Análisis
El cártel del miedo y cómo Pedro Sánchez compró el pánico de la inteligencia artificial

El día más importante de la historia reciente de la inteligencia artificial llegó unas horas después de dos aniversarios: el del atentado contra las Torres Gemelas, que fijó para siempre la política securitaria de los neoconservadores estadounidenses, y el del golpe contra Salvador Allende, que enterró con Cybersyn el sueño de “un internet socialista”. El 12 de septiembre de 2026 pasaron dos cosas curiosas con 12 horas de diferencia. Por la mañana, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, publicó We Must Pace the Frontier, un ensayo cuya tesis es frenar el ritmo al que mejoran las capacidades de los modelos de frontera. Sam Altman se adhirió en X y anunció que OpenAI abriría sus laboratorios a evaluadores independientes; Elon Musk lo recompartió una hora después y Google DeepMind se sumó. Por la tarde, Altman le dijo a Fortune que OpenAI no saldría a bolsa en 2026: “Dado todo lo que está pasando con la seguridad, ahora mismo sería un momento poco aconsejable, y no sentimos presión al respecto”.

A los ojos del magnate, el problema no son los bombardeos ni la represión de las poblaciones periféricas sobre las que durante décadas se probaron las capacidades tecnológicas estadounidenses. El problema es que un grupo de hackers pueda fabricar un arma biológica con ayuda de un chatbot, o que un modelo decida escaparse de su jaula. Stanley Cohen acuñó el concepto de “pánico moral” en 1972 para describir cómo la prensa y los que llamaba empresarios morales convertían a unos jóvenes en amenaza para el orden social. Stuart Hall mostró en Gobernar la crisis que la histeria colectiva por los atracos en la Inglaterra de los 70 servía para fabricar el consenso autoritario que un Estado en crisis no conseguía de otra manera. Los empresarios morales y los fabricantes de la amenaza son las mismas personas.

Ya se sabe que a nadie le gusta más un pánico moral que a Pedro Sánchez, capaz de aprovechar cualquier elemento de la coyuntura internacional para escapar de un problema de legitimidad interna

Las mismas empresas que califican de “inaceptable” una probabilidad del 10 % de extinción comprometen más de 1,1 billones de dólares en infraestructura hasta 2035, firman contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno con el Departamento de Defensa estadounidense para “apoyo al combate” e incorporan ingenieros propios dentro de unidades militares, según la documentación contractual que publicó The Intercept el 8 de septiembre. Si alguien cree realmente que sus productos pueden extinguir la especie no lo integra en las cadenas de decisión de blancos militares en Gaza.

Pero ya se sabe que a nadie le gusta más un pánico moral que a Pedro Sánchez, capaz de aprovechar cualquier elemento de la coyuntura internacional para escapar de un problema de legitimidad interna. Este septiembre el atolladero es Ceuta, donde el Gobierno dejó hacer a Marruecos hasta la entrada de finales de julio, y Moncloa ha decidido contraatacar con más apariciones en televisión y un mayor foco en la agenda internacional. Si en casa preguntan por la frontera sur, el presidente contesta desde Nueva York. Esta semana desayuna con Zohran Mamdani mientras, a pocas manzanas, Altman y Amodei informan al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los peligros de la inteligencia artificial. Ya lo hizo en febrero, cuando anunció desde Dubái la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, un ejercicio de populismo digital en el que una mano señalaba a los tecnooligarcas mientras la otra les allanaba el terreno. 

Nueve días después del apoteósico día de la inteligencia artificial, el 21 de septiembre, Sánchez presentó en el Complejo de la Moncloa el Plan IA360 con un discurso que, leído sin lentes crítica, parece afirmar lo contrario que el ensayo de Amodei: “Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona y que los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general”. Sobre los magnates fue más lejos y describió que quieren “crear barreras de entrada para consolidar precisamente ese monopolio o ese oligopolio”.

