Almería
El incendio de Almería cuestiona décadas de expansión residencial en suelo rústico

El incendio más mortífero de la historia de Andalucía en Los Gallardos (Almería) sigue impactando tras su extinción, cuatro días después de su inicio el pasado jueves 9 de julio. El fuego han provocado cifras alarmantes: 13 personas fallecidas, 23 personas desaparecidas, 7.000 hectáreas calcinadas (lo que supone una superficie de dos veces el casco urbano de Almería capital) y más de 1.300 personas desalojadas de sus localidades. Los Gallardos se encuentra en el listado oficial de municipios catalogados como zona de peligro de incendios forestales, según el Plan Infoca de la Junta. En el momento del incendio, como denuncian desde Ecologistas en Acción, no se encontraba actualizado.

Jorge, bombero forestal especialista que estuvo trabajando en la extinción del incendio, sostiene que “la velocidad de propagación y la violencia del fuego no lo he visto en mis 20 años de trabajo”. El incendio se dio con unas condiciones concretas que han dificultado el trabajo: “El cambio de las condiciones climáticas, la segunda ola de calor, vientos de 50 kilómetros por hora, grandes pendientes; en muchas ocasiones los medios estuvimos muy fuera de juego”.

“Se nota la tardanza de completar los operativos; en 2004, el día 1 de junio ya estaba todo completo; ahora no está al 100% hasta mediados de julio como ha sido el caso”, explica Jorge, bombero de forestal que trabajó en el incendio

Como llevan años denunciando los trabajadores del Infoca, las condiciones en las que trabajan han sufrido un detrimento en una época en la que “cada vez los incendios van a dejar de ser estacionales y van a modificar su comportamiento”. El trabajador señala que “se nota la tardanza de completar los operativos completos” de modo que “si en 2004, el día 1 de junio ya estaba todo completo; ahora no está al 100% hasta mediados de julio”. La falta de efectivos es una de las problemáticas que influye en la extensión de los incendios, pero también otras cuestiones como la orografía y el uso del territorio.

Urbanismo irregular

En los años sesenta se produjeron dos hechos paralelos: el primero, el abandono del campo de gran parte de la población del Estado español; en el caso de Almería, una de las consecuencias fue el abandono de miles de cortijos en las zonas interiores de la provincia. A su vez, se daba otro fenómeno en el territorio: la llegada del turismo y su impulso como sector económico.

En Los Gallardos, un 38% de la población habita en viviendas irregulares, como residencia vacacional o segunda casa, en terrenos no urbanizables

El desarrollo del turismo llevó a que desde finales de los 90 muchas familias adquirieran viviendas rurales cercanas a la playa, y para ello se produjo compraventa de cortijos en medio del interior de la provincia para reconvertirlos en casas. Los Gallardos, así como todo el Levante almeriense, es un ejemplo paradigmático de esta cuestión; según un informe elaborado por la Diputación de Almería en 2024, un 38% de la localidad vive en espacios diseminados, es decir, en espacios rurales con menos de 10 edificaciones.

Una cuestión clave para comprender la magnitud de fallecimientos que se ha producido en este incendio. “La reordenación del territorio ha sido clave; hay urbanizaciones donde no debería haberlas, en montes abandonados”, sostiene Jorge. El bombero insiste en esto: “El problema es que vienen turistas y guiris y compran un cortijo hundido y lo levantan y no se hace la autoprotección que requiere; la gente está aislada y, claro, no sabe qué hacer cuando hay un incendio”. 

“Se ha permitido algo que no figura en el reglamento de urbanismo; se miró a otro lado porque son personas con poder adquisitivo que viven al margen del pueblo y eso interesaba”, expone Lola Yyesca desde Ecologistas en Acción

Estos núcleos de población diseminada están obligados por el Decreto 247/2001 a tener un Plan de Autoprotección frente a los incendios forestales (PAIF), un hecho que no se cumplía en el territorio. “Se ha permitido algo que no figura en el reglamento de urbanismo de Andalucía, que no llega a ser una urbanización y que no está permitido; se miró a otro lado porque son personas con poder adquisitivo que viven al margen del pueblo y eso interesaba”, expone Lola Yyesca desde Ecologistas en Acción. Un hecho que dificultó, que complicó que muchos habitantes fueran avisados de los incendios, así como la búsqueda de las personas desaparecidas: al estar dispersas estas personas, es muy difícil saber quién falta.

