Fronteras
En trámite: Expectativas e incertidumbre en el verano de la regularización extraordinaria

Hace ya casi dos semanas que acabó el plazo para presentar solicitudes para acceder a la regularización extraordinaria, pero el proceso sigue. Según las últimas cifras aportadas por el gobierno, del 1.200.000 personas que entregaron su expediente, el 52% han sido admitidas a trámite, pero solo 11.000 cuentan ya con una resolución favorable.  Así, la gran mayoría está solo al inicio de todo un itinerario burocrático que toma forma en un contexto de inicio de verano, con miles de personas boqueando entre la ilusión y la incertidumbre, ansiosos por recibir las notificaciones que les comuniquen el próximo paso a seguir.

Marco (no es su nombre real), hondureño, lleva más de un mes en ese proceso, a la espera de una notificación que le asegure que todo sigue adelante. Para este diseñador gráfico de 21 años, la oportunidad de regularizar su situación, era algo a no dejar escapar, y se ha asegurado de no fallar ningún paso. “Yo me he apoyado en un abogado porque mi caso era un poco especial, y con las asociaciones se complicaba un poco más el trámite, necesitaba mucha personalización”. El abogado que le está acompañando ya lo conocía, pues le había ayudado con otros trámites complejos. Pero además Marco, activista, se apoyó en la Red de Hondureñas Migradas (REDHMI) de la que también él forma parte, para financiar parte del proceso. 

Aún contando con ese apoyo profesional y activista, cuando inició el plazo se encontraron con el primer escollo: “Los primeros días todas las personas estaban locas tratando de conseguir el certificado de vulnerabilidad”. Para el resto de la documentación, considera que contar con el abogado le ha marcado una diferencia, eso, y haber pedido los antecedentes penales ya en enero, antes de que se complicase el acceso al documento: “El sistema no estaba funcionando en Honduras y afortunadamente he sido de las personas que primero pudo conseguir los documentos. Hay personas que les ha costado un montón debido a que Honduras se satura cuando empiezan a pedir demasiados trámites”. 

Mientras espera que su proceso supere el próximo hito, Marco va trabajando de lo que le sale, principalmente encargos de limpieza por horas. No entiende muy bien de qué depende la tardanza, conoce a gente que ha recibido la admisión a trámite en pocos días, y a otras que llevan semanas y semanas esperando. Confía en que el hecho de pagar un abogado le ayude a conseguir una cita para las huellas. En parte es por eso que le contrató. “A futuro me veo primero buscando un trabajo estable porque la vivienda está precaria también, hay problemas en casa con  el alquiler. Y también quiero seguir en el activismo, a la par de estar sostenible económicamente para poder apoyar más”, apunta.

Superando escollos

El pasado 30 de junio, el mismo día que terminaba el plazo de admisión de solicitudes, untitular manchaba las noticias de desasosiego para las tantas personas que, como Marco, se habían acogido a esta ventana de oportunidad. El Tribunal Supremo planteaba enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una preconsulta judicial sobre el proceso de regularización tras los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, en el marco de una ofensiva judicialmás amplia que ya habían protagonizado antes la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír. Días después, el pasado 8 de julio, como ya había pasado anteriormente, el Supremodescartó definitivamente la posibilidad de invalidar el proceso. 

En Regularización Ya hace tiempo que no tienen energías ni ganas de estar pendientes a las alharacas de la derecha contra la conquista de la regularización. “El acoso de la derecha siempre ha existido y va a seguir existiendo”, razona Edith Espinola, portavoz de Regularización Ya, quien relaciona esta matraca constante de ataque contra el proceso, con la normalización de los comentarios racistas y xenófobos y la falta de empatía hacia las personas migrantes, reducidas a “mano de obra barata y explotada”.  Respecto a las ofensivas judiciales, “nosotras siempre estamos vigilantes y a la espera de lo que puede suceder. Pero Regularización ya es un movimiento, no tiene una estructura para hacer frente a demandas y situaciones así”, argumentaba la activista. Se trata de establecer alianzas con otras entidades que sí tienen la estructura y los medios para abordar el frente judicial.

