El Gobierno gallego autorizó al dueño de la principal empresa gallega de desocupación la gestión de residuos industriales al menos desde 2016 y con la intención de que pueda seguir ejecutando estos trabajos hasta la próxima década. De esta forma, la sociedad Residuos y Reciclajes de Santiago, administrada por Francisco Javier Fernandez Ulfe, dueño también del entramado de empresas que está detrás de la marca Desokupa 24 horas, réplica asentada en Galicia del grupo de ultraderechistas Desokupa, podrá llegar hasta 2030 encargándose de gestionar estos residuos contaminantes con el visto bueno de la Xunta de Galicia.

Un extrabajador denuncia que Desokupa es una organización criminal “que delinque para enriquecerse”

Gessamí Forner

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Desokupa

Derecho a la vivienda Un extrabajador denuncia que Desokupa es una organización criminal “que delinque para enriquecerse”

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Un extrabajador de la empresa que dirige Daniel Esteve asegura que no entiende cómo aún sigue operando. Acusa a los cuerpos policiales de connivencia y dejación.

Así aparece reflejado en el Plan de gestión de residuos industriales de Galicia aprobado para los años 2016-2022 y también en el nuevo plan, que llega con retraso tras la extinción de su predecesor, para el período comprendido entre 2023 y 2030. A la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y a su directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, María Sagrario Pérez Castellanos, le ha parecido bien la decisión, incluso teniendo conocimiento de que esta misma empresa fue acusada por el Ayuntamiento de Teo (A Coruña) en 2020 de instalar “un vertedero incontrolado” de residuos “sin un adecuado proceso de clasificación, tratamiento, valorización y almacenamiento”, tras una investigación de la inspección urbanística.

Según el Plan de gestión de residuos industriales de Galicia, la Xunta autoriza a la empresa del dueño de la Desokupa gallega a trabajar con hasta 90.000 toneladas al año

De esta forma, la empresa Residuos y Reciclajes de Santiago está autorizada por el Gobierno gallego de Alfonso Rueda a tener en su haber un vertedero para tratar estos residuos con una capacidad de 90.000 toneladas al año, uno de los 15 más grandes de entre las decenas de recintos habilitados para ello. Esta redacción ha preguntado a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda si alguna de las características de este entramado empresarial o su historial ambiental había pesado en el proceso autonómico de autorización, pero al cierre de esta edición todavía no había recibido respuesta alguna.

Un actor más del destrozo ambiental de la mina de Casalonga

Los residentes de Teo (A Coruña) ya se cruzaron con esta empresa durante su lucha contra un proyecto minero y de gestión de residuos de la empresa Toysal, que pretende transformar una antigua cantera en un vertedero para la producción de biogás a partir de residuos orgánicos y lodos de depuradora. Este plan ha desencadenado desde 2018 intensas movilizaciones en Galicia por buena parte de vecinos y vecinas, respaldadas por la mayor parte de colectivos con experiencia en la lucha contra la contaminación industrial del país.

La Plataforma Casalonga Limpa de Residuos lidera esta resistencia contra una suerte de pozo sin fondo para el deshecho de residuos, hoy en estado de letargo a la espera de decisiones judiciales. El principal temor de los residentes es el potencial impacto negativo en la salud y el medio ambiente de la zona, caracterizada por viviendas unifamiliares, importantes cuencas fluviales y explotaciones ganaderas. El proyecto de Toysal contempla una balsa de almacenamiento de residuos con una capacidad de 7.000 metros cúbicos, con la intención de procesar alrededor de 70.000 toneladas de desperdicios anuales, incluyendo purines, subproductos cárnicos y estiércol. 

Pues bien, gracias a la organización social tras esta plataforma, vecinas y vecinos de Teo descubrieron cómo la sociedad del dueño de la empresa de desocupación había participado: “La actual propietaria de la mina Casalonga, contrató a una empresa acreditada por ENAC para caracterizar los residuos que la compañía Residuos y Reciclajes de Santiago S.L. abandonó en el vertedero ilegal de Casalonga, situado en el municipio de Teo”, relatan en su investigación. La caracterización de los residuos abandonados en ese vertedero ilegal de Casalonga, en Teo, explican “indican que el suelo está contaminado con residuos peligrosos con fuerte presencia de amianto e hidrocarburos, lo cual puede constituir un peligro para la salud de las personas por inhalación de asbesto, altamente cancerígeno”.

El ‘fake’ de la okupación sigue ganando elecciones

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Una campaña de la derecha y la extrema derecha consigue explotar “anécdotas extremas” y ‘fake news’ para situar la okupación como el principal problema de la vivienda.

El fantasma de la okupación, agítese antes de usar

Una fuente de información habitual en la prensa de derechas

Una de las maneras más rentables que tiene la marca comercial de esta sociedad, Desokupa 24 horas, para darse a conocer es la red de colaboraciones que ha tejido con los medios conservadores en Galicia y en el resto del Estado español. Su dueño, Francisco Javier Fernandez Ulfe, es una fuente de información regular para decenas de noticias y reportajes donde se criminaliza habitualmente la situación precaria de cientos de personas sin alternativa habitacional; se alardea de la capacidad de intimidación de un grupo de hombres; se pone en duda la capacidad el sistema judicial español; se enumeran sus supuestos éxitos; se promueven los seguros “antiokupación”; se confunden deliberadamente los tipos penales de usurpación y allanamiento de una vivienda; y hasta se alaba el físico de su propietario: “Tiene la espalda como un armario abierto”. El resultado: decenas de páginas de publicidad gratuita que, además, alimentan el bulo de la ocupación como un problema estructural en detrimento de análisis del mismo calado sobre el mercado inmobiliario y la limitación del acceso a la vivienda.

Desde 2020, las cifras de juicios verbales de ocupaciones ilegales no han dejado de descender. En 2018, el número de juicios sobre ocupaciones ilegales de vivienda llegó a su máximo: 4.017 anuales. En 2022, se habían reducido a 2.785, un 20% menos que el año previo. En el Estado español el parque inmobiliario supera los 25 millones de viviendas y los pisos con problemas de okupaciones apenas representan el 0,01%, además de que la inmensa mayoría se llevan a cabo en viviendas no habitadas. En cambio, en 2022, ese mismo año, se produjeron 38.269 desahucios, siete de cada diez por no poder pagar el alquiler. El último informe al respecto, de los Mossos d’Esquadra, relataba cómo en el caso de Catalunya, el territorio con más ocupaciones, el 97,7% de los pisos ocupados en 2022 estaban deshabitados.