“La vivienda no es un negocio ni un bien con el que especular: es un derecho”. Así ha arrancado el manifiesto que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo ha leído en el contexto de la mayor movilización de Galicia durante esta jornada de manifestaciones en todo el Estado español. “Rentistas y fondos de inversión siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad de los diferentes gobiernos. Del Estado, de la Xunta y de los Concellos”, han denunciado.

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Nicolás Filgueiras

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Galicia

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Activistas y especialistas abordan la incidencia y la responsabilidad de los pequeños propietarios en el problema de la vivienda en Galicia, donde es especialmente incidente, y en el resto del Estado.

Varios miles de personas han recorrido las calles de la ciudad más grande de Galicia en número de habitantes para reclamar medidas “reales e inmediatas” que limiten de una vez por todas el mercado de la vivienda: “La emergencia habitacional nos atraviesa cada vez a más personas. Jóvenes, mayores y en muchas diferentes circunstancias vitales”, han gritado los activistas durante la lectura del manifiesto en Porta do Sol. Aunque la punta de lanza ha sido el Sindicato, casi un centenar de organizaciones civiles por toda Galicia ha apoyado y secundado la movilización.

El nutrido grupo de activistas ha señalado que los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de “empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Pero no solo eso. También han señalado la falta de oferta de vivienda habitual, “frente las más de 21.000 viviendas vacías y el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico que ya han alcanzado las más de 2.200 ofertas regladas (a lo que hay que sumarle las ilegales)”. “Esto es una fórmula ultra especulativa que no solo reduce la oferta y contribuye a aumentar el precio, sino también expulsa el vecindario de sus barrios”, han denuncian.

Las sensaciones y reivindicaciones de las manifestantes durante la marcha han sido, en esencia, comunes. Por un lado, varias personas, en conversación con El Salto, señalan la necesidad imperiosa de un parque público de vivienda, tanto en alquiler asumible como de vivienda social: “Hay una lista de más de 5.500 demandantes de vivienda pública a la que se le está dando la espalda. Es una decisión política”. 

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A Coruña y Vigo, ambas gobernadas por el PSOE, son las ciudades con mayor incremento en este tipo de negocios turísticos en la última década. La normativa más restrictiva, la de Santiago de Compostela, ha logrado mantener controlada su presencia.

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Por otra parte, también desde A Coruña, donde la manifestación además de esquivar la lluvia convocó a cerca de 5.000 personas durante la mañana de este domingo para hacer el recorrido desde la plaza de Ourense a la plaza de Maria Pita donde está la sede del Ayuntamiento que, este viernes y tras la presión vecinal, solicitó a la Xunta que declare al conjunto de la ciudad como zona residencial tensionada tal y como recoge la nueva ley de vivienda debido al aumento exponencial en el precio de los alquileres sufrido en los últimos años.

Precisamente, en ambas ciudades, tanto en A Coruña como en Vigo, el movimiento vecinal ha venido denunciando también las evidencias en la propia calle. Por un lado, el aumento de las personas sin hogar y la falta de inversión en recursos para atenderlas y, por otro, la absoluta desprotección jurídica de los contratos de temporada, que son usados por los rentistas para reducir los derechos de las inquilinas. Esto desemboca, según los sindicatos, en dificultades de acceso con estrictos requisitos y garantías adicionales como seguros de impago, avales, altas nóminas y la discriminación, especialmente la personas racializadas, familias con hijos e hijas o mascotas.

Las reivindicaciones de las y los manifestantes

El Sindicato de Inquilinas lanza un mensaje claro y urgente: la situación de la vivienda es insostenible y necesita cambios estructurales inmediatos. Los precios del alquiler, completamente desbocados, están ahogando a miles de personas, por lo que exigen una bajada drástica de las rentas y una regulación efectiva que impida nuevas subidas abusivas.

Denuncian que la inestabilidad contractual provoca expulsiones constantes de sus hogares cada cinco o siete años, generando miles de desahucios invisibles. Reclaman contratos de alquiler indefinidos que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida sin la amenaza constante del desalojo.

También alertan sobre el uso turístico de las viviendas, al que consideran una forma de especulación extrema que vacía los barrios y expulsa a las vecinas. Proponen frenar esta dinámica dejando de otorgar licencias y avanzando hacia su prohibición.

En paralelo, denuncian que cientos de miles de viviendas permanecen vacías o se destinan a alquileres de temporada o turísticos, mientras se habla de escasez de vivienda. Reclaman su recuperación para que cumplan con su función social y puedan ser habitadas de forma estable.

Una de sus principales exigencias es el aumento del parque público de vivienda, tanto para alquiler social como asequible, con el objetivo de alcanzar al menos un 15% del total de viviendas construidas.

También exigen el fin de la compraventa especulativa. Denuncian que la vivienda se ha convertido en un producto financiero en manos de fondos buitre o grandes rentistas, y reclaman que se prohíba la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos.

Por último, señalan la proliferación de grupos de desokupación, a los que describen como matones contratados por propietarios para desalojar viviendas mediante coacciones y amenazas. Consideran que estas prácticas violentas deben ser perseguidas y prohibidas.

Esta no es solo una movilización más: es un paso firme en la construcción de un movimiento que no se detendrá hasta acabar con el negocio de la vivienda. Porque la vivienda no es un producto para especular, es un derecho y una necesidad vital. Hay que defenderla.