“El acoso de la derecha siempre ha existido y va a seguir existiendo”, razona Edith Espinola, portavoz de Regularización Ya

Mientras, la misión de Regularización Ya es asegurarse de que el proceso que tanto esfuerzo ha requerido, sea un éxito, y pese a las dificultades y obstáculos que no han parado de emerger, los primeros días post finalización del plazo de solicitudes también trajeron otra buena noticia en forma de instrucción del gobierno, que flexibilizaba los requisitos para acceder al TIE. “Nosotras hace rato que estábamos trabajando sobre eso con varias entidades y se habían enviado cartas solicitando justamente esa revisión, por eso ha salido. Entendemos que tanto el Ministerio de Interior como Inclusión han trabajado de la mano y por eso salieron esas instrucciones con respecto al TIE”. 

Si bien Espinola celebra que las administraciones hayan estado receptivas, lamenta que se actúe desde la reactividad y ante la insistencia de entidades y activistas, y no desde la planificación y la adjudicación de los recursos necesarios a tiempo. Esta falta de planificación y de recursos es el leit motiv en el balance que hacen movimientos, entidades colaboradoras, o colectivos de apoyo  ante el fin del plazo de las solicitudes y el principio de un proceso de acompañamiento que no se presenta fácil. 

La nueva instrucción del TIE también la celebra Beatriz Suárez, desde el Área de Incidencia de Sur Acoge, una federación que agrupa a colectivos, asociaciones y entidades de Andalucía, Ceuta y Melilla y Canarias: “este era uno de los escollos más gordos pues se les iba a aplicar una normativa completamente diferente a la que se aplicó en la presentación de la solicitud. Se les iba a pedir el empadronamiento y el pasaporte en vigor. Esto iba a hacer que todo el proceso se quedara completamente atascado, aunque tuvieran permiso no iban a tener el TIE”. La labor de incidencia del movimiento y las entidades aliadas como la suya, se ha cobrado sus frutos pero, como Espinola, Suárez lamenta los tiempos de reacción del ejecutivo: “El problema es que estas soluciones se dan muy a posteriori”. 

“En trámite”

Belinda Ntutumu, portavoz de Regularización Ya Murcia e integrante de la organización AfroMurcia en Movimiento, querría tener estadísticas más claras. No le valen el 1.200.000 como cifra, considera que es un dato que muestra “un proceso”, pero lo importante es el resultado. Ella quiere saber no solo cuántas han sido admitidas a trámite, sino cuántas serán favorables. Conoce bien las dificultades que pueden imposibilitar que se concrete un derecho, garantizado por la normativa pero no por la disponibilidad de recursos o las prácticas. Y en esta deriva del no proveer los medios necesarios para cumplir, hay una carencia que viene siendo un clásico de la ansiedad de las personas migrantes. Conseguir cita, en este caso, para la toma de huellas, un proceso que “sigue atascado”, en palabras de Ntutumu. 

Si es importante para esta activista ver resultados, es porque en principio, en Murcia, las solicitudes han alcanzado cuotas que nadie esperaba, 45.000 expedientes tras los que hay 45.000 personas esperando avanzar en su camino hacia la regularización: “aquí se han superado las expectativas porque creíamos al principio que iba a ser difícil para mucha gente, pues no había información”. Por otro lado, considera, las organizaciones estaban más a la espera que proactivas. Con todo, mucha gente como la que compone su organización, estuvo acompañando y asesorando con un buen resultado: “Murcia es la séptima provincia de España en cuanto a presentación de solicitudes”. 

“La mayoría de la gente no es experta en extranjería, escucha un montón de información y termina tan sobrepasada que ya no sabe qué hacer”

Desde Madrid, Espinola comparte su alegría por la gente que recibió admisión a trámite, pero también muestra prudencia por las escasas resoluciones favorables que estarían llegando. En Regularización Ya intentan dar un voto de confianza al gobierno para que se culminen los trámites de la gente, especialmente para quienes ya están trabajando y necesitan regularizar su contrato.  Sin embargo, lo que se encuentran las personas es poca transparencia y la dificultad de saber en qué punto está su expediente. “Te metes en la carpeta ciudadana y te dice siempre que está en trámite”. Entonces a Espinola se le ocurre una comparativa muy gráfica:  “al menos cuando hay un seguimiento de un paquete te dicen, ‘está saliendo de la fábrica, está en el almacén, está en tal cosa’, tenés como una seguridad de que tu paquete en algún momento va a llegar”. 

