Análisis
El incendio de Los Gallardos y la urbanización caótica del suelo rústico

Hemos asistido con consternación a este tremendo incendio que esta vez ha afectado al Levante almeriense. Este incendio forestal se ha cobrado víctimas, recursos y enseres y nunca debió haberse producido. Pese a su virulencia y pérdidas humanas, no es el primer caso en el que concurren una serie de factores que propician este tipo de desastres, la mayoría de los cuales ya han sido suficientemente explicados por diferentes especialistas: el aumento de biomasa vegetal tras un invierno inusitadamente lluvioso; la sucesión de olas de calor desde la primavera; y por último la existencia de fuertes y constantes rachas de viento de orientación variable.

Son los ingredientes típicos de un incendio forestal. Algunos se sorprenden de que en una provincia, como Almería, fuertemente desforestada en vegetación arbórea, se puede producir este tipo de incendios, pero hemos de recordar que, aunque es cierto que los árboles son muy escasos y en grandes extensiones totalmente ausentes, en esta provincia existe una extensa vegetación arbustiva que tapiza todo el solar rústico, con el elemento especial de ser una vegetación que, adaptada a largos periodos de sequía, tiene tejidos que resisten esta inclemencia a costa de extremar la disminución de contenido hídrico, convirtiéndose en un elemento de muy fácil y rápida ignición, como se ha demostrado en el incendio de Los Gallardos, donde se alcanzaron velocidades de fuego de hasta 100 metros por minuto.

Sin embargo, lamentablemente, esto no es nuevo, se reitera verano tras verano, con ligeras diferencias atribuibles a la variabilidad de estos factores que concurren en un incendio. Las causas de los incendios se conocen perfectamente, no es por este camino por el que hay que progresar, sino por otro que ya es de carácter social: ¿por qué vive tanta gente en el campo? Esto es, a nuestro juicio la cuestión más importante, a la vez que más difícil de abordar. Porque son las ciudades y los pueblos donde la gente tiene que vivir, y así lo reconoce el ordenamiento urbanístico, que distingue entre un suelo urbanizable (en el que la ciudad va creciendo) y un suelo no urbanizable, en el que lo que prevalece es un alejamiento, más o menos importante de la vecindad, produciendo una dispersión de viviendas que, por definición no forman ciudad sino algo que muchos quieren aparejar al cortijo, que incluye no solo la vivienda, sino extensiones de terreno que permiten mantener las distancias con el vecino, porque para vecinos, mejor la ciudad.

Lo paradójico es que, a pesar del ordenamiento urbanístico, que limita la construcción de viviendas en el campo, hay numerosos puntos de nuestro país donde se produce este urbanismo disperso que responde a esa necesidad de vivir fuera de la ciudad, como un “señor”, cambiando el estilo de vida que tenemos todos los que vivimos en la ciudad. Un afán que tiene una expresión menor en esas urbanizaciones de viviendas unifamiliares, con garaje, piscina y patio trasero, que se ha hecho viral en países como Estados Unidos y otros países de Europa.

Pese a ser catalogadas como urbanizaciones de “baja densidad” (si las comparamos con los bloques de pisos), su densidad es muy superior a esas urbanizaciones rurales dispersas que crecen como hongos en el traspaís de muchos destinos turísticos del Mediterráneo español, como la Costa del Sol, Almería, Murcia, Valencia y Cataluña, cuyo impacto, por consumo de agua por piscinas y jardines y por consumo de suelo, son la estampa gráfica de la insostenibilidad. Pero no debemos olvidar que, pese a un ordenamiento urbanístico contrario a la construcción de viviendas en el campo, el hecho palpable es que proliferan sin freno alguno.

Ha habido tiempos en los que los propios ayuntamientos han facilitado este tipo de enclaves, especialmente aquellos en los que el turismo ha vaciado de habitantes los pueblos y la actividad agrícola, convirtiéndose los nuevos habitantes en una poderosa fuente de subsistencia para las arcas municipales. Lo denunciamos en 2010 en nuestra obra “Urbanismo difuso en suelo rústico”, para el caso de la comarca de la Axarquía, donde contabilizamos hasta 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, en las que estaban implicados diversos alcaldes que, por ello fueron enjuiciados. Pero, entre la desidia táctica de los ayuntamiento (que aplican el principio de “mirar para otro lado”), la osadía de los delincuentes urbanísticos y la falta de operatividad de las medidas legales disuasorias —como la demolición de las viviendas ilegales, persecución de los delincuentes urbanísticos, que a menudo incluye a los propios alcaldes— finalmente prevalece el principio de “construye, que algo queda”.

