Justicia
Organizaciones civiles y de derechos humanos piden protección para el hijo menor de Juana Rivas

La Plataforma de Apoyo a Juana Rivas y sus hijos, que aglutina a diferentes asociaciones y plataformas feministas de todo el país, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, han emitido un comunicado urgente ante el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada que ordenaba la entrega por parte de Juana Rivas a su hijo menor el próximo martes, 22 de julio, al padre para su traslado a Italia. Una orden que, según la plataforma, revoca las medidas de protección del menor y desoye su testimonio, las peticiones de su equipo jurídico y de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas y sus hijos.

Exigen que España aplique el Artículo 39 del Reglamento UE 2019/1111, que permite negar la ejecución de una sentencia contraria al “orden público” y al interés superior del menor. Critican que se desatienda el proceso penal italiano y se repita un patrón de desprotección infantil, ejemplificado también en el caso del hermano mayor, Gabriel, cuyas denuncias fueron minimizadas. 

En sus peticiones incluyen una nueva exploración a Daniel bajo protocolos adecuados, con todas las garantías de protección infantil, y una revisión por parte de la Fiscalía General de la actuación de sus fiscales en Granada en este caso.

Para la plataforma, la jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada ha rechazado escuchar al menor, ignorando protocolos internacionales de protección infantil y desoyendo una medida cautelar previa que resguardaba al niño desde enero, “Daniel ha expresado reiteradamente su miedo a volver con su padre, afirmando que será obligado a mentir y que teme por su vida. Su testimonio de años de violencia en Italia es corroborado por su hermano Gabriel, quien también huyó de su padre y lo denunció formalmente”, aseguran en el comunicado.

Alegan que aunque el auto judicial argumenta que “la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar”, esta postura omite que la única exploración previa de Daniel, realizada en Italia el 6 de diciembre de 2024, careció de las garantías más básicas. En aquella ocasión, alegan, Arcuri acompañó a Daniel hasta la puerta del juzgado, y el menor, amenazado de muerte por su padre si hablaba, no pudo expresar libremente su testimonio. La Plataforma subraya la obligación de España de corregir esta situación, “algo que el Juzgado de Primera Instancia Nº3 no ha hecho“.

Expresan su profunda preocupación por la inminente entrega del niño a su presunto agresor, a tan solo 57 días del inicio del juicio penal en Italia por presunto maltrato físico y psicológico continuado, incluyendo amenazas de muerte contra él y su hermano, previsto para el 18 de septiembre. 

La plataforma subraya una paradoja alarmante: ¿por qué un niño debe regresar con su presunto agresor tan poco tiempo antes de que un tribunal determine su culpabilidad? y hace un llamamiento urgente a la conciencia social, destacando que “este caso no es sobre custodia: es sobre si un niño sobrevivirá al verano”, mientras Daniel sigue preguntando: “¿Mi padre me va a matar? ¿Por qué la jueza no me cree?”.

Un patrón que se repite, violencia vicaria

Maria Belén Villalobos, portavoz de la plataforma, y Técnica Superior en Promoción de Igualdad de Género explica en declaraciones a El Salto que, “en España contamos con una normativa robusta para proteger a los niños y madres víctimas de violencia de género, pero su aplicación es un fracaso y el caso de Juana Rivas es un claro ejemplo”.

“En España contamos con una normativa robusta para proteger a los niños y madres víctimas de violencia de género, pero su aplicación es un fracaso y el caso de Juana Rivas es un claro ejemplo”, María Belén Villalobos.

Maria Belén señala que cuando una mujer denuncia por violencia de género, está señalando un fallo sistémico, “El sistema cuestiona a la víctima y expone sus propias deficiencias. Cuando los hijos, al crecer, corroboran el relato de sus madres, demuestran que no hay manipulación ni segundas intenciones. Sin embargo, a menudo se cree que la madre manipula al niño para dañar al padre, cuando lo único que busca es proteger a sus hijos de la misma violencia que ella sufrió”.

Como víctima de violencia de género asegura que duele escuchar el testimonio de un niño en estas circunstancias, “y duele aún más porque el sistema lo permite y lo fomenta, al no escuchar a los menores ni cuando son pequeños ni cuando son mayores y confirman los abusos. Esto es la prueba más evidente del fallo del sistema. Juana protegió a sus hijos y sigue luchando, pero la justicia le da la misma respuesta”, asegura. También ha recordado los casos de Ángela González Carreño y su hija Andrea, y de Itziar Prats y sus hijas Martina y Nerea, “El sistema judicial español no las protegió y los padres, maltratadores con sentencias judiciales, mataron a las niñas, el sistema judicial después tuvo que indemnizarlos pero el daño de por vida ya estaba hecho”. 

