Laboral
El decreto de prevención de riesgos para las trabajadoras del hogar les exige confidencialidad

El texto permite al empleador autoevaluar los riesgos y prosigue con la idea de la “falta de entidad empresarial” de la persona contratante, lo cual dificulta la negociación colectiva del sector.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto para la prevención de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar. Tanto en el borrador del texto como en la última redacción publicada esta mañana en el BOE, consta una petición a las trabajadoras que dista de preservar su salud laboral: el último párrafo del artículo 7.3 les exige “sigilo profesional sobre la información relativa al hogar familiar a la que tuvieran acceso”.

“Están coartando la libertad de las mujeres, no solo en los posibles casos de acoso sexual, también en lo que respecta a cualquier otra problemática laboral. Si vos sos ilegal, si no tenés derecho a quejarte ni a descansar, ¿cómo podemos sacar a la luz la verdadera situación que ocurre en la intimidad de esos domicilios?”, se pregunta Mariana Urcuyo, del sindicato LAB. El sigilo profesional “limita aportar pruebas sobre cuál es el trato que reciben las trabajadoras”, añade. 

El decreto no incluye la necesidad de un registro de entradas y salidas online, a pesar de que es el sector con la jornada laboral más extensa, advierte Mariana Urcuyo

LAB acudió a la reunión organizada por Oxfam con el Ministerio de Trabajo en julio para evaluar el decreto publicado de 2022 y proseguir con la equiparación de derechos del sector tras la ratificación del Convenio 189 de la OIT. A la cita acudieron también colectivos de trabajadoras de Madrid, Zaragoza, Barcelona  y Galicia. Entre ellas, Sintrahocu y Territorio Doméstico. 

Urcuyo destaca la “enorme falla” que supone la autoevalución de los riesgos laborales que propone el decreto aprobado ayer. Será el propio empleador quien indicará online si la empleada recibe las EPI, si el hogar está equipado para evitar lesiones —por ejemplo, con grúa para el manejo de personas dependientes sin movilidad— o si las internas dispone de cuarto propio o duermen con la persona anciana y se despiertan cada dos horas. El decreto no incluye la necesidad de un registro de entradas y salidas online, apunta la sindicalista, a pesar de ser el sector con la jornada laboral más extensa —40 horas semanales ordinarias más 20 presenciales, en el caso de las internas— y con constantes incumplimientos sobre su descanso ininterrumpido de 36 horas.

Un convenio colectivo podría defender con más énfasis sus derechos. Pero el decreto aprobado ayer tampoco abre una puerta hacia ese camino lleno de zarzas por el que discurre LAB, recuerda Urcuyo: el sindicato quiere conseguir que una patronal se siente a negociar. Sin embargo, la norma asume “la falta de entidad empresarial de la persona empleadora” y sigue describiendo esta relación laboral como “de carácter especial”, blindando legalmente una vez más la desprotección.

LAB abrió su sede de Bilbao hace años a las trabajadoras del hogar. Allí empezaron a juntarse y debatir sus necesidades, sin estar afiliadas. Poco a poco, fueron tejiendo demandas y discursos. En 2021 solicitaron a la patronal vasca, Confebask, que interlocutara con ellas para poder negociar el primer convenio colectivo para trabajadoras del hogar. La patronal se negó, esgrimiendo lo “especial” que es este sector, del que nadie se quiere hacer cargo, pero al que se contrata para limpiar, cuidar y sostener, como recordó ayer la ministra. 

LAB lleva año y medio aguardando la sentencia del Tribunal Supremo: demandó a la patronal vasca por no querer negociar un convenio colectivo para las trabajadoras del hogar

El sindicato demandó entonces a Cebek ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien les negó el derecho a negociar convenio propio. Es el único sector que carece de esta posibilidad, por lo que LAB elevó la demanda al Tribunal Supremo. El sindicato espera sentencia desde hace año y medio y el decreto no va a facilitarla. Yolanda Díaz valoró en la rueda de prensa que la ley está pensada para “dotar de derechos a las trabajadoras y de seguridad a las familias, ambas son claves”. 

Salud laboral
Salud y precariedad Una de cada cuatro trabajadoras de hogar ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo
El 83% de las empleadas de hogar ha padecido consecuencias en su salud a raíz de su trabajo. Las violencias a las que están expuestas estas mujeres se producen en la oscuridad de la inviolabilidad de los hogares.

Más de 360.000 mujeres cotizan como empleadas del hogar en la Seguridad Social. Otras trabajan sin cotizar. “Esta norma podría haber dado la oportunidad de regularizarlas. Es una oportunidad perdida desde la perspectiva antirracista y parte de la deuda histórica que tanto comenta la ministra”, agrega Urcuyo. Señala que, a pesar de los anuncios de Yolanda Díaz, no hubo diálogo a la hora de definir el decreto. “Se promete mucho, pero se cumple poco”, concluye la trabajadora del hogar y sindicalista. 

