Fronteras
Entidades de derechos humanos señalan a España ante Europa por el uso de fondos europeos en la frontera

Para las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el ámbito de las migraciones y las fronteras este ha sido un año de intenso trabajo de documentación, con la masacre de Melilla del pasado 24 de junio como exponente máximo de las vulneraciones de derechos que vienen denunciando, pero también de impunidad y falta de rendición de cuentas. 

Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro-Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum y Red Acoge, son las organizaciones que se han unido para dar un paso más en su demanda de respeto de los derechos de las personas migrantes, transparencia y rendición de cuentas, denunciando el posible uso fraudulento de los Fondos Europeos ante la Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (OLAF), que ejerció ya un rol fundamental con su investigación del Frontex en 2021, trabajo que desembocó en la salida de quien fuera su máximo responsable, Fabrice Leggeri. 

El documento entregado ante la OLAF se centra en cuatro cuestiones: las “posibles devoluciones ilegales”, la financiación de la policía marroquí, la ausencia de transparencia, y la inadecuación de los mecanismos de seguimiento

Es, como en aquella ocasión, el uso indebido de los cuantiosos fondos europeos destinados al control de fronteras lo que las organizaciones quieren poner en el foco con el escrito entregado el pasado 10 de mayo, así como su “posible relación con actuaciones violentas y desproporcionadas perpetradas por las fuerzas policiales tanto marroquíes como españolas que tienen como consecuencia la muerte, las lesiones y la devolución de las personas migrantes y refugiadas que intentan acceder al territorio europeo (...)  poniendo en grave peligro el derecho a la vida y a la integridad física y el principio de no devolución”.

En el documento entregado ante la OLAF se centran de hecho en cuatro cuestiones: las “posibles devoluciones ilegales”, la “presunta financiación” de las fuerzas de seguridad del país vecino que estaría vulnerando los derechos de las personas migrantes, la ausencia de transparencia sobre los fondos, y la inadecuación de los mecanismos de seguimiento. En definitiva, las entidades firmantes piden a la entidad comunitaria que investigue: “la ejecución de los fondos europeos en sus programas con España, en concreto sobre el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y sobre el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV)”.

Recurrir a Europa ante la impunidad

“Desde el punto de vista del Estado español todo está funcionando perfectamente. A pesar de que, por ejemplo, los rechazos en frontera están incumpliendo la propia normativa nacional”, apunta Alberto Cerezo de la Red Acoge, una de las organizaciones que han preparado el escrito que recoge las múltiples vulneraciones sucedidas en la frontera, con especial atención a lo sucedido en Melilla, donde 470 personas fueron forzadas a volver a Marruecos. 

Ante la constatación de que en el marco del Estado español no se está encontrado ninguna respuesta, las entidades han apostado por la opción europea, “creemos que con esta vía se abre una nueva posibilidad de investigación, teniendo en cuenta que todo el presupuesto de la Unión Europea tiene que estar condicionado al respeto de los derechos fundamentales”, explica Natalia Slepoy, compañera de Cerezo en el área de incidencia de la organización.

Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional, recuerda cómo la fiscalía archivó la investigación, quedando solo, recuerda, la constatación de la imposibilidad de acceso a protección internacional por vías legales para las personas que llegan a la frontera con Melilla. “Más allá de eso, tampoco ha servido de nada”. Tampoco la confirmación por parte del Defensor del Pueblo de la devolución sumaria de 470 personas ha tenido consecuencias. “En sus declaraciones el ministro del Interior en las diferentes comparecencias ante el Congreso de los Diputados ha venido a decir que se ha actuado adecuada y correctamente”.

Desde este diagnóstico de impunidad, las organizaciones han decidido apuntar a la senda del dinero: ¿a dónde van los Fondos Europeos? ¿se emplean en actuaciones que vulneran los derechos humanos y el propio marco normativo comunitario? ¿se cumplen con los requisitos de transparencia y seguimiento? Estas son las preguntas que le plantean a la OLAF.

Opacidad y falta de transparencia

“La administración española, en el marco de los fondos europeos, adjudica seis de cada diez contratos sin concurso público y a menudo sin publicar los pliegos ni ningún otro detalle. La cifra incluye los contratos menores, que por defecto no salen a concurso, pero entre los cuales es habitual que se adjudiquen por la cantidad máxima permitida para ir por esta vía de excepción”, explican en el documento, tomando cifras de varias investigaciones de la Fundación PorCausa. Todo un régimen de opacidad al que es imposible acceder, pues el Ministerio de interior considera que estos contratos son confidenciales, y recurre a la seguridad nacional para no proporcionar cifras. Un grado más de complicación se abre cuando se otorgan contratos millonarios a empresas que a su vez subcontratan a otras empresas, denuncian las organizaciones.

