de agosto, 1.527; y el 13, Interior elevó la cifra a 1.898. El 21 de septiembre, el ministro a cargo del mando único, Ángel Víctor Torres, cifró en algo más de 3.000 las personas que seguían en las calles y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, entre 500 y 700 los menores en esa situación. Al día siguiente, el Gobierno central contabilizaba 2.321 menores no acompañados filiados. Frente a estas cifras, Ahmed Enfed-dal, presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe, realizó un censo propio y contabilizó 4.862 menores no acompañados. “Los números oficiales en realidad te dan el número de las personas que están filiadas o testadas por la Policía. No cuentan los que hay en casas, con familiares, o en la calle, que no han sido aún filiadas”, sostuvo.

Si no se sabe cuántas personas permanecen en Ceuta ni dónde están, resulta más difícil dimensionar las necesidades de alojamiento, alimentación, atención sanitaria y protección

Las cifras no son directamente comparables: corresponden a poblaciones y momentos distintos. La diferencia muestra cómo algunas personas pueden quedar fuera de registros cuya contabilización depende de su identificación por las autoridades o de su paso por recursos institucionales. Si no se sabe cuántas personas permanecen en la ciudad ni dónde están, resulta más difícil dimensionar las necesidades de alojamiento, alimentación, atención sanitaria y protección, especialmente de los menores.

La experiencia de Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, muestra que esta dificultad puede prolongarse más allá de una emergencia migratoria. Durante la DANA de Valencia, algunas personas migrantes tuvieron dificultades para acreditar que residían en las zonas damnificadas por no estar empadronadas o haber perdido su documentación. “La falta de contabilización de esta población produjo innumerables barreras para poder identificar a todos los afectados”, sostiene.

En Ceuta, distinguir entre quienes llegaron en julio, quienes ya estaban en Ceuta y quienes llegaron después dificulta actualizar las cifras, señala el economista especializado en migración Jesús Fernández-Huertas Moraga. A ello se suma el tiempo necesario para incorporar a quienes no han sido identificados o permanecen fuera de recursos institucionales. “Nos falta la inmediatez ante una crisis de esta magnitud”.

Este medio preguntó a Interior y al Gobierno de Ceuta cómo elaboraron sus estimaciones. “Nosotros manejamos estimados, el número de personas que entró no lo sabe ni el Gobierno de la nación”, respondió la jefa de prensa del presidente de la Ciudad, sin facilitar la metodología. Interior reitera que se trata de estimaciones y que recoge cada quince días los datos de llegadas irregulares de “manera fiable y transparente”. Afirma que los datos del 30 y 31 de julio serán definitivos cuando concluya el triaje.

El caso de Ceuta es extremo por la magnitud y rapidez de la entrada, pero pone de manifiesto una dificultad más amplia: las estadísticas migratorias no siempre tienen como unidad de observación a la persona, sino que pueden registrar entradas, intentos, detecciones, procedimientos o actuaciones administrativas. En España, estos registros tienen distinta cobertura, unidad de observación y finalidad. “Las herramientas que usamos para medir la inmigración no son herramientas que están pensadas para medir la inmigración, son herramientas administrativas que usa el gobierno para proveer servicios”, explica Fernández-Huertas.

Ismael Gálvez, economista y uno de los investigadores que estimó la población en situación irregular para Fundación porCausa, lo ejemplifica con los datos laborales: “Los datos de la Seguridad Social son solamente por definición del mercado de trabajo formal mientras que los datos de la población activa incluyen a todos, la economía formal y la informal”.

El padrón presenta otra limitación: la actualización. Gálvez señala que, aunque determinados extranjeros deben renovar su inscripción cada dos años, “tampoco está claro [...] si esto se hace exactamente a los dos años”. Una persona que deja de residir en un municipio no necesariamente comunica su salida, lo que dificulta saber quién continúa viviendo allí. Como no existe un registro que observe directamente a toda la población en situación irregular, desde PorCausa, Gálvez y Gonzalo Fanjul combinaron distintas fuentes administrativas, entre ellas el padrón, para construir una estimación.

“Los grandes números que vemos en las estadísticas que proporciona el Ministerio no tienen en cuenta a las personas que entran con un visado y que a los tres meses o a los seis meses empiezan a estar irregularmente en España, porque estas son entradas regulares que luego se convierten en irregulares,” sostiene Gálvez. La irregularidad no comienza necesariamente con un cruce de frontera ilegal: una persona puede entrar legalmente y quedar posteriormente en situación irregular al superar el periodo autorizado de estancia.

La regularización extraordinaria de 2026 muestra cómo una población difícil de observar en los registros ordinarios puede hacerse visible mediante un procedimiento específico. En abril, el Gobierno estimó 500.000 potenciales beneficiarios; al cierre del plazo, el 30 de junio, se habían registrado 1.174.978 solicitudes. No son cifras equivalentes: la primera es una estimación de beneficiarios y la segunda, solicitudes, no personas únicas ni beneficiarios finales. El Gobierno había previsto hasta 752.250 expedientes para absorber duplicidades e incumplimientos.

