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Galicia
¿Por qué no nos atrevemos a hablar de rentismo popular? Cuando tu casero no es un fondo buitre
En muchas ocasiones, se aborda el problema de la vivienda imitando los discursos que se originan en las experiencias de las grandes ciudades del Estado como Madrid o Barcelona. Los marcos importados se refieren a fondos buitre que especulan con la vivienda y que, subidos al carro de la turistificación, contribuyen a la burbuja del alquiler y a la consecuente expulsión de los inquilinos, teniendo como resultado el sometimiento de barrios residenciales a procesos de gentrificación.
Estos marcos discursivos eluden que la mayoría de las viviendas arrendadas están en manos de particulares. El modelo de acceso a la vivienda está profundamente afectado por el rentismo popular, esto es, la extracción generalizada de rentas de alquiler desde los sectores sociales más empobrecidos hasta una capa muy significativa de pequeños y medianos propietarios.
Si el rentismo popular es un elemento central para explicar el problema de la vivienda cabe preguntarse tanto por el porqué de su omisión en la mayoría de discursos como sobre las posibilidades que abre su uso como concepto.
¿Qué es el rentismo popular?
La realidad del acceso a la vivienda está condicionada por aquello que Pablo Carmona define como rentismo popular en su La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños, 2022). El concepto designa la participación de amplios sectores de la sociedad en la obtención de ingresos a través de la propiedad de bienes inmuebles, en este caso mediante el alquiler de viviendas.
Bajo la promoción histórica de una democracia de propietarios, la acumulación de propiedades inmobiliarias se ha convertido en una estrategia común de las clases medias para la consolidación de su seguridad económica. Sería esta la dinámica que está en el fondo de los aumentos de los precios de los alquileres —que compensan a estos pequeños y medianos propietarios—, la cual genera una brecha social entre propietarios particulares e inquilinos precarios que dedican una gran parte de su salario al pago de una renta.
Derecho a la vivienda
Alquileres Mapa del Madrid rentista
Con estas rentas muchas familias pueden imitar habitus de las clases medias europeas como “realizar dos viajes internacionales al año, construir una piscina en la residencia principal, comprar un coche de primera mano, permitirse una atención médica privada para cuidar de una persona anciana o financiar los estudios de máster en el extranjero de su hijo”.
El rentismo popular estaría así encuadrado en una dinámica de integración de las clases medias en lo que autoras como Lisa Adkins han denominado economía de activos: tras décadas de estancamiento de los salarios, la gestión de activos aparece como la clave de bóveda que permite tanto la seguridad económica como el ascenso social de estos grupos poblacionales.
Para el caso español el activo estrella es la propiedad de bienes inmuebles. En la comparativa con las clases medias patrimonialistas europeas observamos que las familias españolas están 21 puntos por encima de la media de la zona euro en lo que se refiere a la posesión de activos inmobiliarios distintos a la vivienda habitual. En un estudio de 2017 se estimaba que un 39% de los hogares españoles tenían inversiones en inmuebles diferentes a su vivienda habitual, lo que suponía un cociente de propiedad muy por encima del 33% alemán, el 29% portugués o el 24% belga.
Iago Carro, miembro de Ergosfera, señala las raíces sistémicas del fenómeno: “las economías domésticas juegan un papel fundamental para una parte significativa de la ciudadanía que, a partir de un determinado momento, entiende que los hogares pueden ser activos financieros que complementen sus ingresos salariales”.
Carro señala su carácter paradójico, al señalar cómo la “conversión rentista de una parte significativa de la población puede ser entendida aparentemente como una mejora, pero también como pérdida, en el sentido de que existe una merma evidente de otras fuentes de ingresos en las últimas décadas que empuja a invertir de esta forma”. Es en este juego de pérdida-ganancia donde la vivienda, especialmente tras la crisis inmobiliaria, se ha convertido en el principal valor refugio de las clases medias españolas.
Estas extracciones de renta permiten a una parte significativa de la población mantener, o incluso ampliar, las posiciones de clase amenazadas durante la última gran crisis. Resultarían un ingreso “complementario”, a veces de un salario y otras de una actividad empresarial, sin connotar necesariamente una estricta dependencia del mismo.
A este respecto, como señala Juan R. Medela, especialista en estudios urbanos y miembro del Sindicato de Inquilinos de Vigo, si la mayoría de estos rentistas perdieran su complemento, se mantendrían igualmente entre los grupos de población más ricos: “los caseros multipropietarios son el colectivo de niveles de ingresos más altos del país (entre 2,15 y 2,58 veces la renta de los inquilinos), y seguirían siendo de los más ricos aunque perdieran los ingresos del alquiler (entre 1,82 y 2,13 veces superior a la renta mediana de los hogares inquilinos)”.
Los rentistas populares son un grupo poblacional muy amplio, con distintos niveles de ingresos, ocupaciones laborales y número de propiedades. El concepto esconde realidades muy distintas entre sí, y por lo tanto, puede perder su potencia analítica. Según Yrigoy la figura del rentista podría ser pensada en torno a dos polaridades: por un lado estaría el “rentista activo”, más consciente del carácter de negocio de su actividad, y por lo tanto más próximo a un sujeto-empresario; y por otro, un “rentista menos activo”, más fijado en el carácter complementario de su ingreso, que no tiene una clara conciencia de estar desarrollando una actividad económica-empresarial, ni tampoco vocación de reinvertir en sus activos.