El acoso no podrá considerarse dimisión ni ser causa de despido procedente, señala el borrador

En cuanto a los aspectos positivos del decreto, destacan la disposición adicional segunda, que se refiere a la protección de la trabajadora en caso de acoso sexual, un aspecto que anunció el Ministerio de Trabajo hace dos años. El acoso no podrá considerarse dimisión ni ser causa de despido procedente, señala el borrador. En el plazo de diez meses, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará un protocolo frente a situaciones de violencia y acoso en el trabajo doméstico.

“El examen médico es positivo, pero deberá ir acompañado de prestaciones suficientes para las trabajadoras”, destaca ATH-ELE

La Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia Etxebarrukoak (ATH-ELE) también destaca como aspecto positivo el examen médico trienal, el cual Díaz ha recalcado que se hará en la sanidad pública. ATH-ELE señala que el “examen médico es positivo, pero deberá ir acompañado de prestaciones suficientes para las trabajadoras que por su estado de salud no puedan realizar ciertos trabajos”. 

Para esta asociación, al menos el 26% de las trabajadoras internas en el País Vasco no tiene permiso de trabajo, por lo cual esta norma no se les va a aplicar, algo que considera que “supone un reconocimiento de derechos, pero que ignora la realidad del sector”. Incide también en lo contradictorio que resulta que una prevención de riesgos laborales “no puede garantizarse sin regular de manera adecuada el tiempo de trabajo”, un tiempo que establece “una jornada máxima de 60 horas semanales, sin que se establezca descanso diario, ni se precise el contenido del pacto de pernocta, su horario y el tratamiento de las posibles interrupciones”. 

Por su parte, Comisiones Obreras ha coincidido con la ministra de Trabajo al valorar el decreto como “una regulación pionera y de justicia social que supone un importante avance para un colectivo discriminado históricamente, claramente feminizado e invisibilizado”. En una nota de prensa, el sindicado señala que “este avance llega tras una larga trayectoria de empuje y trabajo sindical para lograr la equiparación de derechos, también en seguridad y salud, con el resto de las personas trabajadoras”. 

España ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadores el 9 de junio de 2022, con once años de retraso y con un consenso histórico en el Congreso de los Diputados. Hubo 325 votos a favor y una sola abstención. Aquel día, desde Sintrahocu subrayaron que la ratificación es “un derecho conquistado”, que suponía “un impulso” para su lucha: “Hay que seguir luchando todas juntas sin parar para que el cumplimiento de la norma sea adecuado”. El primer traspié no tardó en llegar: el 10 de septiembre comprobaron que el primer decreto que desarrollaba la transposición les dejaba sin derecho a la prestación de desempleo durante todo un año entero, ya que, según la Seguridad Social, tenían el contador a cero. Tras dos años cotizando para acceder a prestaciones como cualquier trabajadora asalariada, ahora se han topado con problemas para acceder a la jubilación en igualdad de condiciones que el resto de asalariados.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Trabajo doméstico
Cuidados Dos de cada tres empleadas del hogar internas trabajan más del máximo de 60 horas semanales
Aunque las condiciones han mejorado respecto a años anteriores, un gran número de trabajadoras domésticas sufren jornadas ilegales y pagos en B sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Trabajo doméstico
Opinión Registrar la jornada laboral en el empleo de hogar
La cuestión de la jornada en el sector está deliberadamente desregulada en las leyes y descontrolada por la Inspección de Trabajo, que no examina la legalidad de los contratos.
Trabajo doméstico
Fin a la excepción La justicia europea obliga a registrar la jornada de las trabajadoras del hogar
El tribunal europeo considera contraria a la normativa comunitaria la excepción que hasta ahora permitía que las familias con trabajadoras del hogar contratadas no registraran la jornada de la empleada.
Residencias de mayores
Residencias Fondos de inversión y residencias: la mano invisible que retuerce los cuidados
Mientras DomusVi, en manos del fondo de inversión ICG, ya es la empresa con más residencias privadas del Estado, residentes, familiares y trabajadoras explican lo que supone que las prácticas especulativas acunen la vejez de las personas.
Palestina
Palestina Egipto abre la puerta a un nuevo alto el fuego en Gaza con el visto bueno de Hamás y EEUU
A cambio de la retirada gradual de la tropas de Israel en la Franja, serían liberados cinco rehenes cada semana. El Gobierno de Netanyahu no se ha pronunciado y siguen los ataques contra población civil.
Argentina
Estela de Carlotto “Faltan todavía muchos nietos por encontrar”
Al cumplirse 49 años del golpe cívico-militar, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dialogó con El Salto y apuntó contra el Gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que encabeza la represión de la protesta social.
Comunidad de Madrid
Fin a la privatización Un tsunami marcha por Madrid por la gestión totalmente pública de los servicios a la ciudadanía
La plataforma Tsunami por los Servicios Públicos nace este domingo para aglutinar a decenas de organizaciones sociales que quieren hacer frente al “modelo neoliberal de destrucción masiva de los derechos humanos y sociales”.
México
Opinión El umbral hacia el fin
Las autoras expresan los malestares de ellas y otras mujeres mexicanas que han tenido que migrar a consecuencia de la violencia desatada por “la guerra contra las drogas” impulsada por el expresidente mexicano, Felipe Calderón, en 2012.
Opinión
Opinión ‘Severance’ o la decadencia audiovisual de Estados Unidos
La segunda temporada de la serie estrella de Apple TV abandona el conflicto laboral y se centra en el amor como principal eje argumental.