Maria Belén, que forma parte de la ‘Asociación Damos la Cara Contra la Violencia de Género’ y realiza trabajos de asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia de género y vicaria, asegura que la violencia siempre deja secuelas devastadoras y que perder la infancia es perder una parte vital de uno mismo, “Mis propios hijos, tuvieron una infancia rota que costó una vida reconstruir. Siempre se dice que un maltratador nunca es un buen padre. Sin embargo, incluso en el caso de su padre, condenado a 14 años de prisión, se le fijó un régimen de visitas después de la salida de la cárcel, ¿Por qué no se aplican los artículos 65 y 66 de la Ley Integral de Protección del Menor que regulan estos casos?”

Un estudio reciente de la Asociación de Mujeres Juristas Themis revela que solo al 30% de los hombres condenados por maltrato en procesos de violencia de género se les retira la custodia. Para la especialista en violencia de género, este dato significa que el 70% de los niños, víctimas directas o expuestas a la violencia, siguen en contacto con su padre agresor. “¿Se asocia el bienestar superior del menor a tener relación con un hombre violento que puede seguir utilizando a los hijos para dañar a la madre? Esto no se tiene en cuenta”, asegura.

El estudio de la Asociación de Mujeres Juristas Themis recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha insistido a España en la obligatoriedad de escuchar a los menores de 12 años en procedimientos judiciales y administrativos, y en la necesidad de formación especializada para jueces y fiscales en derechos de la infancia y su escucha.

También hace hincapié en que, cuando hay violencia de género, es crucial aplicar una perspectiva de género, infancia y trauma al decidir sobre la custodia, especialmente si los hijos son víctimas directas o expuestas a la violencia. Cuestionar por qué un niño no quiere convivir con un progenitor que lo dañó es fundamental, así como investigar si lo que se conoce como “alta conflictividad” esconde violencia de género. 

El estudio advierte sobre la escasa credibilidad que a menudo se da al relato infantil, lo que puede causar indefensión y revictimización institucional, que según las expertas juristas se debe, en parte, a la falta de formación especializada en los profesionales que intervienen en rupturas familiares. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño enfatiza la necesidad de evaluaciones multidisciplinares realizadas por expertos en desarrollo infantil en un ambiente seguro para garantizar decisiones objetivas y no sesgadas.

Themis alerta sobre el uso de expresiones que recuerdan al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), desacreditado por la OMS y otras entidades, y que ha sido utilizado de forma sesgada contra las madres. También señala la revictimización y criminalización de las madres que denuncian violencias, y advierten de los efectos devastadores para la salud psicológica de los niños al quebrar el vínculo con su cuidador principal, algo que, según la pediatra Dolores Aguilar Redorta, “es una forma de maltrato infantil”. En general, se observa que figuras empleadas en el ámbito jurídico como la coordinación de parentalidad a menudo favorecen las demandas de los padres, resultando en cambios de custodia de la madre al padre.

Declaraciones de la Ministra de Igualdad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cuestionado esta mañana la decisión judicial que emplaza a Juana Rivas a entregar el próximo martes a su hijo menor, del que tiene la custodia su padre, para su traslado a Italia y ha advertido de una “desconexión profunda y grave” entre la jurisdicción penal y la civil. “Respeto al poder judicial y su independencia, pero hay decisiones incomprensibles y creo que no son decisiones que se estén tomando desde la legalidad”, ha argumentado la titular de Igualdad, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

“Respeto al poder judicial y su independencia, pero hay decisiones incomprensibles y creo que no son decisiones que se estén tomando desde la legalidad”, Ana Redondo, ministra de Igualdad.

En sus declaraciones, Redondo cuestionó la aparente disparidad en los tiempos judiciales en Italia, donde el proceso de familia y civil relacionado con la patria potestad y la custodia se ha “agilizado enormemente”, mientras que el proceso penal por maltrato contra el padre biológico del niño se ha “ralentizado”. Por ello, la ministra insistió en su incomprensión ante la “decisión judicial tanto de la jurisdicción italiana como de la española”.