Fronteras
Fin del plazo de la regularización extraordinaria: acecho judicial, críticas en Europa y barreras burocráticas

1.200.000 solicitudes presentadas. Los datos que ayer se hacían públicos sobre el proceso de regularización extraordinaria, tras dos meses y medio de plazo, superaban todas las expectativas, más que duplicando las estimaciones de medio millón de personas que se esperaba que se acogiesen a esta oportunidad histórica. 

Tras el cierre del plazo, el movimiento Regularización Ya se felicitaba por haber concretado un objetivo por el que lleva luchando más de seis años: “Cambiamos la historia de la democracia española”, apuntaban al final de la jornada de ayer, poniendo el valor de la lucha de los colectivos migrantes “Ha sido un hito histórico y un reto para todas las organizaciones sociales y políticas, acompañar este proceso de regularización ante un crecimiento del discurso de odio ante inmigración y fascista global”, apuntaban.

La misma jornada del cierre del proceso, que se mantuvo en el 30 de junio a pesar de las múltiples peticiones de prórroga, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz participaba en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, y la campaña “¿De dónde vienes?, hacer país” acompañada del presidente del gobierno Pedro Sánchez.  Durante el acto, en el que participaban tanto la patronal como los sindicatos mayoritarios, la ministra apostó por el “desarrollo” de los flujos migratorios: “La primera medida de este eje es la extraordinaria regularización de los extranjeros que ya viven entre nosotros y cuyo plazo finaliza hoy. Más de un millón de personas que ya formaban parte de nuestra sociedad y que han vivido durante demasiado tiempo bajo el peso del miedo y la incertidumbre”, declaraba.

La satisfacción por un proceso de regularización extraordinario que, en un marco de discursos y políticas antimigratorias, ha abierto la oportunidad a cientos de miles de personas migrantes a regular su situación administrativa, se veía ayer matizada por dos hechos:  En primer lugar, el Tribunal Supremo comunicaba su decisión de trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea “una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto [número] que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE“, en el marco de la tramitación de recursos contra el decreto interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón. El Supremo solicita así el parecer del tribunal europeo sobre la compatibilidad del proceso con el Convenio Schengen, o el Tratado de la UE.

Por otro lado, mientras la titular de Migraciones calificaba al proceso de “éxito”, desde los colectivos que han peleado por la regularización y han acompañado a las personas migrantes en el proceso, llevan desde el inicio de los plazos alertando del “laberinto burocrático”. Durante la jornada de ayer, Regularización Ya destacaba en sus redes sociales: “Último día de regularización extraordinaria y seguimos peleando para que nadie quede fuera”, dando cuenta de la huelga de correos en CC OO durante la jornada, y ofreciendo información sobre oficinas de la Seguridad Social donde las persona que ya tenían una cita en Correos, pudieran presentar su solicitud. 

La huelga ha supuesto solo el último incidente de una serie de impedimentos que el movimiento ha ido denunciando en los últimos días: “Administraciones colapsadas. Faltante de citas para la toma de huellas, Embajadas y Consulados con demoras”, enumeraban las principales fallas en las publicaciones de los últimos días, destacando las falencias que han ido identificando a lo largo del proceso. 

En sus mismas redes sociales, se pueden leer en primera personas las dificultades que han estado atravesando las personas en su puja por cumplimentar la documentación requerida, y completar exitosamente los trámites: dificultades para ingresar las tasas en sede bancaria, obstrucción para conseguir el certificado digital, falta de información por parte del personal de correos y de la seguridad social encargado de admitir las solicitudes. El reducido número de resoluciones favorables obtenidas, así como la superación sistemática del plazo de dos semanas en las que el Ministerio apuntaba que iba a responder están entre las principales críticas al proceso. Por último, tanto Regularización Ya, como Podemos, a través de su portavoz Ione Belarra, como Sumar, han visto cómo sus peticiones para ampliar el plazo más allá del 30 de junio, no han sido escuchadas. 