Últimas

Medio ambiente
Medio ambiente Galiza volve á rúa contra Altri, Greenalia e a celulosa da Xunta: o desastre natural en cifras
Espérase que centos de embarcacións e decenas de miles de persoas participen nunha manifestación este sábado na Pobra do Caramiñal, un dos concellos da ría de Arousa, onde desemboca o río Ulla, o máis afectado pola fábrica de celulosa.
Tribuna
Tribuna Carta aberta a José Soares de Pina, CEO de Altri: “Paren este proxecto que Galicia nin quere nin necesita”
Os argumentos para apoiar o que dicimos son moitos. Situaríanse nun terreo no bordo da ZEC Serra do Careón; provocarían un novo ciclo de plantación masiva de eucalipto ou de importación de países do Sur; e o máis importante: non teñen licenza social.
Sanidad pública
Aragón La Atención Primaria de Zaragoza, en huelga
Los sindicatos convocantes denuncian el ‘decretazo’ autonómico, por ofrecer más servicios a la ciudadanía sin aumentar el personal contratado. Hay convocado un segundo día de paros el próximo 31 de marzo.
Madrid
Derecho a la vivienda Consumo reclama al Ayuntamiento de Madrid que cierre y sancione los 15.200 pisos turísticos ilegales
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, entrega un listado de los 15.200 pisos turísticos sin licencia que operan en Madrid y pide a Martínez-Almeida que actúe contra ellos y sus propietarios.
Más noticias
Comunidad de Madrid
Represión La Policía cita a seis activistas que participaron en el escrache a Espinosa de los Monteros en la Complutense
Acusan de delito de odio a activistas que participaron en una protesta en la Facultad de Políticas contra el exportavoz parlamentario de Vox. Fueron citados por la Policía el pasado 21 de marzo, más de un mes después del escrache.
Ni hablar
Ni hablar La clase obrera no va al paraíso
La explotación se aligera con el relato torticero de la explotación y de los héroes del capital, y con la asunción íntima de que capitalismo y democracia son conceptos sinonímicos.
Opinión
Opinión Los eufemismos y el gasto militar
Los profesionales en la confección de los mensajes políticos y manipulación de la opinión pública han debido apreciar que el termino “rearme” era demasiado explícito y contundente y que podría provocar cierto rechazo.
Opinión
Opinión El último capítulo del genocidio
Israel ha comenzado la fase final de su genocidio. Los palestinos se ven obligados a elegir entre la muerte o la deportación. Lo que estamos presenciando eclipsa todos los ataques históricos contra los palestinos.

Recomendadas

Medio ambiente
Medio ambiente Milleiros de persoas enchen A Pobra do Caramiñal para berrar contra a celulosa de Altri e a mina de Touro
Unha grande multitude por terra e centos de embarcacións por mar esíxenlle ao Goberno de Alfonso Rueda que “recúe” ante o potencial desastre ambiental que sobrevoa Galiza.
México
Hallazgo en Teuchitlán Crisis de desaparecidos en México: los buscadores, entre el narco y las omisiones del Estado
El hallazgo del cementerio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, ha conmocionado a todo México. El país que vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas, que en 18 años solo han aumentado frente a una pasmosa impunidad.
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid Un rayo de esperanza tras cinco años de los protocolos de la vergüenza
A punto de prescribir los posibles delitos, un avance judicial abre la puerta a conocer quién decidió no derivar a hospitales a ancianos en residencias en la Comunidad de Madrid.
Medio ambiente
Oliver Franklin-Wallis “La industria de los residuos deja una cicatriz enorme en nuestro planeta”
El periodista británico Oliver Franklin-Wallis recorre en ‘Vertedero’ (Capitán Swing, 2024) las prácticas ocultas de la industria de residuos, exponiendo el papel de las grandes corporaciones, en connivencia con autoridades e instituciones públicas.