Aunque considera que la Unidad de Tramitación Extraordinaria (UTEX) está haciendo todo lo posible para procesar los expedientes, la portavoz de Regularización Ya señala que falta personal que pueda aumentar el ritmo y respetar los plazos: “si tienen dinero para hacer frente a las fronteras, deberían tener un dinero específico para utilizarlo en la administración y poder hacer las contrataciones y el seguimiento que se tenga que hacer a cualquier expediente”. Se trata de no mantener a las personas en un estado de incertidumbre respecto a cuál será la respuesta: “la mayoría de la gente, obviamente, no es experta en extranjería, escucha un montón de información y termina tan sobrepasada con la información que recibe que ya no sabe qué hacer”.  El miedo a que el expediente se traspapele o se deniegue no se ve amortiguado cuando toda la información que se tiene durante semanas es que el expediente está “en trámite”. 

Un verano difícil

Marian Lobo pertenece a un pequeño colectivo en Gijón llamado Regularización y Derechos Asturies. Organizadas poco antes de que se anunciara el acuerdo entre PSOE y Podemos que abrió la posibilidad del Real Decreto 316/2016, se han estado coordinando con Asturias Acoge, LATE, o Red de Apoyo de Avilés, para acompañar un proceso que ha resultado en la presentación de más de 14.000 solicitudes en la comunidad autónoma. Para Lobo, el hecho de que el plazo fuera aún más corto de lo que se esperaba inicialmente —empezando ya a mediados de abril— hizo que muchos de los expedientes se tuvieran que entregar incompletos: “las embajadas estaban colapsadas, los consulados también, no llegábamos a tiempo ni con las traducciones ni con las apostillas”, lamenta, previendo el aluvión de requerimientos que se viene para muchas personas. 

Porque además, lamenta, la falta de información clara, ha supuesto una de las trabas más problemáticas, y les ha inducido a veces a sacar notas informativas erradas que luego había que reparar. El hecho de que las citas para presentar la solicitud solo pudiesen sacarse con certificado digital ha supuesto otro quebradero de cabeza. Las organizaciones asumen que van a seguir acompañando a las personas durante los próximos meses, en el caso de RDA, seguirán atendiendo cada jueves desde la Casa Sindical de Gijón, el lugar desde el que han ayudado a tramitar decenas de expedientes, usando sus propios certificados digitales para pedir citas, y recabando más certificados entre amigos y familia para poder seguir apoyando.

En el colectivo de Lobo han evitado, salvo para casos muy concretos, ser ellas quienes tramitan directamente la solicitud a través de Mercurio. Han preferido orientar con los expedientes, pero propiciar que sean las mismas personas migrantes quienes presenten la solicitud en Correos o la Seguridad Social, con el fin de que las comunicaciones las reciban directamente las personas interesadas. “Solo subíamos a Mercurio casos muy específicos, con personas que estuviesen en situación de calle, que no tuviesen domicilio fiscal de notificación o familias con dificultades de acceso para saber cómo resolver requerimientos…”. Ahora se sirven de notas explicativas para entender qué es lo que toca hacer tras cada notificación, y atienden telefónicamente para resolver dudas. Les preocupan cuestiones como que los empleadores no acepten solo la resolución de alta en la seguridad social y exijan ya un TIE que va a tardar en llegar.   

Y a la espera de estas comunicaciones están tanto las personas migrantes como las organizaciones como RDA: “nos surgen miedos”, lamenta la activista: “El BOE pone que en tres meses si no se tiene respuesta es silencio administrativo, ¿eso se va a cumplir o no?”, pues, si como es de esperar, en tres meses no se van a resolver 1.200.000 solicitudes, ¿ese silencio administrativo sería positivo, implicando la aprobación de las solicitudes? ¿o sería, en el peor escenario, negativo, desestimándose las solicitudes a las que no se ha respondido en plazo?”

