Historia
Sombras en el paraíso: las dos “leyes mordaza” de la II República

Se cumplen 95 años de la revolución democrática del 14 de abril de 1931, una revolución nacida del acuerdo entre un amplio espectro de partidos republicanos y socialistas. Fuerzas muy heterogéneas, pero con un denominador común: el hartazgo con la monarquía corrupta y autoritaria de Alfonso XIII.

La pluralidad de esta unión temporal de republicanos y socialistas, que iba desde el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya a antiguos monárquicos liberales como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura, cambiados en el último momento de bando, explica el repentino éxito de esta revolución elegante, democrática, pacífica, alegre, popular, y relativamente interclasista, pero también lo complejo e ingobernable del bloque político que iba a liderar el país entre 1931 y 1933, durante el llamado “bienio progresista”.

Nadie se lo pondría fácil a un Gobierno que había despertado tantas expectativas en los de abajo como temores en los de arriba. La coalición de centro-izquierda salida de las elecciones de junio de 1931 tenía que enfrentarse a un doble desafío. Por un lado, las conspiraciones e intrigas de una derecha monárquica y golpista, sedienta de revancha, bien financiada y con buenas conexiones en los cuarteles. Por otro, la conflictividad social de un país con profundas desigualdades de clase, y donde a una parte del movimiento obrero y campesino, el que representaba a los más pobres entre los pobres, se le acabaría pronto la paciencia con el Gobierno. Un gobierno tan beligerante en lo religioso y cultural, como timorato a la hora de afrontar reformas de calado, la más urgente, la del acceso a la propiedad de la tierra.

El orden según Manuel Azaña

Será en este contexto en el que los sectores más conservadores del bloque republicano, con el presidente Manuel Azaña a la cabeza, promuevan la Ley de Defensa de la República, una normativa hecha para infundir respeto, pero que sobre todo ponía de manifiesto la histérica debilidad del nuevo régimen, que por ejemplo prohibía entonar la marcha real monárquica o exhibir banderas rojigualdas.

Inspirada en una legislación similar de Alemania, la Ley de Protección de la República, limitaría fuertemente las libertades de expresión, reunión y manifestación, así como al derecho de huelga.

El empeño de Azaña por sacar adelante la ley quebrantaría la coalición republicano-socialista, llevando al límite las relaciones internas de los partidos

Entre otras restricciones, siempre en nombre del “orden republicano”, la ley castigaría con multas y penas de cárcel la exhibición de símbolos monárquicos, y daría enormes poderes al ministerio de la Gobernación y a los gobernadores civiles para censurar publicaciones, clausurar locales, prohibir huelgas, manifestaciones, reuniones y otro tipo de actos políticos. Juristas que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1931 denunciarían el carácter anticonstitucional de varios artículos de la ley.

Spoiler sobradamente conocido: a pesar de su dureza, la legislación tendría tanto éxito como su modelo alemán a la hora de proteger y defender a la República de sus verdaderos enemigos.

El empeño de Azaña por sacar adelante la ley quebrantaría la coalición republicano-socialista, llevando al límite las relaciones internas de los partidos. Sin embargo, tanto el PSOE como ERC, opuestos en un principio al proyecto, terminarían votando a favor, por temor a que su rechazo provocara una crisis política que diera alas a los enemigos de la República. Era octubre de 1931, y ya muy pronto la ley se usaría para reprimir la huelga de alquileres iniciada en Barcelona, así como las movilizaciones contra los desahucios de familias obreras.

Tres meses más tarde, en enero de 1932, la situación se agravaría aún más. Una huelga general en el Alt Llobregat iniciada tras el accidente mortal en una mina, 30 muertos, acababa con disturbios, la proclamación del “comunismo libertario”, obreros armados y el Ejército ocupando los pueblos. Como consecuencia, más de un centenar de líderes anarquistas serían detenidos y deportados en barcos a cárceles de Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental.

Un enorme foso se había abierto entre la República y una parte de las clases populares que la habían recibido con entusiasmo el 14 de abril de 1931.