Ese parece el diagnóstico correcto, pero el plan está escrito en el mismo vocabulario que el pacto de los gigantes. “El flanco de la seguridad será una prioridad absoluta”, anunció el presidente, y lo desplegó en dos planos, el escudo de ciberseguridad y la supervisión “ante los modelos de frontera más ofensivos”, que son justamente las dos líneas de negocio del sector. El “modelo de frontera” no es una categoría jurídica ni una magnitud técnica que haya definido ningún organismo público. Es el mismo estatus que otorga la industria, cuyo umbral el pacto propone que fije un consorcio privado con evaluadores pagados por las empresas que lo forman.

Sánchez comenzó su discurso denunciando la autorregulación y lo terminó adoptando el umbral y la prioridad que la autorregulación corporativa necesita para funcionar

El Gobierno declara prioridad absoluta supervisar los modelos de frontera, pero afirma que el peligro está en la capacidad del modelo y no en la propiedad de la infraestructura tecnológica. Y lo hace además sobre algo que ni siquiera le corresponde, porque el Reglamento europeo deja la supervisión de esos modelos a la Oficina Europea de IA y no a las autoridades nacionales. El plan hace honor a su nombre. Sánchez ha dado una vuelta de 360 grados para quedarse en el mismo sitio: comenzó su discurso denunciando la autorregulación y lo terminó adoptando el umbral y la prioridad que la autorregulación corporativa necesita para funcionar.

En infraestructura, el plan habla de la gigafactoría de la inteligencia artificial y de centros de datos que deberán contar “con los mejores estándares energéticos y medioambientales” y garantizar “nuestra soberanía sobre los datos que allí se almacenen”. En esa formulación tampoco hay una sola obligación para las grandes empresas: ni cuota de cómputo público, como ocurre con la vivienda, ni energía renovable adicional, ni prelación del agua en sequía, ni empleo comprometido por megavatio. La única gigafactoría de la que habla el plan es la de Móra la Nova, en la Ribera d’Ebre. Se trata de una inversión de 5.000 millones de euros en la que la Generalitat tendrá solo el 1 % del capital y el Estado, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, casi el 48 %; el 51 % restante se lo reparten Banco Santander, ACS y Telefónica, con un 15,67 % cada uno, y Multiverse Computing, con el 4 %. Con esos accionistas, la gigafactoría no altera en nada la dependencia que el plan dice combatir: Santander ha desplegado ChatGPT Enterprise en su plantilla tras un acuerdo con OpenAI; Turner, la filial estadounidense de ACS, construye el complejo de Stargate en Wisconsin, y Telefónica gestiona en España la nube soberana de Google. Telefónica fue además la primera en llamar a la puerta: pocas horas después de la presentación, su presidente, Marc Murtra, se reunió con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para ofrecerse a participar en el despliegue del plan.

La seguridad cotiza al alza

Antes que Moncloa, los mercados ya habían leído el pacto entre gigantes tecnológicos al pie de la letra. El lunes 14 de septiembre, primera sesión tras el anuncio, el índice de semiconductores de Filadelfia cayó cerca de un 6 % y los fabricantes de chips entraron en mercado bajista, un 20 % por debajo de sus máximos de junio. Intel y AMD perdieron más de un 4 %, en una jornada en la que el petróleo, por encima de los cien dólares, también apretaba. Ese mismo día, Palo Alto Networks llegó a subir un 13 % y CrowdStrike cerca de un 14 %. Si los fabricantes de los modelos más avanzados advierten de que sus sistemas vuelven el mundo más peligroso, las empresas de chips pueden perder dinero, pero alguien tendrá que gastar más en protegerse. El consejero delegado de CrowdStrike, George Kurtz, dijo que los laboratorios seguirán avanzando hagan lo que hagan los demás, y que el negocio de la ciberseguridad consiste en hacer ese avance seguro, no en detenerlo. Ninguna declaración de principios explica mejor qué mercancía había salido a la venta.