Desde Sur Acoge, Suárez comparte su inquietud: más desafiante que presentar las solicitudes es lo que viene a continuación: “poder gestionar toda la tramitación a partir de ahora”. Identifica en este sentido una carencia, mientras el gobierno puso Oficinas de Correos y de la Seguridad Social al servicio de la presentación de solicitudes, una vez acabado el plazo, ya no hay espacios extra donde las personas puedan ser atendidas y sus dudas sean resueltas. 

“Ahora mismo la gente está muy perdida, las administraciones están muy perdidas y yo creo que no hay una buena planificación”

“Tendría que haber una apuesta administrativa post presentación de solicitudes”, concluye Suárez. Hay gente que, por ejemplo, ya podría estar trabajando, pues tienen autorización por la admisión a trámite, pero los empleadores están esperando el TIE, que aún tardará en llegar, por lo que se arriesgan a perder oportunidades de empleo. Junto a la falta de personal destinado a acompañar los trámites, algo que preocupa a su organización es que frente a un marco para la solicitud bastante flexible, luego no se sea tan flexible a la hora de resolver los expedientes. “Ahora mismo la gente está muy perdida, las administraciones están muy perdidas y yo creo que no hay una buena planificación”. En este marco, espera que el Gobierno cumpla con el anuncio de que destinará medio millón de euros, durante el próximo año, para facilitar la inclusión de personas migrantes. 

Espinola también considera que se ha dejado la responsabilidad de acompañar el proceso en manos de las entidades.  “Estamos todavía recibiendo respuestas a medias, porque primero te viene la admisión a trámite, tenés que esperar si hay un requerimiento sobre ese expediente y tenés que esperar todavía la concesión. Entonces, esto puede durar hasta septiembre, octubre, inclusive noviembre”. Y sobre algunos expedientes más complejos, el proceso se puede eternizar, advierte. 

Un proceso desigual

Para Belinda Ntutumu es también importante, una vez terminado el plazo de solicitudes, preguntarse por quiénes se han quedado afuera.  En el caso de Murcia hay una ausencia que llama mucho la atención, la de la población africana, que cuenta con una gran presencia en la región como mano de obra explotada en el sector agrícola, y que casi no ha presentado expedientes, frente a la población marroquí, que es la que más solicitudes ha presentado, o las distintas poblaciones latinoamericanas, como son la colombiana, la hondureña o la venezolana. “Hay muy pocos datos sobre la población africana ¿que demuestra esto? pues demuestra de nuevo que la población africana sigue siendo la población más vulnerable, también en este proceso de regularización”.

Y es que, además de inquietarse por la lentitud en las resoluciones y el atasco de citas en trámites como el de la toma de huella, algo que califica como sistemático en Murcia, Ntutumu recuerda que la falta de recursos ha afectado especialmente a la población africana, que han de enfrentar dificultades añadidas como la del idioma. La activista es muy crítica con las grandes ONG que trabajan con esta población, pues considera que no han hecho lo suficiente para facilitar la regularización, especialmente en Murcia, lo que abocará a muchas personas africanas a vivir en situación irregular y “seguir dependiendo de organizaciones del tercer sector”, en lugar de adquirir derechos y por tanto ampliar sus posibilidades, como sí podrán hacer las personas latinoamericanas o marroquíes que sí se regularicen.

Sur Acoge también ha registrado las dificultades que la población africana ha tenido para acceder al proceso, en comparación sobre todo con la población latinoamericana, que en muchos casos, además, contaba ya con NIE, facilitando tanto el pago de tasas como la adquisición del certificado digital, lo que ayuda a la gestión autónoma del expediente, “dicho de otro modo, han empezado siete casillas más para adelante que los africanos”. A Suárez le preocupa no solo que las personas africanas hayan presentado menos solicitudes, sino que van a enfrentar aún más dificultades con la tramitación de los antecedentes penales y las traducciones. 

