Israel
Israel aprueba la pena de muerte para los palestinos, mientras prosigue su genocidio impune

Sucedió la tarde del lunes 30 de marzo, tras semanas de controversia. Con 62 votos a favor y 48 en contra, la Knesset aprobaba ayer la pena de muerte para personas acusadas de terrorismo, que será aplicada a palestinos. Una ley señalada por vulnerar los derechos humanos  y suponer un claro ejemplo de discriminación, tal y como señalan las numerosas voces críticas dentro y fuera del país. 

Según reflejaba The Guardian poco después de la aprobación de la ley: esta sistematiza “la pena de muerte para aquellos palestinos de la Cisjordania ocupada que sean hallados culpables de perpetrar intencionalmente ataques letales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar”. Las personas que caigan en el marco de esta legislación serán privadas de todo tipo de visitas, y solo serán asistidas legalmente por videollamada. Además, sus penas serán ejecutadas en el plazo de 90 días. 

La propuesta de recuperar la pena de muerte ha sido promovida principalmente por el extremista ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, cuyo partido Otsmá Yehudit ha contado con el apoyo de diputados pertenecientes al partido Likud del primer ministro, y el conservador  Yisrael Beitenu. Este presunto criminal de guerra, ha divagado sobre cuáles serían las formas preferentes de ejecutar a la personas palestinas, manifestando su predilección por la horca o la silla eléctrica. 

Tras el 7 de octubre, algunos parlamentarios israelíes han presionado para recuperar la pena de muerte como castigo a los palestinos. El propio Ben-Gvir se encargó de defender la ley poco antes de su votación: “Desde hoy, todos los terroristas sabrán, el mundo entero sabrá, que el estado de Israel se cobrará la vida de quien quiera que se cobre una vida”. Tras la aprobación de la propuesta, el ministro abrió una botella mientras se escuchaba júbilo en la cámara. Benjamin Netanyahu, también avaló el proyecto para aplicar una pena usada solo dos veces en la historia del país: en 1948 se ejecutó a Meir Tobianski, un oficial del ejército a quien se acusó de espionaje. En 1962 fue el nazi Adolf Eichmann quien corrió la misma suerte. 

Israel elige la horca

Desde la cadena pública israelí Kan se ha avanzado que se recurrirá principalmente al ahorcamiento como forma de ejecutar las condenas. Para ser condenados, no será necesario que haya ningún fiscal que reclame la pena capital para los acusados, y tampoco será necesario que exista unanimidad entre los jueces para proceder a la ejecución, siendo suficiente una mayoría simple. En la Cisjordania ocupada, serán los tribunales militares lo que firmen sentencias de muerte.

La ley plantea distintos escenarios para los acusados en función de si son detenidos en territorio ocupado, viviendo bajo la ley militar, o en territorio israelí. A los primeros se les niega la posibilidad de pedir clemencia para evitar su ejecución, sin embargo a quienes sean juzgados en Israel se les permitirá convertir sus sentencias en cadena perpetua. La nueva legislación se fija como objetivo: “establecer la pena de muerte para terroristas que lleven a cabo ataques terroristas letales, como parte de la lucha contra el terrorismo”. El texto explicita que se aplicará a “una persona que intencionalmente cause la muerte de otra con el fin de dañar un ciudadano o residente de Israel, con el intento de rechazar la existencia del Estado de Israel”.

“Israel está tocando fondo en lo que respecta a la deshumanización de los palestinos, al consagrar su trato cruel en la legislación estatal”

La organización israelí B'Tselem, afirmaba antes de la aprobación de la nueva ley que los tribunales militares “tienen aproximadamente una tasa de sentencias condenatorias del 96%”, construida sobre pruebas extraídas sistemáticamente mediante tortura en los interrogatorios”. Yuli Novak, director ejecutivo de la organización, apuntaba antes de la votación: “Israel está tocando fondo en lo que respecta a la deshumanización de los palestinos, al consagrar su trato cruel en la legislación estatal”.

Los críticos vienen señalando desde hace meses que la avanzada legislativa israelí vulnera el derecho internacional. Una vez publicada la ley, la pelota estará en el tejado del Tribunal Supremo de Israel, que aún puede frenar una iniciativa que los propios grupos de derechos humanos israelíes enmarcan en la “discriminación institucionalizada” propia del estado sionista. 

Así lo ha afirmado la Asociación de Derechos Civiles en Israel, que ha enviado una petición al Tribunal Supremo solicitando que derogue una legislación que discrimina entre civiles israelíes y palestinos. “Los palestinos de Cisjordania se enfrentan a una pena de muerte casi inevitable en los tribunales militares [en virtud de la nueva ley], mientras que el requisito del sistema civil de demostrar ‘el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel’ garantiza que ningún autor judío pueda ser juzgado por ello”, argumentan.

Por su parte, la formación árabe en el Parlamento, Hadash–Ta’al, ha denunciando que la ley no es solamente punitiva, sino que es “una declaración oficial de la institucionalización del apartheid y el racismo, y la transformación del sistema jurídico en una herramienta más para la represión política violenta del pueblo palestino”.

Una legislación genocida

El Centro Internacional de Justicia para Palestina enmarca esta senda legislativa en una escalada extrema de las políticas genocidas sionistas contra la población palestina que además: “consolida el sistema judicial de apartheid de Israel, incorporando la discriminación racista contra los palestinos a la legislación y permitiendo, una vez más, que Israel viole las normas internacionales”, ha denunciado, recordando como la introducción de la pena de muerte, refleja lo que el embajador palestino ante la ONU Riyad Mansour, declaró al año pasado ante el Consejo de Seguridad, que el único derecho que parecen tener los palestinos, es el derecho a morir. 

