Granada
La Junta de Andalucía vuelve a pedir cárcel a las tres sindicalistas del SAT absueltas en Granada

El periplo judicial de Vanesa, Néstor y María José, tres trabajadoras y sindicalistas del SAT iniciado contra ellos por una acción de protesta en 2021 parecía haber llegado a su fin el pasado octubre. En ese mes el juzgado de lo Penal N.º 3 de Granada emite la sentencia 383/2024 que absolvía a las tres sindicalistas de los delitos de “delitos de desórdenes públicos, allanamiento y coacción y amenazas”, ya que “no existe prueba de cargo respecto de dichos acusados por lo que procede absolverles del delito”, según exponía el documento.

Una decisión que parece no ha sido aceptada por quien emitió la denuncia en 2021 contra estas tres personas, la Junta de Andalucía, que ha realizado un recurso de apelación en el que exige que se condene a Néstor y Vanesa “como autores del allanamiento con violencia o intimidación de morada de persona jurídica”, según el texto jurídico presentado al que ha tenido acceso El Salto diario. El Gobierno andaluz pide para estos dos sindicalistas penas de un año y tres meses de prisión por delitos de coacción.

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En los últimos dos años Andalucía se han dado varias decenas de actos represivos contra la protesta social y la acción sindical por parte de la policía, la justicia y otras instituciones como la Universidad.

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Néstor Salvador, uno de los sindicalistas acusados explica que “ya estamos absueltos según la sentencia y a través de hechos probados” y señala que “la Junta de Andalucía está utilizando el dinero público para la persecución sindical”.

El caso surgió tras una acciones en marzo de 2021 cuando diversos sindicatos y colectivos se manifestaban en Granada por el caso del despido de Vanesa Sánchez. La trabajadora había estado 11 años en su puesto de trabajo como profesional de la limpieza en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía de Granada a través de diferentes empresas de subcontratación pública.

Con el traspaso en 2019 de los servicios de limpieza de la empresa Rydalca a la compañía Verdiblanca Vanesa no fue subrogada como el resto de sus compañeras, siendo la única que se quedó sin empleo. Sánchez era delegada sindical del SAT cuando los servicios de limpieza estaban a cargo de la empresa Rydalca. El despido incumplía con el art. 28 del Convenio Colectivo de limpieza y según el SAT “infringe con la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el Estatuto de Trabajadores/as”.

Ante la situación desde el sindicato y otras agrupaciones de apoyo habían comenzado una serie de acciones y protestas desde 2020 con el objetivo de la readmisión de la trabajadora. El 4 de marzo de 2021 tras una concentración frente a la delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, “Un grupo de personas accedió al edificio para solicitar una cita con el subdelegado de Turismo, tras breve tiempo en el interior, en el que se corearon consignas y se desplegó una pancarta, se registró la solicitud por escrito y se abandonó el edificio de forma voluntaria”, comentaba María Gallego abogada del caso.

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Marta González

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El lunes 8 de junio se celebra el primer juicio de Vanesa Sánchez, trabajadora de la limpieza granadina despedida. Demanda a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada y a dos empresas subcontratadas por la Administración.

Tras ello la Junta de Andalucía denunció a la propia trabajadora afectada, Vanesa Sánchez, al sindicalista Néstor Salvador y a María José Sánchez, de Unión Kellys Granada. En la primera denuncia pedía para los tres imputados 5 años de cárcel y se resolvió de forma desfavorable al Gobierno andaluz, que con el recurso de apelación vuelve a intentar encausar a dos de los tres del SAT.