Desde Gijón, Lobo explica que los colectivos y organizaciones que se han coordinado juntas, especialmente LATE, que coopera con Senegal, llevan mucho tiempo trabajando con  personas africanas, lo que por un lado ha servido para acompañar a más solicitantes de ese continente, pero también para constatar las dificultades añadidas que enfrentan. Lamenta el trato recibido en muchos casos por estas personas cuando intentan conseguir documentación en su país de origen, por parte de sus propias embajadas y consulados: “nos extrañaba muchísimo porque las contestaciones a veces eran horribles. Aparte, a ellos se les exige una doble traducción de sus documentos. Son extras que se tienen que abonar”. 

Lobo no entiende cómo, estando muchos de estos documentos redactados en francés o inglés, lenguas coloniales de la Unión Europea, se ha obligado a las personas a traducirlos. También recuerda que muchas personas, que han llegado por la frontera sur, no cuentan con pasaporte, frente a la población latinoamericana que viene sobre todo en avión con su documento.  Con nosotras “quienes más han podido llegar al trámite han sido sobre todo personas latinoamericanas, y en especial venezolanas”. Se da el caso de que estas últimas han aprovechado el proceso de regularización, después de que el pasado mayo se suspendiera la residencia por razones humanitarias, a la que los nacionales de Venezuela han tenido acceso en los últimos años.

Notas para la próxima regularización

Espinola celebra todo lo que se ha conseguido en un tiempo récord, pues, aún con la facilidad de no tener que entregar un contrato laboral, las dificultades han estado presentes, “sobre todo con el tema del informe de vulnerabilidad, que realmente si las entidades sociales no se hubieran puesto la camiseta para trabajar absolutamente desde la gratuidad y voluntariedad no hubiese salido y no se hubiese presentado la cantidad de expedientes que se presentó”. 

Desde Gijón, cuenta Lobo, que a pesar de que en principio el proceso se podía realizar de forma autónoma, la escasa claridad de algunas de las informaciones, o la dificultad para aportar la documentación “hizo el acompañamiento necesario”: “nosotras acompañábamos todos los expedientes, nos asegurábamos de dejar revisados uno por uno u orientábamos a la hora de cómo buscar las pruebas, de cómo pedir los certificados de vulnerabilidad en caso de que no supiesen. Sí que veíamos importante que los Servicios Sociales se implicasen en el proceso. Y en Gijón por lo menos, sí que el ayuntamiento puso cuatro trabajadores sociales específicas para este tema”. 

El hecho de que varias de las personas implicadas en la regularización, como es el caso de la propia Lobo, responsable del área de migración del Colegio de Trabajo Social en Asturias, tomaran la iniciativa de mandar un comunicado a las colegiadas para aclararles que los servicios sociales debían dar el certificado sin entrevista ni informe, pues la situación de irregularidad ya es una condición de vulnerabilidad —según defendían desde el principio desde Regularización Ya—, facilitó el proceso en esta comunidad autónoma, frente a las dificultades mostradas en otros territorios.

“Es muy importante, hacer conscientes a todas las personas de que pueden ellas mismas gestionar sus propios expedientes”

Para Ntutumu, lo más importante en el proceso ha sido justamente esa labor de dar información y orientar. Pero también, subraya, hacer que las personas pudiesen resolver ellas mismas sus expedientes. “El asesoramiento que han recibido ha permitido que si, por ejemplo, en una organización no se les podía hacer el certificado digital, se les dirigiese a otras organizaciones en las que sí era posible”. La activista considera que gracias a la información fluida sobre el proceso, son muchas quienes, sintiéndose más implicadas, han podido seguir para adelante de manera autónoma. “Es muy importante, hacer conscientes a todas las personas de que pueden ellas mismas gestionar sus propios expedientes”. 