Las dos noticias del día 12 tampoco se entienden por separado. El 11 de septiembre, Reuters había informado de que Anthropic negocia con Nvidia, su proveedora de chips, como inversor ancla de su salida a bolsa: hasta 10.000 millones de dólares en una operación que busca levantar cerca de 100.000 millones. La secuencia, en orden de calendario, es esta: el laboratorio que va primero en la carrera por la IA prepara la operación más grande de la historia de Wall Street con Nvidia; publica un llamamiento sectorial a frenar el desarrollo; el competidor que va segundo se adhiere en horas y anuncia el mismo día que no sale a bolsa por razones de seguridad. Existe una explicación añadida que no depende de la seguridad. Cotizar en bolsa obliga a publicar un folleto con una sección de factores de riesgo redactada bajo responsabilidad y a someterse a un régimen de divulgación permanente, justo cuando OpenAI ha comprometido del orden de un billón de dólares en capacidad de cómputo y no espera repartir beneficios hasta 2029.

Tres pasos hacia la exención de cártel

¿Qué propone exactamente la declaración cuyo marco ha hecho suyo Moncloa? La posición de Amodei tiene tres pasos: evaluadores independientes con acceso de nivel empleado, incrustados en las empresas; coordinación de hojas de ruta y estándares entre laboratorios de países democráticos, con límites al crecimiento de capacidades; y canales de verificación con gobiernos rivales, China incluida.

El conflicto de intereses ni siquiera hay que suponerlo: los evaluadores independientes serán financiados por el mismo consorcio al que evalúan

De momento solo el primero está comprometido: en Anthropic ocurrió de inmediato y en OpenAI al día siguiente. Amodei los justifica con el precedente de la banca, donde hay supervisores dentro de las entidades. Como le ha respondido el investigador Dave Karpf, en la banca esos supervisores están ahí porque el Gobierno lo exige. Esta es la figura que haría falta, porque los informes de incidentes describen un problema de seguridad industrial, del mismo género que un escape en una planta química: fallos de aislamiento, ausencia de registro obligatorio de incidentes, responsabilidad civil difusa, ninguna inspección pública. Es un tipo de problema que resuelve un inspector con potestad sancionadora ante una empresa obligada a notificar de sus avances. Convertido en amenaza escatológica, en cambio, solo puede gestionarlo quien posee el conocimiento esotérico, es decir, el propio fabricante. El conflicto de intereses ni siquiera hay que suponerlo: los evaluadores independientes serán financiados por el mismo consorcio al que evalúan. Hasta David Sacks, inversor y antiguo zar de la inteligencia artificial de Trump, lo ha dicho sin rodeos: “Dejad de fingir que necesitáis el permiso de nadie. Dejad de fingir que hay que suspender la ley antimonopolio para que podáis formar un cártel. Dejad de fingir que METR es independiente cuando está entrelazada con los inversores y el personal de Anthropic”.

El segundo paso le da la razón a los críticos. El propio ensayo de Amodei reconoce que harían falta exenciones antimonopolio acotadas: “Por razones antimonopolio, resulta útil que el Gobierno de Estados Unidos medie o al menos facilite estas conversaciones; no necesitan participar, pero sí emitir una exención acotada para cierto tipo de conversaciones sobre seguridad”. Un acuerdo entre competidores que limita el desarrollo de producto es, en la tradición jurídica estadounidense, una restricción coordinada de la producción. Por eso hay que pedir una exención. Sin ella sería un cártel en el sentido técnico de la palabra. La petición llega con el terreno despejado: la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia retiraron en diciembre de 2024 sus guías sobre colaboración entre competidores, y el marco de lo que es lícito coordinar sigue abierto y en redacción justo cuando la industria pide su excepción. Las empresas de inteligencia artificial quieren participar en la escritura de las nuevas reglas.

David Sacks, antiguo zar de la IA de Trump, lo ha dicho sin rodeos: “Dejad de fingir que necesitáis el permiso de nadie. Dejad de fingir que hay que suspender la ley antimonopolio para que podáis formar un cártel”

El tercer paso es el perímetro. Algunas de las propuestas de organismo autorregulador que circulan contemplan hacer cumplir sus reglas no solo a los miembros, sino a cualquiera que sea evaluado como poseedor de capacidades de frontera, incluidos los proyectos de código abierto y los laboratorios no estadounidenses, con revisión previa obligatoria antes de publicar. De ahí sale una disyuntiva: o el pacto se extiende a los modelos de pesos abiertos, y entonces se convierte en control previo de la publicación de software; o no se extiende, y entonces el riesgo se mantiene y se limita a fijar posiciones de mercado. Un organismo autorregulador que regula a quien no se ha adherido es un organismo privado con jurisdicción propia. Y es lo que buscan las empresas: marginar cualquier alternativa al modelo privado.