En los grises que recorren estos 2 polos están ese 14% de los hogares que en 2018 declararon percibir algún tipo de renta de alquiler por los inmuebles de los que eran propietarios. La cifra no es banal y muestra que hay un amplio grupo de población, el cual no encaja exactamente con los más ricos, que acumula posiciones de poder en torno a la posesión de uno de los bienes que están marcando las incipientes divisiones de clase de nuestra época: la vivienda.
Inflexión, auge y datos del rentismo popular
Es difícil situar el punto de inflexión a partir del cual el rentismo popular se tornó problemático. Los entrevistados señalan que fue a partir del final de la crisis inmobiliaria, allá por el 2014, cuando fondos de inversión como Blackstone y algunos sectores de la sociedad menos afectados por la crisis hipotecaria compraron el stock inmobiliario a la baja. Dos datos avalan el auge del rentismo popular durante la anterior década: entre 2004 y 2017 se triplicaron el número de arrendadores particulares; y durante los años de compra-venta del stock inmobiliario procedente de la crisis (2013-2020), un 70% de las transacciones pasaron por manos de particulares.
Incluso con las grandes operaciones de los fondos de inversión, ya en aquel momento los rentistas populares consolidaban sus posiciones de clase. Medela señala que “no es que antes no hubiera gente que entendiera la vivienda como un elemento con el que lucrarse, sino que a partir de ese momento se amplían los sectores de la población que obtienen rentas a través de la misma”. Es a partir de aquí que el rentismo popular pasa a ser una “realidad incuestionable”, de ser “una coyuntura a una apuesta que permite caracterizarlo como el principal cuerpo de tenencia en cuanto a volumen de propietarios y vivienda”.
Derecho a la vivienda
El Salto Radio Democracia de propietarios y rentismo popular
La realidad del rentismo popular es generalizable a la mayor parte de las ciudades del Estado, incluidas las grandes ciudades. Según Medela el porcentaje de viviendas en manos de fondos buitre o grandes poseedores (en la Comunidad de Madrid tienen el 15,5% del total de viviendas alquiladas y en Cataluña el 6,8%) es mínima en comparación con la de los pequeños caseros multipropietarios (con entre 2 y 9 viviendas alquiladas): “De los 3,6 millones de viviendas en alquiler en el Estado, el 92% pertenece a pequeños propietarios, mientras que solo el 8% está en manos de grandes poseedores, como fondos buitre y otras entidades jurídicas”.
En Galicia prevalece aún más el fenómeno, dado que hay una menor proporción de grandes propietarios (3,8%). Como ha indicado en varias ocasiones el periodista David Lombao, Galicia es un país de 200.000 caseros, 160.000 inquilinos y 840.000 propietarios. El conjunto de estos particulares poseen el 96% de las viviendas en alquiler en todo el país. La mayoría de esos caseros reciben rentas brutas que van desde mil hasta cinco mil euros, y en conjunto reciben un ingreso medio de 600€ mensuales. Entre ellos 60.000 propietarios poseen cinco o más inmuebles, mientras que 24.000 poseen diez o más inmuebles. De entre los pequeños propietarios, la mayoría no poseen más de cuatro viviendas: el 34% tiene una vivienda en alquiler, el 42% tiene dos, el 16% tiene tres y el 8% tiene cuatro o más.
Pero donde el rentismo popular gallego ya resulta especialmente problemático, matiza Yrigoy, es en el eje Narón-A Guarda, con la AP-9 como espina dorsal: “a diferencia de la Galicia interior, caracterizada por el despoblamiento y donde menos del 20% de los sueldos se destinan al alquiler, en la Galicia urbana los porcentajes superan el 30% de los sueldos, llegando en las provincias de A Coruña y Pontevedra a un 32% y 39% respectivamente”. En este cuadro se acentúan las desigualdades entre aquellos que perciben la mayor parte de sus ingresos vía salario (80% de los ingresos) y aquellos que perciben rentas inmobiliarias (20%), y más tras décadas en las que los precios de los alquileres aumentaron el doble con respecto al aumento medio de los sueldos.
Para el investigador mallorquín se produce un juego a dos bandas: por un lado los inquilinos precarios de la Galicia urbana soportan una inflación al cuadrado que transcurre sobre el coste de la vida y el de la vivienda; mientras que por otra cada vez más grupos sociales aumentan o mantienen su riqueza gracias a la posesión de una vivienda, sea liberándose del pago de un alquiler, sea obteniendo beneficios a través del arrendamiento. La vivienda es cada vez más un elemento decisivo en lo referido a la libertad -poder vivir sin depender de otro- de la ciudadanía, tanto en las ciudades europeas como en el Estado español como, también, en Galicia.
La omisión del rentismo popular en los medios, en las instituciones y en los movimientos sociales
Las luchas por la vivienda digna en las grandes ciudades del Estado se han articulado mediante discursos que abarcan a un gran conjunto de afectados por las operaciones de grandes fondos de inversión. Se señala cómo estos participan de la financiarización de las economías, buscando beneficios a través de la especulación con la vivienda, con la consecuente espiral de precios que los inquilinos no pueden afrontar.
La utilidad de sintagmas como “Fuera fondos buitre de nuestros barrios” es evidente: permite organizar a los distintos afectados y los dispone a luchar contra un enemigo exterior que estaría amenazando sus condiciones de vida. Juan R. Medela comparte la lógica de estos discursos de combate contra los fondos de inversión: “la mención a los fondos buitre es una cuestión simbólica y estratégica: simbólica porque solo representa una pequeña parte del problema real de la especulación, pero es muy llamativa y refleja la idea de la lucha de 'David contra Goliat'; estratégica porque permite visualizar mucho más la lucha colectiva de varias inquilinas frente a un mismo propietario, que teniendo un propietario por cada inquilina. La presión que se puede hacer y la capacidad de negociación que se puede tener aumenta con el número de inquilinas que luchan con un mismo propietario”.