Desde Sur Acoge coinciden en que el proceso refleja las dificultades que sufren habitualmente grupos específicos, como quienes se hallan en asentamientos, enfrentan barreras idiomáticas, o tienen problemas para entender el proceso. Por ello, consideran como Ntutumu, que el objetivo es que las personas puedan ser autónomas en la tramitación de su expediente. También la gestión, excesivamente digital, se ve complicada por la brecha digital que afecta a muchas personas. “De hecho, nosotros ahora lo que estamos haciendo con la mayoría de los casos es orientarles a que aunque lo hayan presentado por correo postal, una vez que tienen el NIE, se saquen el certificado digital”. Para ello considera que el apoyo de las entidades sociales es fundamental, facilitando, por ejemplo, que las personas puedan acceder a las notificaciones en su carpeta digital.  

Lo que se viene

La incertidumbre sobre a qué ritmo se irán resolviendo los expedientes se agrava ante un verano en el que normalmente las vacaciones suelen ralentizar los procesos, a ello se sumaron convocatorias de huelgas como la de CC OO en Catalunya, explica Ntutumu, quien teme que una vez más los recursos no sean suficientes. “Queremos entender que se va a agilizar el proceso, que las resoluciones serán en su mayoría favorables y las personas podrán completar la toma de huella”. También espera que las empresas que contratan a este nuevo personal, sean conscientes de que deben renovarlas tras el primer año, para garantizar la continuidad una vez expire el TIE. La activista recuerda que los datos dicen que estas personas trabajadoras son necesarias en sectores como “la agricultura, la hostelería, la industria alimentaria o los cuidados”. Por último la integrante de AfroMurcia en Movimiento añade que nadie debería tardar tantos años en poder regularizarse, y que facilitar el acceso a derechos “tiene que formar parte del cambio hacia una política migratoria independiente de lo que diga Europa”.

Suárez considera que hubiese sido fundamental un esfuerzo de la administración posterior a las solicitudes. “Un sitio en el que tú puedas ir a que te aclaren cuál es el siguiente paso, a que te faciliten el tema digital, donde te digan cómo acceder al número de la Seguridad Social una vez que lo tienes pero no te ha llegado la carta”. En definitiva, que hubiese un acceso fácil a la información ante situaciones en las que la falta de transparencia o de comunicación prolonga la incertidumbre de las personas.  Una incertidumbre que se agrava porque, tras un proceso de solicitud en el que se flexibilizaron los requisitos para poder empezar los trámites, personas y entidades no saben muy bien si esa flexibilidad se mantendrá en el momento de la tramitación de cada expediente. Ahora, lo que se tercia, es acompañar a la gente en esta nueva fase de su proceso, en un momento en el que “las administraciones están muy perdidas, no hay una buena planificación ahora mismo”. 

Lobo lamentan que quienes quedan fuera de este proceso “tendrán que seguir dos años al menos condenadas a la clandestinidad para poder sobrevivir y poder acogerse al régimen común de extranjería actual”. Esto, mientras se aplica ya el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y se aprueban reglamentos como el de Retorno. “Dentro de un año, con las elecciones venideras y viendo cómo estamos evolucionando hacia políticas cada vez más racistas, no sé qué pasará”.

En este marco complejo, Espinola invita a la sociedad a apoyar a las personas migrantes: “Hacer las contrataciones en tiempo y forma, ahora que tiene el permiso de trabajo. Que las compañeras migrantes estén vigilantes de su cotización”, todo esto sin perder de vista que una vez empiecen a expirar los permisos de trabajo, en la primavera del año que viene, podría generarse otro atasco en pleno proceso de transición: “El gobierno tendrá que ponerse las pilas para hacer frente a estas renovaciones o modificaciones”. 

Como Lobo, Espinola lamenta que a pesar de la regularización, “existe ya un colchón de personas en situación administrativa irregular que han llegado a partir del primero de enero de 2026 y de eso nadie está hablando”. Así que, a pesar de haber recibido “como agua de mayo”, un proceso de regularización por el que se llevan más de seis años trabajando, lamenta que aún seguirá quedando gente afuera. Que se hayan presentado más de un millón de solicitudes “es una alegría, pero te quedas como con un regusto en la boca, con la sensación de que el proceso no está completo”