Desde Ecologistas denuncian que este urbanismo irregular es parte del problema del que tienen responsabilidad las instituciones: “La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable”.

Una práctica presente no solo en el levante almeriense, sino en otros puntos de Andalucía. La Axarquía en Málaga es uno de los territorios donde más espacios urbanísticos diseminados rurales se encuentran. La Sociedad Española de Geomorfología apuntaba en 2016 que al menos hay 12.000 viviendas de ese tipo repartidas en esta zona. En Almería, además de en el levante almeriense, donde ha ocurrido el trágico incendio, hay al menos 11.800 viviendas en terreno no urbanizable en el Valle del Almanzora. Unas viviendas que en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy regularizó. En la Costa Tropical Granadina y en la zona de la Janda de Cádiz, en torno a poblaciones tan turísticas como Barbate o Vejer de la Frontera, también existen estos espacios de segundas residencias diseminadas por el territorio, aunque no haya una cifra concreta registrada.

Legislación permisiva

Durante el boom urbanístico y la construcción desaforada, miles de cortijos y edificios agrícolas en Andalucía se vendieron para convertirse en viviendas. A pesar de que la LOUA prohibía la construcción de este tipo de viviendas, fueron aprobadas por licencias municipales irregulares o sin licencia, llevando a muchos de los propietarios a juicios y al derribo de sus casas, como el caso de la familia Prior en Vera, que provocó la movilización de cientos de propietarios de este tipo de vivienda, la mayor parte ingleses, para que se regularizasen sus segundas viviendas.

A través del Decreto 2/2012 se incorporó en el artículo 3 la nomenclatura de hábitat rural diseminado y se introdujo la figura Asimilado a Fuera de Ordenación, que impedía la demolición de una vivienda a pesar de ser ilegal por la prescripción de la infracción. A través de este decreto, se reconoció la existencia en la normativa de estas viviendas, aunque se sigue sin permitir la construcción en el suelo rústico.

Con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) aprobada en 2021 por la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, se empieza a recoger una mayor flexibilización de este tipo de construcciones. El artículo 22 recoge que “en los términos que se establezcan reglamentariamente podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas”. Además, el artículo 23, dedicado específicamente al hábitat rural diseminado, expone que reglamentariamente se establecerán determinaciones para la ordenación de estos ámbitos y las condiciones de implantación de nuevas edificaciones“.

Aunque la normativa recoge que estas viviendas tienen que seguir vinculadas a la actividad agrícola, Yyesca considera que esto puede ser muy flexible: hay trucos, puedes decir que tienes un huerto, pero lo primordial es que es tu vivienda. El pacto de PP y Vox para los próximos cuatro años en Andalucía recoge, además de una postura “contra el fanatismo climático”, una serie de medidas para desregular trámites administrativos como la edificación.

Un cambio de paradigma

El Levante almeriense, donde se encuentra Los Gallardos y su población diseminada, está rodeado por un monte. Como expone Jorge, “un monte abandonado, que durante años ha sido domesticado y ahora no tiene la vida que tenía hace años, por lo que aumenta más el descuido”, una falta de cuidado que es esencial para entender cómo actúan los incendios forestales. 

“La tragedia de Almería es una prueba de los graves riesgos asociados al estado de abandono de nuestros montes”, exponen desde la Asociación Forestal Andaluza (AFA).

“La tragedia de Almería es una prueba de los graves riesgos asociados al estado de abandono de nuestros montes”, exponen desde la Asociación Forestal Andaluza (AFA).  Desde la organización insisten en la necesidad de que se implementen los recursos dedicados a la prevención: “La ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios”. La situación actual de grave abandono que sufren nuestros montes nos aboca a veranos durísimos, en los que se pone en riesgo no solo nuestro patrimonio natural, sino también el bienestar y la seguridad de los habitantes de Andalucía”.

La organización denuncia que la inversión forestal ha alcanzado un mínimo histórico en 2025, donde apenas se dedicó un 0,3% de su presupuesto, apenas un 30% de lo que establece el Plan Forestal Andaluz.

Las organizaciones piden un cambio de foco para poder evitar las oleadas de incendios que atraviesa el territorio. Moreno Bonilla expuso el pasado lunes desde el terreno calcinado que “será un verano duro y que habrá más incendios”; la ecologista Lola Yesca le responde: “Nos va a pasar de todo mientras haya un gobierno que niegue el cambio climático”.