En Galicia la construcción mediática del problema está incorporando los tonos de estos discursos. En los grandes medios hay una mayor cintura a la hora de recoger la indignación con los fondos buitre y, por el contrario, un cierre de filas en lo que se refiere a la compasión con los pequeños propietarios de viviendas. Comenta Iago Carro que se fomenta un “relato lacrimógeno” sobre el rentista popular, cristalizado en la figura del jubilado que, tras años de trabajo y ahorro, disciplina y honradez moral, alcanza un ingreso que complementa su pensión.
Se trata de un relato de las clases medias afincado en los orígenes prístinos de sus propiedades, ganadas a través del mérito, que afianza su derecho a especular. Aparenta ser cerrado y perfecto, dado que critica lo público y exhorta a una sublevación basada en la “búsqueda de las habichuelas” en privado; pero también mantiene fisuras, dado que la exhortación a buscar vías privadas es a su vez una crítica a la insuficiencia de las pensiones. “Aseguran medios privados de subsistencia porque no podemos darnos seguridad colectiva. Pero la pregunta que sugiere es: ¿por qué uno no vive bien con su pensión? ¿Por qué tengo que joder a otros para vivir dignamente?”
Preguntados por la oclusión del debate sobre el rentismo popular entre las formaciones políticas, incluso las de izquierdas, los tres entrevistados señalaron que este es un elemento capilar de la sociedad, y dejaron entrever que seguramente una parte significativa de los representantes políticos -tanto a nivel municipal como estatal y autonómico- tienen propiedades en alquiler, lo que dificulta cualquier intención de legislar algo.
Si el rentismo está invisibilizado, advierte Iago Carro, es porque se trata de algo realmente transversal, “en el sentido de que nos toca a todos o de que todos conocemos a alguien, y en tanto que tan próximo, se convierte en tabú”. En esta línea Juan R. Medela propone un ejercicio de imaginación: “Imagina que se invirtieran las tornas y que en el Estado hubiera un pequeño porcentaje de pequeños y medianos propietarios y un amplio porcentaje de grandes propietarios: el rentismo no tendría la misma legitimidad social y los políticos de izquierda no tendrían tantos problemas en ponerle frenos”.
Tanto la articulación política como la potencialidad a la hora de definir los bandos del rentismo popular no están, como vemos, dados de antemano, sino que necesitan ser pensados y traducidos políticamente. Pero la cuestión, lejos de atañer a una realidad exterior que no se corresponde con las experiencias de la exclusión en el acceso a la vivienda, corresponde a una realidad muy próxima y visible: un 81,5% de los encuestados que vivían de alquiler en 2018 declaraban que sus propietarios eran particulares, frente al 9,3% que lo hacían en propiedades de una empresa o el 6,9% que vivía en viviendas públicas.
Es sobre esto donde pone el acento Yrigoy: “si no se habló de rentismo popular es porque no convenía políticamente, dado que es muy fácil generar consensos sociales y convertirte en un sindicato muy potente yendo contra Blackstone, que son especuladores con oficinas en New York; pero surge una dificultad social muy problemática cuando la gente que nos impide acceder a la vivienda es nuestra vecina María, que tiene noventa años y cuyo nieto juega con nosotros al fútbol”.
Los usos del rentismo popular
Como acabamos de reflejar, el debate sobre el rentismo popular está lleno de aristas y se dirige a profundos núcleos de sentido compartido. Cabe abrir en torno a él toda una serie de interrogantes.
En primer lugar cabe preguntarse sobre la oscuridad del término y, concretamente, sobre qué entendemos por popular. Lo “Popular” puede entenderse en el sentido de una condición compartida: de vivir en el mismo barrio -vecindad-, de ser compañero de trabajo o de compartir los mismos espacios de consumo y ocio. “En lo popular entra todo el mundo”, dice Juan R. Medela.
Pero aunque no todo el mundo sea rentista (a nivel cuantitativo no son una mayoría), tenemos a un grupo de población rentista muy significativa que dista de ser el 1% de los megarricos. ¿No será mejor hablar, a secas, de “rentismo”? ¿Hablamos de “popular” para referirnos a una cuestión cuantitativa (una estadística poblacional) o para destacar un aspecto cualitativo (una forma de lazo social, comunitario, una cultura propietarista-rentista)? La cuestión no está exenta de dificultades.
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Tribuna Rentismo y precariedad laboral: la batalla que no podemos aplazar
Otro de los ángulos abiertos en la reflexión es el referido a la popularidad del rentismo. El arraigo del fenómeno, su realidad como hecho de economía política, dificulta cualquier ejercicio de condena ética o reproche moral a los particulares; pero no cabe duda de que el término toca un hueso duro de nuestras sociedades (las clases medias propietarias y aspiracionales), y su acogida puede permitir la denuncia por parte de las clases inquilinas de las formas extractivas que sufren. La reflexión que abre el concepto apunta a una intervención política sobre el sentido común, sobre cómo pensamos la propiedad o sobre si es legítimo privar al otro en nombre de nuestro derecho a especular.
Para cambiar este sentido común Carro considera necesario invertir el relato lacrimógeno del pequeño propietario y poner el acento en que “un particular que acumula más de dos propiedades en régimen de alquiler no está manteniendo un pequeño negocio individual a título de un ciudadano cualquiera. Se puede entender que un ciudadano que posee una propiedad para residir, o incluso dos, no sea considerado un agente económico; pero a partir de una tercera propiedad cabe decir que estamos ante alguien que genera una serie de ingresos mediante el acceso a un activo financiero, y por lo tanto, ante alguien que ejerce una actividad económica”. ¿En qué medida esta resignificación podría ayudar a las luchas por la vivienda a avanzar posiciones?