Por otra parte, cuenta Barroso cómo desde su organización en diferentes ocasiones han requerido información sobre los acuerdos de cooperación entre España y Marruecos, una información que normalmente no les facilitan. “La razón que te dan es que se debe a cuestiones de seguridad nacional, porque muchos de estos acuerdos no se ciñen sólo al tema migratorio, sino que abordan otros temas”. En este marco, cuando han pedido esta documentación, en ocasión de las últimas comparecencias de Fernando Grande Marlaska ante el Congreso de los diputados sobre lo sucedido en Melilla, les fue negada.  Junto al argumento de la Seguridad Nacional coadyuva otro factor que suma a la opacidad, al tratarse de temas relativos a política exterior: la Ley de Secretos Oficiales. Barroso recuerda que se trata de un ley del año 78, que, pese a la promesa de que iba a ser reformada, por ahora solo hay un borrador de proyecto de ley.

A la opacidad y falta de transparencia en la gestión de estos fondos europeos, se añade que los mecanismos previstos por los programas a los que pertenecen, no se están aplicando, añaden las organizaciones

A la opacidad y falta de transparencia en la gestión de estos fondos europeos, se añade que los mecanismos previstos por los programas a los que pertenecen no se están aplicando, añaden las organizaciones. “En relación con la constitución del Comité de Seguimiento para la aplicación de los Fondos FSI e IGFV para el marco financiero del periodo 2021 – 2027 por parte de España, hemos de señalar el posible incumplimiento de los requisitos”, afirman en el texto, donde enumeran las diversas veces en las que han requerido información a la administración sobre la conformación de estos Comités, que deben de incluir a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el contenido de los programas, sin haber obtenido respuesta.

Mientras, se habría conformado un Comité de composición “curiosa”, califica con moderación Barroso. En el mismo, de las cuatro organizaciones no gubernamentales que lo componen solo una, Cruz Roja, trabaja específicamente en el ámbito de las fronteras y las migraciones. La Fundación ANAR (especializada en infancia) y dos organizaciones de discapacidad: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y  la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, completan el comité. En el documento las entidades recuerdan, que según investigó PorCausa, Cruz Roja recibió contratos millonarios sin que la organización o la administración hayan facilitado los pliegos. Con un comité así conformado, junto a la opacidad de su trabajo “difícilmente se puede hacer una supervisión rigurosa de la gestión de estos Fondos Europeos”, lamenta la portavoz de Amnistía Internacional.

España ante la presidencia europea

Aunque se recurra a un organismo europeo para activar las investigaciones y buscar la rendición de cuentas que no se ha encontrado en el estado, las organizaciones son conscientes de que las políticas migratorias nacionales y el uso de los fondos europeos en actuaciones que vulneran los derechos humanos “son un reflejo de la externalización de las fronteras europeas. Que España se pueda desligar de las políticas de la Unión Europea es bastante complicado y de hecho está siendo un absoluto valedor de esas políticas”, explica Cerezo.

“No hay ningún cuestionamiento a que haya una política migratoria que sea contraria a los derechos humanos. Muy por el contrario, Sánchez ha hecho una defensa férrea de la actuación de las fuerzas policiales y de todas las actuaciones que en frontera se realizan”, coincide Slepoy, quien cree que la sociedad civil debe presionar para que se respeten los derechos humanos, y en ese sentido “esta iniciativa es una interpelación también para que el Gobierno español modifique su posición en cuanto a las políticas migratorias”.

Desde Red Acoge señalan que el momento para introducir estas demandas es crucial, pues por un lado se está negociando el Pacto Europeo de Migraciones, y por otro lado, España está por asumir la presidencia de la Unión Europea. “La presidencia debería ser un ejemplo para el resto de Europa en cuanto a políticas migratorias y a proteger y garantizar los derechos humanos en la frontera”, apunta Barroso por su parte, “pero por desgracia, con la tragedia del 24 de junio, nos han mostrado todo lo contrario: y no ha habido asunción de responsabilidades ni rendición de cuentas”. La organizaciones quedan pendientes de que la OLAF acepte su petición y comience a investigar.