Fronteras
Marlaska continúa el trabajo de Zoido: macro-CIE en Algeciras para 2022

El ministro de Interior socialista anunció el viernes un plan de 33 millones de euros para constituir “un nuevo modelo de CIE para garantizar la seguridad con humanidad”. El objetivo: reforma exprés para evitar su cierre.

Macro CIE Algeciras
Maqueta del macro CIE de Algeciras presentado por Zoido en 2017.

Dos gobiernos, misma política. A pesar del relevo en Moncloa, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) seguirán existiendo. El Consejo de Ministras del 18 de enero aprobaba un plan de inversiones en las infraestructuras de seguridad del Estado de 850 millones. De esa cantidad, más de 33 irán destinados a los CIE.

El plan no solo afecta a Algeciras. Supondrá la rehabilitación de todos los CIE: Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona, Madrid, Tarifa y también el viejo CIE algecireño. En este plan presentado por el Ministerio del Interior no se menciona, por ahora, el planteamiento de Zoido de los otros dos nuevos CIE en Andalucía, en Málaga y Motril. La reforma se prevé exprés. En un año estarían las obras en todos los CIE y en 2022 el ministro espera inaugurar el nuevo macro CIE en Algeciras, con capacidad para 500 personas.

El cambio de gobierno no ha traído ni tan si quiera cambio de argumentario. Si entonces el gobierno del PP aseguraba que el nuevo modelo arquitectónico buscaba que los centros contasen con “todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG”, el gobierno del PSOE asegura ahora buscar “un mayor respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas”.

Para Andrés De la Peña, delegado en el Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el plan presentado por Marlaska no supone “ninguna diferencia” con el hecho en su día por Zoido. “Mismo planteamiento, e incluso mismas fechas, mismo importe y mismo proyecto”, asevera en el caso del macro CIE de Algeciras.

Interior reconoce que el fin último de las obras es superar los constantes informes y denuncias contra estas instalaciones. Según explica el departamento “con estas obras se atiende a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen”. Es decir, reformarse o cerrar. 

Protesta CIE Algeciras
Protesta frente al viejo CIE de Algeciras durante la Caravana "Abriendo fronteras". APDHA

Algeciras, “la referencia de España”

Algeciras ha sido el lugar donde poner la primera piedra gracias a su Ayuntamiento. “Sin oposición desde el Ayuntamiento, el CIE en Algeciras va a continuar adelante porque cualquier cosa que plantees contraria es echada abajo por la mayoría absoluta del PP”, lamenta De la Peña ante el apoyo prestado en las dos últimas legislaturas por el gobierno local del senador José Ignacio Landaluce, que se ha convertido en el gran valedor político de la propuesta. 

Frontera sur
Algeciras, “el CIE de España”
El Campo de Gibraltar alberga desde 2006 dos centros que funcionan como CIE entre la falta de medios y la violación de derechos.

La idea de un macro CIE en Algeciras arranca operado el simultáneo giro conservador en España y en Algeciras a partir de 2011. De poco ha importado la oposición política y social al proyecto, con mociones contrarias apoyadas por PSOE, IU y Algeciras Sí Puede y constantes concentraciones a las puertas del viejo CIE. El equipo de gobierno conservador en solitario ha sacado adelante por dos veces la entrega de los terrenos. 

Una cesión que aunque fue rechazada por el PSOE de Algeciras en 2016, el ministro socialista Marlaska aseguró en su comparecencia haber firmado un convenio con Landaluce en noviembre de 2018 para hacer uso de esos terrenos, una parcela de 20.000 metros cuadrados situada junto a la cárcel de Botafuegos. Sin embargo, este acuerdo no es novedoso, sino la continuidad del protocolo general de colaboración que Ministerio y Ayuntamiento firmaron en mayo de 2017, bajo el mandato de Zoido. 