Carro también destaca la importancia de portales inmobiliarios como idealista o de las agencias inmobiliarias en la subida de los precios y en la cohesión de los intereses de los pequeños y medianos propietarios: “No se trata solo de los propietarios, sino de la industria inmobiliaria que hay a su alrededor y que tiene la capacidad de unir toda esta propiedad atomizada”.
Este último elemento, la atomización de la propiedad, “podría ser una simple característica del mercado residencial y no uno de los factores explicativos de los aumentos de precio y de la expulsión del mercado de otras capas de la población. No está claro que el modelo contrario, de concentración de la propiedad, sea más positivo, ya que otorgaría mayor poder de manejo y dirección a grandes grupos empresariales”. ¿Estamos en condiciones de abrir un debate social sobre el reparto de la propiedad o sobre la predistribución de la riqueza?
Un tercer ángulo es el que se relaciona con el elemento que está siendo más discutido en la lucha por la vivienda: el referido a la utilidad del sintagma en el ámbito de la acción política y sindical. Ismael Yrigoy mantiene que el uso del concepto puede resultar útil de cara a la acción colectiva, en tanto que permite visualizar una realidad y ponerla en tela de juicio.
Ahora bien, un término puede ser útil analíticamente pero difícil de trasladar a la acción política. Es la posición mantenida con Juan R. Medela, que comparte una de las interpretaciones en boga dentro del Sindicato de Inquilinos, muy bien sostenida en las intervenciones de Javier Gil, según la cual no se debe hacer énfasis en el rentismo popular ni en hablar de “pequeños propietarios”, ya que se pone al mismo nivel a los “caseros particulares” (con una sola vivienda alquilada) con los caseros multipropietarios, propagando el imaginario de que todos los caseros que no tienen figura jurídica son “caseros vulnerables” que necesitan el alquiler para complementar su renta. Cuando los caseros particulares con una sola vivienda alquilada representarían entre el 3% y el 9% de los hogares, o el 5.8% de la población en edad adulta. La renuncia estaría justificada en aras de aprovechar el potencial conflictivo contra los fondos buitre y los multipropietarios: “si prestamos atención al número de caseros, los que tienen una sola vivienda en alquiler son los que predominan, pero si nos fijamos en el número de viviendas que aglutinan, el porcentaje en manos de multipropietarios es muy superior”.
Para Iago Carro el meollo del asunto está en la serie de condiciones estructurales que están convirtiendo el rentismo en una decisión racional, instalando un “modelo donde la búsqueda de la seguridad individual genera inseguridad colectiva”. El sistema estaría enganchando con la ventaja cuasi-ontológica de la vivienda, en el sentido de que esta no es un “activo cualquiera sino que constituye un refugio para el dinero tangible, material y visible”. Es por eso que la disputa no debe darse tanto sobre “la figura del rentista popular, sino sobre las condiciones estructurales que hacen que la canalización más segura de los ahorros y del patrimonio sean este tipo de inversiones y no otras más beneficiosas para todos”.
Opinión
Opinión El conflicto de la vivienda frente al consenso rentista
No se trataría tanto de una confrontación con las personas sino de la impugnación de un sistema que genera que la inversión en vivienda sea la opción más segura para las clases populares con capacidad de ahorro o capital heredado: “debemos apuntar a la máxima de que es más razonable económicamente hipotecarse que alquilar o que comparado con tener dinero en el banco invertir en vivienda es más rentable”. Para el coruñés el cambio del sentido común debería nuclearse en torno a una idea de la “seguridad individual no equivalente a la inseguridad colectiva; de una seguridad distribuida igualitariamente entre todos los agentes, sin privilegiar a unos sobre otros, con especial atención a la situación de vulnerabilidad de los inquilinos”.
Para el miembro de Ergosfera lo decisivo es que en el momento rentista actual se normaliza entre amplios sectores de la población la identidad entre hogar y activo financiero, lo que resulta en un alejamiento de estos sectores hacia cualquier reclamación de justicia residencial o cualquier tipo de dilema moral con su actividad. La predominancia ideológica de las clases medias en nuestras sociedades, así como su papel como fuerza hegemónica, no solo alejarían a los ya rentistas de las demandas del movimiento por la vivienda, sino que también distanciaría a otros grupos de población que aspiran, tarde o temprano, a convertirse en propietarios y/o rentistas. En este sentido es inevitable preguntarse por la potencialidad política del sujeto inquilino: ¿hasta qué punto puede constituir una contrahegemonía?
Parece que la polarización social incipiente alrededor de la vivienda será de gran importancia en este ciclo político. Para muestra las convocatorias de los Sindicatos de Inquilinos o la apertura de nuevas formas de organización como el Sindicato Socialista de Vivienda. Pregunta acertadamente Yrigoy que “si la PAH respondió a un problema marcado por la crisis hipotecaria y los desahucios, si desde 2016 hasta el 2021, en respuesta al ciclo Blackstone se erigieron como actores más organizados del movimiento los Sindicatos de Inquilinos, ¿qué ocurrirá en este nuevo ciclo, donde Blackstone está marchándose y donde los fondos de inversión ya realizaron sus operaciones?”. Podemos añadir: ¿Qué ocurrirá en la próxima década? ¿Gozará de popularidad el rentismo o se pondrá en tela de juicio el rentismo popular? ¿Cómo cambiará el sentido común en torno a la vivienda?
