Migración
El proceso de regularización extraordinaria entra en el otoño marcado por la lentitud y la confusión

Gráficos, esquemas, convocatorias para apoyar con los siguientes pasos: Durante gran parte de este verano de 2026, la cuenta de Instagram de Regularización Ya ha estado intercalando publicaciones sobre cómo continuar con el proceso de regularización extraordinaria, con textos de solidaridad con las personas migrantes de Ceuta y contra el racismo desatado en este enclave de la frontera Sur. Convivían en el movimiento dos desasosiegos: la incertidumbre por los derechos de las personas migrantes, fronteras adentro, atrapadas en un proceso burocrático confuso y lento, junto a la incertidumbre por los derechos humanos de los recién llegados, atrapados en un clima de violencia y con la amenaza de la deportación inminente sobre ellos. 

“Personalmente es muy doloroso ver todo lo que está sucediendo en Ceuta” apunta Silvana Cabrera en conversación con el Salto. La portavoz de Regularización Ya, e integrante de Sedoac en su sede valenciana —una de las entidades colaboradoras habilitadas para proveer certificados de vulnerabilidad y acompañar en el proceso— comparte su consternación por el “terrorismo racista” que se ha desatado en la ciudad autónoma, y lamenta que se haya cumplido el escenario del que los movimientos antirracistas vienen alertando desde hace tiempo: el auge del fascismo ante una izquierda que no acaba de tomárselo en serio. 

“Me preocupa muchísimo, tengo muchos momentos de intentar disociar y centrarme únicamente en en el tema de la regularización extraordinaria, de que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pero esto agota muchísimo, ya afecta seriamente sobre la salud física, mental, emocional”, explica Cabrera sobre la que considera una situación colectiva de agotamiento, en la que apenas se ha tenido tiempo de hacer balance de la regularización. Un agotamiento nutrido por los meses intentando concretar un proceso por el que tanto se ha luchado, pero también de los años presionando para que la regularización se hiciera realidad. 

Demora tras demora 

Fácil no está siendo. El proceso, considera Cabrera, está resultando muy lento, y cada entidad que gestiona expedientes o los acompaña lo está comprobando a su propia escala. En el caso de la unidad móvil en Valencia donde la activista aporta su trabajo voluntario junto a otras compañeras, son 326 expedientes los que han metido. En cinco meses, solo cuentan con 12 resoluciones favorables: “un porcentaje bajísimo”. Respecto a los demás expedientes, a un poco menos de la mitad aún les queda llegar a la admisión a trámite. En Sedoac piensan actuar: “nos tenemos que preparar para ver qué expedientes hemos metido entre el mes de abril y mayo para poder hacer una reclamación porque no hemos tenido todavía ninguna respuesta de extranjería”. 

Las casuísticas son diversas, hay personas atascadas en el proceso de recopilación de documentación, en particular, aquellos cuyos países no están colaborando en la consecución de los certificados penales: Marruecos, Argelia, Guinea Conakry o Nicaragua son los que más se resisten. Por otro lado, para quienes están en los últimos tramos del proceso, las concesiones no están llegando a tiempo: una vez se consigue la admisión a trámite —explica Cabrera—  las personas cuentan con un permiso temporal de trabajo de tres meses, un tiempo que a veces se extingue antes de que llegue la resolución favorable.

En SOS Racismo Galicia: “Están llegando una o dos concesiones al día desde hace tres semanas. O sea, que de las 1600 solicitudes presentadas, igual las que están concedidas no llegan a 100” 

“La gente se pone nerviosa”, explica por su parte Esther Lora, de SOS Racismo Galicia. Su organización, entidad colaboradora con sede en Vigo, ha recibido 1.600 solicitudes desde que comenzara el proceso. Del total, el 80% están admitidas a trámite, pero menos de un 10% han recibido la resolución favorable. “Están llegando una o dos concesiones al día desde hace tres semanas. O sea, que de las 1600 igual las que están concedidas no llegan a 100”. 

Al nerviosismo no solo contribuye la lentitud sino también el desorden. “Tenemos que una persona que presentó al principio de todo, el 20 de abril, no tiene admisión a trámite y otra que lo presentó el 20 de mayo sí”. Ni siquiera las solicitudes presentadas por un grupo familiar avanzan al mismo ritmo: “yo presento las solicitudes de padre, madre e hijos en el mismo momento, unidas, y me llega la admisión de la madre, la del padre me llega al mes, la de los niños aún no me llegó”.  En la organización han recibido algún requerimiento, pero cuenta con que al menos esto sea minoritario, pues previendo que se podía complicar el proceso, pusieron mucho cuidado al revisar la documentación.