Una entrada regular tampoco permite necesariamente reconstruir la trayectoria migratoria. Eurostat incluye entre las personas detectadas en situación irregular tanto a quienes entraron irregularmente como a quienes entraron legalmente y posteriormente permanecieron sin autorización. Pero la propia estadística advierte de que solo registra a quienes son detectados por las autoridades y no pretende medir el total de personas que permanecen irregularmente en un país.

Otro reto aparece ya en la frontera: registros como los de Frontex cuentan detecciones de cruces irregulares, no necesariamente personas únicas. “En las estadísticas de Frontex puede haber duplicados porque cuentan intentos de cruce, no cuentan personas, no tenemos un identificador de la persona que nos diga: ‘Es la misma persona la que ha intentado cruzar dos veces’”, señala Fernández-Huertas. Frontex señala que no existe un sistema de la UE capaz de rastrear los movimientos de cada persona después de un cruce irregular. Por ello, añade, no es posible establecer con precisión cuántas personas han cruzado irregularmente las fronteras exteriores de la UE.

Además, Interior confirmó a El Salto que los datos que transmite a Frontex proceden de los mismos registros, aunque sus balances solo contabilizan llegadas efectivas, que el Ministerio considera equivalentes a personas. Los datos enviados a Frontex incorporan además interceptaciones e intentos no consumados registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero Interior no explicó cómo se integran ni qué tratamiento reciben para adaptarlos a la unidad de “detecciones de cruces irregulares” de Frontex.

“En las estadísticas de Frontex puede haber duplicados porque cuentan intentos de cruce, no cuentan personas”

La dificultad no es exclusiva de España. En otro contexto fronterizo europeo, la frontera entre Polonia y Bielorrusia, las estadísticas oficiales registran principalmente acontecimientos fronterizos, como intentos de cruce o cruces impedidos, no necesariamente personas únicas. Natalia Ciastoń, investigadora que trabajó en el componente cuantitativo de We Are Monitoring, lo resume así: “La Guardia de Fronteras cuenta casos, no números ni personas”. Una misma persona puede generar varios registros si intenta cruzar y es devuelta en distintas ocasiones, explica la socióloga Katarzyna Charnota. Border Forensics examinó esta dificultad en The Death Zone, combinando testimonios, registros humanitarios y datos oficiales.

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea señala que no existen métodos para cuantificar de forma robusta a los overstayers [personas que se quedan en el país una vez vencido su visado] y que los datos de personas detectadas en situación irregular por esta vía solo pueden utilizarse como aproximación. En España, los datos comunicados a Eurostat desde 2021 clasifican a todas las personas identificadas en situación irregular como overstayers. El propio informe advierte que esta clasificación difícilmente refleja toda la realidad migratoria española, ya que no resulta plausible que todas las personas identificadas en situación irregular hayan perdido su estatus después de una entrada regular.

“No es solamente una falta de datos sobre el fenómeno que queremos abordar, sino una falta de datos sobre la respuesta política que estamos dando. Se trata de la falta de datos de seguimiento, evaluación y control de las medidas que se implementan”, apunta Francesco Pasetti, investigador de migración en el CIDOB. Esta dificultad para seguir a las personas también aparece en The Death Zone. Border Forensics recopiló 214 registros relacionados con posibles desapariciones en la frontera entre Polonia y Bielorrusia entre 2021 y 2024. Los registros no equivalen necesariamente a 214 personas diferentes ni a desapariciones confirmadas. “Las estadísticas oficiales de frontera cuentan predominantemente encuentros o eventos. Por eso, nuestra investigación, por ejemplo, plantea una pregunta diferente: ¿qué le ocurrió después a la persona?”, subraya Charnota.

La dificultad alcanza también a las consecuencias más graves. The Death Zone utiliza registros de 102 muertes recopilados por actores de la sociedad civil para analizar su distribución geográfica y temporal. Pero la causa médica, hipotermia, ahogamiento u otras, no permite necesariamente reconstruir las circunstancias que precedieron a la muerte, afirma Charnota. “Por supuesto, la causa médica de la muerte es fisiológica. ¿Qué significa eso? Lo más frecuente es hipotermia, ahogamiento u otra causa, digamos, fisiológica”, explica Charnota. 

Fernández-Huertas Moraga relaciona estas ausencias con la finalidad específica de los registros administrativos: cada fuente registra aquello que necesita para cumplir su función, pero esas bases no están diseñadas necesariamente para reconstruir la trayectoria completa de una persona. Sobre las muertes, señala: “Quién muere, eso no le interesa a Frontex ni a Interior ni a ninguna base de datos...”

Las estadísticas migratorias no solo reflejan una realidad: también determinan qué parte puede observarse. Cuando una persona aparece como un intento de cruce, una detección o un procedimiento, los registros pueden describir acontecimientos sin reconstruir su trayectoria. El problema no es solo cuántas personas quedan fuera, sino qué ocurre cuando sus experiencias se fragmentan entre sistemas que miden cosas distintas.