Una represión desigual

Ciertamente, las extremas derechas también probarían una ley que sirvió para reprimir la “Sanjurjada”, la intentona golpista de agosto de 1932, tras la que el Gobierno, no sin altas dosis de arbitrariedad, detendría nada más y nada menos que a 5.000 personas, además de clausurar 109 periódicos conservadores, siempre bajo la acusación de formar parte de una conspiración monárquica para derribar a la República.

A pesar de estos usos contra el golpismo monárquico, o contra el PNV, muy duramente reprimido por ser considerado parte de la reacción clerical anti-republicana, entre los sectores más combativos del movimiento obrero, la sensación, llegados a 1932, era que la Ley en Defensa de la República se estaba utilizando sobre todo para reprimir a libertarios y comunistas, al frente de aquellos conflictos que desbordaban los cauces de la institucionalidad republicana, diseñada desde el Ministerio de Trabajo por el socialista Largo Caballero.

Más allá de la violencia o el sectarismo que podían manifestar en ocasiones anarquistas y comunistas frente a las autoridades republicanas, si estas corrientes encontraban eco social más allá de sus militantes más politizados, era porque efectivamente existían condiciones sociales para los conflictos radicales.

Frente a este contexto de explotación y desigualdad, la respuesta del Gobierno republicano sería a menudo la gestión del conflicto social como un problema únicamente de orden público. La reforma agraria no llegaba a pueblos como Casas Viejas, pero sí la Guardia de Asalto, responsable de asesinar a 26 campesinos sin tierra en esta localidad gaditana. Para muchos obreros y campesinos, el nuevo cuerpo armado fundado por la República resultaba ya tan odioso como la vieja Guardia Civil.

Más represión: las leyes de orden público y de vagos y maleantes

Consciente de la impopularidad que el Ejecutivo estaba adquiriendo entre sus propias bases, el PSOE se iría desmarcando de los republicanos, hasta terminar saliendo del Ejecutivo. El ministro Largo Caballero iniciaba su viraje a la izquierda, temiendo que la UGT fuera desbordada por sus competidores anarquistas y comunistas, que podían rentabilizar el desencanto de las bases del sindicato. No obstante, los socialistas votarían todavía en el verano de 1933 a favor de la nueva Ley de Orden Público, muy similar en su fondo a la Ley de Defensa de la República. Su “arquitecto jurídico”.

Faltaba en todo caso, un último episodio. Todavía antes de su debacle electoral, el Gobierno republicano-socialista aprobaría, con el concurso de las derechas, cuyo consenso por cierto había solicitado, una última legislación de carácter represivo: la Ley de Vagos y Maleantes, de agosto de 1933. Una verdadera ley anti-pobres que no solo castigaba a borrachos, drogadictos, “rufianes y proxenetas”, sino también a nómadas, “mendigos profesionales” y “vagos habituales”.

Diseñada por el jurista socialista Luis Jiménez Asúa, que posteriormente se arrepentiría de sus efectos más perversos, la Ley de Vagos y Maleantes permitía la detención de quienes no podían demostrar que tenían medios legales para mantenerse. Y es que bajo la amplia categoría de “vago”, la ley terminaría sirviendo para criminalizar la pobreza en general, y a los sectores más precarios de la clase trabajadora en particular, aquellos que habitaban en los difusos márgenes de la llamada economía informal, como los temporeros, los vendedores ambulantes, o los “liberados” de CNT, un grupo que vivía de las colectas de los sindicatos.

En noviembre de 1933 las izquierdas perdían las elecciones. ¿El motivo? La desmovilización general de sus bases obreras y campesinas, defraudas por el Gobierno, y entre las que hubo una alta abstención. También por el giro a la derecha de buena parte de las clases medias que anteriormente habían otorgado su voto a la conjunción republicano-socialista.

El nuevo gobierno reaccionario heredaría de sus predecesores progresistas un formidable repertorio legislativo diseñado para la represión de “vagos”, “maleantes” y opositores políticos. No dudarían en emplearlo en los siguientes años. Con dureza. Y con gusto.