La prueba de la desproporción está a la vista con los competidores chinos. Si el riesgo alegado es la pérdida de control sobre modelos cada vez más capaces, el remedio tendría que cubrir todos los sistemas situados en la frontera, y no los cubre. DeepSeek V4 Pro registra 80,6 en SWE-Bench Verified y 90,1 en GPQA Diamond, trabaja con una ventana de un millón de tokens y tiene los pesos publicados: cualquiera puede descargarlo, afinarlo y desplegarlo sin pedir permiso a nadie. Un acuerdo entre cuatro empresas estadounidenses no altera eso. En el ensayo de Amodei, de hecho, no aparecen ni una sola vez las palabrasopen weights ni open source, ni se nombra a Meta, Llama, Mistral o Qwen.

Sí aparece, en cambio, el temor a China. En el mismo texto en que pide frenar los modelos de frontera, Amodei pide tres cosas más: no vender a China chips avanzados ni equipos de fabricación de semiconductores, y perseguir el contrabando y el acceso remoto a centros de datos fuera del país; actuar contra la destilación no autorizada por parte de empresas de países autoritarios, porque “permite a las compañías rezagadas acortar distancias por una fracción del coste que les supondría desarrollar su propia inteligencia artificial de forma independiente”; y blindar los laboratorios para impedir el robo de los pesos. Esas medidas, escribe, “frenarían el avance de China lo suficiente como para ampliar significativamente la ventaja de Estados Unidos durante los próximos tres a cinco años”. Presentadas como un problema de seguridad, esta iniciativa tendrá el efecto inmediato y medible de encarecer o impedir la entrada del competidor barato. Pekín ha respondido advirtiendo de que el alarmismo y la confrontación perturbarían la gobernanza global de la inteligencia artificial, una posición en la que hasta ha coincidido con el Vaticano.

El inspector y el sacerdote

Conviene no crear un hombre de paja. Tras el pánico moral existe un problema estructural del capitalismo digital. Entre mayo y julio de 2026, alrededor de 1.200 agentes de OpenAI se coordinaron fuera de su entorno de contención sobre nodos de producción de Hugging Face. El informe independiente de METR y Redwood Research y el informe técnico de la propia OpenAI se publicaron el 26 de agosto. Tres días después, la Oficina Europea de IA envió sus primeras solicitudes formales de información a más de treinta proveedores. Desde entonces, Anthropic ha revelado incidentes propios y Google admitió la semana pasada que Gemini había entrado en los sistemas de otras tres empresas. 

Amodei (Anthropic) pide en su carta medida que “frenarían el avance de China lo suficiente como para ampliar significativamente la ventaja de Estados Unidos durante los próximos tres a cinco años”

Cuando el peligro se le atribuye a la máquina, a sus capacidades y a su autonomía, dejamos de discutir quién ostenta la propiedad de las fábricas del siglo XXI, quién decide con qué datos se entrena, con qué dinero oscuro, con qué trabajo precario y para servir a qué fines. La discusión se desplaza de las relaciones sociales de producción a un atributo problemático del producto. Es la forma más acabada del solucionismo tecnológico: en lugar de abordar los problemas existentes generados por el capitalismo, se crean trabas nuevas que solo las empresas pueden resolver. De esta forma, basta con definir el problema de manera que la solución solo puede venderla Silicon Valley.