Especulación urbanística
Por que non nos atrevemos a falar de rendismo popular? Cando o teu caseiro non é un fondo voitre
En moitas ocasións, abórdase o problema da vivenda imitando os discursos que se orixinan nas experiencias das grandes cidades do Estado como Madrid ou Barcelona. Os marcos importados refírense a fondos voitres que especulan coa vivenda e que, subidos ao carro da turistificación, contribúen á burbulla do alugueiro e á consecuente expulsión dos inquilinos, tendo como resultado o sometemento de barrios residenciais a procesos de xentrificación.
Estes marcos discursivos eluden que a maioría das vivendas arrendadas están en mans de particulares. O modelo de acceso á vivenda está profundamente afectado polo rendismo popular, isto é, a extracción xeneralizada de rendas de alugueiro desde os sectores sociais máis empobrecidos até unha capa moi significativa de pequenos e medianos propietarios. Se o rendismo popular é un elemento central para explicar o problema da vivenda cabe preguntarse tanto polo porqué da súa omisión na maioría de discursos como sobre as posibilidades que abre o seu uso como concepto.
Que é o rendismo popular?
A realidade do acceso á vivenda está condicionado por aquilo que Pablo Carmona define como rendismo popular no seu La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños, 2022). O concepto designa á participación de amplos sectores da sociedade na obtención de ingresos a través da propiedade de bens inmobles, neste caso mediante o alugueiro de vivendas.
Baixo a promoción histórica dunha democracia de propietarios, a acumulación de propiedades inmobiliarias tense convertido nunha estratexia común das clases medias para a consolidación da súa seguridade económica. Sería esta a dinámica que está no fondo dos aumentos dos prezos dos alugueiros —que compensan a estes pequenos e medianos propietarios—, a cal xera unha fenda social entre propietarios particulares e inquilinos precarios que adican unha gran parte do seu salario ao pago dunha renda.
Ismael Yrigoy, investigador Ramón y Cajal na Universidade de Santiago de Compostela (USC) e poñente nas Jornadas de Estudo marxistas organizadas pola asociación Clara Corbelhe, ofrece unha definición moi atinada do fenómeno: “O rendismo popular correspóndese co uso monetario dunha vivenda en propiedade para obter uns ingresos complementarios aos salariais que permiten manter un status quo”.
Con estas rendas moitas familias poden imitar habitus das clases medias europeas como “realizar dúas viaxes internacionais ao ano, construír unha piscina na residencia principal, mercar un coche de primeira man, permitirse unha atención médica privada para coidar dunha persoa anciá ou financiar os estudos de mestrado no estranxeiro de seu fillo”.
O rendismo popular estaría así encadrado nunha dinámica de integración das clases medias no que autoras como Lisa Adkins teñen denominado como economía de activos: tras décadas de estancamento dos salarios, a xestión de activos aparece como a chave de bóveda que permite tanto a seguridade económica como o ascenso social destes grupos poboacionais.
Para o caso español o activo estrela é a propiedade de bens inmobles. Na comparativa coas clases medias patrimonialistas europeas, observamos que as familias españolas están 21 puntos por enriba da media da zona euro no que se refire á posesión de activos inmobiliarios distintos á vivenda habitual. Nun estudo de 2017, estimábase que un 39% dos fogares españois tiñan inversións en inmobles diferentes á súa vivenda habitual, o que supuña un cociente de propiedade moi por riba do o 33% alemán, o 29% portugués ou o 24% belga.
Iago Carro, membro de Ergosfera, sinala as raíces sistémicas do fenómeno: “As economías domésticas xogan un papel fundamental para unha parte significativa da cidadanía que, a partir dun determinado momento, entende que os fogares poden ser activos financeiros que complementen os seus ingresos salariais”.
Carro sinala o seu carácter paradoxal, ao sinalar como a “conversión rendista dunha parte significativa da poboación pode ser entendida aparentemente como unha mellora, pero tamén como perda, no sentido de que existe unha mingua evidente doutras fontes de ingresos nas últimas décadas que empurra a inverter desta forma”. É neste xogo de perda-ganancia onde a vivenda, especialmente tras a crise inmobiliaria, tense convertido no principal valor refuxio das clases medias españolas.
Estas extraccións de renda permiten a unha parte significativa da poboación manter, ou mesmo ampliar, as posicións de clase ameazadas durante a última gran crise. Resultarían un ingreso “complementario”, a veces dun salario e outras dunha actividade empresarial, sen connotar necesariamente unha estrita dependencia do mesmo.
A este respecto, como sinala Juan R. Medela, especialista en estudos urbanos e membro do Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Vigo, se a maioría destes rendistas perdesen o seu complemento, manteríanse igualmente entre os grupos de poboación máis ricos: “Os caseiros multipropietarios son o colectivo de niveles de ingresos máis altos do país (entre 2,15 e 2,58 veces a renda dos inquilinos), e seguirían sendo dos máis ricos aínda que perderan os ingresos do alugueiro (entre 1,82 e 2,13 veces superior a renda mediana dos fogares inquilinos)”.
Os rendistas populares son un grupo poboacional moi amplo, con distintos niveis de ingresos, ocupacións laborais e número de propiedades. O concepto agocha realidades moi distintas entre si, e polo tanto, pode perder a súa potencia analítica. Segundo Yrigoy a figura do rendista podería ser pensada en torno a dúas polaridades: por unha banda estaría o “rendista activo”, máis consciente do carácter de negocio da súa actividade, e polo tanto máis próximo a un suxeito-empresario; e por outro, un “rendista menos activo”, máis fixado no carácter complementario do seu ingreso, que non ten unha clara conciencia de estar a desenvolver unha actividade económica-empresarial, nin tampouco vocación de reinvestir nos seus activos.