“Estamos muy periféricas, estamos como muy solas”, Ana Useros cuenta que su grupo de apoyo, situado en Colmenar Viejo y Tres Cantos, dos pueblos al Norte de Madrid, se basa en una alianza amplia que incluye a la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M en Colmenar, a la CNT local, a la Asamblea Feminista de Tres Cantos, y al Centro Social la Ensaladera de este municipio, aunque justo les echan a final de mes, algo que lamenta porque es el espacio donde hacen las permanencias para acompañar presencialmente a la gente que va a informarse. Como ninguno de estos colectivos son entidades colaboradoras, para cuestiones como los certificados de vulnerabilidad, han contado con el apoyo de Sos Racismo Madrid. Las voluntarias de los colectivos han estado presentes para el acompañamiento en la recogida de documentación o en la entrega de solicitudes en correos.

Para arrancar a funcionar necesitaron un tiempo, al ubicarse en pueblos de Madrid, sin un tejido de colectivos migrantes y antirracistas articulado, primero había que llegar a la gente: pegatinas en las paradas de los autobuses, una charla informativa días después de que arrancar el proceso, y un grupo de wassap que sirve de espacio de encuentro fueron las herramientas para echar a rodar. 

Otro obstáculo con el que se encontraron fueron los ayuntamientos, del PP. El de Tres Cantos hizo de obtener el certificado de vulnerabilidad un proceso complicado que implicaba obtener varias citas, hacer varias llamadas, y recabar la firma de la secretaría del Ayuntamiento en lugar de la trabajadora social. Useros considera que algo que se habría podido dirimir con cierta celeridad dado que la población migrante en el territorio no es tan numerosa, acabó demorando más de un mes en muchos casos, retrasando el proceso para las personas solicitantes. Mientras, el Ayuntamiento de Colmenar, entregó con celeridad los certificados, pero solo a las personas empadronadas.

“Los primeros días de presentarlo daba un cague…”, confiesa esta activista, ante la responsabilidad que supone acompañar a alguien en un proceso administrativo de grandes consecuencias, calcula que han acompañado entre ochenta y cien solicitudes. Empezaron ese proceso ya en mayo: y aún esperan que una parte importante de las personas reciban la admisión a trámite. La mayoría sí la tiene, pero pasar al siguiente paso no es fácil: “lo primero que te indica que el proceso avanza es encontrarte en una página web que todo el mundo está consultando todo el rato. Llega un día maravilloso en el que te sale un número de NIE y debajo pone: admisión de trámite”. 

“Los primeros días de presentar las solicitudes daba un cague…”, confiesa una activista, ante la responsabilidad que supone acompañar a alguien en un proceso administrativo de grandes consecuencias

Después, un correo electrónico advierte de que llegará una carta. Luego, llega lo que Useros califica como “la parte más infernal”, la espera de que llegue la carta física al correo, un proceso que puede tardar más de un mes.  A las personas todavía les quedan muchas pantallas por pasar. Para empezar —salvo algunas personas venezolanas que ya tenían la residencia humanitaria— las personas a a las que ha acompañado, todavía no han llegado a la toma de huellas, un proceso para el que está resultando muy difícil acceder a citas. Tampoco han recibido aún ni peticiones de subsanación ni expedientes favorables. 

Desde SOS Racismo Galicia, Lora se pregunta por qué no se han puesto más medios, más personal para garantizar que el proceso fuera exitoso, “sabíamos que iba a haber muchísimas solicitudes. Hicieron una previsión fatal”. La activista considera que no se trata solo de demora, sino de clara confusión. Ella misma se plantó en el UTEX (la Unidad de Tramitación de Expedientes, que se encuentra en Vigo, pero no cuenta con atención directa al público), y puedo hablar con el responsable, quién, asegura, admitió que estaban desbordados y que los refuerzos contratados —100 trabajadores y trabajadoras de la empresa pública Tragsa—, carecían de la formación necesaria. “Estaban llegando resoluciones absurdas que no tenían ningún sentido”, asegura la integrante de Sos Racismo. 

“Ahora el problema que nos estamos encontrando es no hay cita para sacar la TIE”, la toma de huellas y la emisión de la tarjeta en comisaría son necesarias para terminar el proceso, pero faltan citas previas, explica Lora, y aunque en principio se pueda empezar a funcionar con el documento de admisión a trámite, lo cierto es que, bajando a la realidad, “en la gran mayoría de los trabajos no quieren contratarlos con este papel, incluso les es prácticamente imposible hacer cualquier tramitación, como es cambiar la tarjeta sanitaria o tener también el certificado digital para poder seguir accediendo a su documentación”.