En el acto de la firma de ese convenio, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró que el nuevo CIE algecireño sería “la referencia de España y de Europa”. El argumento, de nuevo, “la dignificación de la vida de los internos y del trabajo de los funcionarios”. Nieto llegó a aseverar incluso el interés de “muchos responsables de Europa para ver ese modelo y esas instalaciones y copiarlas en sus países”. El delegado campogibraltareño de APDHA lamenta que se quiera vender “un hotel cinco estrellas” para encerrar a inmigrantes. “Se asocia inmigrante y delincuente. Porque, si están encerrados, algo habrán hecho, es el mensaje que se traslada”. 

Para De la Peña este continuismo no es sorprendente. “El PSOE está a favor de los CIE”. Ciertamente el programa electoral del PSOE prometía mantenerlos pero modificando “el actual modelo”, en una línea muy parecida a la que ya planteaba entonces el ministro Zoido. Sin embargo la promesa de “las trabas al acceso a los CIE por parte de las ONG de apoyo a inmigrantes acreditadas por la administración”, las ONG continúan encontrando dificultades. De la Peña denuncia que la delegación campogibraltareña de APDHA reclamó en octubre de 2018 acceso al centro algecireño y aún no han obtenido respuesta.

Rebelión en los Ayuntamientos 

El mantenimiento de los CIE desde el Gobierno Central contrasta con los rechazos locales de agrupaciones socialistas a albergar centros de estas características en sus municipios. En los últimos años, Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid han votado mociones en contra de la infraestructura de control migratorio con el apoyo de los grupos municipales socialistas. En Málaga aún pesa el recuerdo del CIE de Capuchinos, cerrado en 2012 bajo constantes denuncias de “condiciones infracarcelarias”. En Madrid, el goteo continúo de noticias negativas y de visitas internacionales denunciando el trato “totalmente inhumano” como lo definiría Angela Davis en octubre del año pasado, sitúa al centro madrileño en situación de máxima vigilancia de las organizaciones de derechos humanos.

Pero si hay una rebelión clara contra la política migratoria de Marlaska esa está en ciudad granadina de Motril. “No lo vamos a consentir, nos negamos en rotundo el año pasado a la construcción de un CIE en la zona del antiguo cuartel y nos vamos a negar ahora a la construcción de este CATE en esa zona”, aseguraba la alcaldesa socialista de Motril, Flor Almón, el mismo día que Marlaska anunciaba su plan modernizador de los CIE. En rueda de prensa, la alcaldesa denunciaba haber tenido conocimiento de que “técnicos de la Dirección General de la Policía Nacional están ultimando los trámites para la instalación del nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) en unos terrenos junto a la central de CLH pero fuera del recinto portuario”. La primer edil se negaba así a cualquier traslado del CATE provisional instalado en los últimos meses de 2018 en instalaciones del puerto motrileño. 

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Sin embargo Toñi Franco, vecina de Motril y activista de CIE No desconfía del Ayuntamiento. “La alcaldesa llegó a decir que el CIE era bueno para Motril, pero no le quedó otra que sumarse al no cuando empezaron las movilizaciones”. Sobre los planes del Gobierno Central de ampliar el CATE, Toñi asegura que “están jugando al gato y al ratón, al despiste”. “La subdelegada del gobierno y la prensa provincial hablan de CATE, pero lo que hay aprobado en Consejo de Ministros son 3,3 millones de euros para un CIE”. “Quieren colocarlo en una antigua zona industrial, junto a un depósito de 120 millones de combustible”, explica alarmada Toñi Franco, que protesta ante lo que cree “un paripé del Ayuntamiento”. 

Lo cierto es que el propio Ayuntamiento reconoce el papel de la presión ciudadana a la hora de modificar la posición institucional al afirmar que “no se va a hacer nada que los motrileños y motrileñas no quieran, estamos a su lado y vamos a apoyar lo que nos digan por encima de cualquier administración”. Pero para Toñi Franco no deja de ser una declaración más, “no puede limitarse a decir que no, sino a paralizarlo”, afirma la activista. 

El periférico Campo de Gibraltar, sin oposición de las autoridades locales y sin suficiente presión de la sociedad civil y los medios de comunicación, se ha convertido en la piedra de clave donde apuntalar la continuista política migratoria y refrendar la existencia de los CIE. 

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