El 14 de febrero de 2017, Brad Smith, presidente y director jurídico de Microsoft, propuso en la conferencia RSA una convención digital de Ginebra: un tratado internacional que prohibiese a los Estados atacar infraestructuras civiles, hospitales, redes eléctricas y sistemas financieros, y que creara un organismo independiente de atribución de ataques. Microsoft se ofrecía como Cruz Roja digital, un actor neutral que protege a los civiles de los Estados. En mayo, WannaCry tumbó el servicio de salud británico explotando una vulnerabilidad de Windows, y la empresa reiteró la propuesta con más fuerza. Evgeny Morozov respondió el 20 de mayo de 2017 en The Observer: el conflicto de intereses sería “alucinante”, porque cuanto más inseguro es el software de Microsoft, mayor es la demanda de sus servicios de ciberseguridad para protegerlo. Una vez que los Estados reconocieran formalmente a la empresa como el equivalente digital de la Cruz Roja, “eso debería traducirse también en lucrativos contratos privados para ofrecer protección en ciberseguridad; todo ello, obviamente, a un precio elevado”.

La seguridad se convirtió en una de las mayores líneas de negocio de Microsoft, del orden de 20.000 millones de dólares anuales. Ocurre lo mismo con las empresas de alarmas: el fabricante del riesgo vende el seguro. Lo apuntábamos en mayo a propósito de Mythos: las élites tecnológicas han convertido la catástrofe que ellas mismas diagnostican en una mercancía cuyo remedio solo resulta rentable mientras persista la enfermedad. El problema es que nadie en la Unión Europea parece haber entendido la lección. Ningún actor regional está en la frontera con un modelo propietario; Mistral, el más grande, ronda los 400 millones de dólares de ingresos anualizados, un orden de magnitud por debajo de sus rivales estadounidenses. Si el umbral de seguridad lo fija un consorcio de Estados Unidos, Europa será importadora del estándar y del auditor.

El 2 de agosto de 2026 entraron en vigor las competencias de ejecución del Reglamento de IA sobre los modelos de propósito general, pero el Digital Omnibus, propuesto por la Comisión el 19 de noviembre de 2025, aplazó las obligaciones de los sistemas de alto riesgo. El Parlamento Europeo lo aprobó el 16 de junio de 2026 por 423 votos a favor, 57 en contra y 174 abstenciones, y el Consejo, con España dentro, lo cerró el 29 de junio. Las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III se demoran al 2 de diciembre de 2027, y las de la inteligencia artificial integrada en productos regulados, al 2 de agosto de 2028. Europa ha desregulado el despliegue de estas tecnologías en su territorio, donde tiene jurisdicción efectiva, en el mismo semestre en que la industria se coordinaba en lo que no controla, el modelo de frontera. Es la misma jerarquía que Moncloa asimila en su plan.

Cuando el peligro se le atribuye a la máquina, a sus capacidades y a su autonomía, dejamos de discutir quién ostenta la propiedad de las fábricas del siglo XXI

Y todavía queda esperar a ver qué ocurre con los datos que utilizan estas empresas para entrenar sus modelos. El mismo día en que Sánchez presentaba el plan, El Paíscontaba el borrador de compromiso, filtrado por Noyb, con el que la presidencia irlandesa quiere cerrar en el Consejo la reforma del Reglamento General de Protección de Datos. Un nuevo artículo 88 bis ampara en el interés legítimo cualquier tratamiento de datos personales “en el contexto del desarrollo u operación de un sistema o modelo de IA”, de modo que las empresas ya no necesitarían consentimiento para extraer y procesar todos datos de los ciudadanos europeos que han recogido durante años.

Demanda garantizada, competencia acotada

Ninguna de estas empresas ha cerrado nunca un ejercicio en positivo. Anthropic acumula números rojos desde 2021, aunque comunicó a sus inversores un primer beneficio operativo trimestral de 559 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, según Forbes. OpenAI ha desplazado sus proyecciones de rentabilidad a 2029 o 2030. Según Morgan Stanley, la inversión en centros de datos alcanzará unos 2,9 billones de dólares hasta 2028, y el flujo de caja de las grandes tecnológicas cubre alrededor de 1,4 billones. Quedan en torno a 1,5 billones que solo pueden cubrir los mercados de crédito, y unos 800.000 millones de ellos los aporta el crédito privado (contratos de préstamo que no publica nadie).