Nos grises que recorren estes dous polos están ese 14 % dos fogares que en 2018 declararon percibir algún tipo de renda de alugueiro polos inmobles dos que eran propietarios. A cifra non é banal e amosa que hai un amplo grupo de poboación, a cal non encaixa exactamente cos máis ricos, que acumula posicións de poder arredor da posesión dun dos bens que están marcando as incipientes divisións de clase da nosa época: a vivenda.
Inflexión, auxe e datos do rendismo popular
É difícil situar o punto de inflexión a partir do cal o rendismo popular tornou problemático. Os entrevistados sinalan que foi a partir do final da crise inmobiliaria, alá polo 2014, cando fondos de inversión como Blackstone e algúns sectores da sociedade menos afectados pola crise hipotecaria mercaron o stock inmobiliario á baixa. Dous datos avalan o auxe do rendismo popular durante a anterior década: entre 2004 e 2017 triplicáronse o número de arrendadores particulares; e durante os anos de compra-venta do stock inmobiliario procedente da crise (2013-2020), un 70% das transaccións pasaron por mans de particulares.
Incluso coas grandes operacións dos fondos de inversión, xa naquel momento os rendistas populares consolidaban as súas posicións de clase. Medela sinala que “non é que antes non houbera xente que entendera a vivenda como un elemento co que lucrarse, senón que a partir dese momento amplíanse os sectores da poboación que obteñen rendas a través da mesma”. É a partir de aquí que o rendismo popular pasa a ser un “realidade incuestionable”, de ser “unha conxuntura a unha aposta que permite caracterizalo como o principal corpo de tenencia en canto a volume de propietarios e vivenda”.
A realidade do rendismo popular é xeneralizable á maior parte das cidades do Estado, incluídas as grandes cidades. Segundo Medela a porcentaxe de vivendas en mans de fondos voitre ou grandes posuidores (na Comunidade de Madrid teñen o 15,5% do total de vivendas alugadas e en Cataluña o 6,8%) é mínima en comparación coa dos pequenos caseiros multipropietarios (con entre 2 e 9 vivendas alugadas): “Dos 3,6 millóns de vivendas en alugueiro no Estado, o 92% pertence a pequenos propietarios, mentres que só o 8% está en mans de grandes posuidores, coma fondos voitre e outras entidades xurídicas”.
En Galiza aínda prevalece máis o fenómeno, dado que hai unha menor proporción de grandes propietarios (3,8%). Como ten indicadoo xornalista David Lombao, Galiza é un país de 200.000 caseiros, 160.000 inquilinos e 840.000 propietarios. O conxunto destes particulares posúen o 96% das vivendas en alugueiro en todo o país. A maioría deses caseiros reciben rendas brutas que van desde mil até cinco mil euros, e en conxunto reciben un ingreso medio de 600€ mensuais. Entre eles, 60.000 propietarios posúen cinco ou máis inmobles, mentres que 24.000 posúen dez ou máis inmobles. De entre os pequenos propietarios, a maioría non posúen máis de catro vivendas: o 34% ten unha vivenda en alugueiro, o 42% ten dúas, o 16% ten tres e o 8% ten catro ou máis.
Pero onde o rendismo popular galego xa resulta especialmente problemático, matiza Yrigoy, é no eixo Narón-A Guarda, coa AP-9 como espina dorsal: “A diferencia da Galiza interior, caracterizada polo despoboamento e onde menos do 20% dos soldos se destinan ao alugueiro, na Galiza urbana as porcentaxes superan o 30% dos soldos, chegando nas provincias de Coruña e Pontevedra a un 32% e 39% respectivamente”. Neste cadro acentúanse as desigualdades entre aqueles que perciben a maior parte dos seus ingresos vía salario (80% dos ingresos) e aqueles que perciben rendas inmobiliarias (20%), e máis tras décadas nas que os prezos dos alugueiros aumentaron o dobre con respecto ao aumento medio dos soldos.
Para o investigador mallorquino prodúcese un xogo a dúas bandas: por un lado os inquilinos precarios da Galiza urbana soportan unha inflación ao cadrado que transcorre sobre o custo da vida e o da vivenda; mentres que por outra cada vez máis grupos sociais aumentan ou manteñen a súa riqueza grazas a posesión dunha vivenda, sexa liberándose do pago dun alugueiro, sexa obtendo beneficios a través do arrendamento. A vivenda é cada vez máis un elemento decisivo no referido á liberdade -poder vivir sen depender doutro- da cidadanía, tanto nas cidades europeas como no Estado español como, tamén, na Galiza.
A omisión o rendismo popular nos medios, nas institucións e nos movementos sociais
As loitas pola vivenda digna nas grandes cidades do Estado téñense artellado mediante discursos que abranguen a un gran conxunto de afectados polas operacións de grandes fondos de inbestimento. Sinálase como estes participan da financeirización das economías, procurando beneficios a través da especulación coa vivenda, coa consecuente espiral de prezos que os inquilinos non poden afrontar.
A utilidade de sintagmas como “Fóra fondos voitres dos nosos barrios” é evidente: permite organizar aos distintos afectados e os dispón a loitar contra un inimigo exterior que estaría a ameazar as súas condicións de vida. Juan R. Medela comparte a lóxica destes discursos de combate contra os fondos de inversión: “A mención aos fondos voitre é unha cuestión simbólica e estratéxica: simbólica porque só representa unha pequena parte do problema real da especulación, pero é moi rechamante e reflexa a idea da loita de ‘David contra Goliat’; estratéxica porque permite visualizar moito máis a loita colectiva de varias inquilinas fronte a un mesmo propietario, que tendo un propietario por cada inquilina. A presión que se pode facer e a capacidade de negociación que se pode ter aumenta co número de inquilinas que loitan cun mesmo propietario”.