Hilamos este asunto, que debería ser declarado como problema nacional, con el de los incendios. En la Costa del Sol hemos conocido incendios terribles, como el del 30 de agosto del 2012, que se originó en Coín, y afectó a Ojén, Mijas, Monda, etc, calcinando 8.500 hectáreas y con el resultado de la muerte de dos personas. En este incendio comprobamos nuestra hipótesis de que el urbanismo disperso es un factor agravante para cualquier incendio forestal, no sólo porque muchas de estas casas, con barbacoas funcionando en pleno verano con calor y viento suficiente para crear un conato de fuego que puede extenderse, sino porque, una vez desatado el incendio, el esfuerzo que se debería centrar en apagar tal incendio, desplegando suficientemente todo el arsenal de medios y bomberos, tiene que concentrar en humedecer constantemente las viviendas que, en estos lugares eran muy numerosas, porque el criterio lógico es salvar las viviendas antes que la vegetación forestal. Y aquí es donde un incendio que se podía haber apagado relativamente pronto, logra extenderse a la velocidad que le permite el viento.

La demanda por vivir en zonas rústicas debería canalizarse a la rehabilitación y construcción de viviendas en los pueblos, no “fuera de los pueblos”

La solución a este problema es sencillamente imposible, porque todas esas viviendas cuentan con permisos irregulares o bien han sido toleradas para conseguir “prosperidad” a los pueblos de zonas rurales, dilatando los plazos para demolerlas hasta su prescripción jurídica, y ningún político, sea de pueblo o de región, va a atreverse a asumir la impopularidad que supondría abordar seriamente este problema, además de que, a nivel de municipio, es contrario a los intereses de la hacienda de los mismos. Así pues, reclamamos de los servicios de inspección urbanística de la Junta de Andalucía, que aborden seriamente este problema, aceleren los procesos de demolición para romper el mito del “construye que algo queda”.

Mientras tanto, lo mínimo que habría que hacer para evitar catástrofes como las que hemos visto es aplicar el principio de deforestación total, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, de todo el entorno de 50 metros de las viviendas del campo y de 100 metros de los pueblos, en la línea de los Planes de Autoprotección contra incendios, que también contempla disponer de medios de extinción en cada vivienda y, por supuesto en los pueblos. Es una exigencia incumplida en el incendio de Los Gallardos, donde ninguno de los municipios afectados contaba con el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a que obligan los Decretos 247/2001 y 371/2010. Ni tampoco con las Agrupaciones de Defensa Forestal ni los Grupos Locales de Pronto Auxilio, todas ellas herramientas que habrían aminorado daños y pérdidas.

Este afán por cambiar el “estilo de vida”, que en el caso de los centroeuropeos (y, cada vez más españoles) incluye ese afán por vivir en “un sitio cálido”, próximo al mar, desconociendo o minusvalorando el hecho de que optan por vivir en entornos altamente inflamables, es un sentimiento del que se aprovecha hábilmente el sector inmobiliario de los destinos turísticos, pero este calla cuando se comprueba que lo que se les ha vendido ha sido una invitación al infierno disfrazada de ese ansiado paraíso.

Comprendemos el afán de los ayuntamientos de facilitar el aumento de la población, pero que no sea a costa de poner a la gente al borde del infierno. La demanda por vivir en zonas rústicas debería canalizarse a la rehabilitación y construcción de viviendas en los pueblos, no “fuera de los pueblos”, y con ello se ganaría en diversidad, vida social, actividad económica y, por supuesto el sostenimiento de esas mermadas arcas municipales que provoca la despoblación.

Mientras tanto nuestros gobernantes no hacen otra cosa que lamentar lo que califican como un “desastre natural frente al que no se puede hacer nada”, y sin duda es así, pero una vez perpetrada la tragedia. No asumen que es “antes”, con las medidas de disuasión urbanística en el campo, cuando realmente tendrían que haber sido beligerantes.

Y al final todo remite a la política, porque todos los políticos prefieren las catástrofes a pecar de impopular en la aplicación de la ley. Y esto alcanza no solo a los alcaldes sino directamente a las máximas autoridades política en Andalucía, porque es patente que contamos con un gobierno andaluz que no es ya solamente nihilista en compromisos climáticos (el Plan Andaluz de Acción por el Clima es una artefacto estéril), sino que se declara abiertamente negacionista con su aliado de las tesis cegueras de Vox, para el cual toda medida para enfrentarse al calentamiento global es “fanatismo climático”, descalificando los contundentes datos que aporta la Ciencia. Sin embargo, que todos los municipios andaluces cuenten con planes de adaptación al cambio climático, no solo es un imperativo legal, sino una herramienta de salvación para las catástrofes asociadas a esta calamidad, que sólo están empezando a aparecer, como se ha previsto reiteradamente desde todos los foros de especialistas sobre estos temas.