Si bien esta nueva ley no afecta de manera retroactiva a las personas acusadas por el ataque de 7 de octubre por parte de Hamas y otras milicias palestinas, aún podría votarse otra propuesta separada en la Knesset con el más que específico nombre: “Proyecto de ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los hechos de la masacre del 7 de octubre”, y que establecería un tribunal militar destinado a imponer también la pena capital sobre cualquier persona condenada por participar en los ataques del aquel día.

Hay quien enmarca la promoción de esta nueva ley en una estrategia política del partido de Ben-Gvir, para obtener ventaja en las elecciones que se esperan para finales de año. El mandatario ha sido acusado por organizaciones como la israelí Physician for Human Rights, de amparar bajo su mandato al frente del Ministerio de Seguridad Nacional un incremento notable en los casos de tortura y abuso, en cárceles y centros militares de detención. 

Respecto a la ley ya aprobada en la tarde del lunes, esta no supone una sorpresa para los organismos internacionales, que llevan semanas mostrando su preocupación. Un grupo de Expertos de Naciones Unidas llamaba el pasado 4 de febrero a la retirada de la propuesta, apuntando que la ley constituía en sí una vulneración del derecho a la vida de la población palestina en los territorios ocupados: “se aplicarían las definiciones imprecisas y excesivamente amplias de los delitos de terrorismo previstas en la legislación israelí, que pueden abarcar conductas que no son realmente terroristas, y la pena de muerte sería obligatoria”, alertan en su texto. 

Semanas después, el 24 de marzo, la Unión Europea, denunciaba en un comunicado: “La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y no puede aplicarse sin infringir el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos”. Ya en la víspera de la votación, incluso países aliados de Tel Aviv como Australia, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido lanzaban una comunicación conjunta para expresar su preocupación por “un proyecto de ley que ampliaría considerablemente las posibilidades de imponer la pena de muerte en Israel (...) Nos preocupa especialmente el carácter discriminatorio de facto de dicho proyecto de ley”. 

Pena de muerte y tortura

En la misma Kessnet donde la tarde del 30 de marzo se daba luz verde a la pena de muerte para los palestinos, en verano de 2024 se llegó a discutir si era legal violar a los prisioneros palestinos. El episodio lo recuerda la Relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, en una entrevista publicada en Democracy Now el pasado 26 de marzo, en la que acusa a Israel de torturar de manera generalizada y sistemática con el fin de quebrar el espíritu de las personas palestinas, no solo de manera individual sino también como pueblo.

Albanese hablaba en aquella ocasión de su informe publicado en febrero, en cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas explicaba: “La tortura sistemática de palestinos por parte de Israel, protegida durante mucho tiempo por décadas de impunidad y cobertura política, se ha convertido en un instrumento determinante del genocidio que se está llevando a cabo en los territorios palestinos ocupados”. 

La relatora señalaba asimismo cómo, tras el 7 de octubre, la tortura se habría convertido en “una política de Estado”, según apunta El Comité Internacional contra la Tortura, y señala a mandatarios como al Ministro Ben-Gvir, por “institucionalizar la tortura, el castigo colectivo y condiciones de detención colectiva manifiestamente deshumanizantes”. 

Una anexión impune

Mientras Israel profundiza en las medidas punitivas contra las personas palestinas, la impunidad de colonos y ejército israelí es señalada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, quien apuntaba en febrero de este año: “desde diciembre de 2025, las autoridades israelíes han adoptado una serie de medidas ilegales diseñadas deliberadamente para desposeer a la población palestina en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y para convertir la anexión del territorio en una realidad irreversible”.

Según Peace Now, una organización israelí que monitorea la expansión de los asentamientos, sólo en 2025 se establecieron 86 puestos de avanzada en territorio ocupado, lo que supone una cifra récord. Estos asentamientos habrían contribuido sustancialmente a un repunte de la violencia de colonos respaldada por el Estado y al traslado forzoso de comunidades palestinas.

“Los palestinos presentaron 1.746 denuncias por daños causados por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada entre 2020 y 2024. Menos del 1 % de ellas dio lugar a una acusación formal”

Todo esto sucede pese a que la Asamblea General de la ONU habría fijado en septiembre de 2025 la fecha límite para poner fin a la ocupación ilegal por Israel. Lejos de acatar el mandato de Naciones Unidas, Israel ha seguido consolidando la ocupación ilegal y el apartheid, ante la pasividad de la comunidad internacional. La impunidad ante el asesinato de palestinos por parte de ejército y de los colonos contribuyen a validar su estrategia, algo que ha sido denunciado incluso por mandos de seguridad israelíes que han señalado el “terrorismo judío”, como una amenaza existencial. 

Según Naciones Unidas, desde 2020, soldados y colonos israelíes han matado al menos a 1.100 civiles palestinos en la Cisjordania ocupada. Nadie ha sido acusado por ello. Entre aquel año y el 2025, el 96% de las investigaciones sobre violencia por parte de los colonos no condujo a ninguna acusación, recoge la organización Yesh-din, que explica que de 368 casos, solo ocho acabaron con algún tipo de pena. La organización afirma que los integrantes del ejército gozarían aún de más impunidad que los colonos. “Los palestinos presentaron 1.746 denuncias por daños causados por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada entre 2020 y 2024, incluidas más de 600 por homicidios. Menos del 1 % de ellas dio lugar a una acusación formal”.

Mientras la violencia contra la población palestina no es castigada, las autoridades israelíes acaban de perfilar una legislación que permite ahorcar, en un plazo de 90 días, a cualquier palestino acusado de terrorismo en Cisjordania.