En Galiza a construción mediática do problema está a incorporar as tonalidades destes discursos. Nos grandes medios hai unha maior cintura á hora de recoller a indignación cos fondos voitre e, pola contra, un peche de filas no que se refire á compaixón cos pequenos propietarios de vivendas. Comenta Iago Carro que se fomenta un “relato lacrimóxeno” sobre o rendista popular, cristalizado na figura do xubilado que, tras anos de traballo e aforro, disciplina e honradez moral, acada un ingreso que complementa a súa pensión.
Trátase dun relato das clases medias afincado nas orixes prístinas das súas propiedades, gañadas a través do mérito, que afianza o seu dereito a especular. Aparenta ser pechado e perfecto, dado que critica o público e exhorta a unha sublevación baseada na “procuras das habichuelas” por privado; pero tamén mantén fisuras, dado que a exhortación a procurar vías privadas é a súa vez unha crítica á insuficiencia das pensións. “Aseguran medios privados de subsistencia porque non podemos darnos seguridade colectiva. Pero a pregunta que suxire é: por que un non vive ben coa súa pensión? Por que teño que joder a outros para vivir dignamente?”
Preguntados pola oclusión do debate sobre o rendismo popular entre as formacións políticas, mesmo as de esquerdas, os tres entrevistados sinalaron que este é un elemento capilar da sociedade, e deixaron entrever que por seguro unha parte significativa dos representantes políticos —tanto a nivel municipal como estatal e autonómico— teñen propiedades en alugueiro, o que dificulta calquera intención de lexislar algo.
Se o rendismo está invisibilizado, advirte Iago Carro, é porque se trata de algo realmente transversal, “no sentido de que tócanos a todos ou de que todos coñecemos a alguén, e en tanto que tan próximo, convértese en tabú”. Nesta liña Juan R. Medela propón un exercicio de imaxinación: “Imaxina que se invertesen as tornas e que no Estado houbese un pequeno porcentaxe de pequenos e medianos propietarios e un amplo porcentaxe de grandes propietarios: o rendismo non tería a mesma lexitimidade social e os políticos de esquerda non terían tantos problemas en poñerlle freos”.
Tanto o artellamento político como a potencialidade á hora de definir os bandos do rendismo popular non están, como vemos, dados de antemán, senón que precisan ser pensados e traducidos politicamente. Pero a cuestión, lonxe de atinxir a unha realidade exterior que non se corresponde coas experiencias da exclusión no acceso á vivenda, corresponde a unha realidade moi próxima e visible: un 81,5% dos encuestados que vivían de alugueiro en 2018 declaraban que os seus propietarios eran particulares, fronte ao 9,3% que o facían en propiedades dunha empresa ou o 6,9% que vivía en vivendas públicas.
É sobre isto onde pon o acento Yrigoy: “Se non se falou de rendismo popular é porque non conviña politicamente, dado que é moi doado xerar consensos sociais e converterte nun sindicato moi potente indo contra Blackstone, que son especuladores con oficinas en New York; pero xorde unha dificultade social moi problemática cando a xente que nos impide acceder á vivenda é a nosa veciña María, que ten noventa anos e cuxo neto xoga con nós ao fútbol”.
Os usos do rendismo popular
Como acabamos de reflectir, o debate sobre o rendismo popular está cheo de arestas e diríxese a profundos núcleos de sentido compartido. Cabe abrir en torno a el toda unha serie de interrogantes.
En primeiro lugar cabe preguntarse sobre a escuridade do termo e, concretamente, sobre que entendemos por popular. O “popular” pode entenderse no senso dunha condición compartida: de vivir no mesmo barrio —vecindade—, de ser compañeiro de traballo ou de compartir os mesmos espazos de consumo e ocio. “No popular entra todo o mundo”, di Juan R. Medela.
Pero aínda que non todo o mundo sexa rendista (a nivel cuantitativo non son unha maioría), temos a un grupo de poboación rendista moi significativa que dista de ser o 1% dos megarricos. Non será mellor falar, a secas, de “rendismo”? Falamos de “popular” para referirnos a unha cuestión cuantitativa (unha estatística poboacional) ou para destacar un aspecto cualitativo (unha forma de lazo social, comunitario, unha cultura propietarista-rendista)? A cuestión non está exenta de dificultades.
Outro dos ángulos abertos na reflexión é o referido á popularidade do rendismo. O arraigamento do fenómeno, a súa realidade como feito de economía política, dificulta calquera exercicio de condena ética ou reproche moral aos particulares; pero non cabe dúbida de que o termo toca un óso duro das nosas sociedades (as clases medias propietarias e aspiracionais), e a súa acollida pode permitir a denuncia por parte das clases inquilinas das formas extractivas que sofren. A reflexión que abre o concepto apunta a unha intervención política sobre o sentido común, a sobre como pensamos a propiedade ou sobre se é lexítimo privar ao outro en nome do noso dereito a especular.