Para devolverle el dinero al inversor en esas condiciones hacen falta dos cosas, demanda garantizada y competencia acotada, y el Estado trumpista provee ambas. En julio de 2025, el Departamento de Defensa firmó con Anthropic, Google, OpenAI y xAI contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno, ampliados en 2026 a redes clasificadas y a ocho proveedores. En julio de 2026, la consultora Izertis anunció un acuerdo de colaboración prioritario con Anthropic y OpenAI para llevar sus versiones corporativas a los organismos públicos españoles: asistentes para empleados públicos, automatización de procesos administrativos, análisis documental. El sector público español ya se está incorporando como cliente de estas empresas mediante la privatización y desregulación de sus funciones públicas, que en último término es lo que busca la alianza entre Silicon Valley y Donald Trump. Los contratos de las administraciones con proveedores de chatbots han pasado de uno, en noviembre de 2022, a más de 1.300 tres años después, casi todos con OpenAI. La dependencia se consolidará sin que haya pasado por un solo debate parlamentario, bajo el mismo Gobierno que en Moncloa denuncia las barreras de entrada.

El Estado trumpista no arbitra entre empresas, sino que cada vez más elige y organiza la producción para enfrentarse a China

El Estado trumpista no arbitra entre empresas, sino que cada vez más elige y organiza la producción para enfrentarse a China. Anthropic pidió al Pentágono que Claude no se empleara para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para designar blancos sin intervención humana. El 27 de febrero de 2026, Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de usar de inmediato la tecnología de Anthropic, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mandó designarla “riesgo de cadena de suministro para la seguridad nacional”, y la agencia de compras federal la sacó de sus contratos marco. Horas después del anuncio presidencial, OpenAI comunicó un acuerdo con el Departamento de Defensa para redes clasificadas. Le siguieron Google, Microsoft, AWS, Nvidia, SpaceX, Reflection AI y Oracle. Anthropic no estaba.

El gasto militar es el único programa de demanda garantizada que existe: no tiene condicionalidad, no tiene riesgo y está políticamente blindado. Es el rasgo central del neoliberalismo militar, el desplazamiento del gasto público hacia empresas tecnológicas declaradas clave para la seguridad nacional, con un Estado que solo interviene en Defensa y presenta el sector militar como la única vía a la prosperidad. El capital tecnológico ya está integrado en el Estado y ocupa algunos de sus cargos más importantes. En junio de 2025, el Ejército de Tierra estadounidense juró como tenientes coroneles de la reserva a Shyam Sankar, director técnico de Palantir; Andrew Bosworth, director técnico de Meta; Kevin Weil, director de producto de OpenAI, y Bob McGrew, antiguo jefe de investigación de OpenAI, en una unidad creada para ellos, el Destacamento 201. El número dos del Pentágono, Steve Feinberg, llegó desde el fondo de inversión Cerberus. Este es el peligro para la humanidad, y no la tecnología.

Del 12 al 30 de junio de 2026, Anthropic suspendió el acceso a dos de sus modelos en Europa para cumplir los controles de exportación del Departamento de Comercio estadounidense. Ningún plan nacional ha mencionado ese episodio. Tampoco el Plan IA360, que promete “soberanía sobre los datos” mientras la Administración contrata los asistentes de las mismas empresas que pueden apagarse desde Washington. Sánchez tiene razón en que la autorregulación no funciona y en que los magnates buscan crear barreras de entrada. De ahí no se sigue que haya que asumir el problema de la seguridad. Aceptar que el peligro está en el modelo implica asumir que solo sus fabricantes pueden regularlos, y a partir de ese momento el Estado se convierte en el cliente de la maquinaria militar estadounidense. Un Gobierno que quisiera enfrentarse de verdad a esas empresas empezaría por la propiedad del cómputo y por las condiciones que se imponen a quien extrae suelo, agua y electricidad del territorio, y no por la supervisión de una frontera cuyo umbral decide otro país. Mientras eso no ocurra, el miedo seguirá cotizando al alza.