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Lanzan una campaña en apoyo de las personas juzgadas por protestar contra el bus de HazteOír en Sevilla

El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se han unido en una campaña de la plataforma GoFoundMe con el objetivo de sufragar los gastos judiciales de las ocho personas que hacen frente a un nuevo proceso judicial en Sevilla, por su participación en las concentraciones contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOír el 29 de marzo de 2017. El llamamiento tiene como finalidad “poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal”, “apelar a la solidaridad” y “poner en aviso que este proceso judicial y represivo se ha reabierto y sigue en pie”, explican en un manifiesto.

El “transfobus”, llamado así por las organizaciones, fue una acción de la asociación HazteOír, fundada en 2001 por Ignacio Asuaga. El citado vehículo recorrió diferentes ciudades españolas en el año 2017, con mensajes homófobos y en contra de la enseñanza de diversidad sexual en las escuelas, como el polémico: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”.

En Sevilla, como en otros puntos de España, se organizaron actividades de rechazo. Entre ellas, el 29 de marzo de aquel año hubo una concentración frente al mencionado autobús a su llegada al Palacio de San Telmo.

Ocho jóvenes enfrentan la acusación de delitos de odio por parar un autobús de Hazte Oír

Redacción El Salto

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El caso fue archivado hace más de un año pero diversos recursos acabaron en su reapertura. La Asociación Trans de Andalucía pide a Marlaska que investigue el informe policial que considera ideológico.

Mensajes de odio

Para SOCORRE y Maricones del SUR, “el autobús se dedicó a difundir mensajes de odio por toda la península contra las infancias transexuales, y las personas trans en general”. Este vehículo llegó a ser inmovilizado en la comunidad de Madrid y Barcelona, y en Sevilla también hubo una declaración institucional suscrita por grupos políticos en contra de sus mensajes.

Después de aquella jornada de protesta, varias personas participantes fueron identificadas y prestaron declaración. Una de las imputadas es Denis, que cuenta que fueron acusadas de “delitos contra la integridad moral, amenaza, coacción y daños materiales” pero el caso fue archivado por falta de pruebas.

“Éramos nueve, pero uno de ellos ha fallecido este año”, explica. “En casi todas las ciudades donde pasó el autobús hay juicios pendientes contra activistas. A mi juicio es una estrategia mediática. Provocan porque saben que tienen rechazo en la sociedad y aun así tienen el valor y la cara de sacar un autobús con un mensaje muy doloroso”, añade Denis.

Tras el recurso de HazteOir en 2018, la Audiencia provincial reabrió el caso y, en junio de 2020, la Policía presentó un nuevo informe donde se atribuye a estas ocho personas otros delitos, entre ellos “el delito de odio de carácter ideológico”. Este giro ha dado lugar a un nuevo proceso judicial que comenzó el pasado lunes 14 de diciembre.

“Pensamos que es una estrategia policial y judicial. Una de las cosas que alega el informe es que estábamos organizadas, pero entre las acusadas no nos conocíamos. Se presentan imágenes de aquel día y se mezcla la trayectoria política de cada una, organizaciones de las que fuimos parte, antecedentes o multas. Nos hacen un perfil político e incluso estético, como para agravar la peligrosidad que tenemos y para alegar que estamos organizadas y que hay un delito de odio, cuando en realidad precisamente nuestras protestas eran contra los mensajes de odio que hacia circular el autobús de HazteOír”, explica Denis.

Solidaridad Colectiva

En este nuevo escenario, SOCORRE y Maricones del Sur, se ponen en contacto con las personas imputadas para llevar a cabo la campaña “Solidaridad contra la transfobia” y sumar esfuerzos en este proceso donde se añaden gastos judiciales importantes.

Denis relata que “en 2017 todas nos abrieron la vía de sanción administrativa, y el canal penal que es el que utiliza HazteOír para denunciarnos. En aquel momento, la mayoría fuimos con abogados de oficio y con apoyos de algunos letrados y letradas que se solidarizaron, como en mi caso. Ahora el costo judicial está estimado en torno a 1.200 euros para cada una; esto sin contar con otros gastos futuros, si bien esperamos salir absueltas por fin”.

El objetivo de la campaña es buscar apoyo económico, y dar un mensaje de unidad: “No queremos represión en silencio ni compañeras que se sientan solas”, concluye el manifiesto.

Troleo máximo a la publicidad de Hazteoír en marquesinas de Madrid

Sara Plaza Casares

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Hazte Oir

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De Rivas a Chamberí pasando por Carabanchel, colectivos vecinales se posicionan contra el mensaje de HazteOír que ahora copa muchas de las paradas de autobuses, con carteles y llamadas a emitir quejas al Consorcio de Transportes.