El frente judicial

Pese a la decisión del Tribunal Supremo de elevar al TJUE la consulta sobre la compatibilidad de regularización con las políticas europeas, el ministerio daba ayer un mensaje de tranquilidad argumentando que  ”la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario“, y destacando que el permiso de residencia y trabajo que se otorga mediante el proceso solo es válido en territorio español. Mientras, desde la cartera dirigida por Saiz preparan las alegaciones, junto a la Abogacía del Estado para defender el proceso.

Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de Sumar, socio minoritario del gobierno, afirmaba durante la jornada del lunes en una conferencia de prensa: “La regularización no es contradictoria con ninguna norma europea, con lo cual dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización, lo dudo muchísimo. Es más, no creo que eso vaya a ocurrir y creo que es generar inseguridad jurídica, que es lo que le gusta al Partido Popular”.  

Mientras el miembro de IU ponía el foco en el objetivo boicoteador de la oposición, su compañero en Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, además de exigir una prórroga, señalaba al Supremo por intentar “cargarse los derechos” de las personas migrantes. Como recordaban en la misa rueda de prensa de Sumar, desde el Congreso de los diputados, esta no es la primera ofensiva judicial de la oposición contra el decreto por la regularización, la Comunidad de Madrid denunció el proceso hace meses, argumentando que este colapsaría los servicios públicos, recurso que el Supremo desestimó, así como desestimó otras iniciativas provenientes de Vox y de entidades conservadoras. 

Europa contra la regularización

El encaje del proceso de regularización en un contexto político europeo en el que el consenso sobre las migraciones asume enfoques restrictivos y securitarios no ha sido fácil. De hecho, el argumento del gobierno para fijar el 30 de junio como fecha límite, era la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo prevista para este mismo mes. Si bien, la Comisión Europea ya se pronunció el pasado enero —afirmando que España tenía la potestad de decidir sobre su política migratoria e iniciar el proceso de regularización hacia personas que ya se encontraban en su territorio—, son varios los líderes europeos que han mostrado su oposición a la decisión del gobierno. 

Ya el pasado 18 de junio, en una cumbre a puerta cerrada del Consejo de Europa, tras la entrada en vigor del PEMA pocos días antes y la subsiguiente aprobación del reglamento de retorno, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni acusaba a Sánchez de perjudicar a sus vecinos con la regularización. No era la única, el también derechista primer ministro belga, Bart De Wever, y la socialdemocráta Mette Frederiksen, primera ministra danesa se unían a la ofensiva: todos ellos acusaban a Moncloa de haber planteado la regularización sin consultar a los estados miembros. 

En la cumbre, solo Pedro Sánchez y su homólogo francés, Emmanuel Macron, plantearon resistencias frente a un enfoque europeo, liderado por Meloni y Frederiksen, que pretende aprovechar hasta las últimas consecuencias el reglamento de retorno aprobado el pasado 18 de junio. Los mandatarios francés y español condenaron el plan de construir centros de detención, los llamados “deportation hubs” en terceros países. 

El principal opositor a Macron, el líder de la extrema derecha Joan Bardella, ha sido uno de los más acérrimos críticos al proceso de regularización en España. “La España de Pedro Sánchez está por convertirse en la puerta de entrada de la sumersión migratoria en Europa”, expresó Bardella a principios de año, en un encuentro de Patriotas por Europa, el grupo que preside en la Eurocámara. 

El proceso de regularización extraordinaria ha implicado para el gobierno tanto el ataque por parte de las derechas estatales y europeas como el reconocimiento por actuar a contracorriente de una tendencia mundial restrictiva hacia el movimiento de las personas. Una mirada desde el exterior que no se ve alterada por contradicciones del ejecutivo con su propio discurso, como las cárceles para personas migrantes construidas en Mauritania, o el incremento de redadas y vuelos de deportación durante el proceso de regularización.