Para mudar este sentido común Carro considera necesario inverter o relato lacrimóxeno do pequeno propietario e poñer o acento en que “un particular que acumula máis de dúas propiedades en réxime de alugueiro non está a manter un pequeno negocio individual a título dun cidadán calquera. Pódese entender que un cidadán que posúe unha propiedade para residir, ou mesmo dúas, non sexa considerado un axente económico; pero a partir dunha terceira propiedade cabe dicir que estamos perante alguén que xera unha serie de ingresos mediante o acceso a un activo financeiro, e polo tanto, perante alguén que exerce unha actividade económica”. En que medida esta resignificación podería axudar ás loitas pola vivenda a avanzar posicións?
Carro tamén destaca a importancia de portais inmobiliarios como Idealista ou das axencias inmobiliarias na suba dos prezos e na cohesión dos intereses dos pequenos e medianos propietarios: “Non se trata só dos propietarios, senón da industria inmobiliaria que hai ao seu arredor e que ten a capacidade de unir toda esta propiedade atomizada”.
Este último elemento, a atomización da propiedade, “podería ser unha simple característica do mercado residencial e non un dos factores explicativos dos aumentos de prezo e da expulsión do mercado doutras capas da poboación. Non está claro que o modelo contrario, de concentración da propiedade, sexa máis positivo, xa que outorgaría maior poder de manexo e dirección a grandes grupos empresariais”. Estamos en condicións de abrir un debate social sobre o reparto da propiedade ou sobre a predistribución da riqueza?
Un terceiro ángulo é o que se relaciona co elemento que está a ser máis discutido na loita pola vivenda: o referido á utilidade do sintagma no ámbito da acción política e sindical. Ismael Yrigoy mantén que o uso do concepto pode resultar útil de cara a acción colectiva, en tanto que permite visualizar unha realidade e poñela en tela de xuízo.
Agora ben, un termo pode ser útil analiticamente pero difícil de trasladar á acción política. É a posición mantida con Juan R. Medela, que comparte unha das interpretacións en voga dentro do Sindicato de Inquilinos, moi ben sostida nas intervencións de Javier Gil, segundo a cal non se debe facer énfase no rendismo popular nin en falar de “pequenos propietarios”, xa que se pon o mesmo nivel aos “caseiros particulares” (cunha soa vivenda alugada) cos caseiros multipropietarios, propagando o imaxinario de que todos os caseiros que non teñen figura xurídica son “caseiros vulnerables” que precisan o alugueiro para complementar a súa renda. Cando os caseiros particulares cunha soa vivenda alugada representaría entre o 3% e o 9% dos fogares, ou o 5,8% da poboación en ideade adulta. A renuncia estaría xustificada en aras de aproveitar o potencial conflitivo contra os fondos voitre e os multipropietarios: “Se prestamos atención ao número de caseiros, os que teñen unha soa vivenda en alugueiro son os que predominan, mais se nos fixamos no número de vivendas que aglutinan, a porcentaxe en mans de multipropietarios é moi superior”.
Para Iago Carro o miolo do asunto está na serie de condicións estruturais que están convertendo o rendismo nunha decisión racional, instalando un “modelo onde a procura da seguridade individual xera inseguridade colectiva”. O sistema estaría a enganchar coa vantaxe cuase-ontolóxica da vivenda, no senso de que esta non é un “activo calquera senón que constitúe un refuxio para o diñeiro tanxible, material e visible”. É por iso que a disputa non debe darse tanto sobre “a figura do rendista popular, senón sobre as condicións estruturais que fan que a canalización máis segura dos aforros e do patrimonio sexan este tipo de inversións e non outras máis beneficiosas para todos”.
Non se trataría tanto dunha confrontación coas persoas senón da impugnación dun sistema que xera que a inversión en vivenda sexa a opción máis segura para as clases populares con capacidade de aforro ou capital herdado: “debemos apuntar á máxima de que é máis razoable económicamente hipotecarse que alugar ou que comparado con ter diñeiro no banco invertir en vivenda é máis rendible”. Para o coruñés a mudanza do sentido común debería nuclearse en torno a unha idea da “seguridade individual non equivalente á inseguridade colectiva; dunha seguridade distribuída igualitariamente entre todos os axentes, sen privilexiar a uns sobre outros, con especial atención á situación de vulnerabilidade dos inquilinos”.
Para o membro de Ergosfera o decisivo é que no momento rendista actual normalízase entre amplos sectores da poboación a identidade entre fogar e activo financeiro, o que resulta nun afastamento destes sectores cara calquera reclamación de xustiza residencial ou calquera tipo de dilema moral coa súa actividade. A predominancia ideolóxica das clases medias nas nosas sociedades, así como o seu papel como forza hexemónica, non so afastarían aos xa rendistas das demandas do movemento pola vivenda, senón que tamén distanciaría a outros grupos de poboación que aspiran, tarde ou temprano, a converterse en propietarios e/ou rendistas. Neste senso é inevitable preguntarse pola potencialidade política do suxeito inquilino: até que punto pode constituír unha contrahexemonía?
Semella que polarización social incipiente ao redor da vivenda será de gran importancia neste ciclo político. Para mostra as convocatorias dos Sindicatos de Inquilinos ou a apertura de novas formas de organización como o Sindicato Socialista de Vivenda. Pregunta atinadamente Yrigoy que “se a PAH respondeu a un problema marcado pola crise hipotecaria e os desafiuzamentos, se desde 2016 até o 2021, en resposta ao ciclo Blackstone se erixiron como actores máis organizados do movemento os Sindicatos de Inquilinos, que acontecerá neste novo ciclo, onde Blackstone está a marchar e onde os fondos de inversión xa realizaron as súas operacións?”. Podemos engadir: Que acontecerá na próxima década? Gozará de popularidade o rendismo ou porase en tela de xuízo o rendismo popular? Como mudará o sentido común en torno á vivenda?
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