Cabrera lamenta desde Valencia, que pese a que el Ministerio de Migraciones ha hecho un vídeo y mandado una nota informativa para aclarar la validez de este papel,  incluso cuando ya han pasado los tres meses de permiso, el resto de las administraciones no están siguiendo esta lógica. No es solo una cuestión de la administración: “la gran mayoría de los trabajos y obviamente las gestorías no conocen ni siquiera cómo funciona la Ley de Extranjería, por ende, tienen mucha desconfianza a la hora de contratar”. En sectores que emplean un gran número de personas migrantes, como el de la construcción, las dificultades se incrementan: La plataforma de contratación que se usa generalmente en este ámbito no admite este documento, recuerda Cabrera.

Kafka gestionando

Ana Useros intenta buscarle el sentido a la necesidad de que te llegue una carta física para seguir con el proceso, cuando el NIE ya está emitido. Esto genera mucha incertidumbre porque la situación habitacional de las personas migrantes no suele ser estable y muchas veces tampoco es autónoma: es el caso de muchas personas que cambian su domicilio a lo largo del proceso, internas que reciben el correo en casa de sus empleadores, o incluso la experiencia de un chico que vivía en Humanes (un pueblo de Madrid) y le han demolido la casa, narra. 

Useros no acaba de entender por qué el gobierno no facilita directamente el certificado digital a todo el mundo. Sería una resolución que le facilitaría la vida tanto a las personas solicitantes como a la propia administración. “Tengo la teoría de que el PSOE tiene un problema con la autonomía”, ironiza Useros antes de ponerse seria: está el certificado de vulnerabilidad, donde otra personas te tienen que firmar que están en una situación vulnerable, que estás sin papeles: “¿por qué se iría a regularizar la gente si no estuviera en situación irregular?”, se pregunta la activista. Y luego está lo del certificado digital, que da autonomía y ahorra trabajo. Pero en lugar de facilitar el acceso, se condena a la gente a esperar una carta, “con correos infradotado de personal” para poder habilitarlo. Contar con el certificado digital desde antes, considera Useros, facilitaría la vida a personas que no tienen fácil la movilidad en los pueblos, o que, como las trabajadoras internas, tienen problemas para encontrar los tiempos para completar trámites. 

En el caso de regularización por la DANA, “hemos visto que muchas personas no han podido renovar su documentación porque no han podido conseguir trabajo”

Y ahora qué

Para Useros, el panorama se muestra más difícil ahora, por un lado la continuidad se complica: “la red se dispersa, y en nuestro caso ya no podemos hacer permanencias porque nos quedamos sin local”.  Por otro lado, al principio, las situaciones “eran más claras”, mientras que la continuidad del proceso es muy confusa, lamenta Useros, y pone como ejemplo la carta que reciben con la admisión favorable, ocho páginas de lenguaje enrevesado y letras pequeñísimas. La activista critica la falta de esfuerzo por parte de la administración por explicar el proceso, dejando a Regularización Ya, o en el caso de Madrid, a la Coordinadora Antirracista, la labor de combatir la desinformación: “ayer se metió en el grupo de wassap un muchacho que había hecho toda la solicitud por su cuenta perfectamente. Pero ahora estaba totalmente perdido con la segunda fase”.

“Este proceso está yendo muy lento con lo cual, por ejemplo, si habían entidades que tenían proyectos específicos para cubrir un tiempo este trabajo, estos proyectos se han ido terminando”, explica Cabrera por su parte. Además, más allá de la consecución final de la TIE, le preocupa qué viene después: Valencia tienen el precedente del proceso de regularización relacionado con la dana: “hemos visto que muchas personas no han podido renovar su documentación o han tenido que hacer la prórroga solamente por un año más porque no han podido conseguir trabajo”.

La lentitud, de hecho, puede ser un gran óbice a la hora de obtener un trabajo, pues la burocracia se come los meses con los que contaban las personas para ello: “Tu permiso empieza a contar desde el momento que has metido tu expediente, con lo cual a las personas que están sin respuesta, que han metido sus papeles los primeros días de mayo, esto les va a suponer un grave problema, pues pueden volverse a quedar en situación administrativa irregular”, advierte la